El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, se animó a hablar de política, militancia, juventud y sueños de adolescencia. Esta es, quizás, la faceta menos conocida del flamante mandamás del club de Núñez, que busca reconstruir su imagen tras la peor gestión de la historia con Daniel Alberto Passarella.
En una entrevista con El Gráfico, contó que sintió “una tristeza enorme” cuando mataron a Fernando Abal Medina y a Carlos Ramus ya que eran amigos de infancia. “Recuerdo que habíamos puesto una bandera argentina que envolvía el cajón, pero la policía nos paró y nos las hizo sacar”.
D’Onofrio fue al Nacional Buenos Aires. Ahí conoció al Padre Mugica, a Mario Firmenich, a Abal Medina y a Ramus. Sobre el colegio, afirmó que “se privilegiaba la meritocracia. No la elite. La clave estaba en que vos tuvieras fuerza, tesón, energía y perseverancia. Ahí aprendí a tener compromiso con la vida, con los pares, con la sociedad. A mí me tocó una época muy fuerte. Yo estaba con el Padre Mugica. Íbamos a la Villa 31“.
El presidente de River contó que participaba de “una línea independiente que se llamaba Juventud Unida Católica”. Allí era compañero de Firmenich, Ramus y Abal Medina. En esa época “creíamos que individualmente podíamos cambiar el mundo. Después nos dimos cuenta que al mundo no lo cambiás porque hay muchos poderes que lo hacen imposible. Hicimos muchas cosas juntos, pero ellos después eligieron un camino distinto al mío”
También contó que las diferencias con quienes luego fundarían Montoneros se dieron en la facultad “cuando fui compañero de Abal Medina y estudiábamos economía. Después pasaron dos años que no los vi. Yo no compartía el camino que eligieron. Creí que no había que llegar al extremo de matar a nadie, pero es respetable que pensaran así“.
A pesar de los distintos caminos, no ocultó su relación con Ramus, Abal Medina y Firmenich: “Eran muy buenas personas. Con Firmenich viajábamos desde Ramos Mejía en tren. Era una persona muy buena, incapaz de matar una mosca. Él es hincha de Racing y yo de River. En aquella época, River no salía campeón y Racing salió campeón de América cuando terminamos el colegio. Hablábamos de eso. Con Mugica, que también era de Racing, jugábamos al fútbol. Con Fernando éramos muy amigos, era un hombre que tenía muchas inquietudes sociales. De los tres, el más rebelde de todos era Ramus”
Por estas descripciones, asegura que “cuando ocurrió lo del asesinato de Aramburu, durante mucho tiempo pensé que no habían sido ellos, que les habían tirado el muerto”.
A tod@s aquell@s que sostengan la memoria, la identidad y la resistencia como herramienta histórica de nuestro Pueblo.
lunes, 2 de junio de 2014
"Se agrava la situación de los derechos humanos en la Provincia de Buenos Aires"
Comunicado de la Comisión Provincial por la Memoria sobre la situación en la provincia de Buenos Aires en relación a la protección de los derechos humanos.
Por la Comisión Provincial por la Memoria
Ante los anuncios realizados por el Gobernador Daniel Scioli y el Ministro de Seguridad, Alejandro Granados, en relación al resultado de la Emergencia de Seguridad en sus primeros 45 días, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires expresa:
La información oficial no hace más que confirmar que la orientación de las políticas anunciadas insisten en un esquema de control territorial que delega la seguridad pública en la policía bonaerense. De este modo se insiste en un modelo que ha demostrado una completa ineficiencia en el abordaje del delito y la profundización de las violaciones a los DERECHOS HUMANOS de toda la población y fundamentalmente de los sectores pobres.
Confirmando que el discurso bélico, de guerra contra el delito, se ha transformado en acción, el comunicado oficial expresa entre los resultados que se efectuaron “164 enfrentamientos con 35 delincuentes abatidos”. Sin eufemismos el gobierno provincial asume que en su concepto de la seguridad y la “paz social” tiene entre los resultados positivos esperables la muerte de los enemigos, que ya no son personas muertas, sino delincuentes abatidos en enfrentamientos. Una simple proyección de lo informado, nos indica que en un año de emergencia morirían en los denominados enfrentamientos más de 290 personas. Lo que para el ejecutivo parece ser un dato esperable y positivo, sólo nos habla de un escenario de mayor violencia que no disminuye sino que aumenta las muertes en la provincia de Buenos Aires.
