Los zócalos de TN y Canal 26, hace apenas unos minutos titulan de este modo, los "linchamientos" ocurridos en Rosario, Palermo y Rio Negro.
Una periodista agrega, "fijate la bronca que tiene la gente", aduciendo que hasta transeúntes de paso por el lcal donde atraparon al carterista de 17 años, se sumaron a la golpiza que duró 25 minutos.
Vecinos respetables, sensibles de Palermo, paseanderos un sábado por la tarde, se enteraron que había una paliza de 30 contra uno y dijeron: "ma sí yo también le doy a este negro chorro."
Vayamos por partes: bronca?, yo diría odio, salvajismo, alguien con bronca no atea a un otro tirado en el piso entre una turba durante varios minutos.
Odio de clase? vaya uno a saber.
1. Días pasados viajando en el subte A, dos chicas muy jóvenes charlban acerca d ´mo ganarse mejor la vida.
Una parecía oficinista, es decir con trabajo estable, la otra intentaba convencerla a ella, o, si no podía que la invitara a su hermana para trabajar en un boliche bailable.
Y ahí me enteré que existe la categoría femenina de "presencia".
Sí, "te pagan por estar toda la noche."
"Pero tenés que hacer algo, pasa algo con alguien?
"No, solo estar, los tipos de la noche ya saben, es para enganchar clientela."
"Mirá" prosiguió la reclutadora, "el otro día vino una...gordita...no se cómo quedó, daba negra"
Ajá, pensé, "daba negra", definió, catalogó la niña que trabaja de mostrara su cuerpo ara que uchos tipos nos enganchemos y nos quedemos.
Cobra para que la miren...solamente?
Pero ell
a no da negra.
2. Vecino de Caballito, gerente del Banco Provincia, esposa empelada pública.
Morocho y regordete él...aconseja, "ojo con los que cartonean, pasan y miran para ver qué nos pueden robar, y ves aquél edificio de viviendas Almagro, por lo general espían, también para robar."
3. Vecino de San Cristóbal, septuagenario, bicicletero, parece rubio, lo cubre la grasa de su laburo, sumado a que no se baña durante días.
Su costumbre es colocar la basura en la puerta de otras viviendas, por ejemplo enfrente.
Un buen día una vecina le devuelve su basura, la de él, a su puerta.
El vecino a esta señora, morocha, le grita "qué haces negra de mierda"!!
4. Un auto se me cruza de derecha a izquierda. Me enojo, le devuelvo la gentileza arrimándole mi vehículo casi a la par, pero sin tocarlo.
Me arrepiento porque veo que era una mujer.
Disminuyo la velocidad dejo que se aleje, pero no, frena, me espera, freno, no quero seguir el tema.
Ya está.
Se baja, se acerca a los gritos, insultos de todo calibre, subo al ventanilla, no respondo.
Se acerca mas , me mira y..."Ah claro , negro tenías que ser, con razón, negro tenías que ser." y se va.
Sociedad racista, discriminadora, fascista, que votó en un 64% a Mauricio Macri.
El otro diferente está para exterminarlo, patearlo en el piso, DARLE TRABAJO "ESCLAVO"
El que mata tiene que morir, Susana Giménez y Cacho Castaña dixit.
Hay que emterle bala a los delincuentes, Ruckauf dixit.
Nada nuevo bajo el sol con el predador Massa y sus falacias acerca de los proyectos Código Penal.
Tienen público de sobra.
El que escucha a Larrata a radio buitre al mañetismo videlista.
Al que ve la militancia juvenil solo como prebendaria hitlerista y vaga.
Y A UN GOBIERNO QUE PROTEGE A SU BASE SOCIAL, LOS CHORROS Y VIOLADORES.
La ideología de gran parte de la sociedad argentina tiene basamentos en una historia centenaria de discriminación y racismo.
Recordar los escritos del padre del aula, y cómo generaciones de maestras se educaron con el pensamiento conductista y positivista ns acercarán a comprender que el santiagueño es vago, el tucumano ladrón, el cordobés mentiroso, el entrerriano panza verde, el tano patasucia, el gallego bruto, el ruso avaro, y así con los estereotipos que dan negros de alma, de mente o cabezas.
Las negritas se embarazan para cobrar y la AUH se va por la canaleta de la droga y el juego.
No Del Sel? Sanz?
Y después nos asombramos de los linchamientos que lideran los buenos vecinos con bronca contra los delincuentes, negros....
Prof GB
A tod@s aquell@s que sostengan la memoria, la identidad y la resistencia como herramienta histórica de nuestro Pueblo.
lunes, 31 de marzo de 2014
El alma negra de una ciudad
Por Leo Ricciardino
Los entretenidos enredos y el misterio que rodea al delito complejo de amplio desarrollo en Rosario, quedaron absolutamente superados esta semana por otra espiral de violencia que no se esperaba. Casi el mismo día en que se daban a conocer las escuchas telefónicas entre dos presos que imaginaban retorcidas formas de atentar contra la vida del juez Juan Carlos Vienna y el fiscal Guillermo Camporini -los principales investigadores de los crímenes que rodean a la banda Los Monos-; en el barrio Azcuénaga David Moreyra de 18 años era molido a palos hasta la muerte por un nutrido grupo de cobardes que se ensañó con el joven ya caído y absolutamente indefenso.
El debate que siguió en los medios y las redes sociales no tuvo precedentes. Desde el caso del ingeniero Santos en la década del '90 (que persiguió y mató a un hombre que le robó el pasacassette) que una sociedad no discutía con tanta vehemencia el desatino institucional que supone la justicia por mano propia que, por supuesto, no es ninguna clase de justicia.
El arco político en su totalidad y las instituciones -incluida la vecinal del barrio Azcuénaga- repudiaron el hecho; pero la cantidad de vecinos, perfiles de Facebook y llamados a las radios locales tuvieron un mensaje único: "Nos sentimos indefensos, el Estado nos abandonó, vamos a tomar cartas en el asunto", parecían decir palabras más, palabras menos.
Uno de los que más firmemente se encargó de desterrar el argumento de la ausencia del Estado fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Juan Lewis no discutió si estaba más o menos presente el Estado, simplemente dijo que "aún en una isla sin Estado, ese tipo de conductas no son aceptables desde lo humano". Y caracterizó fuerte a la acción al señalar que "la turba violenta que golpeó a ese joven cometió homicidio", es decir un delito mucho más grave del que se le imputó a David Moreyra acusado del arrebato de una cartera.
Es cansador repetir la línea que intenta responder a esa muletilla funesta que señala "a vos porque no te pasó". Y el esfuerzo es denodado para explicar que uno puede reaccionar de un modo inesperado, pero que uno no es el Estado y tampoco puede reivindicar una acción violenta porque tuvo un ataque de furia en ese momento y porque está harto de los robos y de la inseguridad. Y eso fue lo que pasó: El hecho violento es injustificable a todas luces, pero podría ser explicado. Nunca reivindicado. Es sencillamente inaceptable.
Dicho esto, también hay un párrafo para los comunicadores y opinadores en general. Casi sin excepción lo que se escuchó y leyó en los medios -afortunadamente- fue un cerrado rechazo a la aceptación de la línea dura que imponían lectores y oyentes en notoria mayoría. Pero además de repudiar habría que empezar también por analizar qué es lo que se descarga como mensaje a diario sobre la inseguridad en general. Y si no sólo hay que revisar unos días atrás cuando el discurso de la "mano dura" se filtró permanentemente en candidatos oportunistas que pretenden congraciarse con la sociedad a través de la crítica furibunda al anteproyecto de reforma del Código Penal. Ese mar de simplificaciones y ese velado desprecio por lo que se supone esconde el "garantismo" y un progesismo idiota y benevolente con el delito; es líquido tóxico que se filtra a diario por las grietas de las distintas capas sociales. Los resultados están a la vista.
Claro que la inseguridad es algo violento, porque supone una pérdida abrupta de la libertad. Ya no soy libre para sentarme con mis vecinos en la vereda a determinada hora, no soy libre de que mis hijos vayan solos al almacén o al kiosko, no soy libre de llegar a mi casa a guardar el auto a la hora que se me antoje, las damas no son libres de usar la cartera, y muchísimos ejemplos más. Y claro que alguno de esos arrebatos pueden generar resistencias violentas. Hace muy poco una abuela mató de un balazo a un delincuente que ingresó armado a su casa. La justicia encontró rápidamente que la mujer había ejercido legítima defensa. Esto es, opuso una resistencia proporcional a la amenaza que estaba sufriendo y además adentro de su propiedad. Fue exonerada en ocho días. Pero el hecho, que no admite discusión, no quiere decir que esa abuela hoy sea la misma después de haber tenido que matar a una persona. Nadie lo es.
En el caso del barrio Azcuénaga no hay atenuantes. Estaban en plena calle, la agresión ya había sido cometida por el joven que ya estaba en el piso y desarmado controlado por los vecinos. Lo que siguió después, las patadas en la cabeza, una moto que le pasó por arriba, gente que se iba sumando para golpearlo, son respuestas desproporcionadas respecto de la agresión. Es claramente un homicidio, sin atenuantes. Por el contrario, puede haber agravantes por haber actuado en grupo.
Por eso es necesario esclarecer este hecho, encontrar a los responsables y que sean juzgados por un tribunal. Es decir, la oportunidad que ellos no le dieron a David Moreyra a quien condenaron a muerte de manera sumaria. Ahora se conoció que hay una cámara de seguridad que pudo haber captado la acción. Se supone que el fiscal Florencio Malaponte va a pedir esas imágenes, si es que no lo hizo todavía.
Muchos que no pueden comprender los resultados de la desintegración social, las consecuencias de tres generaciones de desocupados, la ausencia casi total de movilidad y ascenso social para los sectores que componen la pobreza estructural; seguramente habrán pensado que la madre de David Moreyra que habló por los medios pidiendo por el caso de su hijo muerto, debió acordarse antes de él y educarlo o formarlo para que no se mezclara con el delito. Pero en realidad lo que no quieren escuchar es a una madre que con escasa formación y muchísima humildad pidió "justicia para mi hijo, no venganza".
