OPINION Derechas gemelas

Por Emir Sader

La derecha latinoamericana nunca estuvo tan débil. Pierde sucesivamente elecciones en países como Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, El Salvador. Nunca estuvo tanto tiempo desalojada del gobierno en esos países como ha estado en este siglo.

Las trasformaciones sociales llevadas a cabo por los gobiernos de esos países, los avances en los procesos de integración independientes respecto de Estados Unidos y la recuperación del rol activo del Estado han llevado al aislamiento de la derecha en la región.

Estados Unidos siempre ha jugado con la división y la competencia entre gobiernos de la región para mantener su poder. Fue así, por ejemplo, a lo largo de todo el proceso de renegociación de las deudas de los países, que nunca han logrado hacerla colectivamente.

Golpe durísimo en ese juego fue la sólida alianza sellada entre los gobiernos de Argentina y Brasil, con la elección de Lula y de Néstor Kirchner para presidir dos de los tres países más grandes de la región. Esa alianza, que nunca fue tan sólida entre Argentina y Brasil, es el eje a partir del cual los procesos de integración regional se consolidan y se expanden, factor del mayor aislamiento de EE.UU. en América latina.

Las derechas argentina y brasileña tienen enormes similitudes, porque ambas se han reorganizado alrededor de los dos gobiernos populares más importantes que han tenido esos países en el siglo XX: los de Perón y de Getúlio Vargas. Por ello son derechas elitistas, oligárquicas, racistas, antinacionales.

Es la derecha que intentó tumbar a Vargas en 1954 y lo llevó al suicidio. Es la que volteó a Perón en 1955 y llevó a la Argentina a iniciar el ciclo de acción de militares gorilas en la región. Es la derecha que dio finalmente el golpe en Brasil en 1964 e instauró la más larga dictadura en la región. Es la misma derecha que intentó hacer lo mismo en 1966 en Argentina, pero vio frustrado su golpe. Tuvo que volver a la carga en 1976, para cerrar el círculo de terror de las dictaduras en el Cono Sur.

Es la misma derecha que no se resigna a que sean gobiernos populares los que rescaten a Argentina y Brasil de los desastres producidos por la derecha –de las dictaduras militares a los gobiernos neoliberales–. De nuevo sienten que la promoción de los derechos de las grandes mayorías populares dan la base de sostén a esos gobiernos, de modo que profundizan su odio hacia ellos y sus bases populares.

Los pretextos son similares: la situación económica sería caótica, como si la que han dejado como herencia a estos gobiernos no fuera catastrófica. La corrupción, como si no fueran sus gobiernos militares y neoliberales los que han protagonizado los casos de corrupción más grandes de la historia de esos países, especialmente en los procesos de privatización de los bienes públicos.

Amenazan con nuevos golpes, con impeachment –procesos en que sólo ellos mismos creen–, porque no tienen confianza en obtener mayoría para triunfar en las elecciones, a pesar de contar con el monopolio de los medios de comunicación como su gran triunfo. Lo hacen como forma de intentar desgastar a los gobiernos de Cristina y de Dilma. No tienen formas democráticas, transparentes, de oponerse a los gobiernos de esas dos grandes mujeres latinoamericanas, mujeres de trayectoria, de coraje, de compromiso con la defensa de los intereses populares, de sus países y de América latina.

No tienen razones ni apoyo para cualquier intento de derrumbar a esos gobiernos. De lo que tratan es de poner obstáculos a que los programas sociales sigan adelante, superando las terribles herencias que han recibido de la derecha y consolidando cada vez más el apoyo popular a sus gobiernos.

Los medios internacionales suelen reflejar lo que la prensa de derecha de esos países publica diariamente, contribuyendo a difundir una versión falsa de lo que realmente pasa. Son poderosos grupos monopólicos mediáticos –que tienen en The Wall Street Journal, en el Financial Times, en The Economist, en El País algunos de sus órganos más conocidos–, que repercuten la guerra que las derechas latinoamericanas hacen diariamente, buscando crear imágenes internacionales negativas de esos gobiernos. Felizmente ya hay órganos alternativos que permiten que la verdadera cara no sólo de Argentina y de Brasil, sino también de Uruguay, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, de Cuba, puedan llegar a sectores cada vez más amplios de la opinión pública mundial.

El riesgo de polarizar en un sistema sin partidos

Por Martín Rodríguez La lógica de las presidenciales de la región fue la polarización. Su impacto en una Argentina donde prevalece la centralidad peronista.

Desde hace un tiempo la fórmula política está dictada por la región: polarizar la elección. Para eso se necesita un candidato capaz de encarnar la credibilidad de esa polaridad. Brasil mostró confrontación electoral y cautela en el inicio de la gestión: a la polarización (impulsada también por sus “rivales” ideológicos) le siguió el comienzo de un segundo mandato donde Dilma, como escribió Eric Nepomecuno en Página 12 el 18 de enero, “a la hora de elegir quién sería su ministro de Hacienda buscó nombres en la banca privada”. Lo cierto es que el fin de las vacas gordas de los commodities, la desaceleración económica, etc., coloca a la región y sus gobiernos ante desafíos más complejos, con hojas de ruta menos lineales. Entre las denuncias de corrupción y los aires ortodoxos en la economía brasileña, este segundo mandato de Dilma se inicia problemático. Veremos.

Mi hipótesis es que Brasil o Uruguay (dos países que tampoco reformaron la Constitución), a diferencia nuestra, tienen partidos o estructuras políticas que aseguran menos vértigo en sus transiciones internas. Leo a menudo politólogos interesantes como Andrés Malamud, que desestiman este lugar común de que “los partidos políticos no existen”. Perdón Andrés, y perdón a muchos que respeto, pero adhiero a ese lugar común, a riesgo de idealizar un pasado donde los partidos sí existían plenamente, y al país no le solucionaban nada. Y hago una salvedad: parte de la política argentina hoy está pendiente de lo que se resuelva en la convención radical de los próximos días. Si el peronismo se olvidó del partido para no olvidarse de la gente, el radicalismo, que se olvidó de la gente pero no del partido, ahora encuentra en eso su fortaleza. Hay otras excepciones: el Movimiento Popular Neuquino (MPN). Vale mencionarlo.

La preexistencia peronista ha sido para el kirchnerismo un atajo de gobernabilidad tanto como un punto muerto a la hora de construir la organización “propia”. El PJ asegura demasiadas cosas como para hacer el gasto de construir algo nuevo o alternativo a él. Hubo intentos, aburre nombrarlos (transversalidad, concertación plural, etc.), quedaron “ahí”, sobre todo porque la dinámica política hizo necesitar al gobierno de espaldas institucionales (gobernaciones, intendencias, sindicatos). ¿Es el peronismo (PJ) un partido? ¿Qué clase de estructura es? Ricardo Sidicaro lo definía como una coordinadora de gobernadores con “recuerdos en común”. La forma más rápida de advertir su forma está en la palabra Estado. Es un partido de Estado, aunque no sea sólo Estado.

Volvamos a la región. Lula no es Dilma, Pepe no es Tabaré, pero en cada caso hay una estructura partidaria que compensa los péndulos internos. Todos entienden la dimensión del cambio que significa pasar de Mujica a Tabaré, pero sin mortificarse ante un abismo. Rupturas y continuidades. La política argentina solucionó su crisis de representatividad con liderazgos fuertes e ideológicos (Kirchner, Macri), pero no su crisis de partidos, y no reformó la Constitución como para “eternizar” un liderazgo en el poder. Mucho liderazgo populista, pero la Constitución es la misma. Y ese desfasaje se sufre con todos los condimentos anotados en el horizonte: la herencia militante, la suerte judicial, los giros ideológicos.

Como dijo el ya citado sociólogo Ricardo Sidicaro sobre el 2001: “gritamos que se vayan todos y se fueron los partidos”, en la Argentina subsiste una idea que combina principios y estado gaseoso, ya que si bien los liderazgos ostentan líneas ideológicas, lo cierto es que la existencia de un partido funcionaría como contención pero también como límite, es decir, le daría a la política mayor previsibilidad. Un horror para el populismo teórico o para los asesores posmodernos. El kirchnerismo elogia la centralidad de CFK y la basa en un rasgo que para otros sería mortificante: nunca se sabe qué va a hacer, de qué va a hablar, por dónde va a salir. Ministros o funcionarios se enteran de cambios que los involucran mirando una cadena. Todavía resuena la pieza ochentona del “discurso de Parque Norte” como el momento wagneriano de los demócratas: un presidente, un Estado, un gobierno y un partido perfectamente distinguidos unos de otros. Pero no somos ilusos: los mejores momentos del bipartidismo soñado no fueron claves de éxito económico o social. Y el ordenamiento de centroizquierda y centroderecha con el que Alfonsín, Chacho Álvarez, Néstor Kirchner o CFK soñaron tiene un obstáculo en la centralidad del peronismo, que impone la reducción de ese sueño: centroizquierda peronista versus centroderecha peronista.

