Dos testigos que declararon en el juicio por los delitos de lesa humanidad que se cometieron en Junín durante la última dictadura señalaron distintos tipos de intervenciones de la Sociedad Rural en el circuito represivo. Uno de los testigos fue el periodista Héctor Pellizzi, autor del libro El orden de las tumbas, una investigación sobre los años del terrorismo de Estado en esa localidad bonaerense. Durante su declaración explicó que después del 24 de marzo de 1976 “se llevó a cabo una reunión de las denominadas fuerzas vivas de Junín en la sede del club social, y allí se votó pedir el fusilamiento de los catorce detenidos, que se encontraban en la cárcel en construcción”. Y precisó que la “votación salió empatada cuatro a cuatro, y uno de los que se pronunció en favor de la ejecución fue Jorge Cogorno, presidente de la Sociedad Rural”.
Los testimonios se produjeron en el marco del primer juicio de lesa humanidad que se lleva adelante en Junín. Está a cargo del TOF 1 de La Plata, integrado por Carlos Rozanski, Pablo Vega y César Alvarez. Son juzgados el ex militar Angel José Gómez Pola y seis ex policías: Edgardo Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Angel Estelrich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Angel Almirón y Aldo Antonio Chiacchietta. Y están investigando el secuestro y desaparición de 24 personas, entre ellos militantes del MID (el Movimiento de Integración y Desarrollo de Rogelio Frigerio), del peronismo, del PC, y parte de una cooperativa, entre los que había artistas, poetas y titiriteros.
El juicio se hace en el rectorado de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, los testimonios son seguidos por los diarios locales con coberturas cotidianas y las audiencias están permitiendo que “la sociedad pueda revelar públicamente muchas de las cosas que hasta ahora no se decían, críticas a la sociedad y a las organizaciones intermedias de la época y empiezan a surgir datos sobre horrores que no se conocían o se conocían muy poco”, explica el fiscal Hernán Schapiro, a cargo de la acusación. “Nosotros estamos pidiendo al tribunal que remita todos los registros de los que puedan surgir elementos a la primera instancia para que se abran investigaciones si los fiscales lo consideran procedente sobre cómo profundizar las líneas de análisis más allá de lo que está en este juicio.”
En la última semana hubo dos declaraciones movilizadoras. Una de ellas fue la de Benito Almada, un ex comisario de la Policía Bonaerense que ya había declarado en la instrucción. Almada señaló a un hombre que trabajaba como chofer del Poder Judicial como quien trasladaba detenidos por una ruta que parece cercana del trayecto donde se encuentran los terrenos de la Sociedad Rural. Según Almada, este hombre, llamado Luis Alberto Camarro, aparentemente chofer del Poder Judicial de Junín y nombrado desde hace años en los primeros tramos del expediente, le dijo que trasladó a Adrián Romié, uno de los tres desaparecidos que figuran en la causa, “al punto 1, que era donde estaba la Sociedad Rural”. Y agregó: “Después de llevar a Romié, me contó que le pidieron que vaya con el auto a efectuar otro operativo junto con otros policías”.
Otro de los testimonios fue el de Pellizzi, quien detalló los pormenores de su investigación y citó el testimonio de Benito de Miguel, integrante de un familia tradicional de Junín y secuestrado junto a un grupo de catorce personas en los días posteriores al golpe del 24 de marzo de 1976. “Por esos días se llevó a cabo una reunión de las denominadas fuerzas vivas de Junín en la sede del club social, y allí se votó pedir el fusilamiento de los catorce detenidos, que se encontraban en la cárcel en construcción”, apuntó el periodista. Y además consignó: “La votación salió empatada cuatro a cuatro, y uno de los que se pronunció en favor de la ejecución fue Jorge Cogorno, presidente de la Sociedad Rural”.
“Entre estos detenidos había artistas, escritores y personalidades de la cultura. Eran un grupo de personas consideradas peligrosas porque se decía ‘que le llenaban a la cabeza a la gente con ideas raras’ y por eso los querían eliminar”, explicó Oscar Farías, un histórico dirigente de los derechos humanos de la ciudad. “El tema de la complicidad de la Rural con el terrorismo de Estado era algo que se conocía desde hace mucho”, continuó el hombre, en diálogo con la agencia de noticias Télam. “Ahora, todo eso que se decía quedó declarado en un juicio; salió a la luz. Se tendrán que investigar todos esos datos que brindaron los testigos.”
La Sociedad Rural de la zona, por su parte, emitió un comunicado en el que le pide a la Justicia “una pronta investigación para determinar si en las instalaciones de la entidad se cometieron secuestros y asesinatos”.
En este juicio oral se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la comisaría 1ª de Junín, en la Unidad Penitenciaria Nº 22, por entonces en construcción, y el destacamento de Puesto Morse. Además de Romié, Gilberto Mesa y Hugo Torreta son las víctimas que figuran en el expediente de esta causa como detenidos desaparecidos.
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