Sería elevada a juicio oral por el fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez. Se busca demostrar la existencia de una asociación ilícita destinada a hackear correos de políticos y famosos para robar información.
Por Nicolás Adet Larcher
Esta semana, según confirmó Horacio Verbitsky en su columna de Página/12, fue elevada a juicio oral por el fiscal general de la justicia federal de San Isidro, Fernando Domínguez, la causa que involucra a Juan Bautista “Tata” Yofre y otros periodistas renombrados.
En 2006 una denuncia de la Secretaria de Inteligencia - el desplazado Héctor Icazuriaga era uno de los perjudicados – fue el puntapié para una investigación que busca demostrar si existió una asociación ilícita dedicada a espiar a políticos, jueces y personalidades de la farándula. Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Scioli, Héctor Timerman, Alberto Fernández, Gerardo Sofovich, Susana Giménez, entre otros tantos, fueron algunos de los afectados por pinchaduras de teléfonos y hackeo de sus casillas de correo electrónico.
Luego de recopilar gran cantidad de pruebas, la causa dio un nuevo impulso en 2008 cuando el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, alertó sobre un intento de hackeo de su cuenta de correo electrónico. Como una forma de desvincularse de la causa, ese mismo año Juan Bautista Yofre concedió una entrevista a la Revista Veintitrés en donde afirmó “estuve en la SIDE sólo seis meses y cuando dejo algo, un trabajo, un hobbie o una mujer, lo dejo en serio”.
Cuatro años después, en septiembre de 2012, el fiscal Sebastián Lorenzo Basso, en base a las pruebas reunidas, pidió el procesamiento de los nueve acusados. Inmediatamente, le solicitó a la jueza Sandra Arroyo Salgado el procesamiento de Juan Bautista “Tata” Yofre como cabeza de la banda, junto a los ex agentes de inteligencia Iván Velázquez y Pablo Carpintero por el delito de asociación ilícita. Así también se solicitó el procesamiento de los periodistas Carlos Pagni de La Nación, Roberto García de Perfil, Edgard Mainhard de Urgente 24 y Héctor Alderete del portal SEPRIN. Junto a ellos, se sumaron el empresario santiagueño Néstor Ick y el militar retirado Daniel Manuel Raimundes.
La causa fue demorada en gran medida por los imputados, quienes interpusieron diferentes recursos y chicanas judiciales para evitar llegar a la instancia del procesamiento. El fiscal Basso había realizado pedidos de indagatoria que se demoraron alrededor de unos dos años. En los hechos, el único que declaró y además presentó un escrito ante la jueza Arroyo Salgado fue Daniel Raimundes.
Los demás, se limitaron únicamente a presentar un escrito, destacándose el empresario Néstor Ick que luego presentó una ampliación de su declaración inicial. La jueza atribuyó varios puntos en contra de cada acusado en un abultado fallo, adjuntando sus descargos y obligándolos a pagar una multa de unos $200.000 – en el caso de los encubridores – que luego fue reducida a $100.000.
El fallo emitido por Arroyo Salgado en septiembre de 2012 reza que no quedan dudas respecto a la existencia de una “empresa criminal” que con un “fin lucrativo operó dedicada a la procuración, búsqueda, sustracción, revelación y comercialización ilegal de datos, archivos e información de diversa índole: político, social, militar y económico; siendo que gran parte de esa información obtenida de los correos electrónicos de funcionarios públicos del gobierno nacional debía permanecer secreta en función de la seguridad, la defensa y las relaciones exteriores de la Nación.” En Agosto de 2013, los procesamientos fueron confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, en la firma de los camaristas Marcelo Fernández, Hugo Fossatti y Lidia Soto.
La banda, concretamente funcionaba bajo la sugerencia de Yofre sobre qué información robar. A continuación, Carpintero y Alderete se encargaban de recopilar dicha información de las cuentas de los ya mencionados políticos, jueces y demás personalidades. Otorgados los datos a Yofre, el mismo se encargaba de depositar todo lo recabado en las cuentas de Ick, Pagni, García, Raimundes y Mainhard. Dichas cuentas de correo tenían claras alusiones a hechos de la historia vinculados al nazismo y el fascismo, sean la noche de los cristales rotos, los nombres de pilotos nazis o referencias a la división de Infantería de Mussolini, como también detalla el fallo de la jueza.
Según lo encontrado bajo una IP que respondía a Yofre, sale a la luz una de las conversaciones mantenidas entre casillas de correos que luego fue agregado por la jueza Arroyo Salgado al fallodejando en claro el modus operandi dentro de la banda:
- “HOY A la noche cobramos en dos buzones. Para más seguridad nos vemos mañana después del mediodía. Coordinamos. Viste que interesante es el nuevo “blanco”. ¿Lo ubicás?. Después te cuento su historia. Mirá la hora que es y nosotros desvelados. Camaraci Saludo al Duce!
- “Me dicen los muchachos que la señora –por Cristina Fernández de Kirchner de acuerdo a lo que surge del hecho 204- recibió unos informes económicos que ellos no han podido descifrar. ¿Podemos nosotros? Como verás dependen de nuestro ojo. ¿Sabes algo de las gestiones del santiagueño?...”
Tanto Néstor Ick como Yofre ya habían coincidido en otras oportunidades. Yofre escribió en la revista “La Fundación Cultural” propiedad del empresario santiagueño. Son recordadas sus notas sobre la década del 70 y la “infiltración marxista”. En 2012, fue invitado por la misma fundación a disertar junto a Mario Benjamín Menéndez en ocasión de los 30 años de la Guerra de Malvinas. En aquella oportunidad, el evento fue cancelado por las crecientes protestas de agrupaciones campesinas, políticas y de derechos humanos como el MOCASE, La Cámpora, Movimiento Evita, HIJOS, etc, que emitieron un comunicado en contra de dicha disertación.
La causa contra los periodistas continúa su marcha con paso firme, aunque los grandes medios prefieran ignorarlo.
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