VIOLENCIA INSTITUCIONAL

FUNCIONARIOS, JUECES Y VICTIMAS DEBATIERON SOBRE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y LAS FORMAS DE ERRADICARLA Una asignatura pendiente de la democracia El debate se dio en el marco del encuentro nacional que se realizó en la Plaza del Congreso. Más de dos mil personas participaron de las deliberaciones. Se habló de la responsabilidad del Estado y la criminalización de la protesta. Por Nicolás Lantos “El desafío de una democracia sin violencia institucional necesita de los familiares y las organizaciones, de los funcionarios, jueces y fiscales que creen que una Justicia democrática es posible, de fortalecer un Estado que castiga a los responsables de violar los derechos de aquellos a quienes deben cuidar.” La voz de Estela de Carlotto sonaba firme mientras leía el documento. Unas quinientas personas se agolpaban en una de las cinco carpas montadas para el primer Encuentro contra la Violencia Institucional que se llevó a cabo ayer en la plaza del Congreso y en el interior del Palacio Legislativo. Afuera, como durante todo el día, la lluvia caía sin pausa, constante como un corredor de fondo, obligando a los que se quedaron hasta el final de la jornada a apretujarse bajo el gacebo de tela para no mojarse. Más de dos mil participaron, a lo largo de todo el día, en diez mesas distintas de debate, con el concurso de miembros de los tres poderes del Estado, activistas de los derechos humanos, referentes políticos y sociales y familiares de víctimas del abuso del poder estatal. “Esta fuerza que está aquí hoy, aguantando la lluvia, es un pueblo que quiere seguridad, pero también pide que no exista la represión institucional, que es un crimen terrible, porque participa el Estado”, dijo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo a Página/12 al concluir la actividad. Carlotto iba a encabezar el acto de cierre en un escenario montado en una punta de la plaza pero la inclemencia del clima obligó a realizar la lectura del documento en una de las carpas. “Es importante distinguir que en estos casos no es el Estado como tal quien provoca la violencia, como sucedía en la dictadura, sino que se trata de personas e instituciones que desde su interior no se adaptan a la democracia”, aclaró. El encuentro había sido inaugurado horas antes por el vicepresidente Amado Boudou en el Salón Azul del Senado, en compañía del juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni; el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, y el titular de la Cámara baja, Julián Domínguez (ver aparte). A lo largo de la tarde se sucedieron las mesas de debate, donde se discutieron temas como la represión de la protesta social, el tratamiento que le dan los medios a la violencia institucional, la problemática de género en estos casos, el control político y civil de las fuerzas de seguridad, entre otros tópicos. De los paneles participaron entre otros la ministra de Seguridad, Nilda Garré; la fiscal general Alejandra Gils Carbó; el titular de la Afsca, Martín Sabbatella; dirigentes oficialistas como Luis D’Elía (Miles) y opositores como Fernando Esteche (Quebracho) y familiares de víctimas como Pablo Ferreyra, hermano de Mariano, y Susana Trimarco, madre de Marita Verón. “La política de no represión que tan lejos llevó la gestión de Kirchner a partir de 2010 sufre algunos golpes. Es necesario terminar con el autogobierno de las fuerzas de seguridad y plasmar esta discusión en una ley”, planteó Ferreyra al ser consultado por este diario acerca de las cuentas pendientes en este ámbito. El hermano del militante del PO asesinado por una patota ferroviaria en 2010 también manifestó su preocupación acerca de que el protocolo de seguridad que emanó del Ejecutivo nacional debería ser adoptado por todas las provincias para evitar situaciones de violencia. Al respecto, durante toda la tarde sobrevoló la plaza el recuerdo de lo sucedido la semana pasada en el Hospital Borda a partir de la represión de la Policía Metropolitana, una fuerza que no adhiere a los lineamientos que dicta el Ministerio de Seguridad de la Nación. En ese sentido, el vicepresidente Boudou denunció que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, creó esa fuerza