ROSARIO

Leemos a Rodolfo Montes en La Capital de Rosario: Las balas mortales del mundo narcomafioso que impactan ya sobre el triángulo céntrico (bulevares y el río), en el corazón simbólico y político de Rosario, provocan angustia ciudadana. ¿ Por qué pasa esto en Rosario? La conmoción más profunda, sin embargo, para los habitantes de la ciudad de Roberto Fontanarrosa es la caída del principal argumento que durante 40 años tranquilizó: “en el Conurbano (del Gran Buenos Aires) están peor”. Un paradigma de diferenciación positiva, clásico de la sociología (“nosotros” estamos mal, pero “ellos” están peor) sigue en uso en la actualidad, ya sea por reflejo de un pasado que ya no es, o porque forma parte de un discurso político interesado. Los problemas delictivos propios (de Rosario y de la provincia en general) siempre fueron en volumen, intensidad y gravedad, inferiores a los que sucedían en ese imaginario cordón de las calamidades ajenas que se despliega como un anillo alrededor de la Ciudad de Buenos Aires. Y donde viven nueve millones de personas. Esa foto comparativa y tranquilizadora entre Rosario y vastos sectores del cordón de las calamidades ajenas, el Gran Buenos Aires (GBA), se fue borrando en la última década, hasta transformarse en otra cosa. El partido de La Matanza, emblema del GBA por pobreza, abandono y profusión de delito hasta hace apenas una década, hoy padece entre dos y tres veces menos homicidios que Rosario. Con 1,8 millón de habitantes – contra un millón en Rosario– y unos 320 kilómetros cuadrados que incluyen zonas rurales ( Rosario, 178 kilómetros cuadrados), por el partido gobernado por el kirchnerista Fernando Espinosa se despliegan durante las 24 horas del día 70 patrulleros tripulados por una Guardia Urbana – y un policía con arma preventiva–, con cámaras encendidas y reportando a un centro de monitoreo con decenas de pantallas operadas en una red de comunicación con la policía provincial. Con bomberos, hospitales, emergencia civil y un helicóptero propio para actuar en una emergencia. La Matanza, que padeció por décadas el estigma de ser dominio de “los barones del Conurbano” (una expresión nada inocente que se lee “ladrones del Conurbano”), sin embargo, no se convirtió en el condado de Mónaco. Pero se benefició con una transformación notable, que está a la vista. Se podrá argumentar que el kirchnerismo nacional puso mucha plata en La Matanza, y también se podrá argumentar que en los treinta años anteriores nunca nadie puso un peso –para obras de infraestructura– en La Matanza. La Matanza está dividida en cuadrículas, y en cada cuadrícula funciona un consejo barrial que orienta el trabajo de la guardia mixta, urbana y policial. Pero antes de poner en marcha el afinado sistema de control preventivo de seguridad distrital que hace que hoy caminar por La Matanza sea claramente más seguro que caminar por Rosario, en promedio, en cualquier barrio, y a cualquier hora, “construimos infraestructura básica, agua, cloacas, calles, rutas, escuelas, hospitales y puestos de trabajo” confirmó Gabriel Milazzotto, miembro del gabinete de Espinosa, a este cronista. En la última década, La Matanza sumó 400 mil personas al servicio de agua potable y cloacas (alcanzando hasta casi el 80 por ciento de la población), 60 kilómetros de rutas y caminos, 3 hospitales, 2.000 cuadras pavimentadas, y entre otras, 30 mil nuevos alumnos a la joven universidad que lleva el nombre del distrito. De todos modos, Rosario por historia, tradiciones políticas y culturales, bellezas naturales y arquitectónicas nunca podrá ser superada por un distrito del joven GBA. La contraposición busca organizar datos y argumentos. Las balas al “Quemadito” en Pellegrini y Corrientes, aunque no sólo por esa causa, se explican por las cloacas nunca realizadas a 30 cuadras de esa esquina. Los cambios de cúpulas policiales, más tarde o más temprano, se resuelven con decisión política, un acto y una foto. Pero la infraestructura sanitaria y vial, y la reconfiguración de la atmósfera lumpen delictiva que hoy domina grandes áreas de los barrios de Rosario llevará años, tal vez décadas. Y no se resuelve con fotos, ni con operaciones comunicacionales en la era de la red global. Mientras tanto, en la semana que pasó, otra mala noticia hizo correr transpiración fría sobre las espaldas del Ejecutivo provincial. La irrupción del nombre de Marcos Escajadillo – ex Secretario de Seguridad Pública– en una investigación judicial sobre presunta connivencia política, empresarial y policial con el negocio del narcotráfico, amenaza con cambiarle el eje del debate político al gobernador Antonio Bonfatti. Y para peor. Un plano de la discusión, para el socialismo, es si hubo o no ingenuidad y/o desmanejo político para con la corporación policial. Otro plano muy diferente es que tome cuerpo la hipótesis de la protección política al negocio narcopolicial. La revelación del periodista Carlos Del Frade sobre una investigación judicial que estudia una trama de recaudación de dinero negro presuntamente originado en el narcotráfico ha sido confirmada por otras fuentes a este diario. Desde ya que el señalamiento periodístico, por sí solo, no constituye al día de hoy una imputación judicial. El nombre de Escajadillo está en la causa, aunque cómo está, y con qué responsabilidad, se verá con el tiempo. El dilema en la Casa Gris será cómo afrontar este nuevo problema. Si sostiene o no al funcionario peruano-argentino en funciones. El kirchnerismo provincial ya pidió, de pura lógica, el apartamiento del funcionario que continúa actuando en los equipos de gobierno. El oficialismo provincial, sofocado con los calores del verano, contraataca con el caso ( Amado) Boudou, que está siendo investigado por la Justicia, y no renunció. La comparación no es pertinente. El vicepresidente integró una fórmula electoral que obtuvo la mayor votación nominal de la historia argentina – casi 12 millones de votos-, y que eventualmente debería afrontar un juicio político. En cambio, a los colaboradores nombrados por los jefes de los Ejecutivos se los puede despedir sin más trámite, con un llamado por teléfono de unos pocos segundos. A propósito, Cristina Fernández de Kirchner, en las últimas horas, tuvo que tragar, sin más, el amargo remedio de un error propio del gobierno nacional, y despidió en 24 horas a Juan de Dios Cingunegui y Luis Romiti, involucrados en una estafa de 360 millones de pesos a consumidores. La propia CFK denunció la maniobra de un equipo de abogados en un discurso público, aunque desconociendo que había gente “propia” entre los hacedores de la estafa. Un tercer abogado, Eduardo Baeza, también partícipe de la maniobra y asesor de una senadora oficialista, Nanci Parrilli, también fue despedido... GB