UN FARO PARA LA MEMORIA, POR ALEJANDRA DANDAN

PIDEN PRESERVAR EL FARO DE MAR DEL PLATA, DONDE FUNCIONO UN CENTRO DE CLANDESTINO DE DETENCIONUn faro para la memoria
El lugar está aún en manos de la Armada y en la dictadura fue asiento de la Escuela de Suboficiales de Marina. Ahora hay un acuario. Los fiscales del juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en esa ciudad consideran “importante que pueda conservarse”.

Por Alejandra Dandan

El trabajo sobre la memoria intenta modificar sentidos acerca de una de las postales más clásicas de Mar del Plata: la imagen del Faro. Durante la dictadura el predio alojó a la Escuela de Suboficiales de Marina, conocida con la abreviatura de ESIM, y dependía de la Fuerza de Tareas 6 de la Armada. Desde los años de la Conadep, el chalet es denunciado como centro clandestino, dado que se establecieron celdas en un sótano con detenidos. Durante el juicio oral que se lleva adelante ahora en esa ciudad, nuevos testimonios dieron cuenta de que la Sala de Comunicaciones de la escuela también funcionó como espacio de detención de prisioneros. En ese contexto, la fiscalía federal a cargo del juicio está pidiendo “la inmediata preservación del espacio”. El predio todavía está en manos de la Armada, no tiene ningún tipo de señalización y, como si fuera poco, el lugar de las celdas subterráneas está ocupado por el Acuario de la ciudad. Uno de los datos del pedido de los fiscales Guillermo Friele y Mercedes Soiza Reilly es que dirigieron la carta al Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, cuyo director es Víctor Abramovich. El Instituto adoptó en septiembre pasado un “protocolo” diseñado como “guía” para las políticas públicas de la región sobre sitios de Memoria (ver aparte). Con copias a Presidencia, la Procuración y las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y provincia de Buenos Aires, los fiscales pidieron que “se preserve de inmediato el espacio clandestino de detención y torturas del ESIM, ubicado en las proximidades del emblemático Faro de la ciudad”. Señalan que “aún se mantiene incólume, descuidado por el paso del tiempo (y) preserva los signos del horror”. Indican que la Armada franquea el paso con personal militar apostado en las cercanías pero impide el acceso. Y dijeron que, a diferencia de otros lugares, “las víctimas se acercan a la fiscalía y abrumadas nos relatan que aún no pueden creer que el ESIM no haya sido preservado correctamente. Nos dan como ejemplo que el Acuario de la ciudad hoy ocupa gran parte de lo que fue el centro clandestino reconocido por la Conadep como el Pozo y ubicado también en el predio mencionado”.
La historia

Durante la dictadura, la Marina concibió a Mar del Plata como zona prioritaria para la lucha. En el lugar actuaron la Armada y el Ejército. La primera centralizada en el borde de la costa, sobre la Base Naval. Y el Ejército a metros del aeropuerto de Camet, en la Agrupación de Artillería Antiaérea. La Marina, que estaba organizada por una jefatura cuyo vértice era la Fuerza de Tareas 6 (TF 6), tenía como brazo operativo a la Base Naval y el ESIM. Ambos tuvieron una llamativa red de centros clandestinos. La Base Naval, el Polígono de tiro, la Agrupación Buzos Tácticos, los calabozos, ciertos espacios de la enfermería, las aulas y las carpas ubicadas en la playa, indicaron los fiscales en su alegato. Hubo centros clandestinos en la Prefectura Naval ubicada cerca del puerto y en la Escuela de Suboficiales o ESIM, que mientras actuaba como centro de torturas sirvió para adoctrinar a los infantes de marina con la lógica de una escuela de formación, como en la Escuela Mecánica de la Armada.

Recién con los testimonios del último juicio y la lectura de legajos y documentos de la Marina apareció la arquitectura completa del ESIM: específicamente la fisonomía marcada por la relación entre ese lugar y la Base Naval y la distribución de tareas entre ambos. Físicamente, el ESIM tuvo dos áreas de alojamiento clandestino de personas: la “Sala de comunicaciones” y un espacio subterráneo cercano al mar reconocido como “El Pozo” desde el comienzo de la democracia.

La “Sala de comunicaciones” estaba ubicada a metros del faro y aún conserva las formas de las que hablaron los sobrevivientes durante el juicio: tenía al menos dos salones con pisos de madera. Uno, con baño interno, paredes revestidas por paneles acústicos, mesas y sillas. “Las víctimas dijeron haber permanecido durante horas sentadas ahí, lo que les produjo importantes problemas de infecciones y circulatorios en los miembros inferiores. El lugar se caracterizó por su música estridente, los cautivos eran custodiados las 24 horas y no podían cambiar de posición”, indicaron los alegatos. Algunos sobrevivientes contaron que los fumigaron y los bañaban luego de arrojarles baldes de agua. “El Pozo”, en cambio, estaba cerca del mar. La Conadep hizo una inspección. Encontró el lugar subterráneo frente a un polvorín y disimulado por un médano. Se accedía por unas escaleras y tenía celdas precarias muy “reducidas” en sus dimensiones. Durante el juicio actual, el Tribunal ordenó una inspección ocular en el lugar: ahí encontraron que el espacio subterráneo está ocupado por el Acuario.
El “batallón de alumnos”

