DNU MACRISTA

Ley de Medios Necesidades y urgencias Por Federico Vázquez El Decreto de Necesidad y Urgencia de Mauricio Macri para "defender la libertad de prensa" no es más que un mecanismo que pretende no solo salvaguardar los intereses del Grupo Clarín sino, fundamentalmente, debilitar al Estado frente al poder de las grandes corporaciones multimediales. Desde hace tiempo ya que en Argentina (como en otros países de la región) los medios de comunicación concentrados comenzaron a reemplazar a los partidos y dirigentes políticos en el rol de opositores a los gobiernos nacionales. El año 2008, con el conflicto por las retenciones a la soja, este reemplazo tomó un carácter insoslayable y, podríamos decir, sistemático. Sin embargo, ya desde el mismo inicio del gobierno de Néstor Kirchner la oposición mediática tomó un protagonismo que eclipsó a la partidaria: allí está la célebre editorial de José Escribano en La Nación, con su traducción televisiva en los dichos de Mirtha Legrand, cuando sintetizó al nuevo gobierno con la frase "se vino el zurdaje". Dicho rápidamente, desde ese momento hasta nuestros días, o sea, durante una década ya, vivimos un proceso de creciente dependencia ideológica de los líderes y partidos opositores frente a periodistas y dueños de medios de comunicación. Ya se dijo esto hasta el cansancio. Lo impactante, la novedad, es que desde el martes, esta saga incluye ahora una dependencia ya no en el discurso, sino en la acción concreta de un gobierno. El Decreto de Necesidad y Urgencia de Mauricio Macri lleva hasta el ridículo la situación de dominación de la que es presa la oposición política desde hace años. Concretamente, el artículo 16 de ese DNU es una capitulación sin matices en favor de los intereses del grupo Clarín que encontró en su radicación territorial en la Ciudad de Buenos Aires, una nueva forma de evadir el cumplimiento de la Ley de Medios: “estarán protegidas (las empresas periodísticas) inclusive frente a expropiaciones por motivos de interés o utilidad pública, decomisos, confiscaciones, secuestros y ejecuciones administrativas”. La brutalidad del DNU tiene, por lo menos, la virtud de terminar con un discurso que había sido el refugio opositor desde la sanción de la Ley de Medios Audiovisuales. Muchos dirigentes políticos que no habían votado la ley sostenían que no estaban en contra de su espíritu, ni de que se discuta una norma sobre el tema, pero que en manos del oficialismo, la legislación se convertía en peligrosa, porque favorecía las pretensiones hegemónicas del kirchnerismo. Ahora, de forma explícita, se deja en claro que el rechazo a la ley supera cualquier diferencia por su reglamentación o intencionalidad del gobierno de turno, en tanto el DNU de Macri pretende negar el derecho del Estado a regular en alguna medida el entramado empresario de los medios. Repasemos la escena: apenas 48 hs. después de que desde un programa de televisión del Grupo Clarín, sin ninguna prueba más que trascendidos no confirmados, se dijera que el gobierno nacional preparaba un desembarco en los contenidos periodísticos del Grupo Clarín (tal la tautología de la “denuncia”), un gobierno elegido mediante el voto popular firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia, es decir, de cumplimiento inmediato y sin ningún tipo de discusión de los demás poderes republicanos, que protege al grupo. Para despejar cualquier duda, el propio Jefe de Gobierno explicitó que la denuncia mediática había sido el disparador de su decisión, cuando aclaró que “El TSJ (Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad) deberá decidir qué es de mayor envergadura, si la libertad de expresión o una ley de la CNV (Comisión Nacional de Valores)”, dando como un hecho una intervención que nunca ocurrió, ni fue siquiera admitida como posibilidad desde el gobierno nacional. Pero lo más extraño es la creación de un fuero especial en el Poder Judicial de la Ciudad para atender las causas que las empresas mediáticas entiendan como un ataque a la libertad de expresión. Extraño, porque una de las críticas más escuchadas en boca de los opositores (y especialmente por parte de los legisladores de Pro) en los últimos tiempos, había sido el tratamiento exprés en el Congreso Nacional de los proyectos de democratización judicial. En este caso, ni eso: por simple decreto el Jefe de Gobierno resuelve que ante cualquier disposición gubernamental por la que una empresa de medios se sienta perjudicada, la justicia porteña podrá frenarla, sin importar el carácter nacional de la legislación en cuestión. Pero más allá de este desliz jurídico, la cuestión de fondo es la exposición de una escena políticamente pornográfica: un gobierno elegido mediante el voto popular decide asumir como propias las necesidades de un grupo empresario. Se trata de una síntesis posible para llenar de contenido palabras que a veces se vuelven huecas como “neoliberalismo”, o yendo más al hueso, la ahora reflotada “corrupción”. ¿Existe acaso un acto más corrupto que el de entregar el mandato popular a los intereses concretos y coyunturales de un grupo empresario? Porque, en definitiva, detrás de esa palabra existe siempre una relación entre negocios y política. La honorabilidad individual de cualquier funcionario público es una forma de pensar este problema, pero la cuestión estructural implica necesariamente tomar posición sobre el grado de dependencia entre los gobiernos y las empresas. El DNU macrista ejemplifica una forma de saldar este asunto. A diferencia de lo que reza el principio liberal, el achicamiento del Estado contribuye a la debilidad de éste frente a los negocios y, por lo tanto, aumenta la posibilidad de que los privados logren corromper el mandato social y político que los votantes entregaron a sus representantes. Por el contrario, un Estado más fuerte, que mira desde arriba el poder de cualquier grupo empresario por más grande que sea, es la base para construir una ética política, que si no puede funcionar como garante del comportamiento individual de sus miembros, permite al menos aumentar las chances de que el mandato social de las urnas no sea entregado como prenda de negociación ante un grupo privado. Sacando la maleza de los debates cotidianos, esa es la matriz de la discusión política de la última década. El accionar del Gobierno de la Ciudad demuestra que no se trata de una cuestión saldada y que aún existen fuerzas políticas dispuestas a cargar en sus hombros la defensa de los intereses corporativos. La novedad es que esta vez le pusieron la firma. Télam