Para este 2015 Scioli intentó catapultarse como “candidato natural” previendo no sólo la captura de un voto por afuera del techo kirchnerista, sino también del voto kirchnerista silencioso. Apuestan al voto de los que quisieran un cambio moderado, y también un voto kirchnerista que confía en que el conservadurismo de Scioli es tal, que no desandará todo el camino de estos años. Pero en estos meses emergió un candidato nuevo: Randazzo. ¿Por qué Randazzo “mide” (aunque sea un poco más que los otros)? ¿Por su “pureza ideológica”? Más bien parece un peronista clásico, del interior de la provincia de Buenos Aires, con las dosis manejables de sentido común + progresismo adaptable + lenguaje llano + “en la economía… vemos”. Si su fuerza dependiera de representar al kirchnerismo auténtico medirían algo un Rossi o Domínguez, hombres con perfiles más culturalmente identificados con las ideas kirchneristas.

La virtud hasta ahora de Randazzo no viene de esas “garantías ideológicas”, sino de su contrario: construyó un perfil basado en “temas propios” (se apropió de los DNI y de la política ferroviaria), que revela también en una parte del voto sentimental kirchnerista la preferencia por alguien que no viene a hacer playback del relato sino también a mostrar un peso específico. No es que no sea kirchnerista (sino, al final, el kirchnerismo sólo resulta la identidad de los intelectuales de Carta Abierta). Randazzo es un político sencillo, menos diferente de Massa, Scioli o Macri de lo que se quisiera por más que su camino electoral incierto implique encarnar duramente esa polaridad deseada por el gobierno.

ECONOMIA PRESENTO UNA MOCION DE APELACION ANTE LA CAMARA DE NUEVA YORK Argentina jugó otra ficha por la deuda

Por Cristian Carrillo

El Gobierno envió ayer el escrito ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York para pedir que habilite una instancia de revisión a la orden de desacato dictada en septiembre último por el juez Thomas Griesa. La moción de apelación es en respuesta a la presentación de los fondos buitre para que se niegue a la Argentina esa instancia de defensa. Desde Economía explicaron que, si bien el desacato no tuvo efectos prácticos para el país, debe permitirse apelar esta singular orden del magistrado neoyorquino. En caso de que este tribunal acepte el pedido argentino, se abriría un nuevo plazo para fundamentar el rechazo a la decisión del juez Griesa. En el escrito elevado ayer se adelantan además algunos de los fundamentos –que se habían esgrimido en septiembre– contra la orden de Griesa, que viola los principios de igualdad e inmunidad soberana, dado que esta figura jurídica de desacato no sería aplicable a países por temas de deuda.

“En el escrito presentado hoy (por ayer), la Argentina refuta la moción de los fondos buitre, quienes de manera maliciosa y contradictoria con la propia campaña de difamación que iniciaron, ahora dicen que la Corte de Apelaciones no debería ni siquiera dar trámite a la apelación, ya que la declaración de desacato del juez Griesa no reviste ninguna importancia y no contiene ni sanciones monetarias ni ninguna otra consecuencia práctica”, señala el comunicado de Economía. El 29 de septiembre pasado el juez Griesa dictó el desacato al aprobarse en el país la Ley de Pago Soberano, a través de la cual el Congreso habilitó al Ejecutivo a utilizar un fideicomiso del Banco Nación para depositar los servicios de deuda para asegurar que los fondos lleguen a los tenedores de deuda argentina reestructurada y no sean trabados en las cámaras compensadoras que responden a las órdenes de Griesa.

Para Griesa, esa decisión violaba su fallo de 2012 sobre la controversial interpretación de la cláusula pari passu, a través de la cual se obliga al país a pagar unos 1330 millones de dólares en capital e intereses de sus tenencias en bonos en default que no fueron canjeados en 2005 o 2010. La orden de desacato no tuvo efectos prácticos. No obstante, “Argentina no va a dejar de cuestionar cualquier orden de un juez extranjero que opine y se entrometa ilegalmente sobre actos dictados por nuestro país como un Estado soberano”. “Resulta inadmisible bajo las reglas del derecho internacional público que un juez extranjero declare en desacato a la República Argentina por actos llevados a cabo dentro de su propio territorio y en estricto cumplimiento de las disposiciones de la propia Constitución Nacional y de leyes de orden público dictadas por el Congreso de la Nación”, detalla.

El bufete que representa al país hizo la presentación correspondiente al desacato, tras lo cual el grupo de fondos buitre que encabeza NML Capital, propiedad de Paul Singer, solicitó a la Cámara de Apelaciones neoyorquina que desestime el pedido argentino. Fue entonces que se fijó la fecha del 26 de febrero para que el país fundamente su pedido. El eje del escrito es que la orden de Griesa es contraria al principio de igualdad soberana y viola la inmunidad de la que goza todo país. La presentación explica que “la renuncia a la inmunidad consentida en los bonos emitidos en los ’90 no le confieren a la Justicia de Nueva York la facultad para revisar actos realizados por la Argentina en su carácter de Estado soberano en su propio territorio”. “De acuerdo con la propia opinión del gobierno de Estados Unidos, la legislación de dicho país no habilita a sus tribunales a siquiera analizar la validez de los actos de otros estados soberanos dentro de sus propios territorios, y mucho menos de dictar órdenes de desacato en relación con dichos actos soberanos”, ratifica el escrito jurídico.

En ese texto se anticipa también lo que sería la posición argentina ante la posibilidad de defensa que pueda habilitar la cámara. En esa situación, se reiterará que el país tiene el derecho de cambiar la jurisdicción de pago de su deuda siempre que se respeten las condiciones originales de la emisión (moneda, intereses y plazos). “La Argentina espera que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechace la moción de desestimación y proceda a analizar de manera completa la apelación presentada contra la orden de desacato de Griesa”, según el comunicado. La respuesta de la cámara demandará un mes.

EL JUICIO A LA APROPIADORA DE JAVIER PENINO VIÑAS, ANA MARIA GRIMALDOS En el camino de la verdad y la justicia

Por Alejandra Dandan

Antes o después, Carlos Viñas dijo lo que intenta transmitir cada vez que empuja un pedazo de papel en la Justicia. “Es muy importante que Javier, que está tremendamente presionado, sepa que es duro, que posiblemente me esté odiando, pero soy el tío y soy el hermano de la mamá –explicó–. Y tengo el deber, como lo tendrías vos en una situación parecida, de exigir esto: como ciudadano, exijo al Estado argentino que aplique una condena ejemplar a una persona que se fugó por 24 años. Que no es ajena a todo lo que estaba pasando. Desde que nosotros detectamos esto, se difundió, lo supo toda la familia.”

Carlos Viñas declaró en la segunda jornada del juicio oral por la apropiación de su sobrino, Javier Gonzalo Penino Viñas, hijo de su hermana Cecilia y de su cuñado Hugo Penino. El TOF 4 juzga en los tribunales de Retiro a Ana María Grimaldos, la mujer a la que Javier aún menciona como “madre adoptiva”, que es la esposa de Jorge Vildoza, segundo jefe de la ESMA, supuestamente muerto. Cecilia Viñas dio a luz en la ESMA a Javier en septiembre de 1977 y pocos años más tarde fueron apareciendo las primeras denuncias que indicaban que Vildoza se había robado a ese niño. Desde entonces, Carlos motoriza la búsqueda de Javier y más tarde impulsó las causas contra los responsables de su apropiación. En ese contexto es quien mantiene el vínculo más difícil con su sobrino, que defiende a Grimaldos.

Carlos declaró varias horas sobre el laberinto que lo llevó a buscar pistas en los lugares abandonados de Mar del Plata que podían haber sido centros clandestinos. Tragó saliva frente a quienes se le presentaban como espías y ofrecían pistas falsas. Fue, vino y volvió a ir a Paraguay cuando Stroessner protegía a los marinos. Buscó al sobrino en todos los colegios privados de Asunción. Recorrió el Borda, el Moyano y la Colonia Open Door porque la policía le dijo que buscara a su hermana entre los pacientes psiquiátricos. “La única cosa que se les ocurrió proponerme (la policía federal del año 1984) fue recorrer todos los centros psiquiátricos. Hasta que un día dije ‘no voy más a ningún lado, si no me voy a quedar en alguno’. Otros familiares y las Abuelas me daban fotos para que cuando yo estaba ahí viera si reconocía a alguna persona que no fuera mi hermana. Eso fue muy desgastante. Muy doloroso.”

Las llamadas

Cecilia llamó ocho veces a su familia entre el 21 de diciembre de 1983 y el 19 de marzo de 1984 desde algún lugar del infierno, con la voz partida, y como parte de un grupo de sobrevivientes que aún seguían cautivos. Pedía un rescate que nunca se concretó y preguntó por su hijo. “Me dijo que a Hugo no lo había visto desde el primer día del secuestro y me pidió encarecidamente que buscara a su hijo. ‘Buscame al nene’, me dijo –relató Carlos–. Y yo voy a salir recuperada y lo voy a buscar también’. Hoy, acá, estoy comprometido con eso.”

