JUSTICIA EN GRAGEAS PR MARIO WAINFELD.

“Justicia” en grageas El Congreso espera. Entre tanto, brotan iniciativas promisorias en el Poder Judicial. “La familia”, cómo se protege y reproduce. Los concursos, reglas inequitativas, necesidad de cambios. La Academia, otro ámbito de trenzas y sectarismo. Fueros y tribunales para ricos, la impunidad y sus recursos. Leyes y cambios de cultura, necesidades básicas. Por Mario Wainfeld Imagen: DyN Hasta ahora, los bloques del Frente para la Victoria (FpV) no tienen proyectos del Ejecutivo para “democratizar la Justicia”. Tal vez la presidenta Cristina Fernández de Kirchner los anuncie, en detalle o de modo general, el viernes en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Hay un proyecto de diputados oficialistas para que los magistrados paguen Impuesto a las Ganancias, como cualquier argentino sin coronita. Esa medida sería razonable y aboliría una canonjía para los jueces, dispuesta por ellos mismos. El cambio, de potente contenido simbólico, no debe sobrevalorarse: sería una señal para las reformas culturales, legales y organizativas que son necesarias. La movida tendría el encanto, inusual en la etapa, de concitar adhesiones de distintos partidos, aunque con grandes matices. Al parecer de este cronista, tampoco sería una panacea la elección popular de los jueces, que demandaría una reforma constitucional muy resistida por toda la oposición. Ni, quizás, un avance determinante. Lo sustancial, creen un número creciente de jueces, secretarios, fiscales y funcionarios judiciales, son cambios culturales y de estructura que se empiezan a discutir e implantar. La cerrazón del Poder Judicial, sus camarillas, su corporativismo profesional, la formación de sus elencos, la subestimación de los ciudadanos que litigan... La nómina podría ampliarse. Esta nota volea (esperando no bartolear) algunas reflexiones y ejemplos, sin tampoco cerrar el debate ni la lista. - - - Los Campanelli, pero de gente bien: La expresión “familia judicial”, usada como signo positivo de identificación, alude a la perpetuación del elenco de tribunales, a menudo nepotista y clasista. No se trata, solamente, de las designaciones en cargos inferiores de hijos o sobrinos que “ecológicamente” quedan mejor posicionados para ascender. El vicio es más amplio. Los concursos, donde los hay, premian con porcentaje muy alto de puntos los antecedentes académicos. Hete aquí que los egresados de menos recursos económicos tienen que dedicarse a laburar cuanto antes. En cambio, aquellos con más plata pueden adornarse con posgrados y maestrías, cuya vinculación con la eficiencia como servidores públicos es, por la parte baja, opinable. No es habitual que los posgrados sean gratuitos, ni en las universidades públicas. Y es cosa corriente que, para ingresar (aun poniéndose) hace falta un académico que presente al aspirante. De nuevo, gravitan mucho las redes de vínculos que se reparten con desigualdad. La Defensoría Oficial, cuya titular es Stella Maris Martínez, abrió una brecha en esa trama cerrada: convocó a concurso abierto para cargos inferiores, salteando las vallas de amiguismo, parentesco y elitismo. Según datos extraoficiales, la inscripción supera todas las expectativas: no falta demanda, sino oferta. En el mismo sentido, la procuradora general Alejandra Gils Carbó prepara con sus colaboradores un proyecto de concursos que baje la preponderancia de los antecedentes académicos. Y elabora una propuesta de acuerdo de pasantías con universidades nacionales del conurbano. Se entornaría así la puerta a jóvenes no porteños (otra tendencia flagrante y limitativa), que son en su familia la primera generación que entra en la universidad. Gils Carbó será la oradora de apertura del encuentro por una “Justicia Legítima” que se llevará a cabo el miércoles y jueves en la Biblioteca Nacional. Habrá otros expositores prefijados y también talleres de discusión, a la luz del día, sin la tutela de la Corte Suprema. Su presidente, Ricardo Lorenzetti, expondrá el martes en la apertura del año judicial. En voz baja, o no tanto, masculla críticas y ninguneos a un encuentro que tiene aroma a saludable apertura. - - - Tomala vos, dámela a mí: El ámbito académico es otro espacio sectario, en el que confraternizan jueces y abogados de partes. Enseñan las mismas disciplinas, cohabitan, intercambian favores varios. Luego Sus Señorías atienden pleitos en los que actúan esos colegas, que entran a los despachos o mesas de entradas con una ventaja innegable. A veces, ocurre en estos