Llegamos al 2015 y tres grandes procesos signarán su curso. Proceso de paz, crisis económica y elección de alcaldes y gobernadores.
Los diálogos de La Habana entre Santos y las FARC seguirán siendo eje primordial en el movimiento de la sociedad y el Estado. Se cerrará satisfactoriamente el tema de las víctimas y tomará plena forma el “fin del conflicto” con debates de mucho espesor. Ya hay un trecho recorrido en materia de cese al fuego y hostilidades. Una comisión de militares y guerrilleros ha realizado un encomiable trabajo para llevar a la práctica aspectos muy puntuales en la materia. Un asunto clave, desde mi enfoque, será el tratamiento de los ajustes institucionales para la paz que debe contemplar una reforma a fondo del Estado y su gobierno para ampliar los alcances de la construcción de una democracia en los términos pactados en materia de participación, pluralismo y garantías para los nuevos movimientos políticos y sociales.
La política elevará su nivel en las conversaciones merced a la audaz iniciativa de la delegación plenipotenciaria de los revolucionarios, tal como lo registramos con la decisión del cese unilateral y definitivo del fuego y las hostilidades. La paz no tiene vuelta atrás y ya se ha dibujado el perfil de la Colombia de los próximos 30 años, como ocurrió al inicio del Frente Nacional de 1958 y con la Constituyente de 1991 que ya agotó sus recursos e instrumentos neoliberales.
La crisis económica con sus impactos fiscales tendrá consecuencias demoledoras en millones de colombianos. El desplome económico nacional es un escenario asociado a la prolongación de la gran crisis bancaria del 2008, pues sigue la recesión en el plano global, hoy en su sexto momento, detonado por la impresionante destorcida de los precios del petróleo apalancada por la ralentización de los Brics y la Unión Europea y las maniobras geopolíticas de los gringos empeñados en asfixiar a Putin, a Venezuela y en sembrar el caos planetario. Serán 12 meses con desajustes en las cuentas del Estado: caída de los ingresos petroleros, severos desajustes en la balanza comercial, recortes en las inversiones en carreteras y viviendas, incremento de la deuda externa, disfuncionalidad del gasto militar, pinchada de la burbuja inmobiliaria, caída del PIB y recorte masivo de subsidios, como los de Familias en Acción, bonos juveniles y para los adultos. Crecerá la pobreza, miseria y segregación social de los sectores más débiles de la sociedad, pues los ricos no cederán en sus privilegios y la casta burocrática y política proseguirá en el saqueo de los patrimonios públicos, a través de la mermelada en Regalías y los cupos presupuestales autorizados por el señor Santos y su camarilla presidencial.
Como se ha señalado por algunos, esta tormenta enlazada con la volatilidad de los precios del petróleo tirará a la lona gobiernos y propiciará agudas rebeliones sociales. No lo descarto en Colombia.
Hasta el 25 de octubre, todo el país vivirá una intensa agitación pública por cuenta de la elección de 1.113 alcaldes municipales y 32 gobernadores departamentales. Estas autoridades locales son elegidas gracias a acuerdos pasados del Estado con las guerrillas revolucionarias. Las negociaciones de las FARC con Belisario Betancur, en 1986, dejaron como saldo la elección directa de los burgomaestres locales. La Constituyente de 1991 ordenó la elección ciudadana de los gobernadores.
Son conquistas democráticas que es preciso consolidar y profundizar. La resistencia campesina y revolucionaria, el movimiento popular, deben integrarse plenamente a este proceso planteando programas de cambio y reivindicación de los derechos sociales, políticos y económicos de la multitud y sus singularidades. Hay que exigir garantías y señalar la manipulación clientelista de los gamonales locales y regionales favorecidos con las prebendas del señor Santos. La paz debe ser la principal bandera de los candidatos alternativos y de origen popular. Un elemento importante de este escenario es exigir, en el caso de Bogota, la elección directa de los Alcaldes locales y la creación de 20 nuevas localidades.
Es un escenario agitado en el que se dará la presencia de los movimientos sociales. La multitud se expresará con sus diversas problemáticas. Las de la salud, empleo, educación, tierra, vivienda, empleo, los derechos indígenas, los de los afros, los de las mujeres, jóvenes y tercera edad. Seguirá adelante el movimiento de las constituyentes por la paz y municipales. Millones de bogotanos harán sentir su inconformidad por el desastre de Transmilenio afectado por la mediocre administración del señor Petro y sus ineptos equipos de gestión atrapados por el clientelismo y la microcorrupción. En Medellin crecerá la movilización ciudadana contra el Pot neoliberal. En Barranquilla se sentirá la exigencia por la autonomía de las localidades.
En Cali las masas populares demandarán la paz, mejoras en la movilidad y efectividad de los derechos sociales. En Bucaramanga crecerá el repudio a la corrupción. En Cúcuta se amplia la movilización por los derechos humanos. En el eje cafetero, el ambientalismo marchará por la defensa de la naturaleza y contra el extractivismo minero. Las masas campesinas e indígenas del Putumayo, Huila, Caquetá y Tolima, radicalizarán sus pliegos agrarios y contra los proyectos mineros depredadores como el de La Colosa. En el Meta y los llanos orientales reclamarán equidad con las regalías petroleras.
El movimiento social debe pedir garantías para su acción. De gran importancia es el acceso democrático a los grandes medios de comunicación monopolizados por conglomerados de la oligarquía dueña del Estado.
