Por Martín Granovsky
En la Argentina los fiscales no dirigen las investigaciones judiciales como en los Estados Unidos. Pero la muerte de Alberto Nisman puso a unos en el primer plano de la discusión política y concedió a un grupo de veteranos del menemismo la fantasía de crear al mismo tiempo una corporación y un espíritu de cuerpo. El más audaz resultó ser el fiscal ante la Cámara Federal porteña Germán Moldes, que ayer anunció la existencia de un delito sin denunciarlo. “A mí me tocó vivir una época de miedo y veo que algunas de las características de esa época, donde la gente se tiraba muertos por la cabeza todos los días, está lamentablemente volviendo”, dijo a Radio América. Fue su forma de explicar que la marcha convocada por su grupo para el 18 de marzo será en busca de “protección”.
Moldes fechó esa época. Dijo que hablaba de lo que ocurría “a mediados de los ’70”. Sin embargo, no dio detalles de quién tira muertos ahora. Como la marcha es en homenaje a Nisman, puede suponerse que para Moldes Nisman es uno de los muertos tirados. Es como si él hubiera cambiado la carátula puesta por la fiscal Viviana Fein y la muerte ya no fuera dudosa. Los funcionarios judiciales no tienen el derecho sino la obligación de denunciar un presunto delito y violan la ley si no lo hacen.
La actitud de la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Nisman, tuvo otro fundamento. Estableció por qué quería ser querellante: en nombre de las hijas que tuvo con Nisman. El intendente de Tigre Sergio Massa no consiguió ser querellante porque la Justicia no comprendió en nombre de quién lo hacía.
Moldes hizo un acto raro en él. Apareció en público. No había estado el viernes para la foto en la convocatoria para la marcha que realizaron el fiscal Guillermo Marijuán (“la marcha no es contra nadie”) y sus colegas Carlos Stornelli, Carlos Rívolo, José María Campagnoli, Ricardo Saénz y el fiscal general número dos ante la Casación Raúl Plee.
Sáenz no rehúye las fotos y tiene pertenencia gremial. Es vicepresidente de la Asociación de Magistrados que pilotea Ricardo Recondo, juez de la Cámara Civil y Comercial. Pero el líder del movimiento es Moldes, que junto con Plee forma parte de los fiscales más cuestionados en distintos tramos de la Causa AMIA.
La trama de la Causa Amia cruza como ninguna otra a los servicios de inteligencia, oficiales de policía como Jorge “El Fino” Palacios, jueces y fiscales. Dos de los convocantes públicos de la marcha de silencio del 18, Plee y Moldes, fueron protagonistas destacado de los capítulos menos luminosos. El 19 de junio de 2013 Página/12 publicó una columna de opinión de Paula Litvachky, directora de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales. Tenía como título “Yo no acuso” y con el juego de palabras que invertía el “Yo acuso” de Emile Zola la autora se refería no a ella misma sino a los fiscales que debían haber actuado y no lo hicieron. Escribía Litvachky que la audiencia realizada por “la Sala II de la Cámara de Casación para analizar la responsabilidad penal del ex juez Juan José Galeano se llevó a cabo con más de seis años de demora por orden de la Corte Suprema”. Opinó la abogada del CELS que “esta decisión dio la razón a la querella de Memoria Activa acerca de la desidia de algunos funcionarios judiciales y los intereses subterráneos de otros”. Un ejemplo: “Sin explicación, el fiscal de casación Raúl Plee dejó de impulsar la causa y la Cámara se resistió a fijar audiencia hasta que quedó en evidencia. Ayer, el fiscal Plee volvió a estar ausente”.
Otro de los fiscales, el activo pero discreto Moldes, también aparece en la columna de Litvachky que reivindica a los querellantes de Memoria Activa. En el expediente que tramita el juez Ariel Lijo, “ante el sobreseimiento de un grupo de imputados la querella apeló la decisión pero fue nuevamente abandonada por los fiscales”. Afirmó Litvachky que “quien debía impulsar la acción consintió el sobreseimiento sin diferenciar situaciones” y señaló que como jefe de la Unidad Amia Nisman “sostuvo que el fiscal de Cámara Germán Moldes dio la orden de no apelar porque compartía los fundamentos del juez”. Según Litvachky, Nisman explicó que no había apelado porque “carecía de autorización para hacerlo por su cuenta” ya que el fiscal natural de la causa era Moldes.
El cambio que viene
Hasta ahora, al menos, los fiscales no eran una corporación. Ni siquiera un colectivo. Los fiscales, al revés de los jueces, no tienen espíritu de cuerpo. ¿Será que ahora algunos de ellos quieren crear un cuerpo para ponerle la impronta de su espíritu? ¿O será que disputan la cabeza de un cuerpo que políticamente existirá cuando se aplique el nuevo Código Procesal Penal?
