DE LA AMIA AL FMI, LOS FONDOS BUITRE, EL HUMOR SOEZ Y LA BAJA DEL DESEMPLEOAfter hours
A la AMIA le interesa menos esclarecer el atentado que alinearse con la intransigencia israelí; urgido por Inglaterra el FMI intenta un escarmiento y la Argentina presentó su alegato en el juicio con los fondos buitre. En la ruleta del dólar clandestino se cantó Negro el 8. La vileza personal de la oposición contra la presidente degrada el debate y es autoderrotista. Mientras CFK procura conservar los niveles de empleo, Scioli sigue vacilando entre la sumisión y el salto al vacío.
Por Horacio Verbitsky
La tarde del viernes fue extraña, con un encadenamiento errático de episodios deshilvanados, como en la famosa After hours de Scorsese. El presidente de la AMIA anunció que retiraba su apoyo al memorando de entendimiento que firmaron la Argentina e Irán en torno de las actuaciones judiciales por el atentado de 1994 a la mutual judía de Buenos Aires, que el mismo Guillermo Borger había aceptado dos días antes. Cuando el gobierno aún estaba tratando de averiguar qué había cambiado, llegó la declaración del Fondo Monetario que rindió homenaje en su estilo al gobierno kirchnerista, el primero en recibir una moción de censura y un ultimátum en los 69 años transcurridos desde su creación, por la falta de credibilidad de los índices de precios y de crecimiento del INDEC.
Aunque requiera cierta sutileza es posible diferenciar entre la verdad de los cuestionamientos a la manipulación estadística, que tanto daño le hace a la credibilidad de la palabra pública, de su utilización en contra del gobierno por razones que no tienen que ver con la integridad estadística, sino con el molesto desafío que la Argentina plantea a Gran Bretaña con el persistente reclamo de negociaciones por la soberanía en las islas Malvinas. Si a ello se suma que la City de Londres es donde se articulan los principales paraísos fiscales del mundo, se comprende la posición británica en el FMI.
De hecho, nada cambia para el país que hace ya seis años canceló sus cuentas con el Fondo. Lo dispuesto sirve para cuestionar las políticas independentistas del gobierno, presentándolo como irresponsable y aislado. El mismo día, la Argentina presentaba sus argumentos ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York en el juicio de uno de los fondos especulativos que pretende cobrar el 100 por ciento de sus créditos, y el dólar clandestino tocaba por primera vez los ocho pesos, como una ostensible presión devaluatoria.
Al regreso de un viaje misterioso a Italia, allí donde tenía sus inversiones Lorenzo Miguel, el gobernador bonaerense Daniel Scioli evalúa por milésima vez hasta dónde tensar y en qué punto descomprimir la relación con el gobierno nacional, del que depende para que su administración no desaparezca tragada por un cenote gigante como el que deglutió un cuarto de manzana en Guangzhou, China. Y el eco de los insultos a la presidente Cristina Fernández de Kirchner reverbera tanto por el contenido soez como por el emisor, que ahora fue un político de primera línea. Todos estos fenómenos no pueden ponerse en la misma cuenta, y algunos de los actores tienen intereses contrapuestos. Pero su simultaneidad constituye un dato insoslayable, económico pero también político, nacional e internacional.
Cuestión de nivel
El candidato de PRO a la gobernación de Santa Fe, Miguel del Sel, dijo que la presidente era una “vieja chota hija de puta”. Con una sintaxis tan limpia como su pensamiento explicó que no tendría nada que decir de alguien que se hubiera ganado sus bienes “por derecha, chupando pijas”. Al día siguiente, pidió disculpas y dijo que estaba “en total desacuerdo con la violencia verbal que vive la política actual en la Argentina”.
Del Sel es un humorista e hizo un chiste, agresiones son las del gobierno nacional, que nunca pide disculpas, dijeron sus reclutadores del PRO, Maurizio Macrì y Horacio Rodríguez Larreta, tan moderados como Del Sel. Más rápido para la contradicción, el columnista de La Nación Luis Majul escribió que pocos periodistas o dirigentes agravian, descalifican o insultan a CFK, pero lo hizo en una nota titulada “La Presidenta del miedo y el carpetazo”, en la cual sostuvo que ella transmitía “odio, resentimiento y ánimo de venganza”. Claro que la incongruencia de Majul no puede compararse con la del recién llegado a la política santafesina, como que representan dos estadios distintos en la evolución intelectual.