Preocupa también que el anuncio de la realización de “18.000 procedimientos preventivos y proactivos” coincida con lo recientemente denunciado por la CPM. Nos referimos a la proliferación de detenciones, cacheos y secuestros en el marco de procedimientos policiales sin orden judicial. Tal como expresáramos, sabemos por nuestra tarea cotidiana que la habilitación de privaciones de libertad por parte de la policía, sin autorización y al margen del control judicial, es la condición de posibilidad de otro tipo de acciones tales como el reclutamiento para cometer delitos, la extorsión, la tortura y las desapariciones forzadas de personas.
Otro motivo de preocupación es el anuncio de 13.000 delitos esclarecidos. Esto es parte de una concepción de la función policial completamente apartada del rol constitucional. La función policial no es esclarecer, sino prevenir y reprimir delitos aportando, en el mejor de los casos, elementos de prueba que, legalmente obtenidos, contribuyan a que el poder judicial determine en el marco de un proceso la existencia o no de un delito y la imputación, condena o absolución de una persona. De manera tal que lo expresado refuerza la profundización del esquema de delegación judicial en la policía, y como contrapartida, la falta de avance en la implementación de la policía judicial.
La presentación de cifras realizadas en el marco del balance de la emergencia en materia de seguridad, expresa una gran subestimación hacia la opinión pública. Como señalamos en el último Informe Anual, a partir del año 2013 el Ministerio de Seguridad dejó de publicar datos relacionados con los delitos. Hasta la fecha, los últimos datos publicados por el Ministerio de Seguridad son de diciembre de 2012. Sin embargo, a la hora de evaluar los primeros 45 días de la emergencia, se presentan datos comparativos entre los años 2014 y 2013, sin precisar la metodología ni las instancias oficiales que han elaborado esas cifras.
La improvisación y debilidad técnica de estos datos no resisten el análisis de lecturas atentas. Por ejemplo, se habla de “asaltos”, categoría que no remite a ningún delito del código penal. ¿Qué son los asaltos? ¿Se refiere a los robos, a los robos con armas o a otros robos agravados? Esta presentación de cifras aisladas, fuera de toda referencia que permita interpretarlas y contextualizarlas y que se realiza en el marco de una política de ocultamiento de los datos de los delitos por parte del Ministerio de Seguridad provincial, no es capaz de fundamentar ninguna presentación de resultados. Lo que se pretende presentar como reducción de delito no tiene en este comunicado ninguna referencia que permita fundar esta afirmación.
Por fuera de los anuncios en el marco de la emergencia, pero como confirmación del modelo elegido, el ministro de Seguridad dictó con fecha 20 de mayo una resolución por la cual dispone rehabilitar el funcionamiento de los calabozos ubicados en dependencias policiales de la Provincia de Buenos Aires. Cabe recordar que la clausura de los calabozos en dependencias policiales fue dispuesta con motivo de las inhumanas condiciones de detención y la disfuncionalidad respecto al rol que tiene la policía que no es la de custodiar detenidos sino la prevención de delitos. De manera tal que la rehabilitación de un centenar de calabozos en la Provincia no solo implicará una profundización de las condiciones de detención que fomentan y propician la tortura -y que fueron limitadas por las Cortes Supremas de Justicia Nacional y Provincial de Buenos Aires- sino que también quitará policías de su función de prevención del delito para nuevamente involucrarlos en la custodia de detenidos.
Durante los últimos años, el gobierno provincial difundió la baja del índice de personas detenidas en comisarías como un logro de su gestión que cumplía con los fallos de la CSJN y los reiterados señalamientos críticos de los organismos internacionales. Todos los Comités y organismos de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano, señalaron la detención en comisarías como graves violaciones de derechos esenciales.
