Acuerdos, roles y novedades

El mito de la confiscación de Repsol y sus cultores. El acuerdo sobre el monto de la expropiación, una carambola a tres bandas. La política energética K, según pasaron los años. Su lógica política y los cambios que se sucedieron. Capitanich y la comunicación, métodos y ambiciones. La necesidad de tener códigos. Por Mario Wainfeld La ley respectiva lo expresa con todas las letras. El Estado argentino expropió las acciones de YPF que eran propiedad de Repsol. La expropiación está regulada en la Constitución nacional (desde 1853, no desde anteayer) y exige el pago de indemnización previa. Es, ya que estamos, un ejemplo canónico de cómo el interés público puede primar sobre la sacralidad de la propiedad privada. La multinacional española, tan novata en el negocio petrolero como poderosa (la más grande con esa bandera), puso el grito en el cielo y habló de “confiscación”. Jamás hubo tal, la ley está escrita y es diáfana lo que no obstó a que voceros argentinos de Repsol (varios de ellos representantes del pueblo o de las provincias, otros “comunicadores sociales”) se plegaran a la falacia, autovictimizante. No era la primera expropiación a empresas poderosas en este Sur, en el siglo XXI: las hubo en Bolivia y en Venezuela, sin ir más lejos. Todas incluyeron denuncias de marxismo, de autoritarismo y luego desembocaron en acuerdos de pago. El gobierno argentino intercedió ante el presidente bolivariano Hugo Chávez para lubricar las tratativas con Techint, objeto de una de las expropiaciones. En nuestro país se repitió la parodia ensayada en el vecindario. Quienes denunciaron confiscación cambiaron su discurso, aunque siguieron macaneando: “dijeron que confiscaban, ahora expropian”. En fin. La Vulgata dominante gambetea la coherencia y a menudo la cruda enunciación de los hechos. La negociación previa es también inexplicable para quienes predican que el Gobierno es pura rusticidad y está “afuera del mundo”. Hubo diplomacia internacional, secretos bien conservados, largas tratativas con el gobierno mexicano cuya petrolera Pemex es socia minoritaria de Repsol. El propio presidente mexicano Enrique Peña Nieto se implicó en la batida. Hizo públicos reclamos y críticas a la conducción de la multihispana por su intransigencia: el diario El País lo maltrató de lo lindo, lo acusó de no entender la magnitud del problema, sus ribetes institucionales. España atraviesa una crisis fenomenal, que castiga a su pueblo mientras sus clases dominantes y ciertas elites culturales siguen tan arrogantes como diez años atrás. El mundo cambió, “su” mundo cambió, sus errores y vicios son flagrantes pero ellos no se miran en el espejo. Y reinciden en el hábito de gritarles “¿por qué no te callas?” a los latinoamericanos. En materia económica, máxime si de petróleo se trata, el interés tira más que una yunta de bueyes. Pemex tiene interés en invertir en Vaca Muerta, no podía hacerlo mientras una empresa de la que es socia estuviera en conflicto con la Argentina: el mundo de los negocios es salvaje pero aun así reconoce límites. Como sea, se llegó a un acuerdo bipartito que contempla, ay caramba, intereses de tres partes. Argentina necesita inversión extranjera para dinamizar la exploración en Vaca Muerta, el afán mexicano ya se explicó, a Repsol no le queda otra que ir cobrando y echar a pérdida los costos del entuerto. En general, en nuestro país primó la aprobación aunque con críticas retrospectivas. Los objetivos del Gobierno y de YPF son razonables, dentro de una lógica capitalista. La discusión debería centrarse en aspectos instrumentales, en especial en si el precio pagado tiene correlación con los beneficios posibles. Hablamos de un rubro del comercio internacional con jugadores (pre)potentes, con reglas duras, donde nadie es ingenuo ni inocente. En ese terreno barrero la defensa del interés público es peliaguda. Es poco sensato discutir los objetivos estratégicos (crecimiento de la producción y las reservas, autoabastecimiento), los