Por Soledad Vallejos
La Cámara Federal de Tucumán resolvió que Rubén “La Chancha” Ale, el tucumano procesado como jefe de una asociación ilícita dedicada, entre otras cosas, al lavado de dinero y sospechado de vínculos con el narcotráfico, la trata de personas para explotación sexual y el juego clandestino, vuelva a gozar del beneficio de la prisión domiciliaria. Ale cumple prisión preventiva en el hospital del penal de Ezeiza desde el 7 de noviembre, porque el juez federal Fernando Poviña decidió trasladarlo desde Tucumán hasta Buenos Aires luego de comprobar que, aun detenido en un hospital tucumano, continuaba manejando sus negocios. En un comunicado, la Unidad de Información Financiera (UIF), que participa de la investigación, calificó la resolución de “inexplicable”. Además, aseguró que “el accionar de la Cámara se choca con diversos antecedentes de la causa, sobre los cuales (los integrantes de la Cámara) tenían pleno conocimiento al momento de decidir la prisión domiciliaria”. “Siempre que lo detienen, la Chancha Ale ‘se enferma’. Hizo lo mismo en 2011 cuando fue detenido por usurpación y robo de cosecha”, señaló el organismo. La decisión, agregó el comunicado, es peligrosa “para la investigación, tanto por su posible entorpecimiento, como por el peligro de fuga”.
El traslado podría realizarse de inmediato. Antes del último día del año, Ale podría estar nuevamente en su casa, en Tucumán, y no en un centro médico, aun cuando su abogado haya argumentado motivos de salud para pedir el nuevo traslado. El abogado de Ale, Alejandro Biagosch, explicó a este diario que su cliente “necesita ejercicios kinesiológicos adecuados para sus enfermedades”, algo a lo que no puede acceder en el hospital del penal de Ezeiza, donde “se le produce empeoramiento por el encierro, el enclaustramiento en un lugar reducido sin posibilidad de desplazamiento”, en el que, agregó, no tiene acceso a “tratamiento para obesos mórbidos adultos” como él.
LA UIF señaló como “preocupante” que, transcurrido un año desde dictado, el procesamiento de Ale no haya sido confirmado, que “una declaración testimonial reservada” informara sobre un plan para matar al titular de la Procelac, Carlos Gonella, y atentar contra allegados a Susana Trimarco, quien denunció pública y continuamente al clan. En la causa, cuya investigación comenzó a fines de 2012, todavía hay tres prófugos de la banda, siendo uno de ellos un policía que brindaba protección a las actividades del grupo.
Desde diciembre de 2013, sobre Ale pesa una orden de prisión preventiva que violaba, primero, en el Sanatorio Modelo, un centro médico privado de San Miguel de Tucumán y, luego, en el hospital Avellaneda, de la misma ciudad. Desde ambos lugares, Ale manejaba por teléfono la gestión de la remisería 5 Estrellas y otros negocios que la Justicia, por la información de una investigación reservada y escuchas telefónicas, sospecha ilícitos y relacionados con otros 15 procesados en la causa. La Chancha es uno de los dos cabecillas de lo que la Justicia Federal investiga como clan Ale, el mismo al que desde hace años Susana Trimarco menta públicamente como “la mafia de los Ale” y señala como parte de la red de trata y explotación sexual que operaba en Tucumán cuando su hija, Marita Verón, fue secuestrada. La Chancha es también la cabecilla de lo que José Sbattella, titular de la UIF, definió en octubre, tras una serie de allanamientos que dieron hasta con armas no registradas, como “un grupo mafioso que llegó a tener el control de casi toda la provincia de Tucumán”.
El abogado Biagosch dijo a este diario que, en su casa, en Tucumán, Ale dispone de “tubos de oxígeno, aparatos para el control de glucemia, para la apnea de sueño” y también el tratamiento de “un equipo multidisciplinario de médicos, en el que hay dos kinesiólogos y otros especialistas para la recuperación del enfermo, porque el señor Ale padece patologías que son discapacitantes”.
En un comunicado, la UIF aseguró que la resolución de la Cámara “se choca con diversos antecedentes de la causa”, cuya investigación comenzó a fines de 2012 y a lo largo de la que hubo dos series de allanamientos simultáneos, la primera en marzo de 2013 y la segunda en octubre de este año, en las que fueron secuestrados documentación, elementos de corte de estupefacientes, armas no registradas y grandes cantidades de dinero en efectivo, entre otras cosas.
A la hora de detallar los antecedentes, el organismo recordó que transcurrió más de un año desde que se dictó el procesamiento (fue establecido el 20 de diciembre de 2013) y que la demora en confirmarlo “genera gran preocupación en el organismo que dirige José Sbattella”. También, que –como informó este diario en julio– la UIF recusó a uno de los camaristas, el juez Ricardo San Juan, por su vinculación con “el Club San Martín, donde Ale fue presidente y líder de la barrabrava”; que en los últimos allanamientos, realizados en octubre, “se encontraron armas en los domicilios que ya se habían allanado en 2013, varias de ellas sin registrar o con registro revocado”. La UIF señaló que en una “declaración testimonial reservada se dieron detalles de un plan del Clan Ale para matar al fiscal Carlos Gonella (titular de la unidad antilavado Procelac) y atentar contra los abogados que intervienen en la causa, la prima de Susana Trimarco, Alicia, y uno de sus abogados, José D’Antona”. La causa todavía hoy registra “tres prófugos de la banda (Víctor Alberto Suárez, Roberto Oscar Dislacio y Hernán Lazarte este último policía provincial)” y “se encontraron vinculaciones con autoridades policiales que brindaban protección al grupo, encontrándose prófugo uno de los policías con orden de detención”.
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