Jorge Néstor Troccoli es el único imputado en la causa. También están acusados, aunque ausentes y libres en sus respectivos países, 31 militares y civiles de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú por la desaparición de 43 personas.
Por Elena Llorente
Página/12 En Italia
Desde Roma
Ante la presencia de un solo imputado, Jorge Néstor Troccoli, ex miembro del Servicio de Inteligencia de la marina uruguaya, la Justicia italiana dio comienzo ayer en Roma al primer juicio contra el Plan Cóndor en Europa. También están acusados, aunque ausentes y libres en sus respectivos países, 31 militares y civiles de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú, acusados de la desaparición o asesinato de 43 personas (6 ítalo-argentinos, 4 ítalo-chilenos, 13 ítalo-uruguayos y 20 uruguayos) durante las dictaduras militares que dominaron esas naciones latinoamericanas en la década del ’70.
Presidida por Evelina Canale y un jurado de 12 jueces populares como estila la Justicia italiana, la primera audiencia duró seis horas para resolver formalidades y rechazar todas las objeciones que presentaron los defensores de los acusados. Pero también fijó la próxima audiencia para el 12 de marzo. Y para el 13, una nueva audiencia por el caso del general boliviano Luis García Meza, implicado en el Plan Cóndor y detenido en La Paz por estar acusado de asesinato y complicidad con el narcotráfico. Sobre el caso de este golpista, que entre otras cosas derrocó al gobierno democrático de Lidia Guelier en 1980, la Justicia italiana no ha podido decidir todavía si incorporarlo o no al proceso Cóndor.
“Después de 40 años de los hechos, este proceso tiene un valor moral y trata de conocer la verdad o parte de la verdad de lo que ocurrió en América latina. Debe demostrar lo que ocurrió de modo autónomo, independiente, imparcial”, dijo a la prensa el fiscal Giancarlo Capaldo, que comenzó a reunir pruebas hace más de 12 años. Ante la falta de imputados argentinos en este proceso –cuando la dictadura argentina, como se sabe, formó parte del Plan Cóndor para la eliminación de opositores políticos junto a las de Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Perú–, el fiscal había declarado precedentemente que se trataba de una “elección política” del gobierno argentino. Fuentes de la embajada argentina reiteraron por su parte que el “gobierno argentino, al haber eliminado las leyes de impunidad que existían, ha garantizado que los juicios de lesa humanidad puedan realizarse de manera absolutamente abierta. Los que han iniciado acciones legales fuera de su país lo hacen porque tienen dificultades para hacerlo en su propia nación”.
Sólo dos familiares estuvieron presentes en la audiencia de ayer, ambas residentes en Italia, las uruguayas Cristina Mihura, viuda de Bernardo Arnone, desaparecido en Buenos Aires en 1976; y Aurora Meloni, cuyo marido, Daniel Banfi, fue arrestado (y luego apareció muerto) por fuerzas policiales uruguayas y argentinas en Buenos Aires en 1974. “Estamos comenzando después de tantos años de lucha. No va a ser fácil, porque no es fácil probar cosas después de tanto tiempo. La mayor parte de las pruebas las hemos recogido nosotros, los familiares, con muy poca ayuda de los Estados, porque los archivos estaban cerrados y por motivos varios, y de personas que han tenido miedo y que recién ahora se están arrimando. Pero mantendremos la misma tenacidad que hasta ahora”, dijo Mihura a Página/12. Y Meloni por su parte comentó: “La emoción es fuerte. Pero el agradecimiento a quien permite que esto suceda, también. Me refiero al Estado italiano, a la fiscalía, al trabajo que hizo el fiscal Capaldo, al de todos los familiares que representamos a estas víctimas. Creo que está llegando al mundo lo que está sucediendo. ¿Qué espero de esto? Espero respuestas, noticias, informaciones que no tengo y, sobre todo, justicia”.