La cinta, la única llamada que la familia pudo grabar y pasó desde entonces por miles de juicios, ayer volvió a ser oída en la sala a pedido de los fiscales. Los jueces le preguntaron a Javier y a su abuela Cecilia Pilar Fernández de Viñas si querían quedarse a escucharla. Dijeron que sí. Cecilia habla en esa grabación con su madre. Su madre le dice “hijita”, yo estoy sola, puedo ir a cuidarte donde estés, y a tu hijo.

Carlos declaró varias horas y levantó poco los ojos. Sobre todo lo hizo buscando la cara de Javier. Le dijo que el juicio no era una “venganza”, sino un acto de “justicia”. “Estoy cumpliendo con una misión, con el compromiso que hice con los padres de mi sobrino y cumpliendo con mantener con vida la memoria. Estoy diciendo toda mi verdad.”

Javier golpeteó la mesa con la mano derecha. Lo hacía más rápido cuando algo no le gustaba. Más lento otras veces, como pensando. Viñas no habló demasiado del dinero de los Vildoza, del robo de bienes y las causas pendientes, pero algo dijo. En esos momentos los golpeteos eran más fuertes. “Tomo en cuenta cómo se sentiría él”, dijo Carlos. Y agregó cosas de tío: “Romper con la red urdida por los apropiadores es doloroso. Lo sé. Uno le saca el cuchillo a un chico para que no se lastime, capaz que se enoja, pero le estamos haciendo un favor”. O respondió también una pregunta de las defensoras. Le preguntaron si Javier le había pedido algo sobre Grimaldos. Carlos dijo que sí, que se habían encontrado hace un año y él le habló del agradecimiento que sentía hacia estas personas por cómo lo criaron. “Es un tipo que destila bondad, que reconoce, pero no es suficiente cuidar algo que te robaste y cuidar a alguien que te robaste de la panza de la mamá. Creo que es un proceso que él tiene que vivir y tiene que digerir y me duele mucho que me hagan forzar a decir cosas que lo hagan sufrir, pero esto es así.”

El médico

En la audiencia declaró también el médico que atendió a Javier cuando tenía cinco años. Pediatra de la clínica Santa Ana y dibujante de la revista Humor, Jorge Hipólito Meijide hizo una de las primeras denuncias en Abuelas. También declaró Guadalupe Penino, la hermana de Hugo, madre de cinco hijos, hoy adultos, embarazada de nueve meses cuando Cecilia estaba de siete meses. Guadalupe es la tía con más relación con Javier. Mantiene contactos desde que él recuperó su identidad, en 1998. Lo recibió a Javier en Mar del Plata varias veces. Una de las cuales llegó con una carta de Vildoza y un álbum de fotos, encabezada hacia su abuelo “estimado Reynaldo Penino”.

“Sé que no es fácil compatibilizar nuestros sentimientos recíprocos, aún más, es casi imposible. Pero eso no obstaculiza mi intención de expresarle mis mejores deseos para usted, hijos y nietos de que pasen una Muy Feliz Noche Buena, Navidad y que reciban en la mejor unión en nuevo año 2000.”

La abogada defensora de Grimaldos le preguntó a Guadalupe cómo era la relación de Javier con su abuelo Viñas, buscando mostrar que esos vínculos no se habían cortado. Que los promueven los Vildoza, en el marco de la idea de la solución sudafricana, de una verdad sin el proceso de justicia. En ese contexto, responsabilizan en todo caso a Vildoza, que está muerto, de la apropiación, pero no a Grimaldos, a quien presentan como quien crió a ese niño sin saber de dónde provenía.

–¿Cómo era la relación de Javier con el abuelo?

–Muy linda –dijo la mujer–, porque mi papá era una persona muy buena. Y cuando aparece Javier la alegría fue inmensa. El abuelo no quería hacer juicio. Te llames como te llames, decía, sos el hijo de mi hijo. Pero yo creo en la Justicia y me alegro de estar sentada en el tribunal.

PARA LANATTA Y COMPAÑIA.....

 EN LOS ULTIMOS QUINCE AÑOS, EN MEXICO, 103 PERIODISTAS HAN SIDO ASESINADOS Y 25 ESTAN DESAPARECIDOS

Noticias que no tienen quien las cuente

Por Gerardo Albarrán de Alba

Página/12 En México

Desde México D. F.

¿Qué tiene que pasar para que el mundo vea a México como lo que es: la tumba de los derechos humanos? La pregunta del periodista italiano Federico Mastrogiovanni queda en el aire frente a escritores, ensayistas y periodistas nacionales y extranjeros que el fin de semana participaron en una jornada de protesta organizada por PEN México, como parte de las actividades de la misión que realizó durante esta semana el PEN Club International.

El escenario no es alarmista ni mucho menos gratuito: en sólo ocho años, más de 162 mil personas han sido asesinadas y por lo menos 22 mil están desaparecidas. Y la prensa que debería contar estas historias está sometida a la censura criminal o a la autocensura de sobrevivencia. Plata o plomo ha sido la alternativa para muchos reporteros, fotógrafos y editores. Según cifras oficiales de la Procuraduría General de la República (PGR), en los últimos quince años, 103 periodistas han sido asesinados y 25 están desaparecidos.

La administración del priísta Enrique Peña Nieto debe garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa “antes de que la violencia se trague a la democracia mexicana”, advirtió el canadiense John Ralston, presidente del PEN Club International, ante senadores de la Comisión de Justicia, cuyo presidente, Roberto Gil Zuarth, del derechista Partido Acción Nacional, reconoció que el país padece la violencia criminal “en un contexto de debilidad institucional”.

México se hundió en una espiral de violencia que costó la vida de 121.683 personas en el sexenio de Felipe Calderón, entre 2006 y 2012. En los primeros 23 meses en Los Pinos del priísta Enrique Peña Nieto asesinaron a 41.015 personas. Dentro de estas cuentas, los casos de los periodistas asesinados y desaparecidos parecieran diluirse, pero según Ralston el 90 por ciento de los crímenes cometidos contra periodistas mexicanos queda impune, en gran medida debido a la “falta de voluntad política para lidiar con el problema”.

En la que fue la tercera misión de PEN Club International en este país por tercer año consecutivo, miembros de esta organización sostuvieron encuentros con senadores, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores. En conferencia de prensa, el escritor y ensayista John Ralston aseguró que en México existe una “no santísima trinidad” de corrupción, violencia e impunidad que “sólo va a resolverse cuando haya una masa crítica de investigaciones, arrestos, juicios y sentencias en contra de los responsables de las agresiones contra periodistas, y no sólo criminales o policías, sino también altos funcionarios”.

En la reunión con integrantes de la Comisión de Justicia del Senado de la República se presentó un reporte estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, el martes pasado. El registro abarca los 103 periodistas asesinados y los 25 de-saparecidos entre el 1º de enero de 2000 y el 31 de enero de este 2015, pero no incluye el creciente fenómeno de periodistas desplazados de sus lugares de origen ni mucho menos el exilio de una veintena de reporteros y fotógrafos que han debido huir del país –algunos con todo y familia– en busca de asilo en Canadá, Estados Unidos, España y Alemania, entre otros países.

Todo esto ocurre porque en México “hay una ‘no santísima trinidad’ de corrupción, violencia e impunidad que sólo va a resolverse cuando haya una masa crítica de investigaciones, arrestos, juicios y sentencias en contra de los responsables de las agresiones contra periodistas, y no sólo criminales o policías, sino también altos funcionarios”, dijo Ralston.

Al menos cinco casos han ocurrido en la administración de Peña Nieto, según datos de Reporteros Sin Fronteras. Para la Fiscalía Especial, Chihuahua y Veracruz son los estados más peligrosos, con 16 periodistas asesinados en cada Estado, seguidos por Tamaulipas, con 13, y Guerrero, con 11.

La postura de PEN coincide con el informe sobre derechos humanos presentado esta semana por Amnistía Internacional, en el que se denunció que los periodistas y defensores de derechos humanos en México continúan sufriendo hostigamientos, amenazas e incluso asesinato.

El presidente del PEN Club International dijo que la administración de Peña Nieto “ha malgastado por dos años el tiempo y el bienestar de su gente al pretender que podían lidiar con la crisis negando o apagando la discusión pública de la misma, como si fuera un problema de relaciones públicas”. Aun más, el gobierno mexicano rápidamente perdió “todo sentido de la realidad”, como lo demostró “de una manera inesperada” la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Previamente, el fin de semana, el PEN premió al periodista italiano Mastrogiovanni junto al reportero español Pablo Ferri, ambos por investigaciones periodísticas relacionadas con desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército mexicano. Una reportera mexicana fue premiada, pero debió permanecer en el anonimato, ante el riesgo que corre tras haber expuesto una red de prostitución dedicada a complacer al presidente del PRI en el Distrito Federal. También se reconoció a la oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica. El premio más emotivo se entregó a la escritora y periodista Elena Poniatowska, por toda su obra.