Los diálogos de La Habana entre Santos y las FARC seguirán siendo eje primordial en el movimiento de la sociedad y el Estado. Se cerrará satisfactoriamente el tema de las víctimas y tomará plena forma el “fin del conflicto” con debates de mucho espesor. Ya hay un trecho recorrido en materia de cese al fuego y hostilidades. Una comisión de militares y guerrilleros ha realizado un encomiable trabajo para llevar a la práctica aspectos muy puntuales en la materia. Un asunto clave, desde mi enfoque, será el tratamiento de los ajustes institucionales para la paz que debe contemplar una reforma a fondo del Estado y su gobierno para ampliar los alcances de la construcción de una democracia en los términos pactados en materia de participación, pluralismo y garantías para los nuevos movimientos políticos y sociales.
La política elevará su nivel en las conversaciones merced a la audaz iniciativa de la delegación plenipotenciaria de los revolucionarios, tal como lo registramos con la decisión del cese unilateral y definitivo del fuego y las hostilidades. La paz no tiene vuelta atrás y ya se ha dibujado el perfil de la Colombia de los próximos 30 años, como ocurrió al inicio del Frente Nacional de 1958 y con la Constituyente de 1991 que ya agotó sus recursos e instrumentos neoliberales.
La crisis económica con sus impactos fiscales tendrá consecuencias demoledoras en millones de colombianos. El desplome económico nacional es un escenario asociado a la prolongación de la gran crisis bancaria del 2008, pues sigue la recesión en el plano global, hoy en su sexto momento, detonado por la impresionante destorcida de los precios del petróleo apalancada por la ralentización de los Brics y la Unión Europea y las maniobras geopolíticas de los gringos empeñados en asfixiar a Putin, a Venezuela y en sembrar el caos planetario. Serán 12 meses con desajustes en las cuentas del Estado: caída de los ingresos petroleros, severos desajustes en la balanza comercial, recortes en las inversiones en carreteras y viviendas, incremento de la deuda externa, disfuncionalidad del gasto militar, pinchada de la burbuja inmobiliaria, caída del PIB y recorte masivo de subsidios, como los de Familias en Acción, bonos juveniles y para los adultos. Crecerá la pobreza, miseria y segregación social de los sectores más débiles de la sociedad, pues los ricos no cederán en sus privilegios y la casta burocrática y política proseguirá en el saqueo de los patrimonios públicos, a través de la mermelada en Regalías y los cupos presupuestales autorizados por el señor Santos y su camarilla presidencial.
Como se ha señalado por algunos, esta tormenta enlazada con la volatilidad de los precios del petróleo tirará a la lona gobiernos y propiciará agudas rebeliones sociales. No lo descarto en Colombia.
Hasta el 25 de octubre, todo el país vivirá una intensa agitación pública por cuenta de la elección de 1.113 alcaldes municipales y 32 gobernadores departamentales. Estas autoridades locales son elegidas gracias a acuerdos pasados del Estado con las guerrillas revolucionarias. Las negociaciones de las FARC con Belisario Betancur, en 1986, dejaron como saldo la elección directa de los burgomaestres locales. La Constituyente de 1991 ordenó la elección ciudadana de los gobernadores.
Son conquistas democráticas que es preciso consolidar y profundizar. La resistencia campesina y revolucionaria, el movimiento popular, deben integrarse plenamente a este proceso planteando programas de cambio y reivindicación de los derechos sociales, políticos y económicos de la multitud y sus singularidades. Hay que exigir garantías y señalar la manipulación clientelista de los gamonales locales y regionales favorecidos con las prebendas del señor Santos. La paz debe ser la principal bandera de los candidatos alternativos y de origen popular. Un elemento importante de este escenario es exigir, en el caso de Bogota, la elección directa de los Alcaldes locales y la creación de 20 nuevas localidades.
Es un escenario agitado en el que se dará la presencia de los movimientos sociales. La multitud se expresará con sus diversas problemáticas. Las de la salud, empleo, educación, tierra, vivienda, empleo, los derechos indígenas, los de los afros, los de las mujeres, jóvenes y tercera edad. Seguirá adelante el movimiento de las constituyentes por la paz y municipales. Millones de bogotanos harán sentir su inconformidad por el desastre de Transmilenio afectado por la mediocre administración del señor Petro y sus ineptos equipos de gestión atrapados por el clientelismo y la microcorrupción. En Medellin crecerá la movilización ciudadana contra el Pot neoliberal. En Barranquilla se sentirá la exigencia por la autonomía de las localidades.
En Cali las masas populares demandarán la paz, mejoras en la movilidad y efectividad de los derechos sociales. En Bucaramanga crecerá el repudio a la corrupción. En Cúcuta se amplia la movilización por los derechos humanos. En el eje cafetero, el ambientalismo marchará por la defensa de la naturaleza y contra el extractivismo minero. Las masas campesinas e indígenas del Putumayo, Huila, Caquetá y Tolima, radicalizarán sus pliegos agrarios y contra los proyectos mineros depredadores como el de La Colosa. En el Meta y los llanos orientales reclamarán equidad con las regalías petroleras.
El movimiento social debe pedir garantías para su acción. De gran importancia es el acceso democrático a los grandes medios de comunicación monopolizados por conglomerados de la oligarquía dueña del Estado.
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