Un importante y todavía asombroso dato sobre el espacio surgió durante el último juicio de la mano de la declaración de un ex estudiante de la Marina que ya había declarado en la Conadep. Héctor Grumblat fue convocado como testigo. Hizo sus estudios en 1978 y acercó a la audiencia no sólo su experiencia, sino los relatos posteriores al golpe. Allí confirmó la existencia de detenidos “civiles” a los que “catalogaban de subversivos”. Señaló dos espacios de detención: la “sala de armas” y la “sala de comunicaciones” y dijo que después se construyó una especie de pozo subterráneo con celdas, cerca de la playa. El dato más relevante, sin embargo, llegó después: en la escuela había un “batallón de alumnos” de Infantería de Marina a quienes adoctrinaron en relación con la “Realidad social argentina” en cursos de lucha antisubversiva. Según Grumblat, los profesores “permanentemente bajaban línea sobre el gobierno militar y explicaban por qué los hombres de esa generación habían decidido tomar el poder, afirmando que los que estaban en contra eran ‘elementos subversivos’ a quienes debían combatir”, recordaron los fiscales sobre su testimonio en el alegato. A los alumnos les enseñaron la forma en la que debía proceder un grupo operativo en materia de lucha antisubversiva. Así dijo que existían dos tipos de “patrullas”: las que se clasificaban como a) “‘patrulla fantasma’ donde se salía de civil con armas largas, a secuestrar gente y combatirla, usándolas en zonas urbanas y rurales; y b) la ‘patrulla resorte’, que estaba a disposición de las necesidades de cualquier comando perteneciente a las tres fuerzas, como la Base, la Fuerza Aérea o al GADA 601”.

Las “patrullas fantasma” tenían un oficial, 4 personas vestidas de civil y eran integradas por alumnos recibidos. Las “patrullas resortes” tenían personal del ESIM, concretamente soldados conscriptos, que usaban camionetas marca Dodge con asiento en el medio; con soldados distribuidos espalda con espalda, un conductor y un suboficial con mucha jerarquía, que daba las órdenes. También aseguró que para los operativos se utilizaban vehículos particulares que en general ingresaban de noche. En cuanto a la relación con la Base Naval, indicó que desde allí trasladaban detenidos en botes de goma hasta la ESIM y los dejaban en los “pozos”.
Los responsables

En el juicio actual sólo hay un imputado de la ESIM: se trata de Mario José Osvaldo Forbice, director de la Escuela entre 1976 y 1979. Forbice no reconoció ninguna de sus órdenes, pero admitió en la indagatoria su tarea como director y la existencia del Placintara, clave para entender el programa de represión clandestina de la Marina. Dijo que “existía un plan utilizado para el caso de conmoción interna que era usado en cualquier problema que pudiera necesitar la intervención de las Fuerzas Armadas como por ejemplo, la subversión. Creyó que este plan se llamaba Placintara”.

En función del plan, Forbice tenía el doble rol que quedó probado durante el juicio: por un lado era director de la Escuela y por otro jefe de un grupo de tareas que operaba dentro de la FT6. El dato aparece reflejado en su legajo cuando uno de sus supervisores destacó su desempeño en el período 7/09/76 al 26/12/76 como comandante de un GT y ocasionalmente como comandante de la FT 6.

“Esto nos llevó a reclamar que el espacio sea reconocido como centro clandestino de detención, y como el lugar está intacto, y es un chalet, sería importante que pueda conservarse”, dice Soiza Reilly. “Entendemos que el Faro atrae muchos visitantes y que es una oportunidad para que se conozca qué ocurrió en ese lugar; el lugar puede aportar información valiosa para reconstruir la verdad de lo que pasó y ofrecer una garantía de reparación simbólica para las víctimas, por eso recurrimos al Instituto.”

La sentencia del juicio llamado Base Naval II está prevista para el 15 de febrero.


Una guía para la preservación

El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH) diseñó el año pasado un protocolo llamado “Principios fundamentales para las políticas públicas en materia de sitios de memoria”. El objetivo general del documento es constituirse en una “guía” para “contribuir con el proceso de integración regional a partir de la promoción del desarrollo de políticas públicas que impulsen la construcción y profundización de las memorias e identidades del Mercosur”. El protocolo tiene 36 páginas. La introducción indica que “luego de períodos caracterizados por graves violaciones a los derechos humanos, la creación de sitios de memoria es una herramienta a disposición de los Estados para cumplir sus obligaciones en materia de justicia, verdad, memoria y reparación”. La materialidad es un “testimonio de las violaciones ocurridas” y “constituye un patrimonio histórico y cultural” para las generaciones futuras. El refleja experiencias de la región y en base a los estándares, experiencias y debates propone una serie de “principios fundamentales que deberían guiar el diseño e implementación de las políticas públicas sobre sitios de memoria”.

03/02/13 Página|12
GB