medios son los que están en entredicho. La instrumentación del acuerdo llevará su tiempo, deberán irse dilucidando cuestiones institucionales. Entre ellas, si deben intervenir el Congreso o el Tribunal de Tasaciones. O si deben expedirse las provincias, que integran el directorio de YPF. En este punto el cronista piensa que son ajenas a la expropiación, que decidió (y, por ende, debe pagar o negociar) el Estado nacional. - - - Dale gas: Cuando se describe “la década ganada” o cuando se la descalifica se suele incurrir en una simplificación, que es subestimar los cambios y etapas que se sucedieron. La política energética de los primeros tiempos del kirchnerismo fue un engranaje para sus objetivos generales: crecimiento, reactivación primero y después reindustrialización, generación de empleo. Combustible barato y abundante alimentaba la chimenea, por así decir. La medición cabal del costo debía incluir todas sus funcionalidades. En paralelo, los convenios con Bolivia, más allá de pensar en la integración regional y el suministro garantizado, incluían un plus político. Era cooperar con el gobierno de Evo Morales para darle sustentabilidad política y económica. Con el tiempo, los olvidos cunden. En sus albores, el gran presidente boliviano estaba asediado por enemigos internos y poderes fácticos foráneos. No tenía garantizada la gobernabilidad ni mucho menos la continuidad que ahora se naturaliza como parte del paisaje. El gobierno argentino, en un momento de alta solvencia, hizo la apuesta estratégica de ayudar a Bolivia con esas compras. La opción, que el cronista considera valiosa, es discutible desde ya. Lo interesante es tomarla en cuenta como parte de un proyecto político que jugó mucho por la estabilidad regional y la supervivencia de gobiernos nacionales y populares, condicionados por distintas variantes de golpismo de derecha. Desde luego, esa buena praxis tiene contrapartidas económicas. El cambio de coyunturas (de la solvencia argentina, del poder relativo de Morales, entre otras variables) torna la ecuación menos virtuosa, aun aceptando sus premisas. Otro tanto ocurre con los subsidios a las industrias y al consumo doméstico (concebidos para apuntalar el poder adquisitivo creciente de los salarios). En el arranque, el rinde socioeconómico es muy alto. Cuando las circunstancias varían, el saldo es diferente, aun si se conservan los postulados ideológicos. El creciente déficit energético, la pésima gestión de Repsol indujeron al Gobierno a una mala movida que fue introducir al grupo Petersen-Eskenazy como socio de la empresa española. La hipótesis era meter un caballo de Troya, de la mano de la “burguesía nacional”. La experiencia fue un fracaso, que estaba cantado por lo rudimentario de la jugada y porque la hipotética burguesía nacional, mayormente, no existe. El Estado llegó a la reestatización de YPF como a todas las que la precedieron: no siguiendo una hoja de ruta o un plan maestro sino compelido por la necesidad. Apremiado por las circunstancias, jugó fuerte en el sentido que le marca su concepción del mundo. Por lo demás, desde 2011 quedó a la vista que era imperioso acentuar la intervención y la regulación estatal. En ese contexto, es más congruente la decisión sobre Repsol. Recuperar YPF conmovió la memoria colectiva, el sacudón abarcó a militantes o dirigentes de partidos opositores. Claro que en el estadio actual del kirchnerismo las acciones más valorables no suelen combinar el capital simbólico con el veloz impacto favorable en los intereses de la gente del común. Cuando se recuperaron las AFJP o cuando se implantó la Asignación Universal por Hijo los beneficios para sectores populares fueron casi simultáneos y sensibles. Por ahora, sólo los trabajadores, proveedores y pymes vinculadas con YPF han visto mejorar sus realidades. Para que la recuperación de YPF “derrame” faltan tiempo, inversiones, hallazgos. El Gobierno y la empresa estatal tratan de acortar los plazos, que, en las prospectivas