La jueza federal de Río Grande, Tierra del Fuego, Lilian Herraez, ordenó embargos por 156,4 millones de dólares, además del secuestro de barcos y otros bienes de empresas petroleras que operan ilegalmente en las Islas Malvinas.
En abril de este año, la jueza federal subogrante, Mariel Borruto, ordenó la realización de las medidas de prueba para “corroborar las hipótesis delictivas” en la causa que investiga a empresas transnacionales por la exploración y extracción ilegal de hidrocarburos en la cuenca de las Islas Malvinas.
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