En realidad, no fue una celebración, sino un reclamo por libertad de expresión irrestricta y una protesta contra la corrupción sistémica que alienta los asesinatos y las desapariciones por todo el país. El tono de la acción “PEN pregunta” lo dio Mastrogiovanni: “Después de ver políticos grotescos que venden su país a empresas y criminales o empresas criminales; después de ver la mentira del Estado como única forma de hablarle al pueblo; después de ver a 43 estudiantes desaparecidos, a un Estado buscar respuestas inaceptables, ridículas, grotescas, para cubrirse después de practicar la tortura impunemente. Después de todo esto, ¿qué tiene que pasar para que dentro y fuera de este país se empiece a hablar de crímenes de lesa humanidad? Después de todo esto, ¿qué más tiene que pasar para que se empiece a ver a México y se le califique como lo que es: la tumba de los derechos humanos?”.

Poniatowska remató: “Quienes estamos aquí amamos a México y nos resulta imposible desligar este premio de las desapariciones de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y de la gran fosa en la que se ha convertido el Estado de Guerrero –dijo–. Gracias a los jóvenes y a sus marchas admirables, surge un movimiento que ya no es de desahogo, sino de rabia”.

Página 12

PD LEUCO, MAJUL VENTURA MORALES SOLA EMPLEADOS DE CLARIN Y LA NACION, A QUE LE TIENE MIEDO EN LA ARGENTINA?

GB

LA FISCAL INICIO LA INVESTIGACION POR LA DENUNCIA EN LA SI Los importados de Stiuso

Por Ailín Bullentini

La fiscal María Gabriela Ruiz Morales requirió ayer el inicio de la investigación sobre los ex agentes de Inteligencia Antonio Stiuso, Nicolás Mercado y Alejandro Patrizio por presunto contrabando, al impulsar la denuncia que contra aquellos tres presentaron Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, secretario y subsecretario de Inteligencia respectivamente, el lunes pasado. Las autoridades de la SI acusaron a los ex espías de utilizar en beneficio propio los regímenes especiales con los que cuenta el organismo para importar bienes sin pagar impuestos y evitando controles sobre las cargas. La fiscal solicitó al juez que entiende en la causa, Rafael Caputo, que investigara el posible encubrimiento del hecho por parte del ex secretario de Inteligencia Héctor Icazuriaga. Así lo había denunciado el miércoles ante el mismo Juzgado en lo Penal Económico, el número 3, el diputado radical Manuel Garrido. Caputo recibió el dictamen de Ruiz Morales y elaboró las primeras medidas: oficios a diferentes organismos del Estado, en su mayoría. Algunos ya fueron enviados y otros serán remitidos durante las primeras horas de hoy.

Ruiz Morales entiende en la causa a partir de su responsabilidad interina sobre la fiscalía en lo Penal Económico 6. El expediente llegó a sus manos el miércoles al mediodía. Más temprano, Caputo había citado a Mena para que ratificara la denuncia. El subsecretario aportó más documentos para respaldar la demanda. No fue el único testimonio que recabó Caputo aquella mañana: también llamó a Darío Galván, el agente de la SI a quien Parrilli habría encargado efectuar “un amplio relevamiento interno de las operaciones de importación”. Desde el Juzgado en lo Penal Económico 3 confirmaron el testimonio, aunque lo enmarcaron en la ratificación general del hecho denunciado.

“Así planteadas las cosas, teniendo en cuenta por el momento los dichos de los denunciantes y el testimonio prestado por Galván, es razonable conjeturar que el caso bajo examen giraría en torno del ingreso al país de mercadería de origen extranjero, documentado a nombre de la SI, cuyo destino resultaría incierto, invocándose y utilizándose falsamente el régimen de importación de material técnico secreto, bajo el amparo de la legislación vigente en la materia, hechos éstos que habrían tenido lugar, por lo menos durante los años 2013 y 2014, en un número por el momento indeterminado de destinaciones de importación”, dictaminó la fiscal, que además solicitó “numerosas medidas de prueba” que no trascendieron.

Fuentes judiciales confirmaron a este diario que Caputo ya comenzó a trabajar en esa línea a partir de una serie de medidas elaboradas que acabarán de ser puestas en funcionamiento en las primeras horas de hoy y que buscan determinar qué mercaderías integraron las 94 toneladas de importaciones en análisis, a quién fueron compradas y la responsabilidad de funcionarios o ex funcionarios de la SI. Se descartan, por el momento, citas testimoniales. Se trata, en su mayoría, de solicitudes de información, informes y datos a organismos estatales como la AFIP, la Aduana y la propia central de espías.

En la denuncia presentada el lunes, Parrilli y Mena mencionan el ingreso, libre de impuestos y promovido por personal entonces afectado a la SI, de 94 toneladas de material proveniente de Estados Unidos, Reino Unido, China, Japón, Corea, Holanda y Brasil, cuya naturaleza no fue controlada y cuyo destino dentro del organismo se desconoce. De manera provisoria, el requerimiento solicita impulsar la acción penal “con el fin de investigar la hipótesis” planteada por la SI contra los ex agentes por contrabando. En tanto, solicita indagar sobre “la eventual responsabilidad” de Icazuriaga en base a la ampliación que Garrido solicitó de la demanda de Parrilli. Según el diputado, en calidad de titular de la SI, Icazuriaga –que ocupó el cargo hasta diciembre pasado– no sólo tenía el deber de controlar las importaciones que realizaba la SI, sino que además tenía plenas facultades para dictar la normativa que considerase necesaria a efectos de impedir operaciones como las que dice Parrilli que se efectuaron”.

OPINION Tan lógica como difícil

 Por Mario Wainfeld

El rechazo total de la requisitoria del fiscal Gerardo Pollicita era y es la única resolución ajustada a derecho que podía dictar el juez federal Daniel Rafecas. La denuncia del fiscal Alberto Nisman, trágicamente fallecido, es irresponsable y carente de fundamento. Sin embargo, el contexto en que decidió Rafecas hacía muy difícil la decisión, que implica un grado de coherencia y coraje cívico que no abundan en los tribunales de Comodoro Py.

El fallo es rotundo y detallado. Se concentra en el dictamen de Pollicita. Suma material emanado del propio Nisman y allegado al expediente por la Unidad Fiscal AMIA.

---

Es sabido que hubo polémicas intensas en torno de la denuncia y sus supuestos fundamentos fácticos. El fallo los detalla, dando cuenta también del frondoso material periodístico de las últimas semanas.

Las alertas rojas, la intencionalidad presunta de un tratado aprobado por el Congreso, la imposibilidad de tentativa si no hay delito son algunos de los pilares de la resolución que se abordan en nota aparte. Para los fines de este análisis, que podrá ampliarse en días ulteriores, baste decir que una acción política hipotéticamente equivocada o aun perjudicial para los intereses nacionales no constituye de por sí un delito. Los delitos requieren “tipicidad”, como puntualiza Rafecas, o sea previsión estricta en el Código Penal.

Se habló y se seguirá hablando de “gravedad institucional” pero, como en tantas facetas de esta cuestión, se desvía el eje. Lo grave no es que se haya articulado un cargo tremendo contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller, un diputado nacional y otros “imputados”. La gravedad estriba en la insensatez de la acusación. En su delirante ligereza y desaprensión, que no resisten una lectura técnica seria.

---

La propia Vulgata opositora, tras la muerte de Nisman, fue atenuando su entusiasmo apriorístico sobre el dictamen. “No era lo que esperábamos”, “no tiene toda la prueba necesaria”, sinceraron periodistas opositores. Ningún jurista de nivel pasable para arriba se animó a bancarlo públicamente, pese a que el ecosistema mediático convalida casi cualquier discurso opositor por traído que fuera.

Una idea falaz, fuerte emocionalmente, comenzó a difundirse: la muerte de Nisman probaba la calidad del dictamen, lo revalidaba. No es así, desde ya. El argumento “cerraba” dando por probado el homicidio (lo que hasta ahora no está develado, para nada) y responsabilizando del mismo al Gobierno.

Otra versión insostenible es que el escrito de Nisman, poco consistente como acusación penal, sería muy interesante (o válida, o veraz) como denuncia pública. Así lo reencasillaron formadores de opinión o dirigentes políticos. Pero cuando un fiscal pone en acción la maquinaria penal no está actuando como un ciudadano que razona o exhibe la inconveniencia de una medida. Banalizar una acusación penal o justificarla a título de análisis interesante... en fin.

Poner en entredicho la labor profesional de Nisman no quita gravedad a su muerte. El dictamen está escrito, su texto “habla por sí mismo”: funda mal, no aporta evidencia conducente.

---

Pollicita había diluido en cierta medida la denuncia de Nisman. Dejó de lado los pedidos de indagatoria, reformuló argumentos que ya habían sido demolidos por críticas posteriores. Mantuvo la requisitoria, lo que le permitió estar en sintonía con la furia opositora.

Rafecas podía haber obrado de modo similar. Dejar fluir el expediente. Dar curso a algunas medidas de prueba pedidas, no a todas. Dejar que su producción se cumpliera con lentitud, lo que es casi inevitable porque son muchas y de compleja tramitación. “Hacer la plancha”, en lenguaje coloquial. El período electoral podía pasarse en ese trajín. El juez quedaría a salvo de posibles reproches. Seguramente, en las apuestas del mundillo judicial esa hipótesis debía ser la favorita, la que menos pagaría si ganaba.