La decisión política de profundizar las políticas de seguridad en clave de prisionización, control poblacional y fortalecimiento de la autonomía policial, elevó la cantidad de personas detenidas de 26.500 aproximadamente en 2007 a 31.500 en la actualidad. Casi 5.000 personas más durante esta gestión de gobierno. Un 18 % más de detenidos que colapsaron el sistema de encierro. Casi un 65% de personas detenidas con prisión preventiva, y por lo tanto inocentes, que padecen graves y constantes violaciones de derechos humanos. No hay esperanza rehabilitadora para nadie en estos lugares de detención; quienes pasen por allí agravarán los padecimientos que los llevaron a estos ámbitos.
Los anuncios dados confirman un apartamiento cada vez más pronunciado por parte del Ejecutivo Provincial de las propuestas de seguridad democrática y en este punto profundizan la distancia entre políticas de seguridad y respeto a los derechos humanos.
Ante los anuncios realizados por el Gobernador Daniel Scioli y el Ministro de Seguridad, Alejandro Granados, en relación al resultado de la Emergencia de Seguridad en sus primeros 45 días, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires expresa:
La información oficial no hace más que confirmar que la orientación de las políticas anunciadas insisten en un esquema de control territorial que delega la seguridad pública en la policía bonaerense. De este modo se insiste en un modelo que ha demostrado una completa ineficiencia en el abordaje del delito y la profundización de las violaciones a los DERECHOS HUMANOS de toda la población y fundamentalmente de los sectores pobres.
Confirmando que el discurso bélico, de guerra contra el delito, se ha transformado en acción, el comunicado oficial expresa entre los resultados que se efectuaron “164 enfrentamientos con 35 delincuentes abatidos”. Sin eufemismos el gobierno provincial asume que en su concepto de la seguridad y la “paz social” tiene entre los resultados positivos esperables la muerte de los enemigos, que ya no son personas muertas, sino delincuentes abatidos en enfrentamientos. Una simple proyección de lo informado, nos indica que en un año de emergencia morirían en los denominados enfrentamientos más de 290 personas. Lo que para el ejecutivo parece ser un dato esperable y positivo, sólo nos habla de un escenario de mayor violencia que no disminuye sino que aumenta las muertes en la provincia de Buenos Aires.
Preocupa también que el anuncio de la realización de “18.000 procedimientos preventivos y proactivos” coincida con lo recientemente denunciado por la CPM. Nos referimos a la proliferación de detenciones, cacheos y secuestros en el marco de procedimientos policiales sin orden judicial. Tal como expresáramos, sabemos por nuestra tarea cotidiana que la habilitación de privaciones de libertad por parte de la policía, sin autorización y al margen del control judicial, es la condición de posibilidad de otro tipo de acciones tales como el reclutamiento para cometer delitos, la extorsión, la tortura y las desapariciones forzadas de personas.
Otro motivo de preocupación es el anuncio de 13.000 delitos esclarecidos. Esto es parte de una concepción de la función policial completamente apartada del rol constitucional. La función policial no es esclarecer, sino prevenir y reprimir delitos aportando, en el mejor de los casos, elementos de prueba que, legalmente obtenidos, contribuyan a que el poder judicial determine en el marco de un proceso la existencia o no de un delito y la imputación, condena o absolución de una persona. De manera tal que lo expresado refuerza la profundización del esquema de delegación judicial en la policía, y como contrapartida, la falta de avance en la implementación de la policía judicial.
La presentación de cifras realizadas en el marco del balance de la emergencia en materia de seguridad, expresa una gran subestimación hacia la opinión pública. Como señalamos en el último Informe Anual, a partir del año 2013 el Ministerio de Seguridad dejó de publicar datos relacionados con los delitos. Hasta la fecha, los últimos datos publicados por el Ministerio de Seguridad son de diciembre de 2012. Sin embargo, a la hora de evaluar los primeros 45 días de la emergencia, se presentan datos comparativos entre los años 2014 y 2013, sin precisar la metodología ni las instancias oficiales que han elaborado esas cifras.