Ahora queda claro que la narcocriminalidad y los delitos complejos en general son un problema grave de la actualidad que ocupa la agenda del Estado en todos sus niveles. Pero también es notorio el deterioro social que les propina a los vecinos diariamente el delito sencillo, la violencia cotidiana. Una cosa es ver las historias de los fascinerosos y policías corruptos por los diarios y otra muy distinta es sufrirla a la vuelta de la esquina, allí donde nunca vieron a un narcotraficante o a un sicario pero sí han presenciado asaltos de todo tipo.
El tema es grave porque la policía santafesina parece no dar respuestas en ninguno de esos planos. Ahora el gobierno piensa en nuevas estrategias y repite con razón que no hay recetas mágicas. Pero la gestión debe dar necesariamente alguna muestra de resultados concretos, como parcialmente sucedió con el narcotráfico y el delito de más alto grado. Cada vez hay más conciencia de que hay una ruptura en la cadena de mandos de la policía, que los jefes que reciben las órdenes de los funcionarios civiles no pueden trasladarlas luego hacia abajo. Y ese escenario es desalentador, porque ya no pone en tela de juicio solamente la conducción política de la fuerza, sino que desnuda una falla estructural que llevará tiempo reparar.
SANTA FE › BALANCE DE LA FISCALIA REGIONAL SOBRE EL MODELO QUE ARRANCO EN FEBRERO La máquina que no tiene fin ni remedio
Por Lorena Panzerini
El nuevo Sistema Procesal Penal, que rige en la provincia desde el 10 de febrero, ya investiga más de 12 mil causas en la regional Rosario. Se trata de delitos cometidos y denuncias realizadas a partir de esa fecha, y que se ventilarán en audiencias orales y públicas a partir de la sospecha y detención de un presunto imputado. Hasta la semana pasada, se habían realizado más de 280 audiencias. La nueva Unidad Fiscal de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación tiene 43 crímenes en investigación, de los cuales 13 ocurrieron en ocasión de robo; casi una veintena tuvo que ver con peleas entre bandas; el resto estaría relacionado con conflictos interpersonales. Las armas de fuego son las más utilizadas en estos casos, ya que se empuñaron en 33 de los crímenes registrados entre febrero y marzo. En otros seis casos, el autor eligió un arma blanca. Las motos fueron los vehículos elegidos por los presuntos homicidas en 15 hechos. Del total de investigaciones, 2.500 tienen que ver con accidentes de tránsito. Cheques extraviados, denuncias por violencia de género y robos de viviendas, completan la lista. Además, hay más de 50 hechos con un funcionario policial imputado.
El fiscal Regional, Jorge Baclini, consideró que la vigencia de la reforma penal causó "un terremoto" en la Justicia Penal. Y detalló: "Se desacomodaron todas las estructuras, y luego de producido un terremoto sobreviene un período de asentamiento, que es donde estamos ahora, con algunos temblores. Toda la relación y las prácticas que tenían los actores (dentro del viejo sistema), las vinimos a desbarajustar. Y genera problemas que se tienen que ir acomodando. Tenemos que trabajar mucho en esto".
Al mismo tiempo, se refirió a los casos de homicidios, frente a las cifras cada vez más alarmantes. "Estamos trabajando bien, y con esto quiero decir que estamos tomando una tasa de esclarecimiento del 55 por ciento. En ese porcentaje pongo a personas identificadas como presuntos autores. Después tenemos una tanda de casos NN, que llega al 25 por ciento aproximadamente. La otra franja son casos que calificamos como identificables; es decir, nos falta trabajar con los testigos para que nos garanticen una declaración; hay un punto de confianza bastante positivo que estamos logrando con los testigos para mejorar la tasa de esclarecimiento. De ese 55 por ciento, el 30 por ciento son imputados detenidos, y el resto tiene orden de detención. Yo remarco que los números son buenos, pero tomando pautas de arranque, que fueron bastante complicadas. Si uno lo toma en términos concretos son resultados buenos; ahora si uno lo toma en abstracto, tendríamos que estar mucho mejor", consideró.
El funcionario destacó que la unidad especial que investiga homicidios tiene una "muy buena dinámica"; y remarcó la importancia de la presencia del fiscal en la escena del hecho, excepto en aquellas situaciones en las que por seguridad no es conveniente. "Es interesante que el fiscal vaya porque obtiene información de primera mano, genera situaciones de confianza que no se llegan a generar con la policía". También remarcó un "defecto", porque "más allá de los esfuerzos que hace el área de criminalística levantando muestras, nos está faltando trabajar muchísimo más en tecnología de la investigación. Se carece de aparatos necesarios para mejorar nuestros estándares tecnológicos de investigación. Estamos trabajando en la prehistoria", lanzó; aunque destacó el "esfuerzo terrible del área".
Baclini también se refirió al trabajo conjunto con el Registro Nacional de Armas (Renar), con el que están esperando firmar un convenio que permita el acceso directo para obtener información online. "Ahora estamos trabajando con ellos enviándoles todas las balas que tenemos secuestradas para hacer el seguimiento del arma, y en el futuro podremos cotejar si un mismo revólver fue utilizado en diferentes hechos". Otra complicación tiene que ver con las empresas de telefonía, que son "más que nada de coordinación".
rosario 12
No es justicia, es un crimen
Por Centro de Estudio e Investigaciones en DDHH "Juan Gardella" (*)
El linchamiento del joven David Moreira fue una feroz reacción social que conmovió la conciencia de toda nuestra sociedad rosarina, que ya viene siendo golpeada por la violencia. Si bien, sabíamos que cada vez era más frecuente que las personas reaccionaran colectivamente frente a arrebatos, robos, y otros hechos violentos, no se había llegado nunca a tal grado de crueldad, ni ensañamiento, ni a terminar con una vida.
Se puede comprender que alguien reaccione violentamente en defensa propia, o de un tercero, frente a un hecho delictivo. El derecho ha contemplado esta situación, y la justifica cuando se da en ese contexto.
Pero no puede justificarse que una turba enardecida, escudada en el anonimato, torture y asesine a una persona indefensa. Eso se llama homicidio.
Nunca sabremos si David Moreira fue el autor de esa tentativa de hurto o robo, y tampoco interesa, porque no hay ninguna razón que justifique el linchamiento, pero sí sabemos que un grupo de vecinos del barrio Azcuénaga se convirtieron en asesinos. Y a la víctima del robo la maltrataron aún más con este hecho, porque seguramente el ataque sufrido fue grave para ella, pero mucho más grave será el recuerdo de estas consecuencias inesperadas.
Este tipo de hechos no es novedoso en América Latina, pero tiene un contexto histórico y social, muy diferente, aunque tampoco los justifica. En Brasil, fueron el germen los tristemente célebres escuadrones de la muerte, que asesinaban impunemente a los "meninos da rua". Qué pasó en nuestro país. Qué pasa en Rosario. Eso nos preguntamos, a pocos días de haber participado en una marcha masiva repudiando el golpe de estado de 1976, y la vigencia de los derechos humanos.
De todas maneras, no podemos negar que lo que ha ocurrido pone en serio entredicho a las instituciones, y expresa un grave malestar social que no confía en la autoridad pública, o denuncia su ausencia.
El problema grave que genera el linchamiento, no es solamente el uso cobarde y atroz de la fuerza física para destruir a una persona con finalidad punitiva, sino que a ello se le otorgue legitimidad. Esta es una de las consecuencia del discurso de la mano dura, que alienta la reacción social, y de algunos medios de comunicación que publican comentarios de sus lectores, que celebran el cobarde homicidio, y amenazan con seguir adelante. Así como su tratamiento en algunos medios de comunicación que parecen incentivar este tipo de conductas bárbaras.
Es obligación ineludible del gobierno provincial hacerse cargo de la situación y arbitrar en forma inmediata los medios para evitar este tipo de conductas.
(*) Fac. Derecho UNR. Matilde Bruera, Marta Felperín, Valeria Rosso Ponce, María Aurelia Massino, Isabel Fernández Acevedo, Vildor Garavelli, Norberto Ferrari.
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EL PAIS › UN SUPUESTO CASO DE CORRUPCION QUE ALCANZA AL DIPUTADO MASSISTA Con la firma de Das Neves
El ministro de Planificación, Julio De Vido, apuntó hacia el diputado del Frente Renovador Mario Das Neves por una investigación de corrupción que llevaría adelante la Comisión de Valores de los Estados Unidos sobre acuerdos energéticos en Chubut. “Quiero señalar objetivamente que el ministerio a mi cargo no intervino en la tramitación de este tema, porque es materia de competencia de la provincia de Chubut, titular del yacimiento”, señaló el funcionario. “La prórroga de explotación de Cerro Dragón fue acordada por el Poder Ejecutivo de la provincia de Chubut y su Legislatura provincial”, en tiempos en los que Das Neves “era titular del Poder Ejecutivo”.
“En los hechos, el 24 de mayo de 2007, el acuerdo fue aprobado por la Legislatura de la provincia de Chubut, con el voto de una amplísima mayoría integrada por representantes de todos los partidos”, aclaró De Vido ante las imputaciones por la adjudicación de la concesión del yacimiento Cerro Dragón en la provincia patagónica. “Reiteramos, como en el rimbombante caso Skanska, que lo que investiga la Securities and Exchange Commision (SEC) son contratos comerciales firmados en Argentina por particulares”, destacó el ministro poniendo su área de trabajo por fuera de la investigación que emprendió el organismo estadounidense.
De Vido salió a responder versiones publicadas por el diario Clarín que lo sindicaban como parte de la investigación por el supuesto pago de coimas en la ampliación del contrato de explotación de Cerro Dragón y la fusión de Pan American Energy (PAE) –antes bajo el nombre de British Petroleum– con la petrolera china National Offshore Oil Company.
“El ministerio a mi cargo no intervino en la tramitación de este tema, porque es materia de competencia de la provincia de Chubut”, sostuvo De Vido para alejar las especulaciones alrededor de su participación en el negocio. Aquel acuerdo votado en la Legislatura local y rubricado por el entonces gobernador Das Neves fue “motivo de rechazo y amparo por legisladores provinciales, interpuestos por Hipólito Solari Yrigoyen y David Patricio Romero”, detalló el ministro de Planificación, y recordó que “el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 de Chubut resolvió rechazar la acción de amparo y avalar lo actuado” por la gobernación y la Legislatura local. El acuerdo entró en vigencia el 28 de mayo luego de la publicación de la Ley Provincial Nº 5616 en el Boletín Oficial de Chubut.