Las primeras 10 o 15 filas de mesas de la sala de audiencias judiciales de la Cárcel de Rebibbia (conocida como “el bunker”, porque ahí se hacen juicios penales peligrosos) estuvieron ocupadas por un numeroso grupo de abogados, muchos de oficio, que defenderán a acusados y a familiares. No sólo los familiares se han constituido como partes querellantes sino también el gobierno de Uruguay, las Abuelas de Plaza de Mayo y dos asociaciones de familiares, una de Chile y la otra de Bolivia. “La presencia de las Abuelas de Plaza de Mayo será un soporte importante en este proceso –dijo a Página/12 la abogada que las defiende, Simona Filippi–. Porque los casos más atroces, a mi modo de ver, son los de esas mujeres embarazadas que no sólo fueron torturadas y luego asesinadas sino a quienes antes les fueron quitados sus hijos pequeños. Estela Carlotto estará entre los testigos del proceso.” Los testigos son 149, de distintos países, y dentro de algunos días se conocerá el calendario para esas presencias.
Para Giancarlo Maniga, uno de los abogados que desde hace años defiende a los latinoamericanos en materia de derechos humanos, “aunque ha pasado mucho tiempo desde que se presentaron las primeras denuncias, por suerte estamos comenzando. Lamentablemente varios de los acusados han muerto. Pero lo que cuenta es llegar a una conclusión, espero, de condena”. “Estos procesos tienen tres puntos relevantes –agregó–: hacer justicia, que es nuestra obligación, mantener la memoria y contribuir a que en los países donde estos hechos se produjeron, madure una Justicia verdadera como paso importante de la democracia.”
Vestido de marrón y cabizbajo casi todo el tiempo, Troccoli estaba sentado junto a sus defensores. Pero no quiso hacer declaraciones, indicando a su abogado, Francesco Saverio Guzzo, para que hablara. “Troccoli no ha tenido jamás un rol determinante en las cosas de las que se lo acusa, y será demostrado durante el proceso –dijo–. No se puede negar que fue parte de una organización militar. Pero desde 1996 ha tomado distancia de sus viejos conocidos, reiterando su total no responsabilidad en los hechos que se le atribuyen. Además hay que recordar que Troccoli llegó a Italia en 2007, fue arrestado por unos meses y que la Justicia luego lo dejó en libertad. Y esto es un buen punto de partida para él.”
Las embajadas de Chile, Uruguay, Perú y Bolivia enviaron sus representantes a la audiencia. El embajador boliviano Antolín Gómez, el único embajador presente, dijo a Página/12 que su gobierno está dispuesto a colaborar con las autoridades italianas “pese a que las personas acusadas están ya en la cárcel y condenadas. Pero estamos aquí porque no sólo es importante para nuestro gobierno sino para las familias afectadas”.
Entre los acusados se encuentran los uruguayos Juan Carlos Blanco (ex ministro de Exteriores del gobierno de facto 1973-76); el general Iván Paulós, jefe del Servicio de Informaciones de la Defensa (SID), y el coronel Pedro Antonio Mato Narbondo, acusado de haber sido uno de los organizadores de la represión y las torturas en el centro de detención clandestina de Buenos Aires conocido como Automotores Orletti. También los chilenos Sergio Arellano Stark, famoso por haber dirigido la Caravana de la Muerte que fue asesinando presos políticos por todo el país; Manuel Contreras, que dirigía la DINA, el servicio secreto de la dictadura de Augusto Pinochet; y Daniel Aguirre Mora, dirigente de la terrorífica CNI (Central Nacional de Inteligencia). Entre los peruanos se destaca la figura del general Francisco Morales Bermúdez, presidente de Perú de 1975 a 1980; el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Martín Martínez Garay y el general y ex primer ministro Pedro Richter Prada.
13/02/15 Página|12
A tod@s aquell@s que sostengan la memoria, la identidad y la resistencia como herramienta histórica de nuestro Pueblo.
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