En agosto de 2010, Macrì, dijo que tomaría el tren del poder aunque para ello debiera “tirar por la ventana a Néstor Kirchner porque no lo aguantamos más”. Hoy lo extrañan, como pragmático componedor. En junio de 2011 fue Francisco De Narváez quien dijo que Kirchner eligió morirse antes de perder otra elección y en su pedido de disculpas dijo que su frase había sido desafortunada pero sin intención de ofender. Pasaron sólo dos meses antes de que Cristina se impusiera en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) con más del 50 por ciento de los votos.
Es curioso que haya habido más reacciones en defensa de la presidente y en general de las mujeres, que de preocupación por la salud mental y moral de quienes ni siquiera tienen la capacidad de advertir la degradación que aportan al debate político y las consecuencias deletéreas que obtienen para su propio campo. Pero sería un error diluir el episodio sin intentar una reflexión más allá de sus actores, sobre algunas características de la escena actual que se hicieron ostensibles en las movilizaciones democráticas de septiembre y noviembre en el centro de la Capital convocadas contra la diktadura sangrienta, durante las que no hubo otros incidentes que los golpes e insultos de manifestantes a periodistas. Los carteles que portaban emergen de las cloacas que algunos medios de la oposición exhiben en sus ediciones digitales al concluir sus notas informativas o de opinión. Es cierto, esto no ocurre sólo en las pantallas de los diarios.
Ese río putrefacto recorre toda la extensión del subsuelo social, con erupciones aquí y allá en blogs y tweets. Esos efluvios son el precio de la libertad, que todos necesitamos respirar, aunque a veces huela mal. Pero en esos casos, se trata de ingresos voluntarios a sitios que no enmascaran su índole. Cada adulto elige aquello en que se solaza. Esto es incomparable con las páginas de medios establecidos, a las que se acude en procura de información o entretenimiento. Concluye una nota sobre un automovilista que atropelló a una persona o sobre una discusión que terminó con un femicidio y se destapa la letrina, de la que emergen insultos e injurias contra Cristina sin relación alguna con el tema.
Los medios monsergan con empaque de respetabilidad, cuando en realidad entran con los pantalones bajos y sin lavarse las manos a las casas a las que han sido invitados. La duda es si lo hacen aposta, como forma aleve de expresar sus propias pulsiones o porque no advierten que están haciendo propia una criatura monstruosa, a la que le dan su nombre. El extremo risible es La Nación que en su crónica transcribe “Vieja hija de p...” con tradicional mojigatería pero también abre sus páginas a los peores ultrajes. Los políticos de la oposición son las principales víctimas, porque esa retahíla impúdica los conduce adormecidos hasta toparse con una presidente que inmune al vilipendio no deja pasar un día sin proponer debates y/o medidas políticas y económicas de fondo, que afectan la vida colectiva. Les pasó hace quince meses y puede volver a ocurrirles en otros cinco, cuando las nuevas PASO den comienzo al calendario electoral 2013.
Menos crecimiento, más empleo
Pese a la desaceleración brusca del crecimiento, que en 2012 no llegaría al 2 por ciento del PIB, el desempleo se redujo del 7,6 al 6,9 por ciento. Esto se debe a “la presencia del Estado sosteniendo el trabajo, el consumo, el mercado interno, el crédito a los trabajadores, las convenciones colectivas de trabajo, e inyectando recursos precisamente para asegurar la demanda”, explicó Cristina. La presidente también comunicó el aumento del 20 por ciento en el mínimo no imponible para la cuarta categoría del impuesto a los ingresos de las personas.
Lo hizo al cabo de un año de reclamos de todas las centrales sindicales, desde quienes rechazan sin más lo que llaman un impuesto al trabajo, como Hugo Moyano y su CGT residual, hasta quienes aspiraban a una recomposición del 25 por ciento, como Hugo Yasky y el sector mayoritario de la CTA. Entre ambos, la nueva conducción de la CGT presentó un trabajo que bajo la conducción del sindicalista de los docentes privados Horacio Ghillini, elaboró un grupo de economistas, entre ellos Daniel Carbonetto. Su propuesta fue que pagaran el impuesto los trabajadores solteros que ganan 9.100 pesos mensuales y los casados con dos hijos a partir de 12.500 es decir un incremento del 50 por ciento.
Para llegar a este valor ajustaron los haberes por el IPC nueve provincias, el que usan los investigadores reacios tanto a las manipuladas cifras del INDEC como a las de las consultoras privadas que realizan estimaciones aproximadas sin rigor metodológico. Para compensar la merma en la recaudación que sufriría el Estado, los economistas de la CGT propusieron aplicar un impuesto del uno por ciento a las transacciones financieras realizadas en la Bolsa de Valores y en el Mercado Abierto Electrónico, duplicar las retenciones a las empresas mineras y triplicar la recaudación del impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires. Estimaron que de este modo podría obtenerse un incremento de recaudación de más de 15.000 millones de pesos anuales.