De Vido cargó contra el Grupo Clarín por la publicación y destacó que en la nota se ignora “deliberadamente a otros actores, circunstancias, empresas y personas, de intervención necesaria en los temas en cuestión, al no mencionar a los empresarios Alejandro y Carlos Bulgheroni, propietarios de Bridas, accionista de PAE, y una de las familias más ricas del país”. El funcionario nacional señaló que “por ese acuerdo, Chubut extendió la concesión del área Cerro Dragón por diez años, desde 2017 hasta 2027; seguramente hasta esa fecha el diario Clarín seguirá inventando títulos con los que pretenda vincularme escandalosamente a este y otros temas”.
“Recordemos que Embraer y Ralph Laurent fueron imputaciones y denuncias falsas del diario Clarín”, concluyó De Vido, aludiendo a las acusaciones que se realizaron en ocasiones anteriores y que finalmente no prosperaron, ante la negativa de ambas empresas de haber sido parte de una negociación corrupta.
Los que corren por izquierda
Por Eduardo Aliverti
La resolución del conflicto docente y la reasignación tarifaria en agua y gas dejan algunas conclusiones tocantes al gobierno nacional, y otras que nunca deben perderse de vista si el tinte es más abarcativo.
La Casa Rosada “acompañó” a Daniel Scioli en su puja con los gremios, ni tanto como para quedar adherido sin más ni más ni tan poco como para dejarlo completamente librado a su suerte. El gobernador cedió y demostró que tenía resto para mejorar la oferta. Ahora le resta –al Gobierno también– hacer evidente que la educación es una prioridad que debe abordarse con el aspecto salarial en primer término. Y en cuanto a los subsidios recortados, primero debe señalarse que se dio cumplimiento a lo reclamado en forma unánime por la propia oposición. Es llamativo, sí, que procedan a tocar las tarifas del gas justo antes del invierno. Pero de ahí a hablar de “tarifazo” hay larga distancia. Lo es si se observan los porcentajes, y deja de serlo si se repara en montos concretos de servicios públicos que continuarán entre los más baratos del mundo. Luego, la realidad deberá manifestar que lo reasignado va, efectivamente, a las partidas de asistencia social, sin impacto inflacionario alguno. Todo, dentro de un marco que ni el más tenaz defensor de las grandes líneas oficialistas podría definir como de aguas calmas. Pero el análisis acerca de las variantes que tiene el Gobierno, para salir de esta coyuntura muy complicada y a la vez afrontar una profundización económico-estructural de cambios progresistas, es inescindible del que corresponde a la oferta de sus contrapartes. No se puede separar lo que viene habiendo, y hay, de lo que podría haber. Por muy comprensible que sea, por aquello de que el bolsillo es la fibra más sensible del hombre, refugiarse sólo en el desánimo provocado por la actualidad termina en insulto al sentido común. O al ideológico, por lo menos. Está la derecha nucleada alrededor del ideario furiosamente conservador, o neoliberal, que ya gobernó el país a todo lo largo de los ’90 (para no ir más atrás), y con el resultado sufrido por las grandes mayorías, que fue la crisis más grave de nuestra historia. Es el PRO, que se reduce a Macri o –exagerando mucho– al “macrismo”, y cuya proyección nacional está en permanente veremos. Es el Frente Renovador: tampoco consiste en una firme identidad simbólica, como no sea a través de la descarada propaganda mediática a favor de la figura de Sergio Massa. El intendente de Tigre cuenta en su alforja con la asimilación a “peronista”, a sujeto que se mueve dentro del único espacio que garantiza mantener las riendas nacionales y tributario de los enojados con el kirchnerismo, pero no tanto como para perder de vista que sin el peronismo adentro no hay gobernabilidad probable. Podría agregarse al Frente Progresista: otro que no dice nada como ADN salvo por su gorilismo a ultranza. Caben allí desde extremistas como Carrió hasta conversos inextricables como Pino, más radicales que no son precisamente una herencia socialdemócrata de Alfonsín, y pasando por referencias localistas como Binner, dispuestas a conversar la posibilidad de nacionalizarse junto a Macri. Y en un lugar (muy) relativamente ambiguo queda Scioli, quien estuvo a un tris de sacar los pies del plato y no los sacó. El gobernador bonaerense continuará jugando dentro del paraguas kirchnerista, pero sabiéndose que es la variable por derecha y constituyéndose, hacia 2015, en el desafío anímico-ideológico más enmarañado. Ya nos permitimos la siguiente pregunta varias veces: ¿la apuesta será a conservar algo de lo conquistado, gracias a “cercar” al conservador con la fuerza de una movilización y militancia que hoy andan más bien enclenques? ¿O será a “retirarse” con una encarnadura identitaria firme, para después volver sin haberse ido ideológicamente? Hasta donde parece, Cristina dejará que en las primarias apuesten todos los que quieran –más allá de que habría un favorito– y respetará lo que resulte. Pero iría por el bronce, no por la especulación barata. Si el sendero peronista queda entre Scioli y Massa, con el antiperonismo visceral remitido al mejunje de Unen, el kirchnerismo todavía puede decir bastante electoralmente. También para reiterar: todo el terreno está en disputa. Y nadie tiene ni tendrá la vaca atada.
Hay, además, las pujas que podrían llamarse “satelitales”. La sindical –y no la menor– es una de ellas. Debiera parecer mentira que Hugo Moyano y Luis Barrionuevo lancen un paro nacional. El camionero mutó de ardiente kirchnerista a adversario fervoroso de la noche a la mañana, sin más expediente que haber quedado fuera de candidaturas parlamentarias y sin un Néstor que supiera manejar el barro en que están acostumbrados a manejarse estos arquetipos. Barrionuevo es la síntesis perfecta de todas las condiciones que pueden reunirse para despertar un rechazo generalizado. Sin embargo, la imagen de estas gentes no les impide lanzar un paro cuya sola repercusión en el transporte público hará hablar de “masividad”, como ya están pronosticándolo los medios que, a su turno corporativo, nunca se cansaban de denostarlos. Moyano ya no es el patotero que bloquea las salidas de los camiones en las plantas de distribución de los diarios, y Barrionuevo es un sindicalista finlandés. Ese modo impúdico de la prensa opositora para plantar sus intereses forma parte, al fin y al cabo, de la lucha por el poder. No es mayor, si se quiere, a los impudores de alguna prensa oficialista. Pero las cosas cambian al hurgar en quienes –se supone– no representan el interés de las patronales. Impacta escuchar a un luchador gremial de toda la vida, como Pablo Micheli, decir que este gobierno es más perverso que el de Menem. Confundir al enemigo es una perversión ideológica muy severa.
Lo intragable es qué les pasa a quienes corren al kirchnerismo por izquierda desde valoraciones peronistas. Se puede no concordar con minorías radicalizadas –trotskistas, chinos, anarco-ecologistas, anarcos a secas, agrupaciones universitarias de carreras de ciencias sociales, analistas eximios de redes y de blog–, pero no les es “formalmente” exigible demostrar con cuáles estructuras y ejercicio de poder, concretos, llevarían adelante el patas para arriba de las relaciones de producción. Están cómodos en el laboratorio teoricista donde no cabe preguntarse con cuáles correlaciones de fuerzas se llega al paraíso universal, porque parten de que hay una ontología de las masas oprimidas que inevitablemente acabará con toda forma de explotación. Así, la izquierda-izquierda no pretende nada del peronismo porque no interpreta que éste –ni siquiera en su mejor versión– sea lo más a la izquierda que resiste esta sociedad. Cabe anotar, muy en cambio, lo que gentes como Massa y Moyano vienen a exigirle al kirchnerismo, desde el peronismo. Aumento masivo de salarios hasta alcanzar niveles de privilegio primermundistas, jubilados rebosantes de ingresos de bolsillo, productores agropecuarios felices porque les dejan a cero las retenciones, créditos para todos a tasa de interés blanda y así sucesivamente. Por supuesto: sin explicar jamás, ni falta que hace, a quiénes extraer renta para aplicar tamaña bienaventuranza. Si es por eso, es mucho más sincera la derecha claramente identificable como tal aunque sin reconocerse jamás de esa forma porque, por algo será, decirse “de derecha” da vergüenza. Ellos y ellas, la derecha de derecho viejo, liberales de una o arropados de frentismo progresista, aseguran que es cuestión de reducir la expansión monetaria, echar gente, robar menos, reducir el déficit fiscal y se acabó. Desde el peronismo a la derecha, por el contrario, increíblemente se las arreglan para sostenerse en el discurso del populismo distributivo. Es en aras de eso, y entonces, que Moyano anda de amores con el multimedios y los colegas a quienes supo condenar en forma hiriente; que Micheli queda pegado a Moyano y al Momo Venegas; que Massa puede insistir con la cajita feliz de la mano de sus patrones mediáticos. ¿Cómo puede ocurrir esto? La explicación sería que huelen sangre de fin de ciclo. En cualquier caso, correr por izquierda desde la derecha –el “pejotismo”, como decía Kirchner, o sus órbitas– es peor que patético. ¿Cristina es lo mismo que De la Rúa? ¿Kirchnerismo y menemismo son primos hermanos? Hace nada más que unos años estábamos discutiendo miseria y desocupación, y ahora paritarias, ¿y resulta que no cambió nada? Los espacios vacíos, o vaciados, o deprimidos, por donde se cuela que estas gentes reaccionarias inflen el pecho, son algunos que el kirchnerismo está dejando libres más en general que en particular. Ya son once años; los líderes no se reproducen por generación espontánea; el proyecto era con dos y quedó uno solo, sin chances de seguir conduciendo en mando directo; los errores semejan agrandados y las virtudes achicadas; las batallas dejan marcas de cansancio, con muchos frentes que se abrieron a la vez. Y a la vuelta de la esquina, el problema no era que las escuelas estaban deshabitadas por paro gremial, sino llenas de pibes a los que había que hacerles el aguante, y darles de comer, porque sus padres no tenían trabajo. Pero no se gobierna con la memoria.
