Las cuentas secretas de RajoyPor Roberto Montoya. Desde Madrid
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Acorralado. Rajoy negó ayer haber recibido sobornos y aseguró que no renunciará a su cargo.
La prueba documental de las cuentas paralelas del Partido Popular, revelada esta semana por los principales diarios locales, sistematiza con claridad cómo el presidente español y varios funcionarios de la cúpula oficialista reciben sobresueldos y financiamiento partidario, gracias al aporte de corporaciones privadas amigas, desde hace más de una década.
Las cloacas del Partido Popular han sufrido una avería y la podredumbre empieza a salir intermitente, a borbotones, amenazando con anegarlo todo. Si días atrás las revelaciones del periódico El Mundo sobre “supuestos” sobresueldos en negro recibidos por la cúpula del partido en el gobierno ya convulsionaban la escena política y social, ahora la aparición de los manuscritos de la caja B en El País ha dejado tambaleando al gobierno.
Varios grupos de la izquierda parlamentaria piden ya la dimisión de Rajoy y la convocatoria de elecciones anticipadas. ¡¡A un año de llegar al poder!! En las manifestaciones periódicas de miles de personas convocadas desde las redes sociales que están teniendo lugar los últimos días frente a la sede central del PP en Madrid, los lemas más coreados son: “¡Rajoy, dimisión!”, o “Este presidente, es un delincuente!”.
Pocos días después del repudio generalizado que provocó en España y en el extranjero la infame portada de El País con la falsa foto del presidente venezolano, Hugo Chávez, este periódico, el de mayor tirada en España, está logrando recuperar credibilidad entre sus lectores gracias a la importancia de las revelaciones que está haciendo sobre las cuentas ocultas del partido en el poder.
Ese medio ha comenzado a publicar con amplio despliegue páginas y páginas de los cuadernos de contabilidad secreta del PP desde inicios de los años ’90, y, a diferencia de los datos proporcionados antes por El Mundo, los documentos de El País incriminan directamente al presidente Rajoy y a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. También figuran exministros de los gobiernos de José María Aznar –1996-2003–, como Rodrigo Rato (luego director del FMI), Ángel Acebes, Francisco Álvarez-Cascos, Jaime Mayor Oreja o Javier Arenas. Varios de ellos siguen siendo importantes dirigentes del PP hoy en día.
Según los documentos reproducidos por El País en sus páginas, todos ellos habrían recibido en negro durante años “sobresueldos”, cobrados en metálico de forma mensual, trimestral o semestral. Así se desprende de la contabilidad interna secreta que llevaron Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, tesoreros del Partido Popular entre 1990 y 2009. Ellos escribieron de su puño y letra los nombres de los beneficiarios, el importe y la fecha. En uno de los documentos reproducidos en la portada del periódico español se lee, por ejemplo, el siguiente asiento: “10/99, R. Rato (2do. Semestre 99), 2.280.000”, el importe pagado en pesetas, equivalente a 13.680 euros de ahora, a razón de 2.280 euros de sobresueldo por mes. A renglón seguido se lee: “11/99, M. Rajoy (2do. Semestre 99), 2.100.000”, o 2.100 euros por mes. En el caso de Rajoy, según la documentación habría cobrado ese monto de forma regular a partir de 1997, y, desde 2002 (entrada en vigor del euro) lo recibía en euros, 12.600 euros semestrales durante 11 años al menos.
Todas las personas que aparecen en esos libros de contabilidad como receptores de sobresueldos “opacos” ocupaban en ese momento el cargo de secretarios generales, vicesecretarios o secretarios regionales del partido. Al parecer eran los únicos merecedores de esos “bonus”.
Repsol entre los “donantes”. Pero, en esos documentos no aparece rellena solo la columna de “Salida”. En algunas páginas aparece precisamente el origen de ese dinero, en la columna “Entrada”. Y ahí saltan a la luz varios nombres, los nombres de los presuntos “donantes”.
La mayoría de ellos son importantes empresarios de la construcción, varios de los cuales están imputados precisamente en la trama de corrupción “Gürtel”, en la cual están involucrados desde hace años numerosos altos cargos del PP.
En ese listado aparecen empresarios como Luis del Rivero, que en el momento de hacer sus “donativos” de 120.000 euros y 200.000 euros, en 2004 y 2007, respectivamente, era el presidente de la empresa inmobiliaria Sacyr Vallehermoso, uno de los más importantes accionistas de Repsol. También figuran Juan Miguel Villar, presidente de OHL; o Juan Cotino, de Sedesa; Alfonso García Pozuelo, de Construcciones Hispánica, los supermercados Mercadona, y tantos otros.
Al parecer, no todo el dinero “donado” por estos empresarios habría sido destinado a pagar sobresueldos, sino que otra parte podría haber servido para la financiación ilegal del PP. En la mayoría de los casos, las “donaciones” superan los límites permitidos por la Ley de Financiación de Partidos.
A diferencia de otros escándalos de corrupción, en el caso de los sobresueldos y la caja B del PP las revelaciones de la prensa han sido obtenidas por fuentes propias, no proceden de filtraciones judiciales. Hay quienes aseguran incluso que es desde el propio entorno de Bárcenas desde donde se están haciendo las filtraciones y se aporta la documentación. Ésta sería su venganza por la actitud del PP de intentar ahora desentenderse de él, presentando sus delitos como algo particular, de lo cual tuviera que responder sólo a nivel personal.