Si se permite un minineologismo: Rafecas podía haber jugado “la gran Comodoro Py”. El arte de tantos fiscales o jueces federales: estar blindado teniendo un expediente en trámite. Las causas abiertas contra protagonistas de primer nivel son un recurso de poder. La espada de Damocles pende, he ahí su principal funcionalidad. Accionarla o no, ése es el modo de hacerse valer.

---

El recorrido de la decisión es minucioso, Rafecas suele serlo. Una perla dentro de un discurso redondo es la mención de un documento emanado del propio Nisman, aportado por la Unidad Fiscal AMIA. Se trata de un pedido de intervención al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La idea era exótica a las competencias del fiscal, un exabrupto. Hasta ahí, hay plena congruencia con la denuncia.

La diferencia, sideral, asoma cuando Nisman describe con muchos elogios la acción política del oficialismo en lo referido al atentado a la AMIA. La ensalza sin ambages. Ambos textos fueron escritos casi simultáneamente, lo que acentúa la incoherencia.

El documento, que estaba en la caja fuerte de la fiscalía, fue noticia de tapa en el diario La Nación. Se lo propuso como prueba de la desconfianza de Nisman hacia el Gobierno. Tal vez quien lo escribió no lo conocía en su totalidad.

---

Pollicita puede apelar la resolución y es clavado que lo hará. Al deducir el recurso debe, por lo menos, fundar los aspectos en los que critica a Rafecas. Puede “puntearlos” o redactar un planteo más extenso. Todo sugiere que optará por este último camino.

La Sala de Cámara que toque en suerte debería, entonces, fijar audiencia para que el fiscal de Cámara fundamente la apelación. Hablamos de Germán Moldes, uno de los punteros que motorizó la marcha del 18F. Los conocedores de tribunales aseguran que nadie puede esperar densidad o calidad jurídica de cualquiera de esos dos fiscales. Pero saben moverse en cancha embarrada, tienen la camiseta puesta y aunque no haya jogo bonito le pondrán garra y corazón. Ya se sabe para qué arco patean.

Vaticinar qué hará la Cámara es prematuro y hasta lanzado. La impresión, opinable, del cronista es que es muy difícil que un tribunal colegiado revoque la sólida decisión de Rafecas. El juez arrasó con la fábula: la denuncia está desnuda. Además será él quien imante la eventual ira de la oposición, corporativa o mediática. Otros magistrados podrán ser serios sin exponerse a virtuales diatribas.

---

Se expresó muchas veces en estas columnas, es pertinente repetirse. Rafecas todavía tiene pendiente un juicio político, promovido por consejeros de la Magistratura peronistas y radicales. Aquellos lo pusieron en el banquillo por haber investigado al vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone. Estos por haber llevado a juicio oral al ex presidente Fernando de la Rúa por las coimas en el Senado. Se trata de una penosa resurrección del bipartidismo, contra un juez que en ambos casos siguió su criterio, tomando los riesgos respectivos. Su conducta y trayectoria no merecían ni merecen tamañas sanciones, ni ahí.

---

Muchas investigaciones vinculadas siguen abiertas. La del atentado mismo, cuya dilucidación tardía es muy difícil. Es aconsejable la lectura de un reportaje publicado en el suplemento Las12 de este diario a Diana Malamud, referente de Memoria Activa. Viuda de una víctima, luchadora incansable, Malamud asume que su brega no tendrá fin aunque le parece muy difícil llegar a la verdad. El crimen es imprescriptible, no se pueden bajar los brazos aunque el horizonte sea muy estrecho.

Ocurre que hubo un designio político en los primeros años posteriores a la voladura: encubrir. Se ocultaron pruebas, se plantaron testigos falsos, se pagaron sobornos. El banquillo estará bien poblado. El ex presidente Carlos Menem, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex comisario Jorge Palacios, Rubén Beraja, ex titular de la DAIA, son los más pintados. Sus aliados de entonces quieren valerse de la denuncia de Nisman para instalar una nueva versión de la historia que escamotea, “indulta” esos hechos. La inminencia del juicio oral respectivo es una ocasión para profundizar, al menos, en esa parte de la trama.

También resta esperar y promover que “la Justicia” pesquise a fondo y resuelva con pruebas y credibilidad sobre la muerte violenta y dudosa de Nisman.

---

La sentencia de ayer es un alerta para los que narran la historia como el conflicto entre dos bloques rígidos o la pintan en blanco y negro. Rafecas no pertenece ni a Justicia Legítima ni a la viscosa cúpula de la Asociación de Magistrados ni al repudiable elenco de jueces de la servilleta. Es un magistrado profesional, joven relativamente, con una trayectoria valiosa. Su actuación desafía a los simplismos extremos.

Hasta en Comodoro Py se pueden encontrar jueces con convicciones, rigor profesional, formación y otros atributos que hay que tener. Ayer quedó comprobado.

mwainfeld@pagina12.com.ar

EL PAIS › LA DENUNCIA QUE HABIA PRESENTADO NISMAN CONTRA LA PRESIDENTA Y EL CANCILLER FUE DESESTIMADA POR EL JUEZ RAFECAS “Las hipótesis de delito no se sostienen”

Por Raúl Kollmann e Irina Hauser

“Inexistencia de delito.” Con esta lapidaria calificación, el juez federal Daniel Rafecas desestimó la denuncia originalmente presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque y otras personas por el supuesto encubrimiento del atentado contra la AMIA. El magistrado desmenuzó la documentación y las escuchas telefónicas de la denuncia, impulsada luego por el fiscal Gerardo Pollicita, señalando que nunca la Argentina redujo la presión sobre Irán para que declararan los sospechosos y que todas las gestiones fueron para que se mantuvieran las órdenes de captura. En el texto, el juez exhibió por primera vez dos documentos (ver aparte), guardados en una caja de seguridad y firmados por Nisman en diciembre pasado, en los que reivindicaba la política de la Presidenta y el canciller en el caso AMIA, señalando que tuvieron “el objetivo de siempre: sentar a los acusados ante el juez y, de este modo, permitir avanzar la causa hacia el juicio oral”. O sea que, en diciembre, Nisman firmó todo lo contrario de lo que firmó en enero. Como agregado, Rafecas analizó una por una las escuchas telefónicas, en las que se registran verdaderos grotescos (ver aparte).

La resolución de Rafecas sigue el mismo rumbo que el señalado por algunos de los juristas más conocidos del país: Raúl Zaffaroni, León Arslanian, Julio Maier o Luis Moreno Ocampo. Todos ellos coincidieron en que no existió delito alguno, porque ni siquiera llegaron a constituir actos de preparación: ni el Memorándum de Entendimiento con Irán entró en vigor ni se levantaron los alertas rojos, ni hubo intercambio de petróleo por granos ni se presentó ninguna pista falsa sobre el atentado para sacarles responsabilidad a los sospechosos iraníes.

Ahora, el fiscal Gerardo Pollicita debe resolver si apela lo decidido por Rafecas, y su recurso tiene que ser sostenido por el fiscal de Cámara, Germán Moldes. Este último debería excusarse, ya que fue cuestionado por los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA porque no sostuvo apelaciones en denuncias contra los funcionarios que armaron pistas falsas en la causa del ataque. Si Pollicita apela, deberá sortearse una sala de la Cámara Federal para que intervenga en el caso.

Comisión

Rafecas evaluó los puntos sustanciales de la denuncia de Nisman-Pollicita. Dice, por ejemplo, que una clave de la acusación es el memorándum y la Comisión de la Verdad creada por éste. Sin embargo, el juez señala que el acuerdo nunca entró en vigencia, la comisión nunca existió ni tomó medidas, por lo cual no “proyectó efecto jurídico alguno”. El juez se pregunta: “¿Cómo puede un instrumento jurídico que nunca cobró vida constituir un favorecimiento real, una ayuda material concreta prestada –en este caso– a prófugos de la Justicia argentina?” Lo que el magistrado quiso explicar es que para ayudar a los sospechosos iraníes no sólo hacía falta que el memorándum entrara en vigencia, sino que además se conformara la Comisión de la Verdad: nada de eso ocurrió.

“La barrera que separa las meras ideas y/o actos preparatorios del delito en sí mismo –sostuvo Rafecas– es un principio que distingue a un sistema democrático de uno autoritario: en dictaduras, estas barreras son arrasadas, y el poder punitivo cae con todo su peso no sólo sobre delitos, sino también sobre posibles vías de preparación e incluso ante la mera ideación o propuesta de un camino delictivo. Es lo que en Derecho Penal se conoce como el Derecho penal del enemigo, de matriz claramente inconstitucional.” Pero el magistrado remata sus conceptos con un razonamiento llamativo: si la firma del memorándum, con su cláusula sobre la comisión, “hubiese tenido una mínima connotación delictiva, debió ser denunciado por la propia Unidad Fiscal AMIA hace dos años, cuando se firmó, o cuando recibió respaldo en el Congreso de la Nación, convirtiéndose en ley un mes después”. Además, el juez afirma que el memorándum pasó por las manos de numerosos funcionarios de la Justicia Federal, que estudiaron y participaron de los amparos por inconstitucionalidad: el juez Canicoba Corral, el fiscal de Cámara, la propia Cámara Federal “ninguno le asignó una mínima connotación penal, sin perjuicio de que muchos de ellos tuvieron fuertes críticas y reparos a la estrategia diseñada en el marco del citado acuerdo”.