La realidad no solo arrojó dos novedades impactantes como una denuncia del fiscal Nisman y su muerte unos días después. Antes, 2014 había terminado con el nuevo Código Procesal Penal sancionado por el Congreso y promulgado por el Poder Ejecutivo. ¿Esa perspectiva habrá servido de motivación para ocupar espacios políticos de antemano? Más allá de lo que venga, la verdad es que hoy el actual Código Procesal Penal define que el juez es quien inicia la instrucción. Eventualmente delega esa instrucción en el fiscal y puede recuperarla cuando lo disponga. Inclusive el Código Procesal Penal vigente desde 1991 cambió el carácter inquisidor y desdobló el proceso penal en dos, una parte de instrucción y otra de elevación a juicio donde un tribunal a través de oralidad establece y determina la responsabilidad de cada uno. El papel del fiscal, cuando el juez se lo delega, es cumplir con la Enmienda Miranda de los Estados Unidos, para evitar que el juez o el fiscal prejuzguen sobre un hecho, lo conviertan en delito o le quiten su aspecto delictivo y luego adecúen el resto del proceso penal a ese interés previo.
En 2016, previa ley de implementación, habrá nuevas designaciones, nuevas estructuras y nuevas partidas presupuestarias cuando comience a regir el nuevo Código Procesal Penal promulgado en 2014. La discusión no es el espíritu de la Enmienda Miranda, que nadie critica, al menos en público, sino la administración concreta de los nuevos protocolos de actuación.
La cabeza del Poder Judicial es la Corte Suprema, hoy con Ricardo Lorenzetti de presidente. La defensora general es Stella Maris Martínez. La procuradora, elegida en 2012 a propuesta de Cristina Fernández de Kirchner con acuerdo del Senado, es Alejandra Gils Carbó.
Tanto Martínez como Gils Carbó son vocales de la comisión directiva de Justicia Legítima, una asociación que además de jueces como su presidenta María Laura Garrigós de Rébori o el juez de Casación Penal Alejandro Slokar nuclea a muchos fiscales. Entre ellos figuran Félix Crous, Jorge Auat, Javier De Luca , el fiscal general y jefe de la unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos Alejandro Alagia y Julián Axat, director de Atajo, sigla de Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia, un organismo de la Procuración con presencia en las villas. En la misión de Justicia Legítima que puede leerse en su web figuran la promoción de “un sistema de justicia más plural e independiente, tanto de los otros poderes del Estado como de los poderes fácticos” y el fomento de la transparencia tanto en los procesos de decisión de los jueces como en el ingreso y la promoción del servicio de justicia. También hay lugar para el Ministerio Público. Dice: “Promover la autonomía de la defensa pública y del Ministerio Público Fiscal en todas las jurisdicciones del país”.
El Grupo Moldes
Si la ley de implementación del nuevo Código Procesal sale a tiempo cambiará el fuero penal porque los fiscales serán el brazo impulsor de los procesos. Cada fiscal, según la Constitución, goza de “inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones”. Cada fiscal hace hoy su trabajo y lo hará con mayor amplitud cuando impere el nuevo régimen. Uno de los fenómenos contradictorios de este nuevo fenómeno es que los fiscales que convocan a la marcha del 18 parecen buscar una presencia corporativa pero no procuran actuar en equipo en las causas donde intervienen. ¿Fiscalías feudalizadas y simultáneamente política en grupo para influir dentro y fuera del Ministerio Público Fiscal? ¿Será ése el modelo buscado por el Grupo Moldes? Si eso es así, podrían profundizarse las rispideces con la línea institucional que impulsa la procuradora, basada en unidades institucionales como las de lesa humanidad, criminalidad económica, trata, género y narcocriminalidad, un mayor trabajo en equipo y coordinación con las provincias. “Sin ese criterio hubiera sido imposible detener a jefes policiales vinculados con delitos de narcotráfico en Córdoba y Santa Fe”, suele argumentar Gils Carbó, que acostumbra mostrarse preocupada por una sociedad a la que observa inerme si los fiscales trabajan sin apoyo y control mutuos.
El caso de la fiscal Viviana Fein, en los últimos días, abrió un dilema. Está a cargo de investigar una muerte de alta conmoción internacional como la de Nisman pero prefirió trabajar sola y con su equipo de siempre. A su vez la Procuración ofreció personal pero no quiso insistir para no despertar ni una remota sospecha de presión sobre Fein. Es una encerrona. Si por no ampliar el equipo Fein no diera abasto, la causa por muerte dudosa de Nisman podría tener una dinámica más lenta de la esperable. Y si el equipo llegase a ser más grande la Procuración podría ser acusada de intervencionista por el estereotipo que presenta a Gils Carbó como una torre dentro de las piezas que mueve el ajedrez presidencial.
Las distintas partes en juego experimentaron un ejemplo pequeño de la encerrona durante la última semana cuando Fein dio –involuntariamente– información equivocada a la Procuración sobre los ya famosos borradores hallados en el cesto de basura de Nisman. Los papeles estrujados en el tacho contenían órdenes de comenzar un proceso que llevara a la detención de la Presidenta y del canciller Héctor Timerman. De todos modos, Fein no rompe con ningún protocolo cuando habla en público: es su investigación y hasta los errores están dentro de su derecho. La novedad es la irrupción de Moldes con su rebelión contra la Ley Orgánica del Ministerio Público por haber actuado sin denuncia concreta a pesar de que explicitó que alguien está cometiendo delitos como el de “tirar muertos”.
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