EL SENADO CONVIRTIO EN LEY EL PROYECTO DE REFORMA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Un Consejo designado por el voto

La iniciativa fue aprobada por 38 votos a favor y 30 en contra. También se votaron los proyectos de acceso a las declaraciones juradas, publicación de las decisiones de la Corte Suprema y el ingreso igualitario al Poder Judicial. Por Sebastian Abrevaya Tras un extenso debate, el Senado convirtió en ley la reforma del Consejo de la Magistratura, uno de los proyectos más importantes de los seis que integran el paquete de medidas para la “democratización” del Poder Judicial anunciado por el Poder Ejecutivo. Por 38 votos a favor y 30 en contra, el Frente para la Victoria y cinco aliados aprobaron las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados hace dos semanas. El texto establece la elección popular de 12 de los consejeros y amplía el número de miembros de 13 a 19, entre otras cosas. Luego de la votación, el Senado también aprobó anoche los proyectos de acceso a las declaraciones juradas, publicación de las decisiones de la Corte Suprema y el ingreso igualitario al Poder Judicial, que sufrió modificaciones y volverá a Diputados. La UCR, el FAP y el peronismo disidente se manifestaron en contra de las iniciativas. En un Congreso con un fuerte operativo de seguridad, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes, inició el debate cerca de las tres de la tarde con una defensa de la elección mediante el voto popular de los nuevos consejeros. “En lugar de ser electos por una asociación de magistrados, que no tiene rango constitucional, las fuentes del mandato de los consejeros es el padrón electoral”, detalló Fuentes. A partir de esta ley, los tres representantes de los magistrados, así como los tres abogados y los seis académicos serán electos por todos los ciudadanos habilitados para votar en las elecciones nacionales. Hasta ahora, los diferentes estamentos se elegían entre sus propios miembros. Los siete restantes también tendrán respaldo en la voluntad popular, ya que se trata de un miembro designado por el Poder Ejecutivo y seis miembros del Poder Legislativo (tres senadores y tres diputados). Según Fuentes, la reforma apunta a “arreglar el profundo déficit de democratización” existente en la Justicia. Desde la oposición, en cambio, ratificaron sus vaticinios anteriores. La peronista disidente Sonia Escudero consideró que con la reforma se “pulveriza la división de poderes en la Argentina, el sistema republicano de gobierno, y se afecta la garantía constitucional del juez imparcial consagrado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales que el país firmó”. Para el socialista Rubén Giustiniani, esta iniciativa “contradice el sistema de balance y equilibrio de poderes” y “termina con la independencia de la Justicia”. “Quieren domar el último bastión independiente. La verdadera intención es ir por el Consejo de la Magistratura para destituir a los jueces críticos. Si el Gobierno hubiera tenido una Corte adicta como en los ’90 no existiría tal ‘democratización’”, sumó el radical Ernesto Sanz. Con una convocatoria a “desdramatizar” el tema, el jefe de la bancada oficialista, Miguel Pichetto, respondió que “los tribunales van a seguir funcionando, no va a haber ningún tipo de situación anómala, nadie va a poder controlar a los jueces y van a seguir funcionando con independencia y autonomía”. A través del senador Aníbal Fernández, el oficialismo hizo especial hincapié en retrucar los cuestionamientos de la relatora para la independencia de los magistrados de Naciones Unidas, Gabriela Knaul. Después de enrostrarle el incumplimiento de los códigos de procedimientos de la ONU, Fernández consideró que la relatora “no sólo refleja prejuzgamiento, sino que además nunca consideró las explicaciones vertidas por argentina”. Los senadores opositores insistieron que la modificación de las mayorías necesarias para seleccionar magistrados y para iniciar la acusación funcionarán como una forma de presión y condicionamiento de los jueces. “¿Si para dictar esta ley necesitamos mayoría absoluta, por qué para remover un juez se necesitan dos tercios?”, preguntó Miguel Pichetto, quien además aclaró