porque “quería espiar y reprimir a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires cuando algo no le gusta”. Fresneda, en tanto, fue más allá al asegurar que “las fuerzas de seguridad no van a reprimir donde las autoridades políticas no las envían”, por lo que destacó que es “la clase política la que tiene que tener la capacidad de conducir” para acabar con la violencia institucional. “El control político del correcto desempeño de las fuerzas de seguridad no es una actitud antipolicía, porque son los malos policías los que desprestigian y le hacen mucho daño a la institución”, señaló a su turno la ministra Garré, quien descartó la idea “que dice que no puede haber políticas de seguridad eficientes si se respetan los derechos humanos”. En ese sentido, el documento final que leyó Carlotto en la carpa atestada de gente que se refugiaba de la lluvia volvía a poner la mirada en “las dificultades que la democracia todavía tiene para entrar de lleno y apropiarse de las instituciones de seguridad y de justicia.” El texto concluye señalando que “la lucha de familiares y militantes ha demostrado que denunciar a la policía ya no es imposible, pero convive con hechos cotidianos de impunidad y complicidad, con la violencia y la ilegalidad policial”. En todas las mesas de discusión se coincidió en que la necesidad de erradicar estos casos, más que nunca, recae en el único responsable de que sucedan: el Estado, a través de sus tres poderes debe gobernar, legislar y juzgar en consecuencia con una concepción democrática de la seguridad y la relación entre el poder institucional y la ciudadanía. LEONARDO GROSSO, DIPUTADO OFICIALISTA Y COORDINADOR DEL ENCUENTRO “La responsabilidad principal es del Estado” Por Nicolás Lantos Leonardo Grosso, diputado del Frente para la Victoria. Imagen: Télam El diputado Leonardo Grosso (Frente para la Victoria) fue el impulsor de la ley que estableció el 8 de mayo, aniversario de la masacre de Budge, como Día de la Lucha contra la Violencia Institucional. Este miércoles, en todas las escuelas se dedicará la jornada a debatir esta temática para generar conciencia. Como paso previo, el joven legislador coordinó la actividad de ayer, donde se debatieron algunos de los puntos que se llevarán en la semana a las aulas. Tras el encuentro, dialogó con Página/12 acerca de los logros en la materia y los asuntos que quedan pendientes. –¿Qué balance quedó tras la jornada de debates? –Es altamente positivo. A pesar de la tormenta, hubo miles de personas debatiendo el problema de la violencia institucional, que para nosotros tiene que ser central en la agenda pública. Es destacable que hubo altos funcionarios de los tres poderes formando parte no sólo de este acto sino del debate y del compromiso público en acabar con la violencia policial y el gatillo fácil. Esto lo destaco no para desmerecer al resto de los participantes, a los militantes y las organizaciones, sino porque la violencia institucional tiene responsabilidad principal en el Estado, entonces que los que tienen esa responsabilidad asuman el problema es un objetivo logrado. –¿Por qué después de diez años de gobierno kirchnerista aún no pudo resolverse este problema? –En estos diez años se han resuelto un montón de problemas, pero todavía falta mucho, lo dice la Presidenta todos los días. Esta década ganada de conciencia y de derechos nos permite ir por lo que falta. Esta pelea habría sido imposible librarla si Néstor no hubiese bajado el cuadro de Videla de la Escuela de Militar o si Cristina no hubiese encabezado las reformas que encabezó en materia judicial, política, social y económica. –¿Cuál es el objetivo de la campaña? –La campaña se basa en el trabajo cotidiano, de asesoría legal, de construcción de una masa crítica. Entendemos que la seguridad es un campo de lucha y como tal se resuelve mediante la construcción de organización popular. Nuestra tarea es seguir federalizando la campaña y construyendo los mecanismos necesarios para que se discuta y seguir pensando soluciones completas. –¿A qué se refiere con soluciones completas? –Ha habido muchísimos avances este último año, desde la creación de la fiscalía especializada en violencia institucional a cargo de Abel Córdoba, a la