mismos días, un abogado es jurado en un concurso académico en el que compite un juez del Foro. ¿Se capta? El abogado es clave para que el magistrado mejore su rango académico. Luego, su cliente depende del juez. Quien quiera pensar mal, tiene sustento. - - - Lo charlamos en casa: La familia judicial puede expresarse en el ámbito público o privado. Un fiscal que investiga delitos económicos actúa en una causa, en la que se envía una notificación a un estudio jurídico que defiende a sospechosos de lavado de dinero. La citación la recibe la esposa del fiscal (llamémosla Celeste) que labora, con toda licitud, en ese bufete. Esa conducta no está prohibida taxativamente ni genera incompatibilidad... Se pregunta al lector si no le parece una promiscuidad desaconsejable. - - - Puertas giratorias: Es remanida la imagen de los delincuentes “que entran por una puerta y salen por la otra”. Es impropia y simplista, en promedio. Pero tomémosla para seguir con nuestro punto. ¿Quiénes son, en mayoría abrumadora, los que salen? Presuntos delincuentes comunes, aposentados en las clases sociales populares. Sería difícil usar la metáfora para hablar de los sospechosos de lavar dinero, vaciar empresas, cometer fraudes fiscales grossos, armar quiebras fraudulentas, librar suculentos cheques sin fondos... sencillamente porque es exótico verlos entrar. Los peces gordos no son atrapados por las redes. Hay tribunales enteros dedicados a garantizar esa impunidad de clase: el fuero Penal Económico (alias Penal Cómico, desde siempre) o muchas cámaras comerciales. En otras competencias, las corporaciones juegan de local, digamos en el Camp Nou, contra el Estado pleiteando por sumas millonarias. Los apodados delitos de guante blanco son peliagudos para investigar porque, a diferencia de criminales de otro pelaje, los sospechosos tienen un aparato profesional formidable a su servicio. Los magistrados y funcionarios decentes se ven en figurillas para competir en paridad con empresas de abogados y contadores entrenados. Otros jueces y magistrados ayudan a la asimetría entorpeciendo su labor: es práctica común esconderles o escamotearles los expedientes para hacerlos jugar en tinieblas. Para tratar de compensar la diferencia, Gils Carbó analiza la perspectiva de crear una Fiscalía de Criminalidad Económica que cuente con cuadros formados e infraestructura técnica. “Fierros” para perseguir a quienes están protegidos por la estructura de los tribunales. En la semana que hoy termina, se lanzó una Procuraduría en Narcocriminalidad. Su jefe será el fiscal Félix Crous, quien se destacó en la investigación de crímenes de lesa humanidad. Es tan inteligente como sugestivo (comparte el cronista) que se confíe para investigar delitos complejos de esta época en quienes se comprometieron con eficiencia en la lucha por verdad y justicia. No son esferas separadas, forman parte de un conjunto. Hay profesionales comprometidos con su misión y dispuestos a enfrentar a los criminales y los poderosos. Acaso no sean mayoría, pero son muchos y se están dejando ver. - - - Prebendas consentidas: El expediente Clarín hizo públicos hechos consabidos. El ejemplo clavado es el de los viajes pagos, a todo trapo, que se encubren, ejem, con guante blanco. El camarista federal Francisco De las Carreras paseó por cuenta y orden del Grupo Clarín, fue recusado, sus pares rechazaron la objeción y él mismo afirmó que se sentía libre de cuestionamientos. Años ha, el gran escritor e integrante del Tribunal Superior de Jujuy Héctor Tizón fue recusado cuando debía expedirse en el conocido juicio contra Romina Tejerina. Se le atribuía haber prejuzgado en declaraciones periodísticas. Tizón rechazó la recusación, aduciendo que sus dichos habían sido tergiversados y sacados de contexto. Trascartón, se apartó del caso excusándose él mismo “por razones de decoro y delicadeza”. Reacción interesante de un hombre de honor, es ilusorio esperarla de otros jueces. Carreras adujo que tenía “tranquilidad de espíritu y libertad de conciencia” para intervenir en el expediente. Una conciencia autoindulgente, por decirlo con un eufemismo. - - - A modo de cierre: Si en tribunales todos internalizaran que están prestando un servicio (al) público, que el ciudadano-litigante es más importante que los jueces, mucho empezaría a cambiar. Si los jueces y camaristas rehusaran que se dirigieran a ellos con motes nobiliarios, mucho empezaría a cambiar. Gils Carbó ordenó a los fiscales prescindir del uso de “Su Señoría” y “Su Excelencia” como vocativos. ¿Qué