La improvisación y debilidad técnica de estos datos no resisten el análisis de lecturas atentas. Por ejemplo, se habla de “asaltos”, categoría que no remite a ningún delito del código penal. ¿Qué son los asaltos? ¿Se refiere a los robos, a los robos con armas o a otros robos agravados? Esta presentación de cifras aisladas, fuera de toda referencia que permita interpretarlas y contextualizarlas y que se realiza en el marco de una política de ocultamiento de los datos de los delitos por parte del Ministerio de Seguridad provincial, no es capaz de fundamentar ninguna presentación de resultados. Lo que se pretende presentar como reducción de delito no tiene en este comunicado ninguna referencia que permita fundar esta afirmación.
Por fuera de los anuncios en el marco de la emergencia, pero como confirmación del modelo elegido, el ministro de Seguridad dictó con fecha 20 de mayo una resolución por la cual dispone rehabilitar el funcionamiento de los calabozos ubicados en dependencias policiales de la Provincia de Buenos Aires. Cabe recordar que la clausura de los calabozos en dependencias policiales fue dispuesta con motivo de las inhumanas condiciones de detención y la disfuncionalidad respecto al rol que tiene la policía que no es la de custodiar detenidos sino la prevención de delitos. De manera tal que la rehabilitación de un centenar de calabozos en la Provincia no solo implicará una profundización de las condiciones de detención que fomentan y propician la tortura -y que fueron limitadas por las Cortes Supremas de Justicia Nacional y Provincial de Buenos Aires- sino que también quitará policías de su función de prevención del delito para nuevamente involucrarlos en la custodia de detenidos.
Durante los últimos años, el gobierno provincial difundió la baja del índice de personas detenidas en comisarías como un logro de su gestión que cumplía con los fallos de la CSJN y los reiterados señalamientos críticos de los organismos internacionales. Todos los Comités y organismos de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano, señalaron la detención en comisarías como graves violaciones de derechos esenciales.
La decisión política de profundizar las políticas de seguridad en clave de prisionización, control poblacional y fortalecimiento de la autonomía policial, elevó la cantidad de personas detenidas de 26.500 aproximadamente en 2007 a 31.500 en la actualidad. Casi 5.000 personas más durante esta gestión de gobierno. Un 18 % más de detenidos que colapsaron el sistema de encierro. Casi un 65% de personas detenidas con prisión preventiva, y por lo tanto inocentes, que padecen graves y constantes violaciones de derechos humanos. No hay esperanza rehabilitadora para nadie en estos lugares de detención; quienes pasen por allí agravarán los padecimientos que los llevaron a estos ámbitos.
Los anuncios dados confirman un apartamiento cada vez más pronunciado por parte del Ejecutivo Provincial de las propuestas de seguridad democrática y en este punto profundizan la distancia entre políticas de seguridad y respeto a los derechos humanos.
El rol del Episcopado en el conflicto gremial en el Luna Park
Entrevista a Gastón Bustos, delegado gremial del Luna Park. Reclaman por la paga correcta del aguinaldo. La responsabilidad de Cáritas en el conflicto.
Por redacción APU
APU: ¿Cómo es la organización gremial del Luna Park?
Gastón Bustos: El Luna Park tiene una organización gremial distinta a todo. A nosotros SUTEP (Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculo Publico) nos describe como una rama única que es la del Luna Park, en donde solo somos algo más de cien trabajadores. Esa es una particularidad. Esas cien personas equivalen a las miles de personas que tiene un sindicato de comercio o gastronómico.
APU ¿Que reclamos puntuales tiene para la patronal?
GB: Nuestro reclamo es lograr la reincorporación del sistema de pago de aguinaldo justo y legal. Me refiero a la simple tablita que todo el mundo conoce. Que es tomar el mejor sueldo de ese semestre dividido dos y de ahí el aguinaldo. Así se pagó hasta fines del 2010 y después se empezó a pagar mal. Se inició el reclamo a la empresa para retomar la manera correcta de pago. Pero tuvimos una negativa como respuesta. El Secretario Gremial elevó el reclamo al Ministerio de Trabajo para ver quien tenia la razón. Si los trabajadores o la empresa. El dictamen del Ministerio de Trabajo estableció que no era la manera legal, ni adecuada. La manera correcta era la que se implementaba antes. La empresa hizo caso omiso. Y ahora esto se va tener que resolver mediante el SECLO de forma indivual por cada empleado particularmente. A lo único que lleva esto es al temor de los trabajadores de perder su fuente de trabajó. Hasta hoy todavía no tenemos ningún caso de reincorporación del sistema de aguinaldo, que fue respaldado por el Ministerio de Trabajó. No estamos pidiendo nada que no corresponda, ningún capricho. Es una situación bastante incomoda para los empleados, que esperaban que la empresa tomara la iniciativa automáticamente. Ya esperamos demasiado. Es una quita que se le esta haciendo al bolsillo del trabajador y por eso es nuestra lucha.