Roberto Baradel, del Suteba, una de las voces más mediatizadas de las últimas semanas, le caerá –como cualquiera– mejor o peor a cada quien. Pero cuando se quebró ante las cámaras recordando eso de los maestros bancando los trapos cuando la Argentina era un infierno, sonó infinitamente más sincero, e ideológicamente asentado, que cualquiera de los miserables que ahora andan con la varita mágica de solucionar las cosas sin responsabilidad de gestión.
› EL LINCHAMIENTO EN ROSARIO DE UN PRESUNTO LADRON; LOS OTROS CASOS Un ajusticiamiento que nada tiene que ver con la justicia
Por Carlos Rodríguez
El caso de David Moreyra, el joven de 18 años que murió en Rosario luego de ser golpeado brutalmente por vecinos que lo atacaron porque supuestamente le había robado la cartera a una mujer, desató una polémica interminable en las redes sociales, donde muchos aplauden ese inexcusable acto de barbarie. Después de ese episodio se registraron en esa misma ciudad otros tres casos en los que transeúntes golpearon a un presunto ladrón. El sábado ocurrió en Palermo: una turba de unas 30 personas enardecidas pateó y golpeó a un muchacho en Charcas y Coronel Díaz, a una cuadra del shopping Palermo, durante 25 minutos. Sólo dejaron de hacerlo cuando llegó la Policía. Para analizar la cuestión, Página/12 entrevistó a tres especialistas que analizan el fenómeno con una mirada que cruza lo social con lo criminológico. Las tres coincidieron en señalar que lo que ocurre es consecuencia directa de un discurso político, mediático y social exacerbado, que puso a la “inseguridad” como tema prioritario de la campaña con vistas a las elecciones presidenciales de 2015.
La socióloga Alcira Daroqui señaló que si bien existen “hechos puntuales y serios en materia de seguridad, la repetición mediática de esos hechos y el abordaje detallado de los aspectos más escabrosos y espeluznantes, ciertos o supuestos, ha contribuido a crear un clima de inseguridad y de miedo muy fuerte en la gente; ese miedo hace que algunos sectores reaccionen en forma violenta sin censuras políticas ni morales ante estos hechos de inseguridad, sin darse cuenta de que la muerte es un costo desproporcionado que, además, no resuelve el problema”. Daroqui consideró que la actitud asumida por los vecinos de Rosario “se produce porque ellos piensan que el Estado, cualquiera sea el lugar del país y el partido gobernante, no puede garantizarle su seguridad y actúan por su cuenta hasta llegar a este ajusticiamiento, porque esto no es justicia por mano propia, es ajusticiamiento”.
La criminóloga Eugenia Cozzi, que desde 2007 viene realizando investigaciones sobre la creciente violencia de la que son víctimas y a veces victimarios jóvenes que viven en los barrios periféricos de la ciudad de Rosario, sostuvo que para el ideario social de algunos sectores de la población los chicos como David Moreyra “son ‘matables’ e incluso ellos mismos también creen que ellos son ‘matables’, porque el discurso dominante de los medios, de las fuerzas de seguridad, de las agencias del sistema penal, les ha creado una imagen pública que los señala como personas que no tienen código, que son un peligro para nuestro estilo de vida, que son los enemigos públicos. Como esa imagen es homogénea y no se problematiza, esos jóvenes comparten la misma visión de sí mismos”. Aclaró que esto “no significa que no quieran cambiar, porque no es que se la pasan robando, a veces trabajan, estudian, intentan otros caminos, pero les resulta muy difícil poder salirse de la situación en la que viven”.
Gabriela Seghezzo, del Programa Estudio del Control Social del Instituto Gino Germani, aseguró que los hechos de violencia recientes –también fue asesinado en Villa Soldati, por un vecino, un joven de 19 años llamado Damián Guerrero, a quien se acusaba de un supuesto intento de robo–, se producen en el marco de la discusión sobre la reforma del Código Penal. “La iniciativa era cambiar un Código que prioriza la propiedad privada por encima de la vida y, en ese marco de discusión, aparecen estos casos que no son nuevos, pero que en estas circunstancias están dando un claro mensaje reaccionario desde el plano social, político y mediático”. Agregó que es “un mensaje de un sector de la comunidad que llega por la vía del miedo y que viene de los noventa, sostenido por dirigentes políticos, como es el caso de Sergio Massa, que en diciembre trajo al país a Rudolph Giuliani (el ex alcalde de Nueva York que impuso la política de ‘mano dura’), al que hace unos días fue a visitar” a Estados Unidos.
La polémica por el asesinato de David Moreyra acuñó frases reivindicatorias –terribles– de la violencia ejercida por los vecinos contra el joven: “Por suerte la policía llegó tarde y le dio un buen tiempo para matarlo a patadas; vi vecinos quemándolo con cigarrillos; ojalá alguno le hubiera cortado las manos”. El mensaje, que luego fue eliminado, apareció en la dirección de Facebook de Indignados Barrio Azcuénaga, un grupo de vecinos que ya habían protagonizado actos similares en noviembre de 2012. La mención del texto señalado fue difundida por el portal Cosecha Roja, que expresó su repudio al linchamiento.
Alcira Daroqui, socióloga, profesora e investigadora, admitió que la sociedad “debe resolver el problema de la seguridad, pero la forma de defenderse no es apelar a la violencia o a la venganza. Ya ocurrió otras veces con chicos baleados porque entraron a una casa a buscar una pelota o niñas electrocutadas al tocar una reja. El problema es que la sociedad no reconoce al Estado como el actor que debe resolver el problema, y por eso adopta medidas por su cuenta y que surgen del miedo”.
En este punto, Daroqui cuestionó “las políticas públicas erráticas y poco claras en materia de seguridad, con medidas espasmódicas como las de reforzar la presencia policial con Gendarmería o Prefectura, que son fuerzas militarizadas que no están para esa función. Muchas veces se dice que la policía no tiene recursos, que el presupuesto no es suficiente y que por eso no tiene medios para garantizar la seguridad, cuando la gente ve en la calle cantidad de camionetas nuevas, móviles policiales o de seguridad urbana de los municipios. Tanto despliegue de nada sirve y la gente llega a pensar en forma errónea que la seguridad depende de ellos mismos y concluye: ‘Si tengo que matar, mato’, pero allí también está presente el miedo que genera el discurso político y el mediático”.
En ese sentido cuestionó lo que dijo hace un tiempo el intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, quien propuso el “encierro de formación”, en institutos para “los menores que cometan robos”, entre otras medidas drásticas en el “combate” del delito. “Si esas declaraciones escandalosas las hace el propio intendente, la autoridad política de un partido como Florencio Varela, que debe tener problemas de seguridad, qué queda para el resto. No se puede salir con un discurso bélico porque eso no resuelve el problema, lo agrava. Todos los políticos hablan de la necesidad de una guerra contra el delito y contra los delincuentes. En ese marco, no he escuchado una fuerte condena, de la clase política, a lo que pasó en Rosario con este chico asesinado.”
“La gente está cansada de escuchar excusas de la policía, como decir que tienen ‘las manos atadas’, que no pueden entrar a tal o cual barrio, o cuando logran alguna detención y dicen que los detenidos entran por una puerta y salen por la otra porque los libera la Justicia, cuando tenemos las cárceles llenas de presos. Son excusas que ya nadie cree. La gente tiene una sensación de engaño, de estafa, lo que no justifica la violencia, pero de alguna manera la está alentando. Otra cosa ridícula son las cámaras de seguridad, que pueden servir para investigar un robo, pero no sirven para evitar ese robo, que es lo que la gente quiere”, apunta Daroqui.
Eugenia Cozzi, adscripta a la Cátedra de Criminología y Control Social de la Universidad Nacional de Rosario, señaló que desde 2007 en adelante en esa ciudad se produjo un incremento importante de los homicidios, que “de nueve cada cien mil habitantes se pasó a 21 cada cien mil habitantes, cifra que está por encima de la media a nivel nacional”. Si bien reconoció que hay bandas organizadas que se dedican al narcotráfico, “las muertes de jóvenes no tienen que ver con eso directamente, sino con problemas que se resuelven de manera violenta entre pares, sobre todo en los barrios de la periferia, aunque en los últimos tiempos se han producido muertes no habituales en lugares no habituales, lo que está diciendo que el problema de la seguridad es preocupante”.
Reconoció que hay “soldaditos” de la droga, que son reclutados por las organizaciones delictivas. “Esos chicos que son maltratados por la economía legal reciben el mismo trato en el mercado ilegal.” Recalcó que uno de los problemas más graves es que “se les quite importancia a las muertes de estos chicos, como si se tratara de un hecho lógico teniendo en cuenta que ellos mismos se consideran ‘matables’”. Lamentó el hecho de que “se hayan cambiado los planes de seguridad, que hace años tenían un alto contenido social. Eso ya no ocurre y ahora sólo cuenta la represión”.
Otro de los aspectos negativos es que “tampoco se hizo la reforma policial, de manera que las fuerzas de seguridad siguen ligadas, en muchos casos, a los delitos más graves. Y en lo que respecta al narcotráfico, como no se puede avanzar contra los poderosos, contra los que manejan el negocio y blanquean el dinero que proviene de la droga, los que caen presos son los ‘soldaditos’, los eslabones más débiles de la cadena”.
Gabriela Seghezzo, coautora del libro A la inseguridad la hacemos entre todos, afirmó que los hechos de violencia coinciden “con un momento en el cual el discurso político de los presidenciables se hace cada vez más ostensible reclamando más efectivos policiales, penas más duras y, en cierto modo, alientan a la autodefensa de los vecinos que tienen miedo frente al discurso permanente de la inseguridad”. Subrayó que esto tiene una influencia negativa “incluso en la madre del chico que fue linchado, quien para poder reclamar por lo que le hicieron tiene que decir que su hijo era inocente, que no hizo nada. Esto pasa porque muchos justifican hoy la muerte de un presunto delincuente, aunque no se haya probado el supuesto delito. Esto es así porque la defensa de la propiedad privada sigue estando por encima de la vida y por eso no quieren que se modifique el Código Penal”. Seghezzo concluyó diciendo que “el discurso de Massa no es muy diferente del de algunos sectores ‘progres’, que por especulación política hoy dejaron de defender las reformas al Código que venían impulsando”.
