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Martín Farrell, el ex funcionario del gobierno porteño propuesto por Mauricio Macri como juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fue citado a prestar declaración indagatoria acusado de haber celebrado "un acuerdo espurio" con los empresarios dueños del boliche Beara para habilitar el local en el que poco después murieron dos jóvenes por el derrumbe de un entrepiso.
La jueza penal de instrucción Alicia Iermini lo convocó para el 14 de mayo próximo, dos semanas antes de que venza el plazo en la Legislatura porteña para ungirlo, de hecho, como nuevo juez. Tal como informó Tiempo Argentino el domingo pasado, el expediente 565 O-2014, con el pliego de Farrell, está en la Legislatura desde el 1 de abril y, a menos que sea expresamente rechazado, en el plazo de 60 días será juez.
Farrell era director de Habilitaciones cuando el 10 de septiembre de 2010 se derrumbó un entrepiso construido poco menos que de manera clandestina, con sus fisuras tapadas con silicona, causando la muerte de Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años de edad, y Paula Leticia Provedo, de veinte. Renunció dos meses después.
Durante cuatro años, el fiscal Andrés Madrea pidió su indagatoria, pero no fue sino hasta ahora que la jueza le dio la razón.
"Se le imputa a Martín Farrell el haber incumplido los deberes a su cargo al expedir habilitación para el rubro 'Casa Para Fiestas Privadas' respecto de un local que no reunía las condiciones que la norma exigía", resume la acusación fiscal. Y desliza que lo hizo a cambio de pagos ilegales: "Se le reprocha el haber celebrado, por sí o a través de interpósita persona, un acuerdo espurio con los integrantes de dicha sociedad, quienes en su carácter de requirentes de la mentada habilitación extendieron, por sí o a través de terceras personas, sumas de dinero, en contraprestación de la cuales el imputado habría condicionado la realización de los actos tendientes al cumplimiento de las obligaciones descriptas precedentemente y que, en tanto Director de General de Habilitaciones y Permisos, le eran exigibles."
¿Cómo construyó el fiscal esa gravísima imputación? Tras una investigación farragosa, reunió múltiples elementos de prueba, entre ellos escuchas telefónicas en las que aparece hablando de "recaudar", asegura que no es "un cuatro de copas", recuerda que su padre es (era) camarista (del fuero Civil y Comercial Federal), habla del "quilombo de Ciro James", que continúa "trabajando para Macri" y que está preocupado por "tapar una cagada", en referencia a Beara.
Farrell rechazó la habilitación de Beara. Pero lo hizo después de que el entrepiso se hubiera derrumbado. "Huelga decir que el hecho de que Farrell acabara denegando la solicitud de habilitación respecto del mentado local no es óbice para afirmar la existencia del pacto espurio, pues adoptó esa decisión seis días después de que se produjera el desplome del entrepiso que dio origen a esta investigación, forzado por las circunstancias generadas por el comportamiento que había tenido en el marco de la tramitación de la habilitación de Beara".
Si el funcionario hubiera cumplido con sus obligaciones, probablemente hoy Lizarraga y Provedo estarían con vida. Para que se configure el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público debe haber dolo. Es decir, no basta con el error, la ineptitud, la ineficiencia; es imprescindible que el funcionario sepa que no está haciendo lo que es debido y adrede, no lo hace. Según la acusación, en el caso de Farrell "debe su conducta considerarse fruto del cumplimiento del compromiso que asumiera el nombrado al celebrar el pacto espurio".
El llamado a indagatoria tiene fecha del 15 de abril e incluye también a otros funcionarios, entre ellos Vanesa Berkowski, ex directora de Fiscalización y Control; el ex director de Habilitaciones Especiales Pablo Saikauskas; el ex jefe del Departamento Esparcimiento Pablo Cassano y los "gestores" Leandro Camani y Matías Pantarotto. «
La jueza penal de instrucción Alicia Iermini lo convocó para el 14 de mayo próximo, dos semanas antes de que venza el plazo en la Legislatura porteña para ungirlo, de hecho, como nuevo juez. Tal como informó Tiempo Argentino el domingo pasado, el expediente 565 O-2014, con el pliego de Farrell, está en la Legislatura desde el 1 de abril y, a menos que sea expresamente rechazado, en el plazo de 60 días será juez.
Farrell era director de Habilitaciones cuando el 10 de septiembre de 2010 se derrumbó un entrepiso construido poco menos que de manera clandestina, con sus fisuras tapadas con silicona, causando la muerte de Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años de edad, y Paula Leticia Provedo, de veinte. Renunció dos meses después.
Durante cuatro años, el fiscal Andrés Madrea pidió su indagatoria, pero no fue sino hasta ahora que la jueza le dio la razón.
"Se le imputa a Martín Farrell el haber incumplido los deberes a su cargo al expedir habilitación para el rubro 'Casa Para Fiestas Privadas' respecto de un local que no reunía las condiciones que la norma exigía", resume la acusación fiscal. Y desliza que lo hizo a cambio de pagos ilegales: "Se le reprocha el haber celebrado, por sí o a través de interpósita persona, un acuerdo espurio con los integrantes de dicha sociedad, quienes en su carácter de requirentes de la mentada habilitación extendieron, por sí o a través de terceras personas, sumas de dinero, en contraprestación de la cuales el imputado habría condicionado la realización de los actos tendientes al cumplimiento de las obligaciones descriptas precedentemente y que, en tanto Director de General de Habilitaciones y Permisos, le eran exigibles."
¿Cómo construyó el fiscal esa gravísima imputación? Tras una investigación farragosa, reunió múltiples elementos de prueba, entre ellos escuchas telefónicas en las que aparece hablando de "recaudar", asegura que no es "un cuatro de copas", recuerda que su padre es (era) camarista (del fuero Civil y Comercial Federal), habla del "quilombo de Ciro James", que continúa "trabajando para Macri" y que está preocupado por "tapar una cagada", en referencia a Beara.
Farrell rechazó la habilitación de Beara. Pero lo hizo después de que el entrepiso se hubiera derrumbado. "Huelga decir que el hecho de que Farrell acabara denegando la solicitud de habilitación respecto del mentado local no es óbice para afirmar la existencia del pacto espurio, pues adoptó esa decisión seis días después de que se produjera el desplome del entrepiso que dio origen a esta investigación, forzado por las circunstancias generadas por el comportamiento que había tenido en el marco de la tramitación de la habilitación de Beara".
Si el funcionario hubiera cumplido con sus obligaciones, probablemente hoy Lizarraga y Provedo estarían con vida. Para que se configure el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público debe haber dolo. Es decir, no basta con el error, la ineptitud, la ineficiencia; es imprescindible que el funcionario sepa que no está haciendo lo que es debido y adrede, no lo hace. Según la acusación, en el caso de Farrell "debe su conducta considerarse fruto del cumplimiento del compromiso que asumiera el nombrado al celebrar el pacto espurio".
El llamado a indagatoria tiene fecha del 15 de abril e incluye también a otros funcionarios, entre ellos Vanesa Berkowski, ex directora de Fiscalización y Control; el ex director de Habilitaciones Especiales Pablo Saikauskas; el ex jefe del Departamento Esparcimiento Pablo Cassano y los "gestores" Leandro Camani y Matías Pantarotto. «
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