sanción del mecanismo nacional de prevención de la tortura y la creación de la dirección general de prevención de la violencia institucional dentro del Ministerio de Seguridad. Son logros importantes pero nosotros creemos que hay que seguir discutiendo y avanzando. TEXTUALES DE LAS EXPOSICIONES Muchas voces para un debate En las distintas exposiciones que se sucedieron durante el día de ayer en la jornada contra la violencia institucional, funcionarios políticos, miembros del Poder Judicial, de organizaciones de la sociedad civil y víctimas expusieron sus preocupaciones y propuestas. Aquí se destacan algunas de ellas: - Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema: “Hace 30 años estábamos muy solos quienes hablábamos de la violencia institucional. Solos contra las instituciones, solos contra una opinión pública manipulada por la televisión. El gatillo fácil era algo sistemático; no eran hechos aislados, que se registraban mediáticamente como ‘miren cómo eliminamos al enemigo’. Tenemos una enorme deuda política, que tiene que ver con repensar nuestra policía y sus estructuras y ver qué es lo que se ha hecho después de 30 años. Copiamos la Constitución de Estados Unidos, pero no copiamos la policía comunitaria de los condados de los Estados Unidos, copiamos la policía de ocupación territorial militarizada de los Borbones. Tenemos que repensar nuestra policía, sus estructuras. Sabemos que si alguien tiene que prevenir violencia, y para eso le damos el llamado monopolio de la violencia al Estado, es la fuerza policial. Ni disculpo, ni justifico, ni mucho menos encubro actitudes judiciales. Pero lo penal y lo policial llegan tarde, llegan cuando la víctima ya está judicializada. Lo primordial y lo fundamental es prevenir, y quienes deben prevenir son las fuerzas policiales, el servicio de seguridad, no hay otra forma. Hay otra manera, por supuesto, que son las políticas sociales, a mejor calidad de vida, baja la violencia en una sociedad, pero eso es prevención primaria y pertenece a la política general. No se puede prestar ningún servicio de seguridad eficaz si ese servicio está contaminado con la formación de cajas y recaudación autónomas. Se descontrolan los mandos medios y los mandos bajos porque las cajas son más grandes. Es absurdo y es totalmente evidente que hay delitos que jamás se podrían cometer sin encubrimiento. Nadie puede aceptar que se cometa trata de personas sin encubrimiento”. - Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación: “Hay una Justicia doble: que mira de una manera a las víctimas que tienen poder, pero cuando las víctimas son personas vulnerables, no les interesa escucharlas, eso también es violencia institucional. Tenemos que volver a construir un tejido social cohesionado que le grite al Estado: ‘Usted me tiene que proteger’. Porque si el Estado no me protege, no es un Estado legítimo; y si la Justicia no me protege, esa Justicia tampoco es legítima. La Justicia es legítima cuando cuida al pueblo y a los derechos humanos. En la Argentina de hoy sigue habiendo torturas y apremios, por eso la Defensoría General de la Nación querella en todos los casos de violencia institucional que llegan a su conocimiento. También es violencia institucional que la Cámara Civil diga que la ley de salud mental no existe, argumentando que al no estar reglamentada no se puede aplicar”. - Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados: “La respuesta a la violencia institucional debe darse desde la política. O ponemos el oído en las demandas populares y convertimos las frustraciones en realizaciones; o criminalizamos el dolor y la respuesta es la represión, la impotencia cuando no hay razones. Y después de 30 años de democracia, no podemos hacer de la represión la respuesta a los reclamos de la sociedad. La protección de la vida humana debe ser la tarea que guíe las acciones del Estado. Existe la posibilidad de transformar democráticamente las estructuras de seguridad y justicia, entendiendo de una vez y para siempre que la violencia institucional es incompatible con la democracia. En los últimos 12 años murieron 1893 personas en hechos de violencia institucional con participación de integrantes de las fuerzas de