más optimistas, no serán cortos. Hacen lo que deben hacer, incluso negociar con contrapartes temibles y arteras. Habrá que ver si lo hicieron con destreza y eficiencia, se irá dilucidando con los años. El paso era imprescindible, el futuro es abierto. - - - Marx, Lenin, Stalin: Al ministro de Economía, Axel Kicillof, lo han tildado de marxista o de comunista. Se salvó de ser imputado como stalinista, karma que debe sobrellevar Martín Sabbatella. “Macartear” siempre fue un pasatiempo de ignorantes. Antaño, se suponía que eran de derechas, ahora hay muchos republicanos aficionados a ese deporte. Si se le endilgó haber enarbolado el inmundo trapo rojo, ¿cómo no iban a distorsionar su discurso cuando se trató la ley de expropiación? Eso defendía Kicillof, lo fundó a su manera: extensamente. Si en algún tramo de su interesante presentación “le bajó el precio” a Repsol, cualquier persona con dos dedos de frente entendería que es una táctica usual cuando hay regateo. Quien no lo hace peca por desinformación o mala fe. O por las dos cosas, que suelen andar apareadas. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner le permitió a Kicillof armar un equipo coherente. La interacción con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, es constante, según comentan quienes los han frecuentado en reuniones, que se multiplican. Los gobernadores, no sólo los peronistas, están conformes con el nuevo esquema del elenco nacional. En los próximos días el santafesino Antonio Bonfatti y el porteño Mauricio Macri se reunirán con el jefe de Gabinete. La centralidad de Capitanich podría medirse en el encuentro de gobernadores peronistas a realizarse en Jujuy en la segunda semana de diciembre. Capitanich sigue siéndolo, aunque en uso de licencia. Varios de sus colegas-compañeros le piden que participe. Si lo hiciera sería el primus inter pares. Por ahora, claro, como es todo en política. El más afectado por la novedad es el bonaerense Daniel Scioli. El Gobierno se oxigenó, “cambió el aire”, renovó el clima. Esos logros pueden ser funcionales para una nueva etapa de gestión si se completan con acciones y satisfacción de demandas. Un gobierno que cerró demasiado sus puertas y se replegó en exceso genera expectativas si cambia su modalidad. Pero en poco tiempo será medido por sus realizaciones y no sólo por su capacidad para dialogar. Si se prefiere de otro modo: el diálogo cobra sentido si hay acciones en consecuencia. - - - En el centro de la cancha: Capitanich habla todas las mañanas con periodistas y distiende el ambiente. Elige ser conciso, acepta con paciencia que se le repitan “n” veces las mismas preguntas en días sucesivos o en un mismo palique. No se pone peleón, no levanta temperatura, no hace uso de la ironía o la sorna. Sabría hacerlo, si fuera menester, pero la idea, hasta ahora, es otra. Coqui da más títulos que comentarios, adorna apenas las palabras. Su hiperquinesis es real y también subrayada. El hombre se para en el centro de la cancha, corre a todos, para la pelota y se la pasa a sus compañeros de gestión. Si le va bien, sería como Javier Mascherano en sus buenos tiempos. El rol de Messi o de Riquelme, se sabe, lo tiene otra persona. Se comenzó a comparar las conferencias de prensa de Capitanich con las que daba el entonces ministro menemista Carlos Corach, “de parado” en la puerta de su casa. Al cronista lo fascinan esos formatos comunicacionales, le gustaría explayarse más sobre el punto. Por ahora se conforma con señalar que hay semejanzas en eso de convertirse en término de referencia y, un poco, pararrayos del Gobierno. Y hay diferencias históricas y personales. Las históricas son que Corach emergió en los últimos años del menemismo mucho más para defenderlo y responder a la agenda de los otros que para crear una. La ambición de Capitanich y del oficialismo es generar las condiciones para seguir en la Casa Rosada después de 2015, generar “agenda propia” asentada en las novedades de gestión. La segunda diferencia, nada menor, es que Corach no tenía ambiciones políticas que trascendieran el lugar que ya ocupaba. Capitanich, en cambio, está anotado en la carrera para la presidencia. Podría decirse que en un lugar muy expectable aunque faltan dos años, una eternidad en la política doméstica. Su futuro depende de cómo instale su figura y de que el Gobierno recobre legitimidad de ejercicio. No es imposible, ni sencillo. Las mutaciones en el funcionamiento del Gobierno y las nuevas medidas no resienten el liderazgo de la Presidenta. Mayormente es al revés: lo confirman, probando también su capacidad de respuesta. Como se ejemplificó en párrafos anteriores, el kirchnerismo ha sabido adaptarse a las circunstancias en muchas coyunturas previas. Merced a tal capacidad pudo recobrar terreno, repechar derrotas, revalidarse. El dato es ineludible, aunque no basta para garantizar que se reiteren esos contragolpes políticos, que sostienen un largo período de legitimidad y gobernabilidad. Por ahora hay una tregua, un parate de la oposición, el esbozo de un escenario político diferente, en un contexto económico mucho más exigente y complejo que el de los primeros años. mwainfeld@pagina12.com.ar Hay que tener códigos Por Mario Wainfeld “Hay que tener códigos” repiten, modismo más o menos, gentes del mundo del fútbol o de la farándula. El vozarrón de Alfio Basile propaga la consigna por doquier. Quieren expresar que existen (o deben existir) sistemas de reglas que deben ser acatados, un plexo de normas de vida. Por lo general, esos códigos no están escritos sino que son hijos de la costumbre o la convivencia. Los códigos legales son escritos, en la modernidad. De cualquier modo, tienen algo en común con aquellos que mentamos. Son un conjunto ordenado y jerarquizado de reglas, que tiene una lógica interna, que incide sobre otras leyes. Aunque muchos profanos puedan no saberlo, un Código es una ley común. No requiere mayorías especiales para ser cambiado en parte o derogado. Otra ley posterior podría hacerlo. Sería un disparate en la práctica pero no es imposible en teoría que una ley de un artículo derogara todo el actual Código Civil o, en su momento, el que está tratando el Congreso. En términos más simples y reales: siempre se ha estado cambiando parcialmente el Código Civil. En materia de familia, por ejemplo, pasó cuando el primer peronismo estableció el divorcio vincular. O cuando se instauró del divorcio por mutuo consentimiento (alias 67 bis). O cuando, regresada la democracia, se legisló el divorcio vincular. O con el matrimonio igualitario. La lista no termina, sería inacabable. Sin embargo, en un aspecto central, un Código es más que una ley. Lo es precisamente porque su estructura coherente alberga principios generales que orientan otras normas, que determinan cómo interpretarlas. Un Código es, entonces, más que un conjunto de normas apelmazadas. Tiene e irradia una coherencia general, que sirve de referencia para interpretar todos sus artículos (que versan sobre una cantidad asombrosa de temas) u otras leyes. Por eso es tan importante promover la revisión de varios puntos del texto aprobado en el Senado. Porque el reconocimiento de la función social de la propiedad debe ser cimiento de leyes más específicas sobre vivienda, acceso al suelo, reconocimiento de derechos de poblaciones originarias. Porque su presencia servirá como faro para cualquier debate que postule la primacía del interés capitalista individual sobre el general, de lo privado sobre lo público. Si los diputados de todas las bancadas, incluyendo (o más aún, empezando por) los del Frente para la Victoria, tienen códigos, deberán reformar esa infausta regresión. Y, claro, corregir la deplorable redacción del artículo 19, que regula el derecho a la vida haciendo retroceder el reloj. En ese caso, es patente la influencia de la jerarquía de la Iglesia Católica con su proverbial concepción reaccionaria en todo lo que atañe a libertades individuales u opciones de vida. 01/12/13 Página|12