Esto compensaría la merma por la disminución de aportantes de la cuarta categoría, que la CGT no cuantificó, pero que superaría los 17.000 millones (ya que con el aumento del 20 por ciento esa disminución será de 8.171 millones, de acuerdo con el informe de la AFIP). En consecuencia, aunque el avance sobre esos tres rubros pudiera realizarse sin resistencia, quedaría un bache fiscal de 2000 millones de pesos. En el mundo real no basta con escribir los números de esos gravámenes en una planilla. Para dimensionar qué implicaría un impuesto del uno por ciento a las transacciones financieras desde el punto de vista económico, pero también político, basta observar que los estudios más serios sobre la tasa de alcance global que propuso el Premio Nobel de Economía James Tobin oscilaron entre un 0,1 y un 0,5 por ciento.
El entonces Grupo de los 7 discutió por primera vez el tema en 1996, en Francia. Debieron pasar diecisiete años y la peor crisis global en un siglo para que once países (Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Grecia, Italia y Portugal) acordaran imponer una tasa del 0,1 por ciento para la compraventa de acciones y bonos y del 0,01 por ciento para los productos derivados, que recién entraría en vigencia el año próximo y exceptuando a los pequeños inversores. La idea de que una tasa del uno por ciento pueda ser implantada en un solo país, a media hora de avión de la generosa plaza de Montevideo, sólo puede inspirarse en el voluntarismo o el engaño.
En cuanto a la minería, tanto el Estado nacional como las provincias están explorando vías para sortear la ley 24.196, de inversiones mineras, que brinda a las empresas estabilidad fiscal por tres décadas al prohibir modificaciones en la carga tributaria vigente al momento de aprobarse un proyecto. Pese a ello, al comenzar su primer mandato CFK cuadruplicó las retenciones que deben pagar, considerando que esos aranceles no están cubiertos por la ley del menemismo, y al inicio del segundo eliminó los subsidios eléctricos que recibían y las obligó a liquidar aquí los dólares que obtienen por sus ventas. La triplicación del inmobiliario rural bonaerense provocaría un incendio peor que el de 2008 y, además, depende de la voluntad de un gobernador que prefiere demandar fondos a la Nación y no litigar con sectores poderosos porque, como explica cada vez que ve un micrófono, él es hombre de consenso y no de confrontación.
El detallado informe que presentó la AFIP, indica que con los nuevos mínimos, sólo pagarán el impuesto el 17,5 de los trabajadores. Hasta la CGT reconoció en su trabajo que en otros países de la región y sobre todo en los de mayor grado de desarrollo el impuesto a los ingresos provenientes del trabajo es más alto que en la Argentina y que es progresivo, al afectar sólo a los trabajadores de mayores salarios y con tasas más altas para los de ingresos superiores. Luis Barrionuevo amenazó con paros y Pablo Micheli dijo que imaginaba un futuro conflictivo, que es su idea fija, hasta ahora de improbable verificación. La crítica más repetida fue que en cuanto se cierren las negociaciones paritarias con aumentos del 25 por ciento, volverá a crecer el número de alcanzados por el impuesto.
Esta es una involuntaria admisión de que con un aumento de la misma magnitud que el del mínimo no imponible, el número de aportantes de la cuarta categoría se mantendría por debajo de la cantidad actual. La presidente también anunció un incremento del 15,18 por ciento de jubilaciones y pensiones a partir del 1° de marzo, que implica una mejora anualizada del 28,33 por ciento, bien por encima de cualquier cálculo del IPC. El viernes la Comisión Europea confirmó los datos oficiales de la Eurozona: en sus diecisiete países la desocupación ya llega al 11,4 por ciento, contraste imprescindible a la hora de juzgar políticas y entender por qué los microclimas catastrofistas no se contagian al humor social. Como confesó entre la desilusión y la intriga otro columnista de La Nación, “La sanción del FMI es previsible. Y raro que hasta ahora el costo local pagado por el gobierno sea tan bajo”.
La hora del juicio
Por Horacio Verbitsky
Por el memorándum de entendimiento con Irán anunciado el lunes, la República Islámica acepta que la Justicia argentina interrogue a los acusados por el atentado a la sede de la colectividad judía de la calle Pasteur, donde murieron 85 personas. Entre ellos están el ministro de Defensa de Irán y dos candidatos presidenciales, por lo cual la firma del acuerdo no provocó menos conmoción allí que aquí. El canciller iraní debió dar explicaciones durante seis horas a un consejo superior religioso.