seguridad, y el 49 por ciento de estas personas murió por disparos efectuados por policías que estaban en servicio. Es necesario promover desde el Estado las políticas sociales que permitan la superación de las condiciones de exclusión que sufren los sectores más humildes, que son los más vulnerables a la violencia institucional y sobre quienes ésta impacta con más fuerza. Es fundamental en este proceso el control civil y el accionar de instituciones públicas conformadas tanto por profesionales relacionados con la temática del derecho y la seguridad, así como también la participación de universidades y redes conformadas por ciudadanos movidos por el interés de terminar con prácticas que lesionan los derechos humanos de las personas”. - Pablo Ferreyra, hermano de Mariano Ferreyra: “La jornada demostró un abordaje muy plural, porque había miembros de pueblos originarios, gente relacionada con el problema de la vivienda y de la tierra, víctimas, familiares de víctimas, funcionarios políticos. Se dieron debates muy interesantes, intercambios con el público, compañeros de movimientos sociales, desocupados, movimientos políticos. Planteamos la problemática de que las provincias no respetan el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad, entendiendo que la política de no represión, que tan lejos llevó la gestión de Kirchner a partir de 2010, sufre algunos golpes, entre ellos, el asesinato de Mariano y los sucesos del Parque Indoamericano. Como contracara positiva, esto nos da expectativas de que el Ministerio de Seguridad pueda terminar con el autogobierno de las fuerzas de seguridad y que esta discusión se plasme en una ley que pueda recoger lo mejor de las políticas de no represión y así erradicar la violencia institucional”. - Nilda Garré, ministra de Seguridad: “Es fundamental el compromiso de las autoridades políticas para controlar políticamente a las fuerzas policiales y de seguridad. Necesitamos terminar con la autonomía de las fuerzas y modificar estas instituciones. Tenemos que monitorear la gestión y desempeño de la Policía y controlar el uso y abuso de la fuerza. La formación, profesionalización, por un lado, y la modificación de los planes educativos de las academias de las fuerzas, por otro lado, permitirá luchar de manera eficiente ante formas sofisticadas del delito, como son la trata de personas y el narcotráfico. Ante cada caso de abuso hay que tomar una actitud clara para sancionar y separar a los responsables y así evitar la naturalización de la violencia”. - Jorge Taiana, ex canciller. Director del Centro Internacional de Estudios Políticos de la Unsam: “La tortura es una práctica social, ya que no sólo es un medio para sacar información o justificarla sino que también constituye un elemento de disciplinamiento social. Se tortura al delincuente porque se entiende que se está autoexcluyendo del Estado de Derecho; pero (además) es una forma pedagógica de mantener disciplinado al conjunto de excluidos que hay en la sociedad. Es el miedo al levantamiento del conjunto de los excluidos lo que lleva a mantener la tortura como un instrumento de disciplinamiento social. Muchas de nuestras policías provinciales lo que hacen no es combatir, sino administrar el delito. En esta administración del delito la tortura es un elemento de convocatoria y disciplinamiento, sobre todo de los jóvenes. Es muy difícil probar la tortura en el sistema legal argentino, hay una actitud corporativa y la Justicia argentina no quiere enemistarse con personas que puedan serle útiles en el manejo de la ley”. - Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación: “El sistema judicial no puede llenarse la boca con la defensa de los derechos humanos mientras se tortura en las cárceles y desaparecen jóvenes detenidos. La Justicia, para ser legítima, debe ser universal para toda la sociedad. Existe un discurso en los medios masivos de comunicación que criminaliza a la gente pobre. En los últimos años, solo nueve penitenciarios fueron acusados por torturas de un total de 415 denuncias, que motorizaron apenas una decena de ruedas de reconocimiento. Para lograr una Justicia legítima tenemos que trabajar todos: ciudadanos, organizaciones, funcionarios”. 04/05/13 Página|12