Una de las respuestas políticas que implementó el gobierno nacional ante la muerte del fiscal Alberto Nisman, donde el mundo de los espías vernáculos y extranjeros parecen confluir, fue la presentación de un proyecto de reforma integral de la "inteligencia" local, que incluye, entre otras, la creación de una Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y, sobre todo, la subordinación del espionaje para la defensa, el que hacen los militares, bajo esta nueva organización.
Una de las respuestas de la oposición política ante la muerte del fiscal Alberto Nisman fue responsabilizar al gobierno de tamaña tragedia y, bailando al compás de los verdaderos poderes, participar sin pudor del más potente intento desestabilizador de los últimos ocho años.
El Frente para la Victoria (FPV), como en otras oportunidades, propone una respuesta institucional contradiciendo, como siempre, a lo que suelen afirmar los partidos con representación parlamentaria. La propuesta es un cambio en la organización de los organismos de inteligencia. La actual Secretaría se diluye y se construye otra nueva, la AFI, con la que se busca poner un límite al actual esquema pero sobre todo un control más estricto a todo ese mundo donde desaparece la investigación de campo y promueve la "producción de inteligencia" a través de "obtención, reunión y análisis de la información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior".
El texto que hoy tiene dictamen no es exactamente igual al que llegó a los senadores. Contradiciendo una vez más a la oposición, el FPV aceptó modificar el texto fruto de las críticas y propuestas que realizaran en la última audiencia pública el diputado provincial kirchnerista Marcelo Saín, y los representantes del CELS.
A pesar de contar ya con el dictamen que habilita al proyecto a llegar al recinto, los senadores del FPV advirtieron que todavía hay posibilidades de mejorar incluso más la iniciativa.
Es probable que ello ocurra. Sin embargo, la oposición abandonó esa posibilidad por decisión propia y ni siquiera asistirá, salvo el interbloque del peronismo federal que conduce Adolfo Rodríguez Saá, a la sesión convocada para el mediodía del próximo jueves.
Radicales, el único massista del Senado, macristas y los jirones del FAU aseguran que se trata de una distracción pergeñada por el oficialismo. La respuesta entonces es resucitar al Grupo A aunque, poniéndose a tono con esto de los espías, lo bautizaron con un diferente "nom de guerre" al denominarlo Consenso Parlamentario.
Esa nueva entelequia servirá, dicen, para "investigar" la causa de la muerte de Nisman. El cómo es a través de una audiencia ciudadana que se realizará a la misma hora de la sesión pero unos metros más allá del recinto, en el salón Azul. Lo que de allí saldrá nada servirá para el objetivo declamado o, en todo, aporta al show mediático con el que responden a la propuesta institucional del oficialismo. Nada nuevo.
Incluso podría pensarse que esos opositores no se pueden ocupar de la nueva ley de Inteligencia mientras acompañan la investigación judicial porque, como los burócratas, sólo pueden resolver un tema o un expediente a la vez.
Ojalá fuera así pero no lo es. Las declaraciones de los dirigentes de la oposición se producen a mayor velocidad de lo que avanza el expediente judicial y enrarecen el clima reforzando la idea de la intentona destituyente. Y es que de la manera en que se mueven da cuenta de lo poco que parece importarles de verdad el esclarecimiento de la muerte de un fiscal que, en vida, no se caracterizó por su eficiencia y sí por su dependencia ante los factores de poder real. Lo dicen los propios familiares de las víctimas de la AMIA, convenientemente olvidadas, y las pruebas que surgieron de los cables diplomáticos que filtrara Wikileaks.
A pesar de sus reiteradas muletillas, poco y nada parecen importarle a la oposición las instituciones y la República. Desesperados por ver hocicar al gobierno nacional en sus posibilidades electorales, se suman ahora a la marcha que convocaron los fiscales José María Campagnoli, Ricardo Sáenz, Carlos Rívolo, Raúl Pleé, y Carlos Stornelli. No importa que entre ellos haya algunos, como Pleé, que fueron denunciados por CELS y por los familiares de Memoria Activa por haber demorado la acusación contra los acusados por encubrimiento del atentado.
Tampoco les importa estar junto a Campagnoli, el fiscal denunciado, como cita el sitio web Infojus,“de haber recibido un dictamen elaborado por abogados del Grupo Clarín, a través del estudio de abogados Saenz Valiente & Asociados”. Mucho menos les preocupa que Stornelli diga que la muerte de Nisman podría “no ser la última”, una afirmación temeraria, profundamente irresponsable y aviesa.
Es tanto el esfuerzo que hacen algunos de los dirigentes de la oposición por mostrarse indignados y preocupados que no vacilan en realizar propuestas descabelladas y a todas luces inútiles. Por caso, la todavía diputada del PRO, Patricia Bullrich propuso que el ex espía Jaime Stiuso (o como se llame) se presente ante la Cámara Baja para que informe sobre el caso Nisman. El detalle, tal vez no previsto ante la necesidad, es que el susodicho fue liberado del secreto solo para prestar declaración ante la justicia.
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