10:54 › ECONOMIA Más cerca de un tratado de libre comercio con la Unión Europea
Durante el fin de semana, Capitanich compartió varias reuniones de trabajo con el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el acuerdo con la UE estuvo presente. La asociación entre ambos bloques económicos está pendiente desde 2000, cuando el diálogo se estancó hasta 2010. Los miembros del Mercosur tienen previsto entregar en las próximas semanas una propuesta de acuerdo a la UE.
Por otra parte, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Capitanich denunció "la existencia de una estrategia de desacreditar las cifras brindadas por Kicillof" respecto del aumento del 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2013 y explicó que los cambios de metodología "son usuales".
Además, el jefe de ministros recordó que el trabajo técnico se realiza de acuerdo con estándares internacionales, y que "la revisión final se hará en septiembre". Por otra parte, Capitanich negó que el gobierno nacional esté evaluando la emisión de un bono a corto plazo.
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10:17 › UNA SALIDA CON CLASE "Se van a garantizar los 180 días de clases"
Tras 17 días de paro, las clases comenzaron en las escuelas públicas bonaerenses y la directora general de Cultura y Educación provincial, Nora de Lucía, aseguró que "se recuperarán los contenidos y las jornadas perdidas". Entre las alternativas para completar el ciclo lectivo contemplando por la Ley de educación nacional, De Lucía anticipó que le propondrá al Consejo General del sector "transformar en aúlicas" las jornadas institucionales y de capacitación docente.
La funcionaria precisó que en el caso de la educación primaria se respetarán los 190 días indicados "comenzando el calendario el 5 marzo y terminando el 19 de diciembre" y aseguró que la propuesta que elevarán al Consejo "no afecta a las jornadas de capacitación nacional que son obligatorias".
De Lucía, en diálogo con La Red, evitó pronunciarse sobre la posibilidad de dar clases los días feriados e indicó que el Consejo General determinará "cómo se recuperará el total de las clases". "La Provincia cuenta con el decreto 2299 que establece cómo regular la situación ante la pérdida de clases por huelgas o catástrofes naturales", agregó.
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› EL SALARIO MINIMO LLEGARA A 4400 PESOS Cierre con acuerdo para la paritaria nacional docente
"Hubo acuerdo en la paritaria nacional y fue muy bueno", afirmó Romero, quien informó que se acordó un piso salarial de 4400 pesos para los maestros de todo el país.
El dirigente de la Unión de Docentes Argentinos detalló que los docentes recibirán un aumento del 17 por ciento en el primer tramo y un 10 por ciento en un segundo tramo, "lo que significa un acumulativo del 29 por ciento para el salario inicial sin antigüedad".
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domingo, 30 de marzo de 2014
Regulación del comercio de granos: Soberanía económica y política
POR LUCIA FERNANDEZ
Durante los primeros meses del año hemos sido testigos de las maniobras especulativas del sector agroexportador, particularmente de granos, que mediante la retención de producción y divisas extorsionan al gobierno nacional con el objetivo de torcer el rumbo económico del país.
El complejo oleaginoso representa el principal ingreso de dólares a la economía argentina (participa del 36,9% de las exportaciones). Pero solamente cinco empresas, cuatro de ellas de capital extranjero (Cargill, Bunge, Dreyfus y Toepfer), concentraron cerca de la mitad (47,8%) de las exportaciones de granos, subproductos y aceites en 2013.
A estos exportadores el gobierno les solicitó acelerar el ritmo de sus liquidaciones (que en el primer mes del año habían sido un 20% menos que en 2013). En febrero liquidaron unos 2.000 millones de dólares, llegando a 3.000 en el bimestre (28% más que hace un año). Es decir, que los dólares estaban en su poder pero no los liquidaban especulando con un mayor tipo de cambio, aun después de la devaluación que llevó el valor del dólar a $8.
El poder de estos sectores radica en la concentración que ejercen sobre todos los eslabones de la cadena de comercialización de los granos.
Si bien la producción primaria involucra alrededor de 73 mil productores, solo el 6% explican el 54% de la producción. En la etapa industrial (el 75% de la producción primaria de soja se destina a la industrialización) también existe una alta concentración: 5 de los 37 productores de aceites concentran el 60% de la capacidad instalada. Asimismo, la mayoría posee plantas de almacenamiento de granos y terminales portuarias propias.
Los mayores perjudicados en este negocio son los pequeños productores, que le venden los granos a las exportadoras o a los productores de aceites y harinas a un precio mucho menor al internacional. Con la diferencia que hacen las grandes cerealeras entre la compra al productor y la venta al exterior, se quedan con alrededor de 700 millones de dólares anuales de ganancia.
Su posición dominante les permite retener producción a la espera de mejores precios, afectando fuertemente el abastecimiento y los precios internos. A fines del 2013 los productores de soja y derivados retenían entre 5 y 7 millones de toneladas. En términos fiscales significó una baja de ingresos de 1.000 millones de dólares.
El manejo de la divisa es un instrumento de soberanía económica. El dólar es la moneda en que se comercializan la mayoría de los bienes y servicios a nivel mundial. Si no ingresan dólares por el comercio exterior debemos utilizar las reservas internacionales o contraer deuda externa.
Frente a esto desde el Banco Central se han emitido una serie de medidas para disminuir el porcentaje de depósitos en dólares que pueden tener los bancos y aumentar el anclaje bancario en la misma moneda. Sin embargo no puede obviarse la regulación del sector que representa el principal ingreso de dólares al país (se estima que este año ingresaran cerca de 30.000 millones del sector agrícola).
Recientemente se creó el registro de granos en la AFIP que permitirá conocer todas las existencias de granos. A su vez, mucho se ha dicho en los últimos meses sobre la creación de una junta nacional de granos, u organismo similar, que permita que el Estado intervenga de manera directa en la comercialización.
El ministro de agricultura esbozó esta idea en una entrevista reciente: “en el caso que esto suceda, en términos que se instale permanentemente - (la conducta de los exportadores) - , se puede regular, intervenir en el mercado, a partir de la generación de instituciones y normativas. El Estado puede ser comprador, por ejemplo cuando se habla de una Junta Nacional de Granos (…)”. Las declaraciones sonaron más a una advertencia que al lanzamiento de una medida de gobierno.
Pero estos sectores no se rigen por pedidos o advertencias, ni siquiera por criterios estrictamente económicos. Lo que los motoriza son intereses políticos. Este gobierno ha hecho de las retenciones a las exportaciones agropecuarias uno de sus pilares fundamentales. Eso es inaceptable para estas empresas y es, precisamente, lo que combaten.
Por lo tanto la respuesta también debe ser política, no se trata de elaborar decretos con equipos técnicos a puertas cerradas. Esto hizo el inepto de Martín Lousteau (actualmente columnista de La Nación) con la resolución 125. De política ni una palabra. Así nos fue.
Así les fue también a los técnicos desarrollistas de Frondizi y Frigerio. Devaluaron para atraer capitales extranjeros y “mejorar la competitividad” de las exportaciones para que aumente la producción, pero al sector exportador más que aumentar las exportaciones le interesaba sacarse de encima a Frondizi. La tecnocracia nunca podrá remplazar a la política cuando se trata de enfrentar a la rosca oligárquica.
Lo que se impone actualmente es avanzar en la construcción de la legitimidad política para crear, mediante una ley, un organismo que permita no sólo la participación preponderante del Estado en el comercio de granos, sino que tenga como columna vertebral a los productores y trabajadores argentinos expoliados por las exportadoras transnacionales.
En los últimos años ha ganado terreno la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que nuclea a más de 160 productores. A su vez los sectores que se oponen a la conducción de Buzzi en la Federación Agraria (Agrupación Grito de Alcorta, Movimiento Argentino de Jóvenes Agrarios, etc.) reclaman la creación de un organismo con estas características.
Ese debe ser el punto de apoyo del gobierno nacional para encarar esta tarea y ampliar la convocatoria a la sociedad en su conjunto mediante la realización de Audiencias Públicas en todos los puntos del país, para terminar en una votación del Congreso en la que veamos a favor de quién vota cada uno. Solamente este proceso, profundamente democrático, dará la legitimidad política necesaria para sostener una medida que ataca a uno de los sectores más poderosos de la economía argentina.
Fuentes:
http://www.infobae.com/2013/12/31/1534275-la-soja-finalizo-el-ano-mayor-cosecha-y-exportaciones-aunque-los-precios-cerraron-baja
http://www.lapoliticaonline.com/nota/73806/
http://www.lapistaoculta.com.ar/3/2/c/itemlist/tag/Junta%20Nacional%20de%20Granos.html”
Complejo Oleaginoso” Serie “Producción Regional por Complejos Productivos” Secretaría de Política Económica Subsecretaría de Programación Económica Dirección Nacional de Programación Económica Regional Octubre 2011
Regulación del comercio de granos: Soberanía económica y política
POR LUCIA FERNANDEZ
Durante los primeros meses del año hemos sido testigos de las maniobras especulativas del sector agroexportador, particularmente de granos, que mediante la retención de producción y divisas extorsionan al gobierno nacional con el objetivo de torcer el rumbo económico del país.
El complejo oleaginoso representa el principal ingreso de dólares a la economía argentina (participa del 36,9% de las exportaciones). Pero solamente cinco empresas, cuatro de ellas de capital extranjero (Cargill, Bunge, Dreyfus y Toepfer), concentraron cerca de la mitad (47,8%) de las exportaciones de granos, subproductos y aceites en 2013.
A estos exportadores el gobierno les solicitó acelerar el ritmo de sus liquidaciones (que en el primer mes del año habían sido un 20% menos que en 2013). En febrero liquidaron unos 2.000 millones de dólares, llegando a 3.000 en el bimestre (28% más que hace un año). Es decir, que los dólares estaban en su poder pero no los liquidaban especulando con un mayor tipo de cambio, aun después de la devaluación que llevó el valor del dólar a $8.
El poder de estos sectores radica en la concentración que ejercen sobre todos los eslabones de la cadena de comercialización de los granos.
Si bien la producción primaria involucra alrededor de 73 mil productores, solo el 6% explican el 54% de la producción. En la etapa industrial (el 75% de la producción primaria de soja se destina a la industrialización) también existe una alta concentración: 5 de los 37 productores de aceites concentran el 60% de la capacidad instalada. Asimismo, la mayoría posee plantas de almacenamiento de granos y terminales portuarias propias.