La AMIA exige que Irán refrende en forma explícita que el fiscal Alberto Nisman y el juez Rodolfo Canicoba Corral realizarán en Teherán una indagatoria de los acusados, de acuerdo con la ley argentina, pero al mismo tiempo anticipa que aún así se opondría, alegando una desconfianza esencial en la teocracia y el negacionismo iraníes. ¿Acaso también duda de la solidez de las pruebas colectadas por Nisman, quien está operando en forma intensa contra el acuerdo entre los familiares de las víctimas? La negociación comenzó en setiembre del año pasado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, entre los cancilleres Héctor Timerman y Ali Akbar Salehi. Timerman informó también en Naciones Unidas a su colega israelí, Avigdor Lieberman, quien rechazó cualquier negociación con el régimen persa. “Si no podemos hablar con Irán, ¿qué hacemos con los acusados, mandamos un comando o un avión y los matamos, como hacen otros? No es nuestra política ni tenemos la capacidad para hacerlo”, respondió Timerman. Lieberman no respondió.
En cambio un alto funcionario del Departamento de Estado norteamericano, que interviene en las negociaciones nucleares con Irán, le dijo a Timerman que no veía objeciones a negociar, lo cual refleja una línea interna que se afirmó en la administración norteamericana una vez reelecto Obama, mientras otro sector influido por Israel no consiente avenimientos y presiona por bombardeos. El acuerdo fue firmado el 27 de enero en Etiopía. Entre ambas reuniones hubo dos encuentros, en Zurich y Ginebra, de los que participaron el viceministro Eduardo Zuain y la Procuradora del Tesoro, Angelina Abbona. Desde Buenos Aires monitorearon el texto la presidente y el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, quien prepara el envío del acuerdo al Congreso, que debe ratificarlo igual que el de Irán.
Esa exposición de motivos no estaría lista esta semana, ya que recapitula con detalle todo lo actuado en la causa, desde que Cristina encabezó la comisión parlamentaria investigadora e incluyendo la apertura de archivos dispuesta por Néstor Kirchner, que derritió la versión oficial elaborada durante el menemismo y terminó con el presidente, su ministro del Interior, su jefe de Inteligencia y el juez de la causa en el banquillo de los acusados por falsificar pruebas. Cuando el texto comience a ser tratado por el Congreso, en la semana del cumpleaños 60 de la presidente, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo invadirán el campo de la Justicia. Serán el fiscal y el juez quienes decidan el carácter procesal del acto a realizar. Los gobiernos y la comisión internacional de juristas sólo garantizarán que sea posible, a 19 años de los hechos. La premura por el aviso, que hizo la presidente con varios tweets, no permitió que el gobierno diera las explicaciones correspondientes a los familiares y a las organizaciones víctimas del atentado antes de la publicación del acuerdo.
Luego de 29 horas de vuelo dese Adis Abeba, Timerman se afeitó y fue a ofrecer esas precisiones a la DAIA, la AMIA y Memoria Activa, que se dieron por satisfechas. Un familiar rezongó que llevaba diecinueve años esperando justicia. Timerman le respondió que debieron pasar 35 para que fueran condenados quienes secuestraron y torturaron a su padre. Pero la AMIA, surcada por divisiones internas y un inminente proceso electoral, exigió primero un documento aclaratorio y luego una renegociación del acuerdo con Irán. Ese pedido fue redactado por el rabino ortodoxo Samuel Levin del Centro de Altos Estudios Jafetz Jaim, en acuerdo con el rabino reformista Sergio Bergman, del PRO. En Israel, los ortodoxos no reconocen como rabinos a los reformistas, pero aquí tienen un acuerdo para impedir que grupos laicos conduzcan la mutual.
El vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolff, le dijo a la Agencia Judía de Noticias (AJN) que los tres cambios de opinión de la AMIA en 72 horas en un tema tan delicado se deben a la interna política, “en función de quienes dan las órdenes”. A este cuadro interno se suma la prioridad que para sectores poderosos de la AMIA tiene el alineamiento con la derecha israelí por encima del esclarecimiento del atentado.
El gobierno entiende que no se trata de sumar garantías verbales sino de verificar en la práctica el cumplimiento de lo acordado. Ante una consulta oficial, INTERPOL respondió que sólo el juez que emitió las alertas rojas pidiendo la captura de los acusados puede levantarlas. No faltan aspectos picarescos. Una de las organizaciones sostuvo que no estaría de acuerdo si lo que se buscaba era aumentar el comercio con Irán. Timerman respondió que eso deberían decírselo al principal exportador argentino a ese mercado, lo cual sobresaltó al abogado de ese organismo: el cerealero mencionado también era cliente suyo.
03/02/13 Página|12
PD LOS SUBRAYADOS SON NUESTROS
GB
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