APU ¿Que otros reclamos tienen?
GB: Tenemos pedidos respecto a ciertas condiciones de trabajo que rozan el trabajó precario. Estamos viendo que podrían ser mejores las condiciones de trabajó para muchos empleados. Principalmente para los trabajadores que no conforman el núcleo fijo del Luna Park que ya están hace muchos años y están tercerizados, es un grupo de 5 o 6 trabajadores. Para nosotros son compañeros que tienen los mismos derechos que el resto. Pero hoy tienen la inquietud de no poder pertenecer a la planta fija del Luna Park porque cada tres meses desde hace muchos años les renuevan los contratos. Es gente altamente capacitada para realizar muchas de las tareas que se necesitan hacer para hacer funcionar el Luna Park. Y muchas veces las ves con un borceguí en un pie y una zapatilla en el otro.
APU La administración del Luna Park depende de Caritas y del Episcopado Argentino. ¿Qué respuestas tuvieron de Episcopado Argentino?
GB: No tuvimos respuestas. Nos acercamos con nuestra solicitud. Nos atendieron gentilmente en el departamento que se encarga de la administración del Luna Park. Pero no tuvimos ningún tipo de respuesta concreta. Solamente nos dijeron que no saben cual es el departamento que se encarga de los trabajadores. Por supuesto que deben saber cual es el departamento correspondiente a contaduría. El Episcopado también sabe que mientras mejor funcionan las cosas los trabajadores pueden realizar una buena tarea. El Luna Park como estructura necesita de los trabajadores por eso es importante que respeten nuestros derechos para que todo funcione correctamente.
La fórmula del miedo: dólar, reservas y precios
Por Javier Cernadas y Leonela Fauda* I Los expertos que días atrás vaticinaron una “dramática sacudida” del tipo de cambio en Argentina, haciéndose eco de los diarios y portales de nuestro país, que replicaban a The Economist, son los que año a año pronostican sin acierto “el fin del modelo”.
Ellos saben que el miedo es la clave para aplicar políticas antipopulares sin reacción social, porque una sociedad atemorizada es una sociedad paralizada y tanto el dólar como los precios son dos variables que cumplen con la doble función de generar pánico mediáticamente para luego aplicar políticas de ajuste y a la par transferir ingresos a los sectores agroexportadores. Esta situación es conocida por todos y mucho más por los grandes medios de comunicación, que utilizan estos escenarios adversos que viven en la memoria de los argentinos para promover incertidumbre y así desestabilizar al gobierno popular.
Por otro lado, los economistas del establishment financiero confunden pronósticos con expresiones de deseo, y en sus columnas muestran la insensatez con la que pueden realizarse análisis económicos tan alejados de la realidad como cercanos a los intereses de los grupos concentrados de la economía. Utilizan términos como “eventualmente habrá en el país una dramática sacudida del tipo de cambio”, para expresar de manera encubierta sus pretensiones devaluatorias. Afirmaciones como "no está claro lo que el Gobierno planea hacer en los próximos meses. Podría devaluar alrededor de un 2% cada mes o podría volver a intentar mantener al peso estable, como un ancla contra la inflación", van también en ese sentido.
Aquí es donde comienza a jugar un rol protagónico el nivel de precios. El periódico británico incluye explícitamente el miedo diciendo que "los argentinos están comprensiblemente asustados por la combinación de las expectativas inflacionarias, las reservas estancadas y los movimientos del dólar".