Los mayores perjudicados en este negocio son los pequeños productores, que le venden los granos a las exportadoras o a los productores de aceites y harinas a un precio mucho menor al internacional. Con la diferencia que hacen las grandes cerealeras entre la compra al productor y la venta al exterior, se quedan con alrededor de 700 millones de dólares anuales de ganancia.
Su posición dominante les permite retener producción a la espera de mejores precios, afectando fuertemente el abastecimiento y los precios internos. A fines del 2013 los productores de soja y derivados retenían entre 5 y 7 millones de toneladas. En términos fiscales significó una baja de ingresos de 1.000 millones de dólares.
El manejo de la divisa es un instrumento de soberanía económica. El dólar es la moneda en que se comercializan la mayoría de los bienes y servicios a nivel mundial. Si no ingresan dólares por el comercio exterior debemos utilizar las reservas internacionales o contraer deuda externa.
Frente a esto desde el Banco Central se han emitido una serie de medidas para disminuir el porcentaje de depósitos en dólares que pueden tener los bancos y aumentar el anclaje bancario en la misma moneda. Sin embargo no puede obviarse la regulación del sector que representa el principal ingreso de dólares al país (se estima que este año ingresaran cerca de 30.000 millones del sector agrícola).
Recientemente se creó el registro de granos en la AFIP que permitirá conocer todas las existencias de granos. A su vez, mucho se ha dicho en los últimos meses sobre la creación de una junta nacional de granos, u organismo similar, que permita que el Estado intervenga de manera directa en la comercialización.
El ministro de agricultura esbozó esta idea en una entrevista reciente: “en el caso que esto suceda, en términos que se instale permanentemente - (la conducta de los exportadores) - , se puede regular, intervenir en el mercado, a partir de la generación de instituciones y normativas. El Estado puede ser comprador, por ejemplo cuando se habla de una Junta Nacional de Granos (…)”. Las declaraciones sonaron más a una advertencia que al lanzamiento de una medida de gobierno.
Pero estos sectores no se rigen por pedidos o advertencias, ni siquiera por criterios estrictamente económicos. Lo que los motoriza son intereses políticos. Este gobierno ha hecho de las retenciones a las exportaciones agropecuarias uno de sus pilares fundamentales. Eso es inaceptable para estas empresas y es, precisamente, lo que combaten.
Por lo tanto la respuesta también debe ser política, no se trata de elaborar decretos con equipos técnicos a puertas cerradas. Esto hizo el inepto de Martín Lousteau (actualmente columnista de La Nación) con la resolución 125. De política ni una palabra. Así nos fue.
Así les fue también a los técnicos desarrollistas de Frondizi y Frigerio. Devaluaron para atraer capitales extranjeros y “mejorar la competitividad” de las exportaciones para que aumente la producción, pero al sector exportador más que aumentar las exportaciones le interesaba sacarse de encima a Frondizi. La tecnocracia nunca podrá remplazar a la política cuando se trata de enfrentar a la rosca oligárquica.
Lo que se impone actualmente es avanzar en la construcción de la legitimidad política para crear, mediante una ley, un organismo que permita no sólo la participación preponderante del Estado en el comercio de granos, sino que tenga como columna vertebral a los productores y trabajadores argentinos expoliados por las exportadoras transnacionales.
En los últimos años ha ganado terreno la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que nuclea a más de 160 productores. A su vez los sectores que se oponen a la conducción de Buzzi en la Federación Agraria (Agrupación Grito de Alcorta, Movimiento Argentino de Jóvenes Agrarios, etc.) reclaman la creación de un organismo con estas características.
Ese debe ser el punto de apoyo del gobierno nacional para encarar esta tarea y ampliar la convocatoria a la sociedad en su conjunto mediante la realización de Audiencias Públicas en todos los puntos del país, para terminar en una votación del Congreso en la que veamos a favor de quién vota cada uno. Solamente este proceso, profundamente democrático, dará la legitimidad política necesaria para sostener una medida que ataca a uno de los sectores más poderosos de la economía argentina.
Fuentes:
http://www.infobae.com/2013/12/31/1534275-la-soja-finalizo-el-ano-mayor-cosecha-y-exportaciones-aunque-los-precios-cerraron-baja
http://www.lapoliticaonline.com/nota/73806/
http://www.lapistaoculta.com.ar/3/2/c/itemlist/tag/Junta%20Nacional%20de%20Granos.html”
Complejo Oleaginoso” Serie “Producción Regional por Complejos Productivos” Secretaría de Política Económica Subsecretaría de Programación Económica Dirección Nacional de Programación Económica Regional Octubre 2011
EL PAIS › INVESTIGARAN OTRAS COMPLICIDADES CON LA DICTADURA La hora de los civiles
La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad la creación de una comisión para investigar a los actores económicos que “promovieron y/o facilitaron” delitos de lesa humanidad durante la dictadura o que apoyaron “la ejecución del plan criminal”. La iniciativa había sido presentada en octubre por el legislador Pedro Pesatti, del Frente para la Victoria, a partir del trabajo del jurista Juan Pablo Bohoslavsky y el periodista Horacio Verbitsky en el libro Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura. La Comisión Especial Investigadora por la Memoria, la Verdad y la Justicia, tal su nombre completo, funcionará con amplias facultades durante todo el período de sesiones de 2014. “Es la primera Comisión de la Verdad en el mundo que tiene como objetivo específico investigar la complicidad económica durante un gobierno autoritario”, destacó Bohoslavsky. “Nuestra máxima aspiración es que la investigación tenga incidencia luego en la Justicia, pero aun si eso no fuera posible es importante que la gente conozca cuál fue el comportamiento de los actores económicos frente a la dictadura”, destacó Pesatti.
En los procesos por los crímenes de la dictadura, que ya tienen más de 500 condenados, “han quedado fuera del radar los actores económicos que interesadamente promovieron y/o facilitaron delitos de sangre”, explica en sus fundamentos el proyecto aprobado. No se investigaron todavía “las personas, instituciones y empresas que suministraron bienes y servicios al gobierno o que obtuvieron beneficios a cambio de apoyar la ejecución del plan criminal” y que, en muchos casos, son “actores civiles y económicos de peso, integrados al juego democrático, mientras sus vínculos con la dictadura son en gran medida desconocidos”, agrega.
El proyecto se aprobó el viernes y deberá volver a tratarse en la misma Legislatura (Río Negro no tiene dos cámaras) dentro de quince días para su sanción definitiva. La comisión tendrá “amplias facultades”, entre otras la de acceder a documentación y expedientes administrativos y judiciales, requerir declaraciones de personas y también informes a organismos públicos y privados. Si bien todavía no se conformó, Pesatti anticipó que la integrarán los legisladores Susana Diéguez, Silvia Horne y César Miguel, que a su vez son sobrevivientes de la dictadura. Los “asesores, investigadores o expertos” que la integrarán surgirán en principio de convenios con las universidades nacionales del Comahue y de Río Negro, aunque no descartó que también se recurra a otros ámbitos académicos.
“El libro Cuentas pendientes... de algún modo permitió tener argumentos más fuertes frente a una presunción que todos teníamos, o en algunos casos directamente evidencias, sobre el rol de grupos civiles, eclesiásticos y económicos que formaron parte de la dictadura”, explicó Pesatti. “Incluso habría que analizar bien la cuestión del cómplice. ¿Quién fue cómplice de quién? Tal vez con una investigación completa, que seguro se replicará en otras provincias, encontremos que los verdaderos instigadores y responsables fueron del campo civil, ya sean grupos económicos que se beneficiaron y que aportaron sus mejores hombres al equipo de (el ministro de Economía José) Martínez de Hoz, y que los cómplices fueron en todo caso los militares”, sugirió el legislador, que hasta 2007 era profesor de letras de la Universidad Nacional del Comahue.
Bohoslavsky destacó que Río Negro es pionera a nivel internacional al crear una comisión que investigue exclusivamente a los actores económicos. “Hay otras que han trabajado el tema, como la de Sudáfrica, pero de manera marginal, no porque formara parte de su agenda ni porque estuviera en su mandato inicial”, explicó. También resaltó la importancia de que la investigación de la complicidad económica se realice en distintos niveles. “Es posible y deseable esta descentralización de la sociedad civil impulsando una agenda de investigación. Es posible que municipios, provincias, universidades o sindicatos investiguen dentro de sus ámbitos de trabajo, aplicación o interés, ya que entonces habrá un proceso colectivo de construcción del conocimiento y un debate sobre qué hacer con esa información una vez consolidada”, se esperanzó.
PAGINA 12
EL PAIS › OPINION ¿Sudáfrica o Argentina?
Por Daniel Feierstein *
Revertir los procesos de hegemonía lleva tiempo. La necesidad ética y política de enfrentar la impunidad se construyó con enorme trabajo, en un proceso iniciado a fines de la dictadura y que persiste hasta hoy. Pero cada vez más se identifican intentos –ya no sólo de los perpetradores y sus cómplices– por revertir ese logro. Aparecen por flancos diversos y apuntan siempre en la misma dirección: la Justicia no sería el mejor remedio para enfrentar el genocidio. Su última estela fue el reportaje al investigador francés Philippe Joseph Salazar, aparecido en La Nación el día previo al 38 aniversario del golpe de 1976. Pero se articula con numerosas declaraciones en ámbitos periodísticos, académicos y políticos de los últimos años. Tomaré el reportaje de Salazar apenas como ejemplo de esta tendencia.
Es difícil juzgar la experiencia política de otro país y tampoco es mi intención. Pero ya que el investigador francés que vive en Sudáfrica se permite juzgar el caso argentino sin mucho rigor, contrastaré sus afirmaciones sobre Sudáfrica con alguna información pública. Dice Salazar que “hoy llama la atención para cualquiera que vaya a Sudáfrica lo feliz que es la gente allá. Es la felicidad de vivir juntos. No quieren más hablar del pasado”. Resulta difícil imaginar cómo se concilia dicha felicidad con la tasa de homicidios anual de 31,8 cada 100 mil habitantes, no sólo de las más altas del mundo, sino también dentro del propio continente africano, cuyo promedio es de 17 (Argentina tiene una de 5,5, pese al fervor mediático sobre la inseguridad).
