Justicia LEGITIMA

LA CONVOCATORIA DE “UNA JUSTICIA LEGITIMA” EN LA BIBLIOTECA NACIONAL Por un nuevo paradigma en el Poder Judicial Por Irina Hauser El fiscal Félix Crous, que actuó en juicios sobre el terrorismo de Estado, fue uno de los moderadores de la jornada. Imagen: DyN. No era una fiesta, pero por momentos parecía serlo. Había algo en el aire, en el bullicio, en la forma de saludarse y esperar, cierto clima de estudiantina y entusiasmo colectivo. El auditorio de la Biblioteca Nacional empezó a saturarse de jueces, fiscales, defensores, académicos, empleados, estudiantes y curiosos con un visible ánimo asambleario. Se llenaron el hall, el café, la explanada. El espíritu del evento quedó reflejado en el lema de una “justicia legítima” y condensado en el discurso inaugural de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien marcó contrapuntos con la exposición del día anterior del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y llamó a crear “un nuevo paradigma” para el sistema judicial “con magistrados que no estén mirando de reojo a qué sector del poder concentrado pueden beneficiar, que rindan cuentas a la comunidad, donde no haya feudos ni padrinazgos ni familia judicial y donde el acceso a la Justicia de los sectores débiles y marginados sea una realidad”. Lo que siguió, toda la tarde, fue una catarata de pequeñas alocuciones algo caóticas, de participantes variopintos que lanzaban ideas y propuestas para democratizar y romper el carácter corporativo del Poder Judicial, que al final del día difundieron un documento que dice que llegó la hora de “mirar hacia adentro” y promete una “autocrítica” (ver aparte). “No son los números de la Policía Federal, pero estamos llegando a mil personas”, bromeó desde el escenario el fiscal Félix Crous, ante una masa inesperada de gente. “Justicia legítima” identifica a funcionarios y empleados de tribunales que publicaron dos solicitadas para decir que no se veían representados en las denuncias de presiones políticas formuladas en un comunicado de la Comisión de Independencia Judicial de la Corte, la Asociación de Magistrados y entidades amigas, en medio del trámite de la causa sobre la ley de medios. Advertían ya entonces que la independencia judicial es mucho más vasta y debería ejercerse respecto de todos los poderes y corporaciones, incluso la mediática, la económica, la eclesiástica y la judicial misma. –¿Usted sabe de los reclamos ante esa Comisión de Independencia? –miró Alejandro Slokar al juez Mario Portela. Como integrante de un tribunal en La Plata, Portela había planteado que el diario La Nación presionaba con sus editoriales en defensa del ex ministro bonaerense Jaime Smart cuando estaban por dictarle sentencia por crímenes de lesa humanidad. “Se devuelve por desconocerse destinatario”, decía el sello que rechazaba su denuncia. Slokar reclamó representación en esa comisión o la creación de un observatorio. “Justicia legítima” se presentó desde sus inicios como la antítesis de la Justicia corporativa, verticalista y cerrada. “De lo que aquí se trata es de identificar esa matriz del Poder Judicial burocrática y autoritaria, alimentada durante décadas, que hoy subsiste”, sostuvo Gils Carbó. Una de las primeras frases que dedicó a Lorenzetti fue: “Para promover la democratización se requiere más debate que consensos, más discusión que unidad corporativa”. En un raconto de historia judicial atravesado por “una ficción de Justicia independiente”, Gils Carbó pasó por la Corte de 1930, que convalidó los golpes de Estado, por la Justicia dictatorial como “punto más alto de apartamiento de valores democráticos”, las reformas de la recuperación democrática y hasta el papel de los tribunales en los noventa, con las privatizaciones y los procesos de concentración económica. La mención de la Procuración a la destrucción del sistema jubilatorio con las AFJP no pareció casual. Lorenzetti dijo conmoverse por los jubilados y suele responsabilizar al Gobierno. “¿Dónde estaba la administración de justicia cuando ocurrían estas inequidades? ¿Alguna asociación de magistrados reclamó independencia judicial? ¿Dónde estaba el furor por las cautelares que conocemos hoy?”, disparó. Para diferenciarse –otra vez– del supremo que enumeró fallos de los últimos años de la Corte, ella dijo que no alcanza con repasar “jurisprudencia” ni con “buenos fallos mientras se mira al costado del aparato instalado para detener su cumplimiento”, cuestionó. Las palabras de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, causaron conmoción. Relató su acercamiento a la Justicia, en busca de su hija y su nieto, a jueces a los que no les conocía la cara y que llegaron a mandar decirle que “terminaría en una zanja”. La frase “es un momento histórico” fue el hit de la tarde. Luego se mezclaron cientos de ideas: que los jueces deben asumir su papel político y que toman partido, como dijo el juez de Casación bonaerense Daniel Carral. Los concursos públicos, el juicio por jurados, la reforma procesal, el impuesto