Alertas

La segunda base de la acusación de Nisman fue que la Presidenta y el canciller pretendieron levantar las capturas con alertas rojos emitidos contra los sospechosos iraníes. Rafecas enumeró una catarata de pruebas que indican lo contrario, empezando por la documentación enviada a Interpol exigiendo que los alertas no fueran levantados y siguiendo por las desmentidas del ex secretario general de Interpol Ronald Noble, entre ellas la publicada en forma exclusiva por Página/12.

El texto de Rafecas destaca que en la denuncia original de Nisman éste menciona en 15 oportunidades que los alertas rojos no se levantaron porque Interpol se mantuvo firme, pese a las supuestas gestiones del canciller por conseguir la anulación. “Estas afirmaciones de Nisman no se respaldaron con ninguna prueba. Ni una sola”, señaló el juez. En cambio, demuestra con documentación que ocurrió todo lo contrario de lo señalado por Nisman-Pollicita: que la Argentina, a través de Timerman, insistió siempre en que los alertas rojos no podían ni debían levantarse.

Rafecas dice:

- Cuando se notificó a Interpol de la firma del memorándum, el 15 de febrero de 2013, la Cancillería adjuntó una carta de Timerman en la que dos veces sostiene que los alertas rojos no se podían levantar y que esa facultad sólo la tenía el juez argentino.

- El juez cita al ex secretario general de Interpol Ronald Noble señalando que Timerman le pidió por escrito que la organización internacional de policía ratificara que no se levantaban los alertas rojos.

- Que Interpol contestó por escrito, en marzo de 2013, un mes y medio después de firmado el memorándum, que los alertas no se levantarían sin orden del juez.

- Que el reglamento de Interpol es claro: los alertas sólo pueden ser levantados por pedido de Interpol Argentina fundamentado en resolución de un magistrado.

- Rafecas transcribió en castellano y en inglés la declaración de Ronald Noble ratificando que Timerman fue dos veces a la central de Interpol a reafirmar que el gobierno argentino estaba comprometido “en un ciento por ciento” con los alertas rojos.

- En el fallo de ayer transcribió también la entrevista exclusiva de Página/12 a Noble, publicada el 18 de enero, en que el funcionario norteamericano, ex jefe de los Servicios de Inteligencia de Estados Unidos, sostiene que “lo afirmado por Nisman es falso”.

- Idéntico contenido tiene otra entrevista a Noble publicada por The Wall Street Journal.

- Rafecas señala que para Interpol el memorándum fue un paso adelante y que Noble se había ofrecido como mediador. Por eso, era obligatorio informar a Interpol del acuerdo, pero que eso no permitía ninguna alteración de los alertas rojos.

Por último, el juez estima que Irán tenía la expectativa de que se levantaran las alertas rojas. Como no se logró, se desinteresó del memorándum y nunca lo aprobó.

El juez señala también la contradicción entre lo que manifiesta la declaración del fallecido periodista José Eliaschev y lo que escribió en el diario Perfil. En la publicación, el periodista asegura que en un documento interno de la cancillería iraní, se informaba que “el gobierno argentino habría renunciado a llevar ante la Justicia al actual ministro de defensa Ahmad Vahidi” y agrega que “para la Inteligencia iraní ya es un hecho que el ministro de Defensa ya puede viajar al exterior sin problemas y que incluso, si una tercera parte demandara la extradición de Vahidi, la Argentina lo rechazaría”.

Rafecas cuenta la tentativa de uno de los prófugos –Ahmad Vahidi– de visitar Corea en mayo de 2014. La Cancillería le contestó automáticamente a su par de Corea que si el viaje se concretaba, debían de inmediato detener a Vahidi y la Argentina pediría la extradición. “No fue el fiscal, sino la Cancillería la que hizo saber a Corea de la posición argentina de pedir la captura.”

En cualquier caso, Rafecas redondeó señalando que no existe ningún sustento para afirmar que la Argentina intentó aliviar la situación de los iraníes y que, por el contrario, insistió una y otra vez en que se mantuvieran las capturas.

Rafecas indica que en el interrogatorio que le hizo Nisman a Eliaschev, el periodista no pudo dar información concreta que permitiera al menos corroborar la veracidad o la existencia del documento, su origen, si era copia o quién y con qué exactitud lo había traducido del farsi.

Nombres

Con la refutación de los dos elementos centrales de la denuncia, el juez dio por probada la inexistencia de delito. “Ha quedado claro que ninguna de las dos hipótesis de delito sostenidas por el fiscal Pollicita se sostiene mínimamente”, señaló. Aun así, Rafecas decidió avanzar sobre otros aspectos contenidos en la denuncia y que no tienen que ver con hechos que pesen en la evaluación delictiva. Por ejemplo, analiza las famosas escuchas telefónicas utilizadas por Nisman en su denuncia (ver aparte). Aunque toma las escuchas referidas a cada uno de los imputados por Nisman, lo sustancial tiene que ver con los tres protagonistas centrales de la denuncia: la Presidenta, el canciller y el diputado Larroque. Por supuesto que no existe ninguna escucha en la que aparezcan la Presidenta ni el canciller ni Larroque. Respecto de la mandataria, Rafecas sostiene que Nisman suprime todas las declaraciones de CFK a lo largo de los años de su presidencia exigiendo a Irán que responda por el atentado. Nisman evalúa –sin pruebas– que eran “puestas en escena”. En cambio, Nisman consideró de importancia una escucha del falso espía Allan Bogado en que éste dice “el canciller cumple orden, orden, orden y orden”, con lo que se infiere que responde a lo que le indica la Presidenta. Se hablaba del memorándum. “Se trata de una escucha inocua”, evalúa Rafecas. La otra escucha en la que se menciona a CFK tiene que ver con Luis D’Elía. Este afirma que habló con Julio De Vido sobre el intercambio de cereales y carne por petróleo. “Esto viene del más alto nivel, la reunión la pidió la jefa”, le dice D’Elía a Jorge Khalil, representante de la comunidad chiíta. Como ya se sabe, aquel intercambio nunca se materializó y es público que Argentina ni siquiera tenía chances de comprarle crudo a Irán, dado que no se puede refinar ese crudo en el país.

“No hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual jefa de Estado respecto –aunque sea– a una instigación o preparación (no punible) del gravísimo delito de encubrimiento por el cual fuera no sólo denunciada sino también su declaración indagatoria requerida, delito que, además, y como ya expuse previamente, no existió, en ninguna de las dos hipótesis planteadas por el Dr. Pollicita en su requerimiento de instrucción”, concluyó el juez. Respecto del canciller Timerman, la cuestión es aún más categórica: “A lo largo de las miles de líneas de conversaciones escrutadas durante años, no surge una sola mención, una sola referencia, una sola gestión, una sola participación, ni del canciller argentino ni de absolutamente nadie de la cartera que conduce”.

L PAIS › EDUARDO “WADO” DE PEDRO, EL NUEVO SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA Desde HIJOS a la Casa Rosada

Por Julián Bruschtein

Eduardo De Pedro, hijo de desaparecidos, abogado y militante peronista y de derechos humanos. Esos son algunos de los aspectos que resaltan del flamante secretario general de la Presidencia, que tiene 38 años y es uno de los fundadores de la agrupación La Cámpora. Es un entendido en la enredada vida interna política de la Justicia. Su militancia comenzó en los organismos de derechos humanos y luego continuó en la universidad, mientras estudiaba la carrera de Derecho. A la vez, trabajó y e hizo política en la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN). Como funcionario pasó primero por la vicepresidencia de Aerolíneas Argentinas y fue electo diputado por el Frente para la Victoria en el 2011.

La militancia de Eduardo “Wado” De Pedro empezó al acercarse a HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), que nucleaba a los hijos de desaparecidos, presos y exiliados políticos. La agrupación nació a mediados de los ’90, luego de que el gobierno de Carlos Menem bloqueara definitivamente la búsqueda de memoria, verdad y justicia con la firma del indulto y cuando los hijos de desaparecidos comenzaban a hacerse adultos.

Nacido en la ciudad de Buenos Aires, se reconoce mercedino, donde fue criado por su familia. Su padre, Enrique De Pedro, era militante de la Juventud Universitaria Peronista en la Facultad de Derecho donde estudiaba. Desa-pareció el 22 de abril de 1977. Su madre, Lucila Révora, fue secuestrada el 11 de octubre de 1978. Estaba embarazada de nueve meses. Wado estaba presente cuando los militares entraron, tirando, a la casa de Floresta y la hirieron. A él, que tenía dos años, lo dejaron con los vecinos, pero por la noche pasaron a buscarlo en un Falcon. Estuvo en cautiverio unos meses hasta que su familia logró encontrarlo y se crió a la par de tíos y primos en la localidad bonaerense de Mercedes.

