Por Martín Granovsky
Los precandidatos presidenciales Mauricio Macri y Elisa Carrió y la Asociación de Empresarios Argentinos buscan que julio quede signado por una epopeya: la transformación del ex juez subrogante de la Cámara de Casación Luis Cabral en una bandera republicana al estilo de la que pudo haber sido, y no fue, el fiscal Alberto Nisman.
Carrió ya demandó penalmente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a los miembros del Consejo de la Magistratura que el jueves desplazaron a Cabral de la Casación. La denuncia de Carrió, por “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento”, fue sorteada y cayó en el juzgado de Daniel Rafecas y la fiscalía de Gerardo Pollicita.
Ayer Macri dijo que el Gobierno “está permanentemente hostigando a la Justicia” y llamó a escalar la protesta. “Me parece que la sociedad se tiene que movilizar y oponerse a este tipo de arbitrariedad y me parece bien que se estén barajando amparos que impidan que esto suceda”, dijo el precandidato del PRO. Para Macri, “la Justicia tiene que ser un poder independiente”. Informó el jefe de Gobierno porteño que “nosotros vamos a adherir a la marcha del 14”.
Se refería a la convocatoria para el 14 de julio a las 19 en Plaza de Mayo realizada por el sector tradicionalista de los jueces y fiscales en defensa de Cabral, un antiguo simpatizante del escritor Jorge Abelardo Ramos que en estos años se convirtió en un movedizo operador de la ultraconservadora Asociación de Magistrados.
La fecha coincide con dos hechos históricos, la Revolución Francesa de 1789 y el comienzo del debate en el Senado que al día siguiente, 15 de julio de 2010, dejaría sancionada la ley de matrimonio igualitario.
En 1789, el abate Emmanuel Sieyes comenzó preguntándose qué era el Tercer Estado y se contestó que los campesinos y los sectores medios urbanos ya no necesitaban a los otros dos estamentos sociales, el clero y la nobleza. Según escribe el historiador George Rudé en su libro La Europa revolucionaria, Sieyes sostenía que los 24 millones de plebeyos de Francia eran la nación misma y que por lo tanto podían ignorarse los deseos de los 20 mil miembros de las minorías privilegiadas.
Más pedestre, hasta ahora la marcha está convocada por el caso de un ex presidente de la Asociación de Magistrados como Cabral que, además, no integraba la Cámara Nacional de Casación Penal por concurso.
Ayer fue muy duro el ex vicepresidente y actual candidato a senador por Mendoza Julio Cobos. “Sería bueno que a este repudio se sumen los gobernadores, senadores, diputados y las legislaturas provinciales, en defensa del Poder Judicial y de la República”, dijo. Interpretó Cobos que “esta conducta del Gobierno, para que no se resuelva la inconstitucionalidad del acuerdo con Irán, tiene todas las connotaciones de un fuerte avasallamiento contra uno de los poderes de la Constitución”. La declaración de Cobos remite a una especulación. La Cámara de Casación debe expedirse sobre la constitucionalidad del pacto firmado entre la Argentina e Irán y aprobado en mayoría por el Congreso en 2013. El acuerdo con Irán ya es abstracto, porque el gobierno de Teherán ni siquiera lo hizo ratificar por su Parlamento ni dio indicios de que siquiera intentaría comenzar a cumplirlo, pero como está visto sigue provocando coletazos aun después de muerto. La Sala I de Casación, que tenía el tema bajo su incumbencia, estaba integrada, hasta la remoción de Cabral, por éste y por Juan Carlos Geminiani y Ana María Figueroa. Las versiones circulantes en Tribunales indicaban que Figueroa fallaría a favor de la constitucionalidad y Geminiani en contra. En cuanto a Cabral, las mismas versiones señalaban que su posición fue oscilante durante el último mes, y pasó de la intención de declarar inconstitucional el pacto a la de fallar por su constitucionalidad para, finalmente, volver al principio. Si esto fuese cierto, el fallo debería haberse encaminado, con Cabral, hacia un dos a uno en contra del Gobierno. Pero si fuese verdad que Cabral pensó por un instante en votar en favor de la constitucionalidad, ¿qué cuestión de principios pudo haberlo hecho cambiar hacia un lado o hacia otro? Este diario consultó ayer a legisladores, jueces y fiscales. Uno de ellos, que pidió reserva de su identidad a cambio de hablar sinceramente, recomendó prestar atención a la votación del Consejo de la Magistratura en el caso Cabral.
Se pronunciaron en contra de que siga la subrogancia del suplente eterno los consejeros Gabriela Vázquez, Julián Alvarez, Anabel Fernández Sagasti, Jorge Candis, Héctor Recalde, Ruperto Godoy y Pablo González. Votaron en contra el propio Cabral, que no se abstuvo aunque el tema fuera él mismo, los abogados Adriana Donato y Miguel Piedecasas, y el juez Leónidas Moldes. Faltaron los votos del diputado radical por Corrientes Gustavo Valdés y el del senador radical por Chaco Angel Rozas. Valdés adujo que perdió un vuelo y luego repudió la remoción de Cabral. Rozas estaba en el exterior. El hecho es que no votaron, lo cual se suma a que, al revés de la dureza de Cobos, el dirigente radical Ricardo Alfonsín también cuestionó la decisión del Consejo de la Magistratura, pero llamó a resolver el tema en las urnas. También Ernesto Sanz, jefe radical y precandidato a presidente en el espacio de Macri y Carrió, dijo que “la única manera de frenar esto es cambiar el gobierno en las elecciones para cambiar la mayoría en el Consejo de la Magistratura, porque todo lo demás es inocuo”. Es decir que, al menos por el momento, el énfasis radical está puesto en el 25 de octubre, día de las elecciones presidenciales, y no el 14J, día de la Revolución Francesa y, ahora, de Cabral.
El candidato a presidente del Partido Obrero, Jorge Altamira, criticó ayer que el gobierno haya cambiado “subrogancias opositoras por subrogancias oficialistas”.
Tanto Alfonsín como Sanz y Altamira, al colocar la lupa sobre el Consejo de la Magistratura y sobre el voto popular, incorporaron al debate público que la integración del Consejo es el gran tema a discutir. Si esto es así el Consejo sería, para ellos, un órgano sometido a la legitimidad popular. No dijeron si además esa legitimidad es superior al espíritu corporativo del sector conservador del sistema judicial, pero el tema bien podría formar parte de un debate en los próximos días.
La subrogancia de Cabral ya es antigua. Data de 2011, aducía razones de urgencia institucional y había sido cuestionada por el fiscal general Jorge Auat y por el Centro de Estudios Legales y Sociales. También la criticó entonces un juez de Casación, Alejandro Slokar: “Habiéndose modificado sustancialmente las condiciones que dieron origen a la designación del doctor Luis María Cabral en calidad de subrogante, con el reconocimiento a su tarea y gratitud por los servicios prestados, corresponde dejarla sin efecto”, opinó el camarista.
A la Asociación Argentina de Empresarios se sumó el abogado de la AMIA y la DAIA, Miguel Bronfman, para quien separar a Cabral violaría “el principio del juez natural”. Pero el Consejo de la Magistratura designó para la Sala I en lugar de Cabral al conjuez Claudio Vázquez. Como informó este diario el viernes, el Consejo de la Magistratura argumentó que en el caso de Cabral y de otras subrogancias tenía en cuenta la Ley 27.145 que quitó a la Casación y otorgó al Consejo la facultad de nombrar jueces transitoriamente hasta la realización de los concursos correspondientes.
martin.granovsky@gmail.com
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