Todas ellas son variables sensibles ya que las innumerables corridas cambiarias, la hiperinflación y el corralito dan cuenta de que los argentinos hemos recorrido un largo y delicado camino durante nuestra historia. Es preciso señalar que afortunadamente estas crisis han quedado en el pasado, pero también es necesario recordar que, en cada una de ellas, han sido siempre las mayorías populares quienes han salido perjudicadas, mientras un reducido grupo perteneciente a las elites nacionales se beneficiaba especulando con la desgracia del pueblo.
En este sentido, y ya refiriéndonos específicamente al tema precios, debemos tomar conciencia de que es fundamental para garantizar la sustentabilidad del modelo de crecimiento con inclusión social, evitar caer en la trampa que proponen ortodoxos economistas, quienes embanderados en la inflación pretenden volver al pasado, “enfriar la economía”, generar desempleo y un congelamiento de salarios y jubilaciones.
Así, la histórica disputa de intereses se ve reflejada en la discusión de fondo sobre qué modelo económico debe aplicarse en el país. Por un lado, están quienes quieren volver a ser el “granero del mundo” y someter así nuestra economía a las directrices de los países desarrollados, un histórico problema de toda Latinoamérica: oligarquías que, en lugar de consolidarse como burguesías nacionales, están al servicio de intereses extranjeros.
Por otro lado, están quienes queremos a través de gobiernos populares conformar una economía independiente con justicia social, apostando al desarrollo industrial, la generación de empleo, la inclusión social y el fortalecimiento del mercado interno. Este modelo es el que genera una distribución equitativa de la riqueza, que es en definitiva lo que más molesta a los grupos concentrados: que las mayorías populares adquieran derechos y que el Estado esté presente para toda la sociedad y no solo para satisfacer las pretensiones de unos pocos.
Por ello, los actores económicos y políticos de la oposición buscan generar desestabilización por medio de las especulaciones y pretenden llevarnos a un escenario de una gran devaluación. Es por ello que el gobierno nacional trabaja de forma activa en la implementación de medidas en defensa de las mayorías populares, lo cual se refleja en la administración del tipo de cambio en relación al dólar y en el programa Precios Cuidados que ayuda a la desaceleración del incremento de precios. Asimismo, estos economistas hablan de la caída de las reservas internacionales desconociendo el crecimiento de las mismas durante los últimos dos meses (incremento de alrededor de 1.500 millones de dólares).
Hoy, la disputa es entre dos modelos económicos y sociales, que se dirimirá políticamente. Esta disyuntiva entre desarrollo o dependencia, inclusión o exclusión depende de la voluntad y la conciencia popular en defensa de todas las políticas públicas para favorecer a las grande mayorías.
* Integrantes del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP)
El Papa de los refugiados
La visita de Francisco a Tierra Santa es un punto de inflexión en la historia reciente de Iglesia Católica.
Por José Cornejo
Lejos de la claudicación que representó el interminable pontificado de Juan Pablo II, Francisco escuchó y dio su apoyo a los refugiados sirios y palestinos.
Su saludo a los niños palestinos, bien vestidos pero con cicatrices en el rostro, fue impactante. Pero mayor relevancia tuvo la detención del papamovil frente al muro con que el Estado de Israel encierra a Palestina.
Francisco arriesgó más y le preguntó al jefe de la autoridad palestina, Mahmud Abbas, si aceptaría orar por la paz "en su casa en Roma", propuesta que el funcionario aceptó de inmediato. De esta manera, el presidente israelí Shimon Peres se vio obligado a aceptar la misma invitación.
El disgusto de las autoridades israelíes fue notable y lo expresaron en su discurso de bienvenida, que bien pareció un compendio de quejas. El primer ministro israelí Netanyahu, con rictus molesto, le ordenó al Papa que "esperamos que visite el Muro de los lamentos y rece por las víctimas judías del terrorismo en todo el mundo". Francisco se limitó a repetir el discurso pacifista y que había dado del otro lado de la frontera.
La gestión papal en Cercano Oriente dejó perplejo a la administración de Obama. El gobierno norteamericano seguramente se sentirá invadido en los que considera su esfera de intereses, pero tampoco tiene nuevas fórmulas que ofrecer al mundo árabe. Sobre todo luego de las carnicerías que desplegó en Irak, Afganistán y Libia y su responsabilidad en el financiamiento de los opositores en Siria.