El interés por la política lo fue llevando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires a acercarse a Mariano Recalde, otro de los fundadores La Cámpora, y la agrupación que conducía, NBI. Comenzó luego a trabajar y militar en la UEJN, que todavía conduce el ahora moyanista Julio Piumato. El 19 y 20 de diciembre del 2001 salió a la calle para intentar acercarse a la Plaza de Mayo al ver la represión que había sobre las Madres de Plaza de Mayo que protestaban por el estado de sitio decretado por el presidente Fernando de la Rúa. En aquella ocasión denunció que fue secuestrado y torturado con una picana portátil en un patrullero de la Policía Federal. Casi escapó, pero los oficiales logararon recapturarlo. Lo mantuvieron en el vehículo a fuerza de trompadas y culatazos, hasta que la patrulla chocó con un taxi. La llegada de una ambulancia y la intervención de los médicos hizo que pudiera salir y fue internado en el Hospital Argerich.

Se graduó como abogado en la UBA y tiene un posgrado en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés. Su militancia en HIJOS lo acercó al kirchnerismo ante el avance en las políticas de derechos humanos que llevó adelante desde el 2003 el gobierno de Néstor Kirchner y así conoció a Máximo Kirchner. Fue parte del grupo inicial de militantes que formaron La Cámpora, como Recalde, Andrés “Cuervo” Larroque, José Ottavis y Juan Cabandié. Su primera responsabilidad institucional fue en 2009, cuando fue designado vicepresidente de Aerolíneas Argentinas acompañando a Recalde, una vez que se reestatizó la aerolínea de bandera. En las elecciones de 2011 fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, cargo que desempeñó hasta ayer, cuando fue designado secretario general de la Presidencia para reemplazar a Aníbal Fernández.

Como legislador nacional, integró el Consejo de la Magistratura en representación del oficialismo. Allí presidió la Comisión de Selección y Escuela Judicial. A su vez, en la articulación entre la agrupación kirchnerista y el Partido Justicialista (PJ), fue designado el año pasado en el congreso nacional del PJ que se realizó en Parque Norte como uno de los cuatro vicepresidentes. También fue nombrado apoderado del PJ bonaerense, que encabeza el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Como diputado integró las comisiones de Justicia, Juicio Político, Peticiones, Poderes y Reglamento y la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. En el Parlamento, presentó proyectos como la indemnización a las víctimas de la voladura de la fábrica de Río Tercero, la creación de un Plan Nacional para la Lucha contra la enfermedad del Alzheimer y una iniciativa para dejar sin efecto la declaración de “sujetas a privatización” las Fábricas Militares del Estado. También impulsó las iniciativas de regulación de la portación de armas, la ampliación de la licencia por paternidad y el establecimiento de Pautas Rectoras para las Modalidades de cuidados de niños y adolescentes sin cuidados parentales.

Rafecas: "El Gobierno agotó todas las instancias para que la causa AMIA avance en Argentina"

El Gobierno "agotó todas las instancias para lograr que la causa de investigación por el atentado a la AMIA avance en la Justicia argentina", puntualizó Daniel Rafecas, un día después de haber decidido no impulsar la investigación contra la jefa de Estado, tras ser acusada por presunto encubrimiento a los iraníes acusados del estallido del edificio de la calle Pasteur, a través del Memorándum de Entendimiento con Irán, que nunca entró en vigencia.

En este sentido, aclaró que "la futura entrada en vigor del acuerdo (entre la Argentina e Irán) de ninguna manera tenia que poner en riesgo el status de las órdenes de captura y que el único que lo podía hacer era el juez de la causa, esto además fue refrendado por el propio Ronald Nobel, secretario general de Interpol, no una, sino por lo menos tres veces ante distintas consultas que se le hicieron públicas".

Para Rafecas, "las órdenes de captura nunca estuvieron en peligro, y el gobierno argentino siempre fue firme y consistente en defender y sostener esas órdenes de captura". "Si hay algo que prueba la evidencia presentada ante este juzgado, es exactamente opuesta a lo que sostenía Nisman", subrayó el juez.

"En este caso estoy convencido de que el Gobierno argentino por lo menos no hay absolutamente ninguna evidencia que revele que tenía alguna intención de perturbar, afectar o encubrir la labor de la Justicia argentina, sino al contrario, que agotó todas las instancias para lograr que la causa de investigación por el atentado a la AMIA avance", señaló en declaraciones a la agencia Reuters, replicadas por Télam y DyN."

TROIKA.....MENEMISTA

Puede fallar: a la mañana Majul aseguró que Rafecas confirmaría la imputación

Unas 11 horas antes de que el juez Rafecas desestimara la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Kirchner, Luis Majul aseguraba que el juez federal iba a "convalidar la imputación contra la Presidenta". La (fallida) información de Majul provino de "dos altas fuentes".

Andrés Brown Redacción En Orsai // Jueves 26 de febrero de 2015 | 13:48

Al juez federal no le queda otra alternativa que convalidar la imputación contra la Presidenta por el delito de encubrimiento en el atentado contra la AMIA

"Anque Daniel Rafecas no adelantó lo que iba a hacer ni siquiera a su familia, dos altas fuentes que transitan los pasillos de Comodoro Py y que están vinculadas con la causa vaticinaron que al juez federal no le queda otra alternativa que convalidar la imputación contra la Presidenta por el delito de encubrimiento en el atentado contra la AMIA". Así arranca la nota que el periodista Luis Majul publicó hoyen el diario La Nación, horas antes de que el juez Daniel Rafecas desestimara la denuncia.

Bajo el título "La Presidenta y Rafecas, entre la espada y la pared", Majul afirmó tener sólo una duda respecto a la decisión de Rafecas.

"La duda que manifestaron es si Rafecas lo hará antes o después del último discurso de Cristina Fernández para abrir las sesiones ordinarias del Congreso, el próximo domingo, 1° de marzo", reveló Majul.

Horas después, el juez federal Daniel Rafecas desestimó la denuncia del fiscal Alberto Nismancontra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuesto encubrimiento a los imputados iraníes en la causa AMIA.

El juez decidió que no hay elementos necesarios en la denuncia del fallecido titular de la Unidad Especial AMIA, para abrir una investigación contra la Presidenta de la Nación, no haciendo lugar al dictamen del fiscal Gerardo Pollicita.

La duda que surge, entonces, es si la información de Majul resultó simplemente fallida (puede pasar), o si respondía más a una mezcla de deseo, operación y presión al juez Rafecas.

Sobre el final de la nota, Majul ensayaba una defensa anticipada de Rafecas por la decisión que, asumía el periodista, el juez iba a tomar en contra de Cristina Kirchner.

"La lógica de atenerse a los hechos para impulsar o desestimar una investigación es también la que seguiría Rafecas en el caso de convalidar las imputaciones que decidió Pollicita, sin que el antecedente de su recusación en la causa Ciccone por haber intercambiado mensajes de texto con el abogado del vicepresidente Amado Boudou influya de alguna manera", remataba, en una especie de enaltecimiento del juez.

AH SI? PEERO

Declaraciones al diario el país

Diego Lagomarsino: "Todas las hipótesis se me mezclan"

El informático Diego Lagomarsino, único imputado en la investigación sobre la muerte de Alberto Nisman, aseguró que considera las tres hipótesis que se trabajan en el caso: suicidio, suicidio inducido y asesinato. "Siempre pienso en las tres. Y todas se me mezclan", dijo en una entrevista con el diario español El País.

Desmentida - El operador informático desmintió un vínculo íntimo con Nisman.

El informático Diego Lagomarsino, único imputado en la investigación sobre la muerte de Alberto Nisman, aseguró que considera las tres hipótesis que se trabajan en el caso: suicidio, suicidio inducido y asesinato. "Siempre pienso en las tres. Y todas se me mezclan", dijo en una entrevista con el diario español El País.
Además, se preguntó por qué en el arma con la que se efectuó el disparo que mató al fiscal no estaban sus huellas dactilares ya que la pistola calibre 22 era de su propiedad y él mismo se la había dado a Nisman el día anterior. "Deberían estar mis huellas", afirmó.
Lagomarsino relató también quehabía heredado el arma en 2002. "Vino por medio de un familiar y yo quería comenzar a tirar. La realidad es que la usé dos veces en esa época y estaba en desuso", dijo.
Acerca de su relación con Nisman, Lagomarsino contó que lo conoció "a través de un amigo común" porque el fiscal "tenía un problema en su computadora personal". "Quedamos ligados a través de una relación comercial", aseguró.
En ese punto, negó que tuviera una relación homosexual con Nisman: "Confirmo que no", dijo. "Uno, cuando tiene una relación de tanto tiempo, no es un amigo ni tampoco es un jefe", consideró.
También relató cómo fueron los días posteriores a la muerte de Nisman, y aseguró que esperaba "una señal" sobre qué pasó en el departamento del fiscal. "Recuerdo una noche que estuve mucho tiempo sin dormir, que me acostaba y me quedaba mirando el techo. Estuve así unos 10 o 15 días. Y una noche dije: 'Alberto: si podés, aparecete y decime qué pasó.' «

PD POOOOBRE EL QUE SE IBA DE VIAJE A DYSNEY........QUE INOCENTÓN.....