pensarán Sus Señorías y Sus Excelencias? Hay reformas que deben provenir de otros poderes del Estado. El juicio por jurados, admitido en algunas provincias, debe ser legislado. La propia Presidenta, cuando era senadora, presentó un proyecto que perdió estado parlamentario. Los penalistas más respetables claman para que se implante el “proceso acusatorio” en el que, por decirlo muy sencillo, los fiscales hacen de fiscales y los jueces de jueces. La mezcla de esas funciones distorsiona las causas, deja “pintados” a los fiscales, incita a los jueces a condenar o llevar a juicio oral a quien investigaron. También hubo un buen proyecto del actual oficialismo, que se archivó sin buenos motivos. Democratizar la Justicia, escribió bien el abogado y académico Lucas Arrimada en el portal Infobae, es una tarea eminentemente política, que no debe ser partidaria. Es, se agrega acá, también una misión colectiva, que trasciende al Poder Judicial. La administración de ese servicio público, parafraseando un dicho célebre, es demasiado importante para dejársela solo a los jueces. Pero será imposible sin su participación, su creatividad, su autocrítica y su compromiso. mwainfeld@pagina12.com.ar Acoso mediático Por Mario Wainfeld El hecho central es conocido, se abrevia la reseña: hablamos a partir de la muerte del trabajador Reinaldo Rojas, embestido por el auto que conducía Pablo García. El expediente penal está en trámite, se hicieron y harán más pericias, van declarando los testigos. Corresponde determinar el grado de culpabilidad de García. Seguramente la querella tratará de encuadrar su conducta como homicidio con dolo eventual. Presumiblemente, la defensa buscará que la causa se caratule como homicidio culposo. En todo caso, ambas partes sostendrán sus posturas. Interviene la fiscalía, se dictará sentencia. Lo más terrible e irreparable es la muerte de la víctima. El mayor sufrimiento lo sufren sus familiares y amigos íntimos. Para ellos es necesario que haya un trámite lo más veloz posible, que posibilite el acceso a la verdad y a una sentencia ajustada a derecho. Para ellos tanto como para el acusado, corresponden todas las garantías constitucionales. El debido proceso no retrotraerá los hechos, no repondrá la situación previa y mejor. Pero es lo que el Estado de derecho debe garantizar. Acá derivamos al núcleo de esta nota, que aborda un recorte del hecho. No es su aspecto central pero el cronista cree que (con todas las prevenciones antedichas) justifica un abordaje. Sigamos, entonces, con el derecho imperante. El derecho penal occidental se plasma cuando es el Estado quien juzga, en base a leyes previas al hecho. Con penas que contemplen su gravedad, los antecedentes del procesado, el perjuicio infligido a la sociedad. El juez es un tercero, que se pretende imparcial, las normas son generales. Quedan atrás la Ley del Talión, la venganza familiar, el castigo a quienes no sean, de un modo u otro, los autores del delito (la venganza, la vendetta en todas sus variantes). Por eso es sabia la frase de las personas del común: “Buscamos justicia y no venganza”. El periodista Eduardo Aliverti, esto también es consabido, es el padre de García. Eso le depara zozobra y padecimientos, pero no lo transforma en responsable (de un modo u otro) de lo que se investiga y juzgará, ojalá que con toda la estrictez legal. La cobertura que han hecho algunos medios y periodistas deja la impresión de ignorar ese dato: lo fustigan con sadismo, lo tratan como a un criminal. A los ojos del cronista, se valen del hecho para ajustar cuentas con Aliverti, valiéndose de recursos de baja estofa. Los asedios mediáticos, los titulares nombrándolo permanentemente, columnas en diarios, radios y canales de cable maltratándolo. La intención no es hacer avanzar la causa, en la que Aliverti no es parte. Es ponerlo de rodillas, vejarlo, por lo que Aliverti es y significa en el periodismo argentino. Solo así se entiende que la crónica policial del periodista Eduardo Feinman dedique pocos minutos al caso y muchos a adjetivar sobre Aliverti: “Mentiroso”, “ladri progresista” y hasta “garantista” expresado como si serlo fuese un crimen. El repudio, enfurecido en el tono y desmedido en las palabras, se extiende a los organismos de derechos humanos, a Hebe de Bonafini, a los premios Eter... El diario Clarín dedica un espacio privilegiado, con mención en tapa, a una columna de Darío Gallo, quien entre otras cosas alega que la conducta de Aliverti (que no quebró ninguna norma) “habla de la honestidad intelectual de