Es a partir del conocimiento de esos documentos reproducidos en sus páginas por la prensa que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha anunciado su disposición a abrir una investigación judicial y llamar a declarar a la cúpula del PP.
La investigación sobre el contenido de los manuscritos de los excontables de ese partido abriría así una nueva rama al voluminoso expediente del “caso Gürtel”, que tiene ya 700.000 folios. Bárcenas ya era investigado como parte de ese caso y tendrá que responder por los 22 millones de euros que escondía en cuentas en Suiza y otros paraísos fiscales.
Tal como sospechaba la oposición, ahora se ha confirmado que Bárcenas, al saberse descubierto, utilizó la amnistía fiscal que acababa de aprobar el gobierno, blanqueando apresuradamente más de la mitad de ese dinero, 11 millones. Para ello pagó al fisco un 10 por ciento de esa suma, como hicieron otras 29.065 personas físicas y 608 empresas defraudadoras, un porcentaje muy inferior al que les hubiera correspondido y muchísimo menos que lo que paga un ciudadano de a pie.
Todos los ministros y cargos del PP que aparecen denunciados por la actual información periodística de la caja B han negado tajantemente que ese partido tenga o haya tenido cuentas ocultas y niegan haber recibido cualquier importe no declarado a Hacienda. El PP reivindica su “total transparencia” y amenaza con acciones legales contra el diario El País.
Rajoy, por su parte, se ha negado hasta ahora a hablar hasta conocer los resultados de una auditoría interna y otra externa encargadas. Durante este fin de semana tiene lugar una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional. De lo que salga de la misma, de lo que digan y hagan el presidente y el gobierno a partir de ahora puede depender en gran medida su supervivencia.
La infanta Cristina está en la mira de la Justicia por tráfico de influencias
El declive de la Corona española.
La sociedad española no solo está conmocionada por los escándalos de corrupción que salpican –en realidad, empapan– al partido gubernamental –el Partido Popular (PP)– y al mismísimo jefe de Gobierno, Mariano Rajoy. No, no es sólo eso. Además, los españoles comprueban atónitos que otro caso paralelo de corrupción alcanza también a una de las instituciones hasta ahora más respetadas, la monarquía, a la propia familia real, y a uno de los yernos y la hija menor del rey Juan Carlos de Borbón. Y vale recordar que en España el rey es el jefe de Estado y, paralelamente, comandante en jefe.
Si la imagen de España ya se venía deteriorando aceleradamente durante los últimos años por ser el país con más desempleo de toda la Unión Europa, el tener ahora al jefe de Gobierno y al jefe de Estado tocados por sendos casos de corrupción, agrava mucho más la situación.
El juez José Castro, que investiga la trama montada por Iñaki Urdangarin –esposo de la infanta Cristina– y su socio Diego Torres para desviar hacia cuentas propias en España y en paraísos fiscales los fondos recaudados por el Instituto “filantrópico” Nóos, les ha impuesto a ambos una fianza solidaria de 8,19 millones de euros. El importe es el equivalente a la suma defraudada, unos seis millones de euros, más la multa correspondiente.
Ese instituto, una fundación “sin ánimo de lucro” destinada al fomento del deporte y el turismo –Urdangarin fue jugador de baloncesto– recibió dinero de más de 100 empresas y de las autoridades municipales y regionales de la Comunidad de Valencia y de las Islas Baleares, ambas en manos del PP, para patrocinar congresos y eventos deportivos.
El juez desmiente el carácter supuestamente “filantrópico” del Instituto Nòos, y resalta el “desmedido ánimo de lucro” de Urdangarin, duque de Palma. En su auto, el juez cita la “presión psicológica derivada del parentesco con la Casa Real” que Urdangarin ejerció sobre empresarios y autoridades para conseguir que patrocinaran actividades de su fundación.
El magistrado reveló que el yerno del rey cobraba 900 mil euros netos por participar en cada evento, además de contar con unas altísimas dietas por su permanencia en la ciudad en que éste se realizara. Se acusa a él y a su socio por delitos de falsedad en documento oficial y en documento mercantil, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, fraude a la Administración, prevaricación y blanqueo de capitales.
En estos días el juez imputó también en la misma causa a un funcionario de la Casa Real, Carlos García Revenga, consejero financiero privado de la infanta Cristina y de su hermana Elena desde 1993 y hombre de máxima confianza del rey. García Revenga actuó como patrono y asesor del Instituto Nòos.
Por otro lado, las pistas seguidas por el juez instructor parecen acercarse cada vez más a la infanta Cristina. Ella fue miembro de su junta directiva y controlaba el 50% del capital de una empresa instrumental, la inmobiliaria Aizoom, hacia la cual su esposo desvió importantes cantidades de dinero público y privado, supuestamente, donado.
Por presión de la Casa Real, cuando comenzó la investigación judicial la infanta, junto a su esposo e hijos, se mudaron a Washington, donde Urdangarin fue fichado como asesor por Telefónica con un contrato millonario. Sin embargo, a mediados de 2012 éste pidió una excedencia y toda la familia volvió a trasladarse a Barcelona para seguir los avatares del juicio.
Urdangarin podría ser condenado a 18 años de cárcel. Y, aunque la hija menor del rey salga indemne de este escándalo, a la monarquía le costará indudablemente volver a recuperar su imagen.
03/02/13 Miradas al Sur
GB
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