Por Alejandra Dandan
Ricardo Cavallo es uno de los represores mas conocidos del GT3.3.2. Encabezó operativos de secuestro, se infiltró en organizaciones, torturó, entre otros, a Thelma Jara de Cabezas, madre secuestrada de un desaparecido, a la que le armó la falsa entrevista en la revista Para Ti. Menos conocido es que en democracia Cavallo gestionó un reclamo ante la Armada por un supuesto cuadro depresivo: porque las denuncias públicas por su rol en “lucha contra la subversión” maltrataban su vida privada. Varios médicos de la Armada intervinieron para evaluar si eso era producto de “actos de servicio” y extender licencias o compensaciones. Pero menos conocido es que uno de esos médicos es Roberto Luis María Godoy, entonces psiquiatra de la Armada con grado de teniente de navío, con baja en 1992 y hoy decano y máxima autoridad del Cuerpo Médico Forense, un espacio que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya conducción debería ser imparcial y un espacio cuestionado por jueces, fiscales y querellas de las causas de lesa humanidad que crearon mecanismos de evaluación ad hoc para los juicios, dado que, como sostiene una fiscal, los defensores parecen cuestionar menos los argumentos de los casos pero presentan informes en los que invocan dudosos deteriores cognitivos y se van a sus casas. En diálogo con este diario, el propio Godoy reconoció que la Corte lo designó conociendo este antecedente porque su pasado en la Armada figura en el CV, evaluado en audiencia pública.
El expediente de salud de Cavallo tramitó como DIAP, PGE Nro. 173 “C”/89. En él, Roberto Luis María Godoy escribió: “Entre sus antecedentes personales se destaca su participación en un GT durante la lucha antisubversiva durante tres años en nuestro país y durante aproximadamente 1/1-2 años en el exterior, Francia”.
Esos datos agregan al mismo tiempo otros datos. Sobre Cavallo, que desde la propia Armada se admite a Francia como destino de la “lucha contra la subversión”. Y sobre el propio Godoy, que al examinar al represor en 1989, el médico invoco un período de tiempo en el que no habla de “crímenes” sino de “lucha antisubversiva”.
El expediente de Cavallo terminó el 23 de mayo de 1990. Con el flaco favor de Godoy entre otros examinadores, la Armada reconoció que la afección del marino tenía “relación con sus actos de servicio”.
Laura Sobredo es psiquiatra e integró el CELS. Ella señala: “El accionar de esos médicos que se refleja en esas evaluaciones es también un aspecto de la maquinaria del horror aún funcionando iniciada la democracia. Un testimonio espantoso de la complicidad, del silencio y de la falta a todos los compromisos éticos que deben fundar todo quehacer de los médicos” (ver columna aparte).
Godoy
Según datos de la Justicia, Roberto Luis María Godoy entró a la Armada el 9 de febrero de 1982 y se fue de baja el 1º de abril de 1992. Ingresó en las Fuerzas Armadas en el ocaso, con la dictadura denunciada dentro y afuera por los organismos internacionales, por las violaciones a los derechos humanos y los desaparecidos; luego del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Siguieron los años. Pasó el Juicio a las Juntas, las condenas, los indultos y las leyes de impunidad. Quienes trabajan en el análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas explican que en épocas de impunidad los militares hablaban más en los trámites administrativos; en épocas de juicios, menos. Y en esos momentos, aumentaban referencias a espacios como las Malvinas, un tema que fue invocado como causa de males aun por quienes no estuvieron ahí.
Jorge Augusto Fiorentino era aviador. Con su nombre se abrió un expediente en 1986 en el que también intervino Godoy. Fiorentino invoca a Malvinas. Es probable que haya estado ahí, pero sus antecedentes lo ubican en lugares de responsabilidad y en estructuras como en las que estuvo el piloto Julio Poch, actualmente en juicio por los vuelos de la muerte.
En 1976: Comandante de Escuadrilla de Caza y Ataque (la escuadrilla de Poch); 1977: Subdirector de la Escuela de Aviación Naval. 1978: Varias comisiones: 1) a EE.UU. por 150 días para recibir aviones T-34-1 (27/1/78-4-6/78), fue jefe de la comisión; 2) entre 30/7/78-9/9/78 hizo curso de capacitación de dicho avión en EE.UU. 1979: Jefe de departamento de adiestramiento del Comando de Aviación Naval 1981: Jefe de la Base aeronaval Espora (Bahía Blanca).
El 12 de febrero de 1987, Godoy declaró: “Que debido a su estado psíquico y anímico no es conveniente por el momento que se interrogue al causante, pero que él irá preparando al señor capitán Fiorentino para que en alguno de los momentos que demuestre mayor permeabilidad, se lo pueda abordar para hacerle algunas preguntas”.
También declararon en el expediente Héctor Albino Martini, Juan Carlos Anchezar y nuevamente el propio Godoy. “En general, todos relacionan la afección a los hechos ocurridos en la crisis con Chile, en 1978, y en la Guerra de Malvinas, en 1982”.