que para la destitución del juez se mantiene el número de dos tercios y que con mayoría absoluta sólo se puede iniciar la acusación pero no removerlo. Una de las dos modificaciones ingresadas en Diputados fue motivo de una fuerte controversia en el Senado. Se trata de un requisito para poder pegar la boleta de las candidaturas a consejeros con el resto de las candidaturas a legisladores nacionales. Según la ley, para adherir la boleta de los consejeros es necesario que el frente electoral tenga la misma denominación en al menos 18 distritos. “Acá están creando una categoría electoral nueva, que cambia la ley y el Código Electoral y lo está haciendo una sola fuerza política a su sola conveniencia y disposición”, se quejó el socialista Rubén Giustiniani, que con este criterio el Frente Progresista Cívico y Social que lidera el socialismo en Santa Fe no podrá pegar su lista de candidatos. “Van a dictar una ley que tiene una tacha enorme: es una ley proscriptiva”, bramó el peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá. El senador Fuentes, miembro informante del oficialismo, explicó que no hay proscripción, sino que en los casos en que los frentes electorales no tengan la misma denominación en los 18 distritos, los partidos nacionales (con personería en cinco distritos) podrán llevar sus candidatos a consejeros, pero en una boleta separada. También respondió a las críticas Pichetto, quien remarcó la necesidad de “consolidar” los partidos políticos. “No hay ninguna actitud proscriptiva. La mayoría pueden presentar lista. La boleta llevará el nombre del partido. Por si no lo saben, los vehículos centrales de la democracia son los partidos. Sin partidos, no hay democracia”, expresó el senador por Río Negro, que le dedicó una chicana a los dirigentes sindicales Hugo Moyano y Gerónimo “Momo” Venegas. “Hemos visto cómo algunos dirigentes sindicales han armado un partido político. Este es un sistema electoral alegre. En un kiosco se juntan cuatro y arman un partido político. O lo compran en un supermercado”, lanzó Pichetto. La segunda modificación al proyecto original presentado por el Ejecutivo fue por pedido del presidente de Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, mediante una carta enviada a Diputados. De esta manera, el máximo tribunal retuvo el manejo de los recursos, a contramano de lo que establecía el artículo 114 de la Constitución nacional, que expresamente otorga esas facultades al Consejo de la Magistratura. Finalmente, el resultado de la votación fue casi el mismo que en la media sanción original del Senado. El voto faltante pertenece al neuquino Horacio Lores, ausente en la sesión, igual que en la oposición faltó el de María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica. Luego de esta votación, en un trámite más rápido, el Senado también convirtió en ley los proyectos de acceso a las declaraciones juradas (por 42 a 23 votos) y la publicación de las decisiones de la Corte Suprema (por 44 a 21). Finalmente, con 44 votos, se aprobó el ingreso igualitario al Poder Judicial, que sufrió modificaciones y volverá a Diputados. En el recinto - Conjueces. Antes de arrancar el debate sobre la reforma judicial, el Senado aprobó por 40 votos a favor y 25 en contra los pliegos de 21 conjueces para cubrir eventuales vacantes en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, y tribunales de segunda instancia de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La oposición rechazó los nominados, entre los que destacó a Facundo González Figueroa. “Es uno de los abogados de Lázaro Báez, hombre cuestionado hoy por sus vinculaciones con el poder y estrepitoso enriquecimiento. Casado con la actual secretaria electoral de Santa Cruz”, sostuvo el senador radical Mario Cimadevilla. Su compañero Gerardo Morales aseguró que 18 de los candidatos “son del Frente para la Victoria, no son independientes”. Al cruce le salió el santacruceño Pablo González, “No son de La Cámpora ni del Frente para la Victoria, es mentira. Son abogados de un fuero muy chico y se los conoce. Algunos son abogados de la provincia de Santa Cruz pero no son funcionarios. Esto no los acerca al gobierno nacional, al contrario”, aclaró. - Michael. Luis