El montaje que construyen pacientemente segmentos conservadores y corporativos del Poder Judicial, medios hegemónicos y dirigentes políticos y sindicales de oposición, se trasladará el próximo miércoles a las calles. La motivación de los escenógrafos es, cuanto menos, política. Los hechos demostrarán cuánto de golpista tiene semejante forzamiento de la agenda pública.
Antes, los jueces y fiscales sólo hablaban a través de sus sentencias; ahora convocan a movilizaciones callejeras. Son los mismos que hasta ayer nomás sostuvieron que era inconstitucional que el pueblo votara a los miembros del Consejo de la Magistratura. Quieren la democracia y la libertad de expresión, pero para ellos solos.
El 18F será la actualización de una alianza de nuevo tipo, que no es nueva. Cuando en el primer semestre de 2013 se debatieron en el Congreso las leyes para democratizar la Justicia, aprobadas con suficiente amplitud legislativa, esos sectores reaccionarios, muy consolidados en la estructura judicial argentina, las resistieron con todas sus fuerzas. Y ganaron, aunque a lo Pirro, por puntos de dudosa legitimidad. Juraron contragolpear.
Entonces, las entidades sindicales de empleados y de jueces, más oposición política y medios de comunicación hegemónicos, forjaron una sociedad política nueva, no explicitada hasta ese momento. Esa amalgama produjo escenas inéditas e insólitas, como tener cerrados los Tribunales durante varios días a la semana a través de un mecanismo algo obvio, pero eficaz: Julio Piumato llamaba a paro en defensa de la "independencia judicial" y los jueces, que no podían cumplirlo debido a su funcionalidad institucional, garantizaban el éxito de la medida, cerrando los juzgados. De perfil, parecía una huelga, pero era un lockout. Una maquinita básica, elemental, pero rendidora, que estos días descubrió una nueva utilidad: una marcha de silencio, que será un sonoro rechazo de jueces y fiscales federales al nuevo Código Procesal Penal y a las reformas en Inteligencia.
Cuando la Corte declaró inconstitucional la ley más sensible para transformar la Justicia, creyó clausurar la batalla cultural abierta en Tribunales. Fue al revés. Tanto, que el miércoles 18, la derecha judicial saldrá a la calle a medir sus propias fuerzas. Con un ojo mirará al gobierno, con el otro escrutará cuántos jueces y fiscales están todavía alineados con la conducción del Partido Judicial y se encuentran disponibles a la hora de ponerles el cuerpo, no a la República (como colorea Elisa Carrió en los medios) sino, quizás, a un golpe. O lo que dé.
Cuando decimos "golpe" no hablamos de tanques en la calle, sino de adelantamiento de las elecciones, crisis política, severo conflicto de poderes, juicio político a la presidenta, hasta hechos de violencia. O todo eso junto.
La movilización del 18F es un nuevo ejercicio de ese movimiento que siguió activo, y que durante todo este tiempo se dejó a ver en forma creciente, aunque nunca con la espectacularidad teatral de estos días. Ejemplo: durante el jury contra el fiscal José María Campagnoli, donde los desestabilizadores de hoy actuaron en espejo a como lo hacen por estas horas.
A propósito, cuando la derecha recurre a su más brutal honestidad y dice que "si nos tocan en la marcha cae el gobierno", deja ver la costura del lado del revés. ¿Acaso estará diciendo que la movilización es el comienzo de una fase más activa en el proceso desestabilizador? Desde luego, sus convocantes festejarían si se consideraran "tocados". La opción es, sin dudas, atractiva.
Vende bien, especialmente en la prensa internacional que responde a la línea editorial de CNN. No es casual el reclamo casi a coro de los dirigentes opositores: para esclarecer la muerte de Nisman deben acudir las potencias extranjeras y sus servicios de informaciones. No es la primera vez: en abril de 2013, cuando el gobierno legisló las leyes de democratización del Poder Judicial, Carrió pidió por carta "asistencia" a la OEA para hacer "un seguimiento de la situación" y garantizar que sea "preservado el orden constitucional".
Cuanto más dantesco sea el montaje, más rentable. Hay antecedentes: el desencadenante del golpe a Hugo Chávez, en abril de 2002, fue la supuesta represión paraestatal a una marcha opositora. Nunca se suceden dos hechos iguales en la historia, pero que los hay, los hay.
Por lo demás, en la profusa folletería que invita al 18F, las entidades corporativas del Poder Judicial que convocan, aparecen disimuladas en la imprecisa figura de "la comunidad judicial". Las conducciones de UEJN (Piumato), Asociación de Magistrados (Recondo-Sáenz), y Asociación de Fiscales (Donoso Castex), se arrogan así, sin ofrecer la posibilidad de una contraprueba, la representación de miles de jueces, fiscales, funcionarios y trabajadores que no acompañan la movida destituyente ni suman su voz a la vocinglería golpista, supuestamente apolítica, aunque profundamente interesada en que la cosa se desmadre.
Como alguna vez fue "el campo", ahora es "la comunidad judicial", pero es exactamente la misma gente. Y como es la misma gente, no se puede repetir el mismo error.
Hacé memoria: en 2008, cuando la corporación mediática, la derecha política y los más potentes actores de la nueva ruralidad lograron el consenso bajo la construcción de "los pequeños productores" como legítimos protagonistas del conflicto por las retenciones, el gobierno potenció ingenuamente la protesta al querer desalojar la ruta nacional 14, en Entre Ríos. En vez de terminar con la estrategia desestabilizadora, la avivó, sirviendo el contexto para que en la sesión legislativa que debía convertir en ley la Resolución 125 se consumara la traición de varios legisladores del oficialismo, incluido el vicepresidente.
Si las formas y las palabras de la política se desbocan; si los protagonistas del escenario son personajes marginales de la democracia, depreciados en las urnas (Carrió, Bullrich, Asís, el duhaldista residual Toma); si por televisión se diagnostica con demasiada ligereza "crisis política", "el gobierno es sospechoso", "conflicto intrapoderes", "fin de la República", "peligro para la democracia"; si algunos fiscales más la versión judicial del moyanismo llaman al pueblo a salir a las calles; si la izquierda de derecha, esa sí que bipolar, esquizoide, califica al fiscal Nisman de agente del imperialismo sionista, y acto seguido, convoca a marchar en su memoria, hay que desconfiar. Se parece mucho a un intento de golpe.
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