Viernes 14 de Diciembre de 2012 15:04
AGENCIA PACO URONDO: Nos interesaba charlar, sobre los debates que se han abierto esta última semana. En términos generales ¿Cómo ves esta inquietud que se ha generado en el discurso político y social sobre la justicia y el Poder Judicial?
Pablo Parenti: Me parece muy bueno que se ponga en discusión el rol de la justicia, sus características, su relación con la sociedad. Es muy importante que haya voces distintas a las que tradicionalmente se expresan para marcar puntos de vista diferentes. Hablar en nombre de organizaciones de magistrados o de posiciones encumbradas en la administración de justicia, lamentablemente es una visión, a mi juicio y a la de muchos colegas, demasiado corporativa, en el sentido de hacer una defensa del cuerpo.
Cuando no se diferencian situaciones y se hace una defensa que creemos muy injustas, de muchos funcionarios que no están a la altura de las circunstancias y muchas respuestas que merecen críticas, entonces, estas visiones corporativas llevan a rechazar prácticamente cualquier crítica. Lo que tenemos que entender es que el Poder Judicial es un poder del Estado que funciona en un sistema democrático. Tiene que estar sometido al escrutinio de la sociedad y también tiene que aceptar críticas de los otros poderes, es decir, esto forma parte del debate republicano.
Creo que llegó el momento de discutir en serio estas cuestiones y que los funcionarios judiciales comprendamos que tenemos que estar expuestos a esto y aceptarlas. En ese sentido el debate que se generó en estos días es un debate auspicioso.
APU: Cuándo decís esto de cómo se defiende corporativamente el Poder Judicial ¿Qué pensás de ese comunicado que se conoció el jueves pasado horas antes de que haya salido esta extensión de la cautelar?
PP: Es un comunicado que causó mucho estupor en muchos de los integrantes de la administración de justicia porque se produce en el marco de una causa determinada, trata una temática en abstracto pero prácticamente sin decirlo apunta a un hecho concreto, en el que toma parte. No sé si está bien o está mal la recusación pero es muy raro que una asociación de magistrados o una federación de cámaras se pronuncien censurando el uso de un instrumento legal, cuando en tantas otras causas sucede todos los días y nunca se dice nada. Sin ir más lejos, en las causas donde investigamos los delitos cometidos por el terrorismo de Estado, las recusaciones son moneda corriente todos los días y es una manera de entorpecer la causa.
Nosotros desde la unidad fiscal lo señalamos infinidades de veces y nunca vimos que ningún representante de la corporación judicial criticara esta práctica. Justamente lo hacen en el marco de una disputa que es pública y entendiblemente acalorada.
Además, en ese comunicado se exhorta al periodismo, se le dice cómo tiene que tratar los temas de justicia. Básicamente lo que se