Juez salió del recinto tras su intervención sobre la modificación del Consejo de la Magistratura cuando los periodistas lo pararon para consultarlo sobre el proyecto para el blanqueo de capitales que el Gobierno envió ayer al Senado. El senador cordobés respondió con una de las suyas: “Lamento que Michael Jackson haya muerto porque si no lo pasábamos por acá y le solucionábamos el problema”, dijo en referencia al fallecido cantante pop que siempre buscó cambiar su color de piel. - Consulta. El senador Marcelo Fuentes fue el encargado de replicar los argumentos opositores sobre la “proscripción” que supuestamente representa la reglamentación para la elección de los consejeros de la Magistratura. El neuquino respondía en el Salón Eva Perón las dudas de algunos periodistas cuando se sumó la senadora radical Laura Montero. “¿La oposición puede presentar una boleta única para consejeros?”, preguntó. “Eso deberá ser tema del juez con competencia electoral”, fue la escueta respuesta de Fuentes. “Nos vamos a ver todos en la Justicia”, argumentó la mendocina antes de dar vuelta sobre sus tacos. Denuncia desestimada Los jueces Julián Ercolini y Rodolfo Canicoba Corral desestimaron dos denuncias penales de la diputada Elisa Carrió contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, a quien acusó de suscribir un “pacto” con el Poder Ejecutivo para modificar el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura con el fin de que el máximo tribunal siga administrando los recursos del Poder Judicial. Los jueces coincidieron en marcar la “inexistencia de delito” y sostuvieron que se trata de decisiones políticas no judiciables. “No corresponde que los magistrados de la administración de justicia penal –ni los de los ministerios públicos, ni los del Poder Judicial– nos aboquemos al tratamiento de temas propios del contrapunto político que la democracia afortunadamente permite”, apuntó Ercolini. Carrió había hecho su denuncia en la sesión del 24 de abril, cuando se debatió el proyecto en Diputados, a la luz de los cambios introducidos por los legisladores para que se mantengan en órbita de la Corte los recursos y la conducción del personal del Poder Judicial. LA OPOSICION REUNIO A UNAS 300 PERSONAS EN CONGRESO Protesta de escasa convocatoria Por Miguel Jorquera La agrupación macrista La Solano Lima repartía títulos de “guardianes de la Constitución Argentina” a quienes suscribían el diploma de cartulina con la inscripción “la Constitución está en peligro”. Diego Martínez, un hombre que cargó una gran cruz de madera desde Rosario, y “acompañado sólo por Dios”, posaba frente a las cámaras en ropa de fajina “porque estoy en guerra contra la delincuencia”. Dos residentes venezolanas en la Argentina levantaban un cartel impreso de “repudio total a la reforma judicial” y contra “la dictadura de Maduro”. Un puñado de señoras hacía sonar cacerolas, mientras otras mostraban carteles que decían “respaldo al fiscal Marijuán”. Postales de un grupo de unas 300 personas que ayer a las 20.30 –la hora en que el Senado convertía en ley la reforma al Consejo de la Magistratura– protestaba contra los proyectos del Gobierno. Patricia Bullrich se lamentaba por la escasa convocatoria que habían realizado “en apenas 24 horas”. “Sea mucha o poca gente, igual hay que estar”, se justificaba. Un ramillete de agrupaciones macristas y filomacristas convocó a marchar ante el Congreso “en defensa de la Constitución”. La respuesta no fue la esperada. Los militantes que responden al legislador porteño Cristian Ritondo seguían repartiendo diplomas y sacando fotos a los manifestantes –junto a una Constitución y la Bandera argentina– que subían a las redes sociales. “Ya llevamos más de dos mil”, aseguraron a Página/12. Un puñado de señoras colgaba de las vallas montadas sobre Entre Ríos carteles con la leyenda “se acabó el relato” que adornaban con papel higiénico. Unos metros más atrás, Bullrich explicaba la estrategia opositora. “Mañana nos vamos a reunir los legisladores de la oposición y abogados para preparar las presentaciones judiciales que vamos a hacer en todo el país una vez que se promulgue la ley” sobre el Consejo de la Magistratura. 09/05/13 Página|12