a las Ganancias. La necesidad de ver qué y cómo se enseña en la facultad, que sienta las bases del modelo de justicia, dijo la jueza de la Corte porteña Alicia Ruiz. El abogado Beinusz Szmukler retomó la idea de que los jueces no tengan cargos. El interrogante sobre cómo cambiar una estructura totalitaria heredada de la última dictadura y la ausencia de “administración de justicia para los sectores vulnerables” fueron muy mencionados. El único contrapunto de la jornada fue a raíz de la intervención del titular de los Judiciales, Julio Piumato, quien fue cuestionado por algunos de los presentes. La defensora general, Stella Maris Martínez, quien estuvo como Gils Carbó empujando la realización del encuentro, dijo: “Hoy la Justicia argentina es como la Iglesia Católica antes del Concilio Vaticano II, que daba misa de espaldas al público”. “Sentimos malestar en la conciencia”, confesó. Y criticó a Lorenzetti por mantenerse “en la superficie de los problemas”. Las palabras de Gils Carbó se caracterizaron por poner en crisis manejos que el sistema judicial naturaliza como “las asimetrías del mercado que se trasladan al pleito”. Y alertó: “La matriz corporativa reacciona de manera exuberante cada vez que se pone en riesgo el régimen establecido”. Hoy seguirá el encuentro con cuatro talleres de los que se espera que surjan propuestas y tal vez se sienten las bases de alguna nueva modalidad de organización o asociación civil que pueda canalizarlas. EL ROL DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y LOS JUICIOS A LOS REPRESORES La enseñanza de las Madres y Abuelas “La trasformación más importante que tuvo el Poder Judicial en estos años ha sido la que impulsaron los organismos de derechos humanos”, dijo el fiscal Abel Córdoba. Estela de Carlotto contó la experiencia pasada y actual de las Abuelas con los jueces. El rol de la Justicia durante la dictadura, pero sobre todo sus efectos, pensados como matriz de una cultura política hecha carne en el Poder Judicial, atravesó buena parte de las intervenciones de la primera jornada de “Justicia legítima”. Estela de Carlotto sentada al lado de la procuradora Alejandra Gils Carbó, definió el día, en el arranque, como “histórico”. Todavía sin leer el escrito que había llevado, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo cruzó presente y pasado en línea con lo que iba a suceder el resto de la jornada: “Son años que venimos sufriendo todos estos procesos injustos, no sólo de dictaduras cívico-militares, sino de esas corporaciones que se agregan a esos programas con mucho gusto”. “Como Abuelas de Plaza de Mayo tenemos mucho para decir sobre esta discusión que nos convoca”, dijo. “Más allá de las personas particulares, sufrimos muchos de los vicios y defectos estructurales del Poder Judicial. Una de las primeras cosas que aprendimos fue que no veríamos las caras de los jueces ni ellos las nuestras: debíamos comunicarnos a través de abogados y papeles. También aprendimos en carne propia que debíamos comprender los ‘tiempos de la Justicia’. Esos tiempos para nosotros a veces significaron años, incluso décadas, tratando de que alguna Abuela recupere a su nieto, porque siempre aparecía una nueva apelación o amparo que frenaba un reencuentro; hoy vemos cómo esos mismos mecanismos frenan la aplicación de una ley clave para la democracia.” Estela señaló que en los juicios vinculados con los crímenes de la dictadura “rige una gran discrecionalidad y hay graves fallas de planificación”. Y en la sala se oyó un “¡Bien Estela!”, cuando pidió que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias: “Vemos que aún no hay suficientes salas de audiencia en condiciones para desarrollar estos juicios. No es un tema sólo del juzgamiento de los crímenes de la dictadura, sino para cualquier juicio con más de una docena de acusados y cientos de víctimas. Por supuesto, desarrollar estas salas e impulsar cambios cuesta dinero... ¿nos preguntamos cuánto ayudaría a financiarlo que los jueces empiecen a pagar el Impuesto a las Ganancias, como el resto de los ciudadanos?”. El juez Otilio Romano, que continúa prófugo en Chile, dio paso a una nueva crítica a la corporación judicial: “Nunca escuchamos a la Asociación de Magistrados pronunciarse sobre este tema, apañando con su silencio esta conducta cobarde e ilegal”. En la sala estuvieron muchos jueces, fiscales y defensores que llevan o llevaron adelante juicios clave en todo el país por la dictadura. En línea con Paula Litvachky, del CELS, el fiscal Abel Córdoba de Bahía Blanca puso en la mesa el rol que cumplieron los organismos de derechos humanos en este debate, que algunos llamaron “revolucionario”. “Creo que la trasformación más importante que tuvo el Poder Judicial en estos años ha sido la que impulsaron los organismos de derechos humanos en su lucha por obtener el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, eso se hizo con un discurso muy fuerte y ha encontrado correlato en numerosos funcionarios, muchos acá presentes, que desde adentro de