VIDELA Y EL PLAN CONDOR

SE AGREGARAN DECLARACIONES PERIODISTICAS DE VIDELA A LA CAUSA DEL PLAN CONDOR Lamento por lo que pudo decir y no dijo Pablo Ouviña, el fiscal que interviene en el juicio sobre el Plan Cóndor, en el que Videla estaba siendo juzgado, lamentó que el dictador haya muerto sin aportar información a la causa. “Lo que se ha muerto con Videla es un poquito de esperanza, por todas las cosas que no dijo y que pudo haber dicho”, lamentó el fiscal Pablo Ouviña, quien lleva adelante la investigación por la ejecución del Plan Cóndor, en la que sin el testimonio del genocida, no podrán ser juzgados 44 de los 106 casos que comprenden esta causa. Los crímenes de coordinación de la represión entre las principales dictaduras de Latinoamérica que Ouviña investiga tienen como imputados, entre otros, a Videla y al ex represor Reynado Bignone, sobre quienes opinó que mantuvieron un “código de silencio”. Sin posibilidad de indagar al dictador, el fiscal explicó que los testimonios en medios periodísticos de Videla “se van a utilizar en el juicio” y “después los jueces van a asignarle valor”. La última aparición pública del dictador Jorge Rafael Videla fue el martes pasado, cuando se negó a declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Buenos Aires, el cual juzga su responsabilidad en el marco de la ejecución del Plan Cóndor. En aquella ocasión se autodefinió “preso político” y volvió a justificar el accionar del terrorismo de Estado en el contexto de lo que calificó como “una guerra interna”. “Como lo hiciera antes, quiero manifestar que este tribunal carece de competencia y jurisdicción para juzgarme por los casos protagonizados por el Ejército en la lucha antisubversiva”, afirmó, cuestionando al tribunal. De los 106 casos que se investigan en la causa, 44 tenían a Videla como único imputado. Estos crímenes, junto con los de los otros nueve expedientes judiciales en los que estaba procesado el genocida, no podrán ser juzgados. “Videla asumió toda la responsabilidad para beneficiar al resto de los imputados”, argumentó el fiscal a cargo de la causa Plan Cóndor, Pablo Ouviña. Consideró que “Jorge Rafael Videla era la cabeza del Plan Cóndor en la Argentina” y explicó que “lo que se ha muerto con Videla es un poquito de esperanza, por todas las cosas que no dijo y que pudo haber dicho”. “Mi esperanza era que en algún momento lo hiciese”, lamentó. Opinó que existe un “código de silencio” entre “los máximos represores” y en la causa que investiga tuvo su expresión en Videla y Bignone. Para el fiscal, sin el testimonio del dictador “ya no será lo mismo”, lamentó. “Las manifestaciones públicas se van a utilizar en el juicio –concluyó–, después los jueces van a asignarle valor.” Por su parte, el fiscal que llevó adelante la instrucción de la causa, Miguel Angel Osorio, destacó la importancia del juzgamiento de los delitos de lesa humanidad en el Plan Cóndor. “La relación entre los organismos de inteligencia de Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil y la Argentina distó de situarse en una mera colaboración legal para derivar en una verdadera implementación de un dispositivo que no hacía más que reproducir, a nivel internacional, el mismo dispositivo de aniquilamiento que imperaba hacia el interior de cada una de esas jurisdicciones”, sostuvo. Ejemplificó con los asesinatos del general chileno Carlos Prats en Buenos Aires o del ministro chileno Orlando Letelier en Washington. POCOS FUNEBRES EN LA NACION PARA DESPEDIR A JORGE RAFAEL VIDELA El pésame de sólo dieciocho avisos Los avisos para Videla fueron muchos menos que los que acompañaron a Martínez de Hoz hace dos meses. Imagen: efe Se publicaron pocos avisos en el diario de los Mitre relacionados con la muerte del dictador. No incluyeron la firma de personajes públicos. Pocos reivindicaron la “lucha contra el terrorismo subversivo”, es decir, el terrorismo de Estado. Por Diego Martínez En mayo de 1987, cuando el Congreso se aprestaba a tratar la obediencia debida, 5400 personas dieron el visto bueno para respaldar con su firma una solicitada de “reconocimiento y solidaridad” con Jorge Rafael Videla por defender “a la Nación de la agresión subversiva”. Hace dos meses la alta sociedad despidió a José Alfredo Martínez de Hoz con 91 avisos fúnebres en el diario La Nación. Ayer, tras la muerte de Videla, condenado y preso en cárcel común, apenas 18 avisos en el diario de los Mitre reflejaron el triste y solitario final de quien fuera considerado durante no menos de veinte años ejemplo de militar y hasta estadista. La mayor parte de los avisos los firman allegados a la familia. Sólo dos admiradores se pronuncian sobre la “injusticia” de las condenas que alcanzó a escuchar. Delia Goti de Azumendi apuntó que el dictador estaba “injustamente privado de su libertad”. Vecina de Recoleta, la señora tiene especial consideración con responsables políticos de masacres. En 2007, siempre en La Nación, expresó su “consternación” por el procesamiento de Fernando de la Rúa por los muertos que dejó al huir de la Casa Rosada. El segundo aviso reivindica abiertamente a Videla. “Comandó la guerra interna revolucionaria contra el terrorismo subversivo apátrida”, descargó bronca el teniente coronel y abogado Rubén Brandariz. “Murió en injusto cautiverio”, lamentó, y pidió “que su muerte sirva a la verdad, la justicia y la paz entre argentinos”. El cordobés Brandariz pasó a retiro en mayo de 1976 con 51 años y, salvo que haya sido recontratado como personal de Inteligencia, no participó de la “guerra” de su ídolo. Más discreto fue el aviso de Tito Román. “Gracias, mi Tte. Gral.”, invocó el grado que Videla había perdido después de su primera condena en 1985. “Desde Córdoba despido a quien asumió con coraje grandes responsabilidades y sirvió al país con graves riesgos”, lo elogió Enrique Finocchietti. Así se llama el presidente de la Cámara de Turismo de Córdoba y se llamaba el secretario de Obras Públicas de Martínez de Hoz. La única promoción del Colegio Militar que despidió a Videla fue la 81ª. La mayor parte de sus miembros nacieron en 1930, alcanzaron su máxima jerarquía durante la dictadura y pasaron a retiro tras el retorno de la democracia. Héctor Ríos Ereñú y José Caridi fueron jefes del Ejército durante la presidencia de Alfonsín. Varios rinden cuentas por su rol en el terrorismo de Estado. Víctor Pino, juzgado en Córdoba junto a Videla, fue condenado a doce años de prisión. Pino fue jefe de un regimiento del que dependían las brigadas que participaron de traslados de presos políticos y fue condenado por tres homicidios. Federico Antonio Minicucci fue jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada del que dependía el centro clandestino Pozo de Banfield y afronta su primer juicio por delitos de lesa humanidad en la causa Plan Cóndor. Manuel Fernando Saint Amant fue condenado en diciembre a prisión perpetua como jefe del área militar 132 por la masacre de calle Juan B. Justo y la desaparición de seis militantes en San Nicolás. “La Promoción 81 del Colegio Militar despide a su querido oficial instructor, 1948-1951, con cariño y respeto”, volvieron a unirse ayer. 19/05/13 Página|12