Además de la evidente segregación racial, la absolución del agente Wilson en Wisconsin pone de relieve la supremacía de la policía por sobre la sociedad civil.
Protestas. El grito de la comunidad afroamericana se extendió de costa a costa.
El agente Darren Wilson subió el volumen de su radio policial para chequear con más precisión el dato del robo a un supermercado ubicado en el barrio de Ferguson que estaba patrullando el último 9 de agosto. A los minutos, Darren observó caminar de forma presurosa a un masculino negro y no se lo pensó dos veces. Obsesionado con su sospechoso, Darren tuvo un brote de insistencia laboral y gatilló doce veces para detener la marcha del joven afroamericano Michael Brown. El policía de Missouri desistió de sobrepasar la docena de disparos cuando comprobó a la distancia el derrumbe estrepitoso del adolescente al tiempo que su último proyectil abría la parte superior de la cabeza de Brown como si fuese la corteza de una fruta madura. Wilson caminó unos pasos, dio vuelta el cuerpo de Brown, que yacía pesado y aún caliente sobre el asfalto, abrió su mano izquierda y comprobó que se había equivocado: Michael no portaba un arma, entre sus dedos aferraba un paquete de cigarrillos, ya todo estrujado y manchado de sangre color fresa. En ese momento, el uniformado de Ferguson, menor de 30 años, blanco al igual que todos sus colegas, el pelo rubio como los copos de cereal pálidos de su breakfast cotidiano, pasó el informe a sus superiores pero, seguramente, no se hizo grandes remordimientos por haberse equivocado en su procedimiento. Esta semana, un Jurado de la región no sólo liberó de culpa y cargo a Wilson; además de comprobar la inalterable segregación racial vigente en la curva final de la era Obama y activar las protestas más fuertes de la comunidad afroamericana de la última década, el fallo del Poder Judicial de Missouri puso de relieve la supremacía de las fuerzas policiales por sobre la sociedad civil en los Estados Unidos.
La reconversión de los policías norteamericanos en robocops urbanos comenzó en los años noventa, durante la presidencia del halcón George Bush. En ese momento, las políticas de seguridad macro del Pentágono terminó armando a los uniformados estadounidenses como si estuviesen librando en las calles de Nueva York o California una lucha cuerpo a cuerpo contras las milicias fundamentalistas de Medio Oriente. En principio, los asesores NeoCom convencieron a Bush padre que los agentes policiales no podían ser sobrepasados en su poder de fuego por los cárteles de la droga locales. Además, el Departamento de Defensa terminó concluyendo que las fuerzas policiales podían ser una buena recepción de toda la logística de guerra que ya no servía para apertrechar a los marines estadounidenses en sus misiones externas. De esa manera, la Casa Blanca comenzó a tunear al agente de calle, que comenzó a patrullar los vecindarios con el porte y la coraza de un soldado de guerra. “El gobierno federal otorgó, en su momento, a los departamentos locales de policía acceso a millones de dólares para el combate a las drogas. Además, a comienzos de los noventa, el Congreso autorizó al Departamento de Defensa para que básicamente le diera a la policía local el acceso a su arsenal militar. Los vecindarios no son zonas de guerra y no creemos que los agentes de policía deban tratar a la gente que vive en las comunidades como enemigos de guerra”, contextualiza y aduce la activista legal Kara Dansky, autora del informe “War comes home” (“La guerra llega a casa”) de la organización Unión Americana de Libertades Civiles.