El Papa latinoamericano parece querer inaugurar una nueva era en el rol del catolicismo planetario
“El mayor protagonismo popular va acompañado de la reaparición del pensamiento de Jauretche”
Entrevista al el historiador y militante popular Norberto Galasso, quien acaba de publicarJAURETCHE. Biografía de un argentino (Ediciones Colihue). “Él enseñó que los movimientos populares, generalmente policlasistas, tienen contradicciones y a veces errores, pero que hay que apoyarlos criticamente”.
Por Juan Ciucci
APU: ¿Cómo analiza que el pensamiento de Arturo Jauretche siga vigente?
Norberto Galasso: La vigencia de su pensamiento se relaciona con el período que vivimos a partir del 2003, en el cual se recuperan las banderas nacionales y populares. Pareciera que cuando los argentinos salimos de una crisis importante donde las mayorías populares han sido derrotadas, se empiezan a vivir momentos de búsqueda de la identidad nacional y de crítica al pensamiento de las minorías oligárquicas aliadas al imperialismo. Así ocurrió después del 55, en la época de los ´70, y ahora nuevamente, el mayor protagonismo popular va acompañado de la reaparición del pensamiento de Jauretche, pues él fue uno de los principales en enseñarnos a "pensar en nacional". Él entendía por nacional no el nacionalismo, sino "lo universal visto por nosotros", es decir, "ver el mundo desde aquí", que es lo que estamos intentando en estos días.
APU: ¿Cuál es su lugar en el marco de los pensadores nacionales?
NG: Jauretche se destaca por ser un polemista formidable y por su capacidad de desarrollar una pedagogía nacional fácilmente accesible a las masas populares. Y se destaca también por su combatividad y su lucha permanente, poniendo siempre "lo nacional" por encima de lo partidario
APU: ¿Cuál es el saldo que podemos extraer de su larga y conflictiva relación con Perón?
NG: Él enseñó que los movimientos populares, generalmente policlasistas, tienen contradicciones y a veces errores, pero que hay que apoyarlos criticamente; teniendo presente que el enemigo principal es el poder económico interno y externo que pretende convertir a la Argentina en una semicolonia. De ahí que haya apoyado al Yrigoyenismo y al Peronismo, actuando siempre con independencia y más de una vez criticado por su heterodoxia.
APU: ¿Considera que se le brinda el reconocimiento que merece?
NG: Recién en los últimos años ha comenzado ese reconocimiento: hay institutos y ateneos con su nombre, hay una facultad en Florencio Varela con su nombre, es citado por periodisats, intelectuales y políticos. En vida fue silenciado totalmente hasta que alcanzó el éxito de librería conEl medio pelo en la sociedad argentina de 1966, que alcanzó en pocos años más de quince ediciones
APU: ¿Existen en la actualidad personalidades o grupos que continúen su legado intelectual y político?
NG: Su legado ha sido retomado por intelectuales y políticos aunque él nunca dejó una organización política propia que lo continuase. Sus ideas circulan - a veces sin que los que las pronuncian recuerden a Jauretche- por la verdad que encierran. Por ejemplo, durante la discusión de la ley de Medios se escuchó comúnmente decir que la libertad de prensa es solo libertad de empresa, verdad que él ha sostenido muchos años atrás.
peronismo y socialismo
Y así en los tapiales, en las paredes, en
donde se hacía propaganda se
dibujaba un cerdo, después le
escribían Braden, y después se dibujaba a
Perón y se le dibujaba una flor
al lado.
…pero sí queremos vivir con dignidad y amor, queremos
mandar a nuestros
hijos calzados y vestidos a la escuela,
que estén forraditos por dentro y por
fuera, queremos vivir con dignidad y
amor, que nuestros esposos vivan felices,
que trabajen contentos, cantando, porque
nuestro país es de amor, de alegría
y de trabajo.”
Doña María, María Roldán, dirigenta sindical de los frigoríficos de Berisso.
Décadas antes que Silvio Rodiríguez en su canción Urgente para Nicaragua...cantaba que "el niño vaya sano a la escuela."
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