muchos comunicadores que atacan al periodismo independiente por oportunismo”. Potencial integrante del colectivo cuestionado por Gallo, el autor de estas líneas no replicará personalmente ese reproche. Pero es un deber decir que si algo no puede endilgarse a Aliverti es oportunismo ideológico. Su trayectoria lo sitúa con claridad en un campo coherente y preciso. Defiende ideas y valores (en esencia los mismos) desde hace décadas. Ese es su “delito”, el que excita a los inquisidores mediáticos, aunque no lo digan del todo. Un lugar común, pongámosle, nacional-popular expresa que a algunas personas, movimientos o gobiernos no se los ataca por sus defectos sino por sus virtudes. No cuadra a lo que venimos analizando. En este trágico suceso no hay “defectos” ni culpas de Aliverti. Se lo quiere destruir (no ya discutir) por sus virtudes e ideología. El enfoque capcioso se urde para dañarlo, para herirlo en lo más subjetivo. También, como también ocurre en otros casos, para reclamar penas severas. No fueron mayoría los colegas que se ensañaron, contra cualquier regla ética del periodismo. Entre ell@s, muchos que están enojados o algo más con la prédica de Aliverti. Supieron ser profesionales. Habría que pensar si no es momento de pensar un debate cara a cara entre quienes pensamos diferente pero compartimos códigos básicos, para determinar reglas de trato recíproco. Reglas voluntarias, no tarifadas, jamás legisladas o cristalizadas. Este escriba propugna que cada cual defina “desde dónde” se expresa. El firmante trabaja con Aliverti desde hace añares pero nunca fue su amigo personal. Ni compartimos un ámbito cotidiano de labor, por las sucesivas funciones que fuimos cumpliendo. Escribe como su admirador en los ’80, cuando había que bancarse lo que se decía. Como su colega en gráfica, como un seguidor de su ejemplo y el de otros maestros en la radio. Para él, un abrazo y la solidaridad. Para las víctimas, se repite, verdad y justicia, con todas las de la ley. Difícil en todas partes Por Mario Wainfeld En muchos países, en la mayoría, los tribunales son hoscos con los humildes, acentúan la desigualdad social. La Argentina no es una excepción absoluta, lo que no es consuelo ni debe inducir a resignarse. Ferdinand von Schirach es un abogado penalista alemán, contemporáneo. Ha escrito dos libros notables, recordando vivencias de su carrera. Se caracteriza por el laconismo, por ahorrar reflexiones teóricas o morales. Del libro más reciente, Culpa, se extrae este relato. Sucede en una ciudad muy poblada, mayormente por gente pobre y muchos inmigrantes. Un alemán nativo lleva a su perro a pasear, topa con un inmigrante que tiene un pitbull. Los perros se pelean, el pitbull daña al otro. Los dueños discuten, el inmigrante golpea al alemán, lo derriba, lo patea brutalmente en el piso. La víctima denuncia el hecho. La policía averigua, le llega el dato de que hay un tal Turan que es dueño de un pitbull. Lo buscan, no lo hallan, pero dan con otro extranjero, un tal Turan. Suponen que la información inicial es imperfecta, comienzan a citar a Turan. Este, por limitaciones culturales o temor, no lee ni responde las intimaciones. La burocracia va planteando citaciones más severas, ninguna es atendida. Turan es arrestado, va preso. Un buen tiempo después llega su defensor, Von Schirach. Con facilidad advierte que Turan no es el culpable. Es un hombre pequeño, con un defecto en las piernas que le impediría vapulear y aun patear a alguien. No tiene perro, es más: detesta a los animales. Lo excarcelan, más tarde se realiza la audiencia del juicio oral. El damnificado asiste, declara que ése no es su agresor. Es la primera vez que se lo ponen delante. Turan es liberado. Al detenido sin justa causa, el Estado alemán le paga una indemnización de once euros por día. No es gran cosa, es algo. Turan pierde el derecho a reclamarla porque deja transcurrir el plazo estipulado para pedirla. Von Schirach no agrega nada. Este cronista lo hará. Turan tuvo suerte dentro de la desgracia. Podía haberle tocado un defensor distraído o incompetente. En la Argentina la llegada a la audiencia de reconocimiento, en promedio, podría haber demorado mucho tiempo. Y sobran presos sin condena que esperan el proceso en la cárcel. Todo lo que padeció fue consecuencia de errores, de una máquina que funciona sola, de ser pobre o marginal. A Tarun no lo buscaron más. Dijimos que Von Schirach no editorializa. Tal vez sea mejor decir que lo hace con sutileza. El relato se titula “Justicia”. 24/02/13 Página|12 GB