Darren Wilson aseguró esta semana en un reportaje televisivo que “tiene la conciencia tranquila”. Seguramente, Darren también tiene su espalda tranquila ya que la Guardia Nacional movilizó estos días los reconocidos vehículos militares multipropósito Humvee, muy utilizados por el Pentágono en las guerras de Irak y Afganistán, para cercar las principales arterías de Ferguson y así cerrar el paso a las fuertes movilizaciones callejeras que piden “justicia” por el caso Brown. Darren se siente tranquilo. Además, previo a la sentencia, Wilson sabía que un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 1989 beneficia a los agentes en los denominados casos de gatillo fácil porque, según los supremos norteamericanos, los Tribunales de Estados Unidos deben contemplar el uso de la fuerza policial según la “perspectiva de un oficial racional en la escena”. Por si fuera poco, a la militarización de la fuerza policial y al blindaje jurídico otorgado por la Corte, Darren contaba con un hecho a favor durante el juicio. El Fiscal del Condado de San Louis, Bob McCulloch, es hijo de un policía muerto en servicio en un tiroteo cruzado contra un sospecho afroamericano. Además, el hermano, el tío y el primo del hombre encargado de administrar el proceso acusatorio contra Wilson también portan chapa y andan en patrullero. El fallo estaba escrito en el aire de Ferguson antes de ser leído por el gran jurado. De ahí la bronca popular. Como afirma cáusticamente Vince Warren, director ejecutivo del Centro para los Derechos Constitucionales, en declaraciones al portal informativo Democracy Now: “Hay que reconocerlo, la absolución de Wilson abrió oficialmente la temporada de caza de negros para las fuerzas policiales”.
La reconversión de los policías norteamericanos en robocops urbanos comenzó en los años noventa, durante la presidencia del halcón George Bush. En ese momento, las políticas de seguridad macro del Pentágono terminó armando a los uniformados estadounidenses como si estuviesen librando en las calles de Nueva York o California una lucha cuerpo a cuerpo contras las milicias fundamentalistas de Medio Oriente. En principio, los asesores NeoCom convencieron a Bush padre que los agentes policiales no podían ser sobrepasados en su poder de fuego por los cárteles de la droga locales. Además, el Departamento de Defensa terminó concluyendo que las fuerzas policiales podían ser una buena recepción de toda la logística de guerra que ya no servía para apertrechar a los marines estadounidenses en sus misiones externas. De esa manera, la Casa Blanca comenzó a tunear al agente de calle, que comenzó a patrullar los vecindarios con el porte y la coraza de un soldado de guerra. “El gobierno federal otorgó, en su momento, a los departamentos locales de policía acceso a millones de dólares para el combate a las drogas. Además, a comienzos de los noventa, el Congreso autorizó al Departamento de Defensa para que básicamente le diera a la policía local el acceso a su arsenal militar. Los vecindarios no son zonas de guerra y no creemos que los agentes de policía deban tratar a la gente que vive en las comunidades como enemigos de guerra”, contextualiza y aduce la activista legal Kara Dansky, autora del informe “War comes home” (“La guerra llega a casa”) de la organización Unión Americana de Libertades Civiles.
Darren Wilson aseguró esta semana en un reportaje televisivo que “tiene la conciencia tranquila”. Seguramente, Darren también tiene su espalda tranquila ya que la Guardia Nacional movilizó estos días los reconocidos vehículos militares multipropósito Humvee, muy utilizados por el Pentágono en las guerras de Irak y Afganistán, para cercar las principales arterías de Ferguson y así cerrar el paso a las fuertes movilizaciones callejeras que piden “justicia” por el caso Brown. Darren se siente tranquilo. Además, previo a la sentencia, Wilson sabía que un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 1989 beneficia a los agentes en los denominados casos de gatillo fácil porque, según los supremos norteamericanos, los Tribunales de Estados Unidos deben contemplar el uso de la fuerza policial según la “perspectiva de un oficial racional en la escena”. Por si fuera poco, a la militarización de la fuerza policial y al blindaje jurídico otorgado por la Corte, Darren contaba con un hecho a favor durante el juicio. El Fiscal del Condado de San Louis, Bob McCulloch, es hijo de un policía muerto en servicio en un tiroteo cruzado contra un sospecho afroamericano. Además, el hermano, el tío y el primo del hombre encargado de administrar el proceso acusatorio contra Wilson también portan chapa y andan en patrullero. El fallo estaba escrito en el aire de Ferguson antes de ser leído por el gran jurado. De ahí la bronca popular. Como afirma cáusticamente Vince Warren, director ejecutivo del Centro para los Derechos Constitucionales, en declaraciones al portal informativo Democracy Now: “Hay que reconocerlo, la absolución de Wilson abrió oficialmente la temporada de caza de negros para las fuerzas policiales”.
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