A ello se suma que las muertes sudafricanas tienen relación con el período del apartheid, tanto la violencia anti blanca rural (que no parece mostrar una “reconciliación” muy exitosa, con más de un millar de asesinatos de afrikaaners desde 1994, según las fuentes más cautas), sino también responden a la represión policial, las muertes en cárceles y a la dominación de género, además de la clásica violencia delincuencial.
Agrega Salazar que la ganancia de haber resignado la posibilidad de justicia se compensó con la verdad. Pues no parece ser la conclusión unánime con respecto a la Comisión de Verdad y Reconciliación. En las autoinculpaciones no sólo no hubo arrepentimiento, sino que tampoco se aportó mucha información. La mayoría de las declaraciones “olvidaban” incluir a los copartícipes en las acciones cometidas, así como de informar el destino de los cuerpos, en el caso de que no se conociera previamente. La disyuntiva de conseguir verdad o justicia no parece haber sido tal. No hay prueba alguna de que la labor de la comisión hubiese realmente avanzado significativamente en el conocimiento de los hechos más de lo que lo hubiere hecho un proceso penal.
Apelando a la teoría de los dos demonios, Salazar también sostiene sin pudor que “los crímenes de sangre cometidos por los movimientos de liberación están en el mismo plano que aquellos cometidos por los agentes del apartheid”, borrando la distinción de origen del derecho internacional de los derechos humanos, la separación entre crímenes de Estado y delitos comunes. E igualando la violencia del oprimido con la violencia del opresor, naturalizando la opresión estructural.
Sin embargo, parece que la falta de sensibilidad de Salazar ante la muerte cotidiana en la Sudáfrica actual (en especial, la muerte política, vinculada al post apartheid) tiene su correlato con la extrema sensibilidad ante la “violencia” en la Argentina. Asistiendo a una audiencia de los juicios en Mendoza, Salazar presencia la alegría y fervor de los familiares y sobrevivientes de las víctimas ante la demoradísima condena a los genocidas. Ello conduce a Salazar a considerar que “la gente pedía más sangre y ahí me dije: esto nunca va a terminar.” O sea: los linchamientos de blancos en las zonas rurales sudafricanas, la represión policial a los mineros y la violencia cotidiana en Soweto son “la felicidad de vivir juntos y reconciliados”, pero la manifestación de alegría sin agresión de un sobreviviente de un campo de concentración o de una madre o un hijo de un desaparecido ante una condena producida entre 30 y 40 años después de los hechos es un “pedido de sangre”.
El peligro es que no se trata apenas de un desliz “académico”. La insistencia con la experiencia sudafricana como modelo opuesto y superior al argentino ya tiene unos cuantos años (paradójicamente España es el otro modelo, el paradigma del silenciamiento, la impunidad y la apropiación de menores) y proviene de numerosos políticos e intelectuales, que parecen tener escasa información proveniente de los organismos de derechos humanos sudafricanos o internacionales (baste revisar los datos sobre Sudáfrica en Genocide Watch, entre otros reportes de DD.HH.).
El caso argentino fue paradigmático en las estrategias de lucha contra la impunidad. La fortaleza y unidad de su movimiento de derechos humanos, el modo en que caló en la conciencia del pueblo, la persistencia y originalidad de sus luchas (desde las presentaciones en tribunales internacionales hasta los “escraches”) permitieron consolidar un caso único por el número de procesados, el nivel de garantías ofrecido a los acusados (cualitativamente superior a casos valorables como los de Nuremberg, Tokio, Etiopía, Camboya o Bangladesh) y la seriedad de la fundamentación de las condenas y absoluciones.
Claro que es un proceso que tiene sus problemas (fragmentación de las causas, demoras injustificadas, incoherencias procesales, protección de los testigos, ausencia de investigación estatal), pero tienen que ver más con la falta de justicia que con su exceso. No hubo condenas a muerte como en Nuremberg o Bangladesh, no han existido inocentes condenados como en numerosos “casos armados” en la Justicia común argentina o extranjera, y los procesados y sus familias han visto garantizada su seguridad. Esta lucha original y exitosa del movimiento de derechos humanos argentino instaló una hegemonía difícil de encontrar en otras sociedades como la chilena, la española o la brasileña, que se encuentran mucho más divididas y donde la construcción de consensos para alcanzar la justicia sigue resultando difícil. Es este logro lo que estos discursos pretenden revertir. Y el peligro radica en que, a diferencia de las manifestaciones aisladas de los perpetradores y sus cómplices, estas falsas disyuntivas tienen mayor capacidad para calar en el sentido común, afectado tanto por la mezquina utilización política de los logros colectivos como por el también mezquino oposicionismo que se niega a reconocer el valor de un cambio de época en la lucha contra la impunidad.
El riesgo es enorme, porque distraídos en esas disputas, por primera vez se comienza a poner en riesgo la sólida hegemonía que tanto ha costado construir: la necesidad de justicia para los crímenes de Estado.
El 24 de marzo estuve en las dos plazas, como hago desde que se quebró el acto unitario del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. En la de los “organismos históricos”, con tinte kirchnerista y autobombo. Y en la del “Encuentro”, con participación de los partidos opositores y homologación de los gobiernos de estos 38 años. En ambas, como es lógico, había madres, hijos, familiares, sobrevivientes, aunque algunos no quieran verlos. En ambas estaban compañeros que han luchado a brazo partido, ofreciendo su tiempo y en algunos casos sus vidas para construir esta hegemonía. Coincidía y disentía con consignas de unos y otros. Pero por suerte una consigna se sigue cantando en ambas marchas, una de las pocas que canto una y otra vez a voz en cuello y que proviene de los años ‘8’: “Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.
Los fantasmas siniestros vuelven a marchar. No usan tanques ni se pintan la cara como hacían en los ’80. Tampoco hacen gestos amenazando degollarnos, como en 2006 o 2007, cuando la desesperación los sacó de quicio. Seguramente comprendieron que sin revertir la hegemonía construida sobre la necesidad de la justicia, sus gestos serán inútiles. Van a la conquista del sentido común del pueblo argentino.
* Investigador del Conicet y presidente de la International Association of Genocide Scholars.
ARGENTINA UCRANIA Y EL DOBLE STANDARD
Por Héctor Timerman *
El 25 de mayo será una fecha histórica también para Ucrania, pues están
programadas para ese día las elecciones presidenciales que podrían permitir el inicio del diálogo que necesita la nación ucraniana.
La trascendencia de estas elecciones se ve realzada por las dificultades institucionales y un contexto de confrontación que escaló hasta los hechos violentos de principios de febrero, que llevaron a la muerte a cerca de ochenta personas y la caída del presidente constitucional. En el corto período que siguió se adoptaron, entonces, una serie de decisiones, sin por ello cambiar el clima de altísima tensión que vive ese país.
Mucho se ha escrito sobre la legalidad de decisiones tomadas por un gobierno cuyo acceso al poder se debió a una ola de violencia. Mucho se escribió también sobre la legalidad de una consulta popular que había sido convocada en Crimea para decidir sobre el futuro de esa región. Las explicaciones giraron siempre alrededor de la interpretación de las normas ucranianas que estaban en juego.
Estas interpretaciones, efectuadas desde distintos países, no eran académicas. En su mayor parte tampoco eran independientes de los intereses de los países u organizaciones internacionales que las hacían. Es sabido que, en la génesis de esta crisis, un factor importante fue la división de opiniones dentro de Ucrania sobre el camino a seguir en negociaciones planteadas simultáneamente con la Unión Europea y la Federación Rusa; con claros alcances políticos, económicos y sociales, no sólo para Ucrania sino para toda esa región.
El pasado 15 de marzo, se planteó ante el Consejo de Seguridad un proyecto de resolución en un momento de la crisis en la que parecía altamente probable que la situación fuera escalando hacia hechos de violencia. Era necesario que el Consejo diera el mensaje claro de que correspondía a Ucrania resolver sus asuntos internos y también que la comunidad internacional tenía una responsabilidad.
Esta responsabilidad era, y sigue siendo, velar porque los derechos humanos y el derecho internacional humanitario se respetasen, en éste como en todo momento, en particular teniendo en cuenta los hechos de violencia que habían tenido lugar y el potencial peligro de que la situación se agravara e involucrara otras partes de Europa. También lo era adherir estrictamente al derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y el objetivo de promover la paz y la seguridad internacionales, absteniéndose de actos unilaterales que fueran en camino contrario. Esta era la filosofía general del mencionado proyecto y a ello se le dio prioridad para decidir votar a favor.
Es cierto que ese proyecto también contenía elementos que se juzgaron inconvenientes y contradictorios. Por ejemplo, al tiempo que se reafirmaba la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Ucrania, el texto se pronunciaba sobre la legalidad del referéndum en Crimea. Una clara injerencia política en un asunto interno de Ucrania. Al momento, sin embargo, para Argentina fue suficiente hacer una salvedad sobre este punto al explicar nuestro voto positivo.
Menos de dos semanas después se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas un texto muy parecido al considerado por el Consejo de Seguridad. El texto era similar, el contexto político había cambiado.
Lejos de apegarse a las normas internacionales, promover el diálogo entre los diversos interesados y buscar apoyar a Ucrania a canalizar sus dificultades internas por medios pacíficos, varios actores internacionales siguieron insistiendo en obtener ventajas para sus propias aspiraciones. Se hicieron declaraciones, se realizaron amenazas, se firmaron acuerdos políticos y comerciales, se decretaron sanciones económicas unilaterales y fuerzas militares entraron en operaciones. En otras palabras: se intervino en los asuntos internos de Ucrania por medios políticos, económicos y militares a la vez que se escalaba en el clima de confrontación internacional.
El declarado respeto al derecho internacional fue adaptado por los países que mayor influencia podían tener sobre la crisis a sus necesidades geopolíticas, buscando avanzar sus propios intereses sin importar el efecto que ello podía tener en la búsqueda de un clima de compromiso, imprescindible para alcanzar una salida pacífica a la crisis ucraniana. Por ello, en diversas oportunidades el gobierno argentino advirtió sobre el claro doble estándar de los varios miembros de la comunidad internacional que así procedían. Una y otra vez nuestro país llamó a no interferir en los asuntos internos de otras naciones y a respetar la integridad territorial, pero a cumplirlos como principios universales y no como herramientas geopolíticas.
