Por Ailín Bullentini
Ragnar Hagelin buscó mucho a su hija, Dagmar, quien de-sapareció en la Argentina en enero de 1977. Solo, primero. Luego, a través de las instituciones diplomáticas de su país de origen, Suecia. Así consta en dos expedientes que fueron recientemente desclasificados por la Cancillería argentina y que contienen informes, notas, cartas, telegramas, resúmenes y reseñas en los que altos funcionarios suecos –ministerios de Relaciones Exteriores e incluso el presidente de aquel país entonces reclamaban a la Argentina por información sobre el paradero de la joven y las autoridades de facto argentinas y los jueces que intervinieron en la investigación sobre lo ocurrido negaron los hechos.
“El gobierno argentino sabe quiénes son los responsables de la detención de Dagmar Hagelin y de su posterior destino. Sin embargo, prefiere hacer caso omiso del asunto y negar que lo conoce. Esto es indigno e inaceptable.” La sentencia pertenece a quien fue el primer ministro sueco Thorbjorn Falldin; fue emitida en diciembre de 1979. Llegó vía correo epistolar a quien era dirigida, el entonces presidente de facto argentino Jorge Rafael Videla. Para entonces, Suecia se había hartado de las evasivas de la dictadura militar nacional ante sus consultas y pedidos insistentes por el esclarecimiento del hecho.
La “suequita” cayó en manos del grupo de tareas 3.3.2. de la Armada el mediodía del 26 de enero de 1977 en El Palomar, provincia de Buenos Aires. Estaba llegando a la casa de Norma Burgos, su amiga, cuando miembros de la patota dirigida por el genocida Alfredo Astiz la hirieron a tiros, la encerraron en el baúl de un auto y se la llevaron. Los hechos fueron reconstruidos por vecinos y sobrevivientes, incluida Burgos, que por entonces era la compañera de Carlos Caride, dirigente de Montoneros. Los testimonios la ubicaron con vida en la ex ESMA, en donde habría permanecido unos diez días y luego en las filas de de-saparecidos que los torturadores de la última dictadura cívico-militar argentina subían a aviones para arrojarlos al mar o al Río de la Plata. Ragnar Hagelin buscó a su hija desde aquel mediodía. Fue a la comisaría de Morón y allí supo que el secuestro de su hija había sido obra de la Armada. Cuando los caminos se le cerraron, algunos días después, acudió a Suecia. El había nacido en Chile, pero tenía ciudadanía sueca, al igual que Dagmar. El caso llegó a la Justicia a través de un hábeas corpus presentado por Ragnar. En 1979, la Cámara Nacional de Apelaciones rechazó el recurso. En 1980, el entonces juez federal Luis Rabellini se declaró incompetente.
La mayoría de los datos fácticos de la desaparición de Dagmar integran aquella dura carta enviada a Videla por Falldin, que integra el intercambio diplomático que compartieron el reino sueco y la dictadura argentina entre 1977 y 1986, y que quedó registrado en dos expedientes archivados en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería. Esas dos carpetas, con decenas de órdenes, mensajes y pedidos –también judiciales– realizados y respondidos por funcionarios de los gobiernos, fueron desclasificadas y publicadas ayer en el sitio web en el que el ministerio dirigido por Héctor Timerman vuelca archivos relacionados con la actividad de la última dictadura.
“La embajada se permite recordar que las numerosas presentaciones realizadas con este asunto hasta la fecha no han recibido respuesta por parte argentina, excepto que la investigación continúa”, insistió en mayo de 1978 la Embajada de Suecia en Buenos Aires en una carta enviada a la Cancillería. Por si fallaba la memoria de los funcionarios locales, los suecos acompañaban el cordial reclamo con una minuta fechada de todos los encuentros, intercambios, reclamos y peticiones que diferentes funcionarios de ese país europeo habían emitido a las autoridades militares argentinas entre la fecha de desaparición de Hagelin y septiembre de 1977. El punteo incluyó encuentros personales con Videla.
La respuesta argentina no superaba aquello de “la investigación continúa”. Aunque alguna ofrecía virulencia entre líneas. En septiembre de 1977, por ejemplo, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores le respondieron a la Embajada de Suecia que Dagmar era argentina y que la información que seguía en ese texto era brindada por pura “cortesía”. Allí, el organismo de gabinete de facto también comentó que “el gobierno argentino está empeñado en la tarea de erradicar el terrorismo y la subversión”, que “los procedimientos antisubversivos son efectuados por fuerzas conjuntas perfectamente controladas... (que) llevan un registro oficial de aquellos detenidos por vinculaciones con la guerrilla y la subversión, así como también de aquellos casos de denuncias de desapariciones” y que tales registros “son claros, precisos y permanentemente actualizados, lo que da como resultado un conocimiento exacto de la situación de cada detención”. “En cuanto al caso de la señorita Hagelin, no existen constancias oficiales de que hubiera sido detenida por fuerzas de seguridad”, descartó por último ese comunicado. Las listas allí mencionadas, en tanto, nunca aparecieron.
El país europeo y el padre de Dagmar decidieron reconstruir los últimos días de la joven a través de los testimonios de sobrevivientes de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo de Estado gobernante. Fue útil la declaración de la propia Norma Burgos, también de Martín Grass. Meses antes de que la dictadura se diluyera en la democracia que persiste desde entonces, el entonces ministro de Relaciones Exteriores sueco Lennard Bodstrom le escribió a su par argentino Juan Ramón Aguirre Lanari. Allí le contaba sobre la “decepción” de su gobierno frente a las evasivas argentinas, le informaba que las autoridades suecas habían continuado investigando, y que habían encontrado más testimonios de sobrevivientes de la ex ESMA, un “material” que “parece no dejar dudas sobre la participación de las Fuerzas Armadas argentinas en la desaparición de Dagmar y por ende del conocimiento que se tenía sobre ésta”. Por último advirtió que “la parte argentina no ha alegado que existieran fundamentos legales para tener prisionera en la Argentina a Dagmar o para entablarle juicio”, y que el gobierno sueco “supone que Dagmar está viva y que la Argentina hará todo lo que esté a su alcance para presentar un informe ampliamente clarificador de lo que le sucedió”.
Facsímiles pertenecientes a los dos expedientes desclasificados.
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