El 20 de mayo de 1987, “ante el oficial actuante y en presencia de su médico el TN Godoy, Fiorentino vinculó su afección directamente con sus participaciones en: la Guerra de Malvinas (jefe del Estado Mayor del Grupo de Tareas 80.1) realizando vuelos durante la misma; durante la crisis de 1978 con Chile debido a haber asumido la Planificación Contribuyente del Grupo Aeronaval Insular y haber sido designado como ayudante del jefe de Operaciones de ese grupo, posteriormente como jefe de la Base Aeronaval de Río Grande y comandante de todos los Grupos Aeronavales destacados en ella”.
Como con Cavallo, el 20 de octubre de 1987, el jefe del Estado Mayor General de la Armada resolvió que la afección “Síndrome depresivo (...) guarda relación con los actos del servicio”.
Cuerpo Médico
El Cuerpo Médico Forense (CMF) fue intervenido en el año 2008 por la Corte Suprema, en medio de un escalada de denuncias. Entre ellas, la elección al estilo de “forum shopping” de los peritos forenses. En 2009, la Corte saca una acordada para reorganizarla, establece que los peritos elijan al decano. En 2010, la Corte designó a Godoy como nuevo decano, reelegido hasta hoy. En diálogo con este diario el propio Godoy reconoció que la Corte lo designó conociendo este antecedente porque sus pasado en la Armada figura en el CV, evaluado en audiencia pública.
Según los datos de los organismos públicos, entre sus funciones más notorias se encuentra además la de ser presidente de la Comisión de Peritos de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, de la calle Lavalle, uno de los ámbitos defensores de la corporación judicial.
Este CMF de la era Godoy está cuestionado por jueces, abogados y querellas que llevan adelante los juicios de lesa humanidad regularmente por lo menos desde hace dos años. Hay casos emblemáticos. Y mecanismos alternativos de evaluación generados en estos años a partir de la desconfianza en sus médicos y peritos. Uno de los primeros casos de los que dio cuenta este diario en 2012 fue Javier de Luca cuando era fiscal en el Juicio por los crímenes del Hospital Posadas. También lo hizo el TOF 1 de La Plata integrado por Carlos Rozanski, Roberto Falcone y Mario Portela, que pidieron la intervención de un equipo médico del Hospital Ramos Mejía a cargo de Silvia Kochen, directora del área de Neurología para reevaluar el examen del ex gobernador Manuel Saint Jean, de quien los peritos de la Corte dijeron que no estaba en condiciones de ser imputado en el juicio. En Salta, el cardiólogo del Cuerpo Médico Forense Cristian Rando emitió un dictamen para otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria al comisario general retirado Joaquín Guil, uno de los máximos responsables de la represión en esa provincia. Después de leer el informe, los integrantes de los organismos de derechos humanos de Salta se sorprendieron porque Rando había sido más benévolo con Guil que su propio médico de parte.
Adriana Taboada, psicóloga y perito por las querellas de San Martín y los organismos querellantes, explica que este año, por ejemplo, el TOF de Rosario pidió directamente que la evaluación médica al represor Fernando Saint Amant quedara a cargo de los peritos de la Facultad de Medicina y de Psicología, en obvia desconfianza al trabajo del CMF, que eran quienes debieron expedirse naturalmente en el tema. En esa misma línea, el fiscal Federico Delgado que investiga la causa Primer Cuerpo le pidió a la Facultad de Medicina de la UBA que evaluara a Martínez, hasta ahora revisado por el CMF. El juez Daniel Rafecas aceptó el pedido. Allí los peritos de la querella están pidiendo que participe de la Junta Médica también la Facultad de Psicología. En el juicio del Vesubio, Adriana Taboada denunció penalmente en el Juzgado 9 y ante la Corte a dos médicas del CMF en el mes de octubre por la evaluación sobre el teniente coronel Jorge Raúl Crespi, que finalmente entró en el juicio pero que la mala evaluación de las médicas había conseguido dejar afuera del proceso penal. “La salud es un derecho que está siendo utilizado por los genocidas y sus defensas –dice Taboada– para instalar la impunidad y el CMF tiene un rol muy importante al tener que aportar a la Verdad sobre la salud/enfermedad.”
Liwski
Norberto Liwski es presidente del Codesedh (Comité para la defensa de la Salud, la Etica y los Derechos Humanos). Luego de seguir varias causas, el año pasado denunció que los resultados de los exámenes mostraban no sólo baja “idoneidad” sino que el CMF actuaba con una “conducta claramente protectora respecto de los imputados de los crímenes de lesa humanidad”. “En todos los casos quedó cuestionado el comportamiento del CMF –dijo–, donde los médicos actuaron con una bajísima idoneidad científica de evaluación, pero esa consideración de categoría de diagnóstico en realidad no es lo fundamental. Lo importante es que actuaron con una conducta claramente protectora respecto de los imputados por crímenes de lesa humanidad.”
A más de un año de aquel diagnóstico, Liwski entiende que la reforma que intentó hacerse en 2009 en realidad fue un paliativo y que no funcionó. La presencia de nombres como el de Godoy puede pensarse como parte del problema. Desde las primeras entrevistas sobre este tema, Liwski dice que uno de los problemas de esta supuesta reforma o intervención es que no hay nada que indique que no puede ser funcionario aquel que estuvo comprometido durante la dictadura: mientras que “hoy cualquier organismo público examina qué grado de relación tuvieron entre el ‘76 y el ‘83 –eso es un requisito en otros espacios del Estado–, ahí la falta de este requisito no evita continuidades entre unos y otros nombres.
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