En este clima, el proyecto de resolución que se planteó a la Asamblea General de las Naciones Unidas el 27 de marzo ya no buscaba un mensaje que pusiera fin a una potencial escalada de violencia. Fue presentado y explicado como una demostración de apoyo, pero no sólo a las normas del derecho internacional, sino de alineamiento con una lectura parcial y sesgada del desarrollo del conflicto. En ese sentido, planteaba la revitalización de un concepto de división de la comunidad internacional en bloques de influencia. Una concepción de relaciones internacionales basadas en el poder de la que fuimos víctimas directas los pueblos de América latina, Africa y Asia, en un pasado no lejano que debemos dejar atrás. En nuestro análisis, el voto positivo o negativo contenía una indisimulada expresión de alineamiento propio de la Guerra Fría.
Durante el proceso de negociaciones, Argentina propuso que si el tema era el respeto a la integridad territorial se mencionen todos los territorios cuya soberanía se encuentra disputada de acuerdo a las Naciones Unidas. No fuimos escuchados pero sí presionados para imponernos el texto finalmente adoptado. Así las cosas, la Argentina se abstuvo y durante el debate reiteró su apego a los principios de no injerencia y respeto a la soberanía territorial en todos y cada uno de los casos. ¿Cómo hubiesen votado las potencias si la resolución incluía la lista solicitada por nuestro país? Argentina hubiera votado a favor.
Por eso no debe extrañar que, al igual que los demás miembros fundadores del Mercosur y la mayoría de los integrantes de la Celac, nos hayamos abstenido u opuesto a la resolución en cuestión.
La Cuestión Malvinas, punto de antagonismo con una potencia militar y miembro permanente del Consejo de Seguridad, ha contribuido a hacer de nuestro país un reconocido y activo defensor del Derecho Internacional Público y de los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, especialmente del Principio de Integridad Territorial. Es desde este lugar que denunciamos el doble estándar que aplican los países más poderosos de dicho principio, invocado a veces, olvidado otras tantas. Haber apoyado una resolución que invocaba un principio pero acarreaba otros intereses hubiese sido una burla a nuestra honrosa tradición. Sería una mancha en la defensa de nuestra soberanía.
Es así que desde el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner seguiremos denunciando en todos los foros multilaterales que el uso de estos principios para promover objetivos coyunturales de unos u otros nos aleja de la construcción de un destino común, de un mundo en paz y de una comunidad internacional basada en el respeto.
* Canciller.
Una chicana que les salió mal
Por Irina Hauser
La Policía Metropolitana, y con ella el gobierno de Mauricio Macri que les pone abogados a sus agentes, fracasaron en un intento de complicar el esclarecimiento de los asesinatos durante el desalojo del Parque Indoamericano, ocurrido hace ya casi tres años y medio. En la recta final de la causa recusaron por supuesta “enemistad manifiesta” con la policía porteña al fiscal Sandro Abraldes, quien actúa desde el inicio del caso en diciembre de 2010. Pero la jueza Mónica Berdión de Crudo avaló y confirmó la actuación de la fiscalía en una resolución que le impone las costas del trámite a la fuerza porteña y, además, incluye una defensa contundente de la difusión pública a través de los medios de comunicación de las novedades que se producen en “la marcha de un proceso en el que se ventilan cuestiones de gravedad”, como éste.
La chicana de los abogados de la Metropolitana se produjo en momentos decisivos para el expediente y, de hecho, su sólo planteo consiguió posponer la indagatoria del jefe policial Eugenio Burzaco, que debió hacerse hace dos semanas y será finalmente el próximo jueves, 3 de abril. También llevó a prorrogar la definición sobre los pedidos de procesamiento de los policías presentados por el fiscal y por las querellas que representan a las familias de Rosemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro, los jóvenes asesinados el 7 de diciembre de 2010, en extremos opuestos del Indoamericano, pero con proyectiles casi idénticos provenientes de escopetas policiales.
Si bien están imputados agentes que pertenecen tanto a la Metropolitana como a la Policía Federal, Abraldes atribuyó los asesinatos específicamente a los porteños, a quienes sumó como responsables a tres jefes de la Policía Federal (Hugo Lompizano, Juan Quintero y Emilio Miragaya). El delito en juego es homicidio en agresión (con penas de uno a seis años), que se aplica cuando varios agresores intervienen pero no se puede establecer cuál de ellos disparó. Ahora, en una nueva estrategia, los abogados de la fuerza porteña agregaron una presentación donde piden una extensa lista de medidas de prueba que apuntan, en esencia, a trasladar la culpa por las muertes a la Federal.
La fiscalía sostiene que hubo un operativo conjunto entre ambas fuerzas y una mesa de operaciones, desde donde Burzaco daba instrucciones a los policías. Pero los disparos mortales propiamente dichos, sostienen los investigadores en base a filmaciones y testimonios, salieron de la Metropolitana, en particular de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM). Su funcionamiento como grupo de choque ya fue visto en otros conflictos sociales, donde incluso se repiten los personajes policiales y jamás se buscaron salidas dialogadas ni a los problemas de fondo. Pasó con la represión en el Hospital Borda, en la autopista Illia, en la Sala Alberdi del Teatro San Martín, en el Parque Centenario.
La recusación de Abraldes y de la fiscal ad hoc Nuria de Ansó llegó después de que el juzgado de Berdión de Crudo terminara con las indagatorias a 57 hombres de la Metropolitana y 11 de la Federal y cuando ya el fiscal y los familiares de los muertos habían pedido procesar a la mayoría de ellos. Los metropolitanos siguen todos en funciones. De los federales, siguen en sus cargos los imputados por abuso de armas mientras los jefes fueron desplazados. Abraldes es el fiscal del caso desde el comienzo del expediente, pero recién ahora los abogados perecieron advertir que guarda un “encono” hacia la policía de Macri.
El pedido para apartarlo está basado en esa supuesta “enemistad”, pero también acusa a la fiscalía de ser arbitraria al intentar dejar detenido al ex titular de compras del gobierno porteño Lisandro Greco por falso testimonio, cuestiona el allanamiento en esa dependencia donde se rastreaban compras presuntamente ocultas de balas de plomo, le achaca la difusión en los medios de lo que sucede en la causa, no respetar el principio de inocencia y haber tenido una actitud persecutoria y violatoria de la intimidad durante la indagatoria de uno de los policías imputados, Ricardo Picart, a quien Abraldes le pidió que le mostrara su tatuaje y le preguntó si entendía lo que dice: “One shot, one kill”. La traducción literal podría ser “un disparo, una muerte”, lo que connota es un disparo a matar.
La audiencia por la recusación, que se hizo la semana pasada, estuvo plagada de contrapuntos entre Abraldes y los abogados de la Policía Metropolitana que asistieron, Julián Curi, Santiago de Jesús y Federico Sottile. Para mostrar que no tiene ni enemistad ni amistad con ninguno de los policías imputados, el fiscal llevó ejemplos no sólo de policías cuyo sobreseimiento pidió en esta causa, sino en otras. Como ejemplo de respeto al principio de inocencia, recordó que avaló la libertad del policía Enzo Fabián Alvarez, acusado de matar con un disparo a menos de 50 centímetros a Bruno Pappa cuando intentó asaltarlo.
Mientras los defensores le reprochaban la “constante publicación de actos procesales en los medios masivos”, Abraldes dijo que era indudable el “interés público” que habían generado los sucesos y que los abogados parecen ignorar “la dimensión de los medios”. Eso, señaló, al margen de que la ley de ministerio público impone el deber de informar a la máxima autoridad, lo hicieron con Esteban Righi y con Alejandra Gils Carbó, y que él es ajeno a lo que se publica en la página sobre causas de la Procuración. También defendió el allanamiento y el pedido para que Picart mostrara el tatuaje que, aseguró, no pretendió “mortificarlo” sino que considera un “elemento relevante” para evaluar la culpabilidad en este caso.
La jueza, finalmente, resolvió la última semana rechazar la recusación, partiendo de que “la enemistad” tiene que ser “personalizada”, derivada de una relación personal, pero no dirigida a una persona jurídica como la policía en general. Avaló todas las explicaciones de Abraldes. Dijo, también, que los fiscales deben ser “objetivos y leales” en su actuación, pero no tienen un deber de “imparcialidad” como los jueces. Y, como broche, recordó que la Constitución consagra “el principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno” para que puedan “ser controlados”. “Los medios de comunicación y de difusión resultan ser canales válidos para permitir tal ejercicio cívico, al transmitir a la ciudadanía la marcha de un proceso en el que se ventilan cuestiones de la gravedad que revistan aquellas materia de investigación” en la causa del Indoamericano. En definitiva, concluye la jueza, a los fiscales los recusan porque pidieron procesamientos.
Nadie descarta que los metropolitanos contraataquen y apelen ahora el rechazo a la recusación. Antes, de todos modos, hicieron una extensa presentación que intentan cargar los disparos mortales a la Federal, aferrándose a testimonios de personas que vieron a los uniformados de esa fuerza en la zona desde donde mataron a Chura Puña y Salgueiro, aunque en horarios que no coinciden con las muertes, momento en que sí estaba presente la Metropolitana en esos puntos clave. El escrito muestra cierta inquina con el fiscal Abraldes a quien le atribuyen la “construcción de un relato” e irónicamente lo comparan con el lingüista Ferdinand de Saussure. Es la táctica para seguir pateando las definiciones hacia adelante y evitar que se establezca la verdad sobre los muertos y heridos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (de la querella de Chura Puña) ha señalado varios obstáculos del gobierno porteño a la investigación, como la falta de respuesta o la imprecisión en datos sobre el personal y el armamento utilizado, sin contar que el ministro Guillermo Montenegro insiste con que no se usaron balas de plomo.
En el fondo, es una política similar a la que han aplicado las autoridades de la Ciudad sobre el problema de vivienda que hay de fondo: para desactivar la toma aquel verano de 2010 terminaron ofreciendo un acuerdo que prometía resolver el problema habitacional, pero hoy está todo igual que en aquel entonces, lo que explica el descreimiento que tienen hoy los vecinos que protagonizan la ocupación en la Villa 20, frente al Indoamericano.
Mientras tanto, esta semana, en teoría, declara como sospechoso Burzaco, el hombre PRO de más alto rango involucrado en las muertes producto del accionar policial.
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