Por Werner Pertot
El gobierno porteño cederá a las empresas que manejan el acarreo de vehículos una parte del nuevo centro de exposiciones que se está construyendo al lado de la Facultad de Derecho de la UBA. El auditor kirchnerista Eduardo Epsz-teyn denunció que de las 900 cocheras que se construirán allí bajo tierra, 150 serán para las empresas que controlan las grúas. “La factura de esos estacionamientos será pagada por el Estado y no por las empresas”, aseguró el auditor porteño.
Como informó este diario, el acarreo de vehículos está hasta ahora en manos de dos empresas: Dakota y BRD. Las dos manejan el negocio desde 1990, cuando consiguieron de parte del gobierno de Carlos Grosso un acuerdo más que generoso: las empresas se quedan con lo que recaudan por el acarreo y le pagan al gobierno porteño un canon fijo. Pero no es el único dinero que reciben. Según pudo comprobar el equipo del auditor Epsz-teyn, también se les destina dinero del Estado a través de una partida de la dirección de Concesiones. Entre 2010 y este año, las dos empresas recibieron más de 170 millones en concepto de “alquiler de camiones”. El canon que pagan no pasa de los 55 mil pesos mensuales, mientras que reciben cerca de dos millones de pesos mensuales a través de esta partida.
El dinero fue negociado en un acuerdo entre el gobierno porteño, el gremio de Camioneros y las dos empresas durante los gobiernos de Jorge Telerman y Mauricio Macri. Se firmaron tres actas acuerdo por las que el Estado les reconocía que las tarifas estaban congeladas desde los noventa y aceptaba pagarles un adicional a los salarios de los trabajadores y el dinero que correspondía a la contratación de la Policía Federal. Sin embargo, los fondos siguen fluyendo pese a que la tarifa aumentó en varias oportunidades hasta llegar a los 450 pesos actuales por acarreo. Ningún funcionario porteño quiso dar explicaciones sobre este dinero.
En tanto, el gobierno porteño viene avanzando en la construcción de un nuevo Centro de Convenciones y Exposiciones junto a la Facultad de Derecho. Las últimas semanas hubo una polémica en la Legislatura entre el kirchnerismo y el macrismo, dado que el gobierno macrista piensa invertir 313 millones de pesos para luego concesionarlo a un privado.
Dentro de la licitación de ese Centro de Exposiciones, el auditor Epszteyn descubrió que Macri modificó los pliegos (mediante el decreto 470/14) para otorgarles un nuevo beneficio a las empresas de las grúas. Allí dice que “se reservan el equivalente a la cantidad de 150 lugares efectivos para el acarreo e instalaciones anexas del sistema de control vehicular”. Lo que sigue fue lo que detectó el auditor: “El resultado mensual se obtiene de sustraer del canon (que paga la empresa de acarreo) el importe a percibir del GCBA. El resultado podrá arrojar sólo número negativo durante el primer decenio y la sumatoria de resultados a lo largo de los veinte años de explotación deberá arrojar un número positivo”. Esto significa que mientras esa cuenta dé un “resultado negativo” el pago de las cocheras quedará a cargo del Estado, que “será acreditado en la cuenta bancaria que indique” la empresa concesionaria.
De esta cláusula, que parece escrita en chino, Epszteyn interpretó que “la modificación del pliego es realmente escandalosa. Deja la puerta abierta para que la empresa que gane la concesión de la playa de estacionamiento no pague un canon que debería abonar la concesionaria. De esta forma, el Gobierno de la Ciudad podría seguir perdiendo dinero con el servicio de acarreo de vehículos”. Una ley aprobada por la Legislatura indica que el acarreo ya debería haber sido licitado nuevamente, con una ecuación opuesta a la de la época de Grosso (el Estado se quedaría con la recaudación, las empresas cobrarían un canon). Sin embargo, la licitación no avanza. Epszteyn advirtió que “si continúa esta injustificable e indefinida prórroga del contrato con las empresas, estaríamos ante un nuevo subsidio del gobierno porteño a Dakota y BRD. En 2014, ambas embolsaron más de 50 millones de pesos en subsidios –acumulan 170 millones desde 2010–, se quedan con la tasa de acarreo de cada vehículo y a cambio pagan un canon irrisorio”.
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