El senado, el pliego de milani y la desesperación opositora Por Felipe Yapur

El debate en el Senado de la Nación por el pliego de ascenso del ahora teniente general César Milani fue un condensado muestrario de las maniobras aceptadas en política. El debate en el Senado de la Nación por el pliego de ascenso del ahora teniente general César Milani fue un condensado muestrario de las maniobras aceptadas en política. El radicalismo, por caso, actuó como si su genuflexión ante los poderes fácticos de los años ochenta hubiese prescripto y avanzó sin remordimientos ante lo que consideraron un retroceso en la política de Derechos Humanos del kirchnerismo. El oficialismo, en tanto, demostró tanta disciplina que si alguno esa noche sintió que se "comió algún sapo" lo disimuló en pos de la lealtad a un programa de gobierno y la decisión presidencial. El Frente para la Victoria (FPV) ha demostrado que en estos diez años siempre jugó sus decisiones políticas a todo o nada. Si bien es una forma que se suele atribuir a una actitud temeraria que no mide consecuencias, lo cierto es que en este caso puntual nunca implicó utilizar a los sectores más vulnerables de la sociedad como variable de ajuste. Un ejemplo significativo que las experiencias de gobiernos de la UCR no pueden mostrar. Ahora bien, es cierto que la decisión presidencial de avanzar con el ascenso de Milani implica un riesgo y hasta un costo político que la oposición se desespera por poder cobrar. El oficialismo lo sabe y lo reconoció durante la calurosa tarde y también noche en que se debatió el famoso pliego. También estos senadores del FPV recordaron que la elección de las personas destinadas a ocupar estos puestos es de exclusiva responsabilidad del comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, en este caso, Cristina Fernández de Kirchner, quien elige a alguien de su confianza. Lo mismo hicieron Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Néstor Kirchner. El jefe de los senadores oficialistas, Miguel Pichetto, les agregó un dato más a las razones por las que cuestionan Milani: su adhesión al modelo nacional y popular. El hecho de que un militar pueda expresar sus simpatías políticas no debería ser cuestionable porque, al fin y al cabo, es parte integrante de esta sociedad democrática como lo son jueces (aunque a veces pareciera lo contrario cuando se trata de pagar impuestos). Ahora bien, la utilización que hizo la oposición de los argumentos esgrimidos por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para recomendar el rechazo del pliego es válida. Pero hubiese sido más conveniente que estos senadores disimularan un poco su entusiasmo al momento de ponderar a esta institución que, hasta no hace mucho tiempo, repudiaban por considerarla otro ejemplo más de la política de cooptación de organismos de Derechos Humanos por parte del gobierno nacional. La simple utilización de los diferentes informes que remitió esa organización bastaban para dejar bien sentadas las razones por las que los opositores no iban a acompañar el pliego. Tanto radicales como peronistas disidentes saben que el FPV sólo se sienta en las bancas cuando cuenta con los votos necesarios para enfrentar el debate de un tema que se presenta polémico. Y eso ocurrió el jueves pasado. Pero eso no pareció ser suficiente para la oposición porque considera que existe un quiebre, una rendija, por donde debilitar al gobierno. Entonces, pareció que la estrategia fue mostrar que el país vive un momento de crisis de consecuencias funestas. Entonces, abundaron las denuncias sobre una violación a la ley de defensa de la democracia por parte del gobierno central por estar, dijeron, utilizando a las Fuerzas Armadas (FF AA) para seguridad interior y seguimiento de objetivos civiles. "Soy target de Milani", bramó el senador radical Gerardo Morales, para luego decir que funciona una especie de mesa de inteligencia en el séptimo piso del Edificio Libertador, sede del Ejército y también del Ministerio de Defensa. No es "moco de pavo" una denuncia de ese calibre, sobre todo por los antecedentes que existen en la historia argentina del siglo XX en esta materia, pero una mínima prueba de lo que afirmó casi a los gritos le habría hecho bien incluso a las instituciones que los radicales suelen decir que defienden. De hecho, el también senador radical Ernesto Sanzno corrigió a su compañero Morales cuando deslizó que el Ejército hace seguridad interior en la frontera norte de la Argentina. El mendocino cuenta con un detallado informe que le remitiera el Ministerio de Defensa, a instancias de una solicitud realizada por el senador, sobre las características del programa Escudo Norte y que para Morales es la prueba irrefutable de que el gobierno está sacando a los militares a la calle. Jugar con esta posibilidad que tiran los radicales en el recinto implica también un riesgo porque utilizar el fantasma de un resurgimiento del "partido militar" no ayuda en un momento donde los rumores han causado tanto daño como los saqueos que provocaron los alzamientos policiales de hace pocos días. Sacar provecho para beneficio propio no es malo en tanto y en cuanto no se ponga en juego la estabilidad de un gobierno. Mientras tanto, el gobierno nacional intenta desarrollar una política de defensa, acorde a la legislación existente, donde las FF AA cumplan un rol dentro del marco democrático. Esto es algo que en los 30 años de democracia no se pudo realizar. En parte, porque no estaban dadas las condiciones objetivas. La falta de una política clara de Memoria, Verdad y Justicia lo impedía y el radicalismo tuvo su cuota de responsabilidad en ello cuando, por debilidad, accedió a las presiones de aquellos militares para sancionar las leyes de obediencia debida y punto final. En aquel agosto de 2003, cuando el Senado sancionó la anulación de estas normas que garantizaban la impunidad, el senador Morales tuvo, a diferencia de estos últimos años, una actitud digna al votar por el fin de estas leyes, enfrentándose a senadores de peso como Raúl Baglini, quien revoleó el argumento de "la seguridad jurídica" para oponerse a esa reclamada nulidad. Ahora, el tiempo y la justicia dirán si la presidenta se equivocó o no con la elección de Milani, pero lo cierto es que la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad ya no se detendrá. Infonews