Los presidenciables optaron por el silencio Desorientada, la oposición se dividió entre el ataque y el "respeto a la justicia"

Bullrich y Alonso dijeron ser "institucionalistas". Pero presionaron a Pollicita para que apele. Morales y Carrió, duros contra Rafecas.

Dupla - Alonso y Bullrich, dos impulsoras de la ofensiva de Nisman contra CFK.

La decisión del juez Ariel Rafecas de desestimar la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, que retomó su par Gerardo Pollicita con su imputación a la presidenta, cosechó críticas por parte de varios legisladores de la oposición, en medio del silencio de los principales referentes de las fuerzas antikirchneristas con aspiraciones presidenciales.
A contramano de sus declaraciones de las últimas semanas, las macristas Patricia Bullrich y Laura Alonso, dos de las propaladoras de la ofensiva de Nisman contra Cristina Fernández, optaron ayer por evaluaciones moderadas. En el otro extremo, Elisa Carrió, una de las últimas adquisiciones políticas del PRO, afirmó que la resolución del magistrado le dio "asco moral" ya que "denota el mutuo pacto de impunidad que selló con la presidenta".
Con decibeles parecidos, la legisladora porteña Graciela Ocaña expresó vía Twitter "vergüenza" porque "tenemos un fiscal muerto por la denuncia realizada contra CFK y el juez Rafecas rápidamente la desestima".  "¿Cómo es posible que se desestime una denuncia sin impulsar ninguna medida requerida por el fiscal Pollicita?", se lamentó.
Bullrich señaló que su fuerza "respeta" la decisión de Rafecas. "Respetamos su decisión, somos institucionalistas, no dividimos el mundo en jueces buenos y malos de acuerdo a sus sentencias", indicó. Y consignó que aguarda una eventual "apelación" de Pollicita. "Y lo que dice la Cámara", agregó.
"Los primeros indicios plantean que, como la Comisión de la Verdad (NdR: prevista en el Memorando con Irán y que estará integrada por expertos extranjeros) no se reunió y las notificaciones rojas (de Interpol para la captura de los iraníes sospechados por la voladura a la AMIA) no se levantaron, el hecho deviene abstracto", sostuvo Bullrich.
Alonso transitó una senda parecida. "Respeto la decisión de Rafecas. El fiscal puede apelar. Decidirá si se avanza o no el tribunal superior" posteó la legisladora vía Twitter. "La decisión NO (sic) anula la denuncia de Nisman", remarcó.
 Para la diputada del GEN Margarita Stolbizer, la denuncia de Nisman "tenía elementos que justificaban la apertura de una investigación", tal como solicitó Pollicita.
Desde el radicalismo, el senador Gerardo Morales y el diputado Manuel Garrido no se manifestaron sorprendidos por la decisión judicial. "(Rafecas) es el mismo juez que cajonea una contundente denuncia por enriquecimiento ilítico de (el jefe del Ejército César) Milani", subrayó el jujeño. En tanto, el ex fiscal señaló que el fallo será "apelado" porque tiene "algunos puntos debatibles".
Federico Pinedo, diputado del PRO, expresó: "Una cosa no acuerdo con Rafecas: sostener que no hay encubrimiento porque el convenio con Irán no se aprobó (NdR: el Congreso argentino lo aprobó y resta que lo haga el iraní). Puede haber encubrimiento y fracaso."
Tan temerarias como previsibles fueron los dichos de Carrió. En Twitter y en una extensa entrevista con TN, del Grupo Clarín, dijo: "Lamento lo del juez Rafecas, que escribió un libro sobre el Holocausto. No podrá hablar más sobre el tema en los claustros universitarios." Y abundó que "la resolución de Rafecas da asco moral y denota el mutuo pacto de impunidad que selló con la presidente". «

Bullrich y Lanata presionan a Pollicita y le ordenan que apele la decisión de Rafecas

(APRETANDO? NAAAAAHHHH)

La zigzagueante diputada que ahora milita en las filas del macrismo le marcó la cancha al Fiscal que había impulsado la denuncia de Nisman. Lo mismo hizo el periodista estrella de Canal 13.

Redacción En Orsai // Jueves 26 de febrero de 2015 | 13:52

Sabemos que Rafecas está en una posición particular. Nadie te lo va a decir en ON, pero los jueces federales te lo dicen

"Imagino que el fiscal insistirá e irá a la Cámara", disparó Pato Bullrich desde la pantalla de TN. Minutos más tarde, por el mismo canal, Jorge Lanata hizo lo propio: "Imagino que Pollicita apelará la decisión".

La presión de los medios y la oposición sobre la Justicia está desbocada. El hostigamiento es directo sobre el accionar del Fiscal Pollicita, amigo de Nisman e impulsor de la causa que desestimó Rafecas.

"Los fundamentos son que el hecho no se terminó de concretar", lanzó Bullrich quien después aseguró: "No leí los fundamentos". Notable contradicción en menos de cinco minutos.

"Tienen miedo de ir presos", es la tesis de Lanata que también aseguró que Rafecas está alineado por el kirchnerismo y que es acosado por varias causas judiciales. Es notable el evidente discurso que implica que si un magistrado avanza contra la Presidenta de la Nación, es independiente, si no pide la cabeza de Cristina, es kirchnerista. Burdo.

"Sabemos que Rafecas está en una posición particular. Nadie te lo va a decir en ON, pero los jueces federales te lo dicen", agregó Lanata.

Clarín y sus empleados tanto de los medios como los de la Cámara de Diputados presionan a la Justicia. Bullrich, que días atrás denunció injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial por la convocatoria a Pollicita al Congreso, debería recordar que ella misma forma parte del Poder Legislativo cuando le pone condiciones a un fiscal.

Caída la negociación con Pino, Massa se alió con el partido de Castells en Capital

FRENTE RENOVADOR Y PIQUETERO.

Una vez fallida las negociaciones con Proyecto Sur, el massismo inscribió el “Frente por Buenos Aires”, una curiosa alianza con el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, del piquetero Raúl Castells. Massa no logra hacer pie en la Capital.

Andrés Brown Redacción En Orsai // Jueves 26 de febrero de 2015 | 14:23

Si gana Massa y no hace las cosas bien, y hay que hacer movilizaciones o piquetes, lo vamos a hacer

El massismo inscribió hoy ante el Tribunal Superior de Justicia porteño la alianza “Frente por Buenos Aires” para competir en las primarias de abril, luego de no cerrar un acuerdo con Proyecto Sur de Fernando “Pino” Solanas.

El Frente Renovador de Sergio Massa finalmente se inscribió para las elecciones porteñas en una llamativa alianza con el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), del dirigente piquetero Raúl Castells.

Tras las fallidas negociaciones con Proyecto Sur de Pino Solanas, el massismo inscribió esta mañana el “Frente por Buenos Aires” ante el Tribunal Electoral. Además del MIJD de Castells, integran la alianza los partidos PARTE (de Alberto Fernández), UNIR (del diputado Alberto Asseff) y Unión Popular (del diputado Marcelo D'Alessandro).

Según indicaron desde el massismo, "todavía no está definido" quién será el candidato a Jefe de Gobierno.

Quien acercó el partido de Castells al Frente Renovador fue Rodolfo Llanos, que es precandidato a legislador.

El Frente Renovador de Sergio Massa finalmente optó por una llamativa alianza con el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), del dirigente piquetero Raúl Castells.

Tras las fallidas negociaciones con Proyecto Sur de Pino Solanas, el massismo inscribió esta mañana el “Frente por Buenos Aires” ante el Tribunal Electoral. Además del MIJD de Castells, integran la alianza los partidos PARTE (de Alberto Fernández), UNIR (del diputado Alberto Asseff) y Unión Popular (del diputado Marcelo D'Alessandro).

Según indicaron desde el massismo, "todavía no está definido" quién será el candidato a Jefe de Gobierno, pero podría ser el ex legislador Diego Kravetz.

El casting capitalino de Massa incluyó a Martín Redrado, Roberto Lavagna, Graciela Ocaña, José María Campagnoli y hasta el fallecido economista Tomás Bulat. Pero ninguno se consolidó.

Quien acercó el partido de Castells al Frente Renovador fue Rodolfo Llanos, que es precandidato a legislador.

Aunque en 2008 Castells decía de Sergio Massa que es “un candidato ideal para los que se dedican a hacer marketing político”, ahora la situación parece ser distinta.

Sabiendo que son portadores de proyectos bien distintos, días antes de confirmarse la alianza Nina Peloso fue consulta sobre las posibles desviaciones de sus caminos una vez que Sergio Massa esté en el poder.

Y Nina declaró: “si gana Massa y no hace las cosas bien, y hay que hacer movilizaciones o piquetes, lo vamos a hacer. Si no cumple con su palabra, vamos a movernos. Si acordamos ir por un camino y se desvía, ahí estaremos para marcarle lo que está mal”.