las estructuras los canalizaron en términos jurídicos.” El fiscal Jorge Auat y la jueza de San Martín Lucila Larrandart dieron cuenta de las dificultades estructurales que aún anidan en la Justicia en ese sentido. “¿Cómo no se van a oponer a investigar crímenes donde de algún modo el Poder Judicial y el sistema judicial estaban claramente vinculados con esos hechos, en algunos casos directamente como imputados?”, dijo Auat. El fiscal de Jujuy Pablo Pelazzo puso como ejemplo de la articulación entre PoderJudicial y económico la causa a los directivos de Ledesma. “Sus defensores fueron jueces ambos. Uno del Juicio a las Juntas y el otro en la misma causa donde ahora es defensor. El codefensor del administrador de la empresa fue secretario en el juzgado donde tramitan esas causas. Y para completar el cuadro, el juez que realizó todas las maniobras posibles para dilatar el avance fue secretario de uno de los defensores de Pedro Blaquier.” En los pasillos y salones de la Biblioteca se cruzaron Juan Carlos Vallejo, de Corrientes, Julio Bavio, de Salta, a cargo de la investigación por La Veloz del Norte; Mario Portela y Roberto Falcone, que impulsaron las investigaciones sobre Loma Negra y el tucumano Fernando Poviña, que interviene en el caso Ledesma. “Es un paso trascendental frente al tiempo donde había una sola voz o una sola asociación o núcleo de dirigentes judiciales que se escuchaban como la voz de la opinión de todos”, dijo este último. Beinusz Szmukler, desde arriba del escenario, señaló: “Pensar en esto hace 20 años era materialmente imposible, necesitábamos jueces que no cedan a las presiones”. Mirar hacia adentro Los que estamos aquí queremos ser parte de una Justicia más plural y más independiente, dispuesta a transparentar y a rendir cuenta de su actuación ante la ciudadanía entera. Nos une la convicción de que existe un modo diferente de ejercer la magistratura y la jurisdicción. Rara vez en estos casi treinta años de recuperación del Estado de Derecho, y salvo honrosas excepciones, un número tan importante de jueces, fiscales, defensores públicos, funcionarios y empleados han firmado con nombre y apellido un cuestionamiento claro y enérgico como el que se expresa en los documentos de “Justicia legítima”. Así se habilita el escenario de un debate público en el que sin desconocer la mayor responsabilidad que nos corresponde como integrantes del Poder Judicial, aspiramos a sumar muchas voces y muy diferentes actores sociales para inaugurar mecanismos de participación ciudadana. También es inédito y auspicioso que miembros de las justicias federal, de la nacional y de la local elijan modos de encuentro y participación como el de esta asamblea nacida de una convocatoria en la que nadie se arroga la representación de otros ni apela a distinciones o jerarquías que no reconocemos ni aceptamos. Es el primer paso de un largo camino que no se agota en la indignación y en el rechazo a una manera falaz e intencionada de “invocar independencia” para encubrir sumisión a grupos, intereses y poderes partidarios, económicos, mediáticos a cambio de ventajas y beneficios incompatibles con un servicio de justicia en un Estado de Derecho. Defendemos una noción de independencia que no ignore la trama de poderes formales e informales que atraviesa el espacio en el que trabajamos y el mundo en el que vivimos y somos conscientes de los deberes que nos son propios y estamos dispuestos a cumplirlos sin claudicaciones. Llegó la hora de mirar hacia adentro del sistema de administración de justicia y hacer pública nuestra autocrítica a fin de dar sentido a la diferencia entre el accionar corporativo y una “Justicia legítima”. Para conformar otro sistema de Justicia hay que partir de un núcleo irrenunciable de principios y prácticas que aseguren la vigencia plena e irrestricta del Estado de Derecho, la defensa y ampliación permanente de los derechos humanos y de las garantías consagradas en la Constitución y en los tratados internacionales y el rechazo de toda forma de discriminación por condición social, étnica, religiosa o de género. Sabemos que todavía hay que superar las marcas que la dictadura imprimió y que subsisten en la estructura y en muchos agentes judiciales de cualquier nivel. Queremos discutir cómo se forma a los jueces, magistrados, funcionarios y agentes; cómo y por quiénes se llevan adelante los procesos de selección para ingresar y permanecer en la institución judicial en todos sus niveles; cómo se asegura que la postulación y elección de miembros de los consejos de la magistratura sea abierta y sin restricciones; cómo se conforma y se exhibe la gestión de los recursos, de la jurisdicción y de la administración; cuáles son las condiciones imprescindibles para efectivizar el acceso a la justicia para todos, protegiendo a los vulnerables y cuáles las posibles vías de intervención de la sociedad civil en la construcción de una Justicia fuerte, independiente y democrática. Y estamos dispuestos a persistir en este intento. 28/02/13 Página|12