El silencio presidencial amenaza la paz Por Osvaldo Drozd. Sur en América latina internacional@miradasalsur.com

Mientras que el presidente Santos no hiciera ninguna declaración acerca de las revelaciones de The Washington Post, acerca del accionar de la CIA en Colombia, ese diario asegura que durante un reciente viaje a Washington, ante la consulta que ese medio le hiciera al mandatario, éste no quiso hablar sobre ello en detalle, teniendo en cuenta las sensibilidades implicadas. “Ha sido de ayuda”, dijo Santos. “Parte de la experiencia y la eficiencia de nuestras operaciones y nuestras operaciones especiales han sido el producto de una mejor formación y conocimiento que hemos adquirido de muchos países, entre ellos Estados Unidos”, en tanto que las negociaciones con las FARC, le dijo el mandatario a The Post, son el resultado de la campaña militar exitosa, “la guinda del pastel”. El silencio de Santos hoy es sintomático, ya que las revelaciones del matutino estadounidense podrían afectar el proceso de paz en La Habana. Que la guerrilla acepte negociar a sabiendas de que existe un plan sistemático de su país junto a la CIA empleando bombas inteligentes que pueden descabezar a sus principales jefes, coloca al grupo insurgente en una real situación de debilidad, para poder establecer ciertos requisitos programáticos en beneficio de las mayorías populares colombianas. Por otra parte, el presidente Santos tampoco tomó una posición contundente contra otro aspecto que va en detrimento de la paz en su país, y es ante la resolución del procurador general Alejandro Ordóñez de destituir de su mandato al alcalde de Bogotá Gustavo Petro (foto) e inhabilitarlo para ejercer sus derechos políticos por quince años. Recientemente, Petro viajó a Washington para elevar su caso ante la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH), considerando que la maniobra del procurador es sencillamente un “golpe de Estado”, ya que se puede o no estar de acuerdo con las políticas que lleva a cabo, pero lo que no se puede es desplazarlo ilegalmente de su cargo, para cambiar o torcer el rumbo actual. Según el artículo 23 inciso 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Colombia en 1973, un Estado Parte solamente puede suspender o privar a una persona de sus derechos políticos después de que ésta haya sido sentenciada, como producto de un proceso judicial ajustado a las garantías del debido proceso penal. La Convención establece la “condena, por juez competente, en proceso penal” como garantía contra la suspensión o privación arbitraria de los derechos políticos de las personas, que incluyen los derechos a elegir, a ser elegido y a ejercer cargos públicos de elección popular. Para Petro el único que podría destituirlo es el presidente Santos, revisando el dictamen del procurador, ya que así estaría establecido por la CIDH. Pero esa controversia parece que al gobierno no le interesó resolverla, ya que según el mandatario “tratar de meter el gobierno, o al Presidente, en favor de una y otra posición es contraproducente”, dijo, agregando que “no podemos controvertir las decisiones de los órganos de control”. “No voy a tomar partido a favor de nadie. Los que quieren eso tacan burro. Yo tomo partido a favor de la institucionalidad. No voy a intervenir en nada”, insistió Santos. Ante esta posición, el senador Luis Carlos Avellaneda, del Movimiento Progresistas, le dijo en entrevista al noticiero de La FM Radio que “el presidente debería ser un poco más cuidadoso en este tema, porque si bien ha dicho que quiere respaldar la institucionalidad, justamente por la institucionalidad es que debe ser más responsable. Debe entender que hay jurisprudencia de la CIDH que plantea que un alcalde o un gobernante elegido popularmente no pueden ser despojados de sus derechos políticos sino por autoridad judicial. Y entonces el presidente debe mirar que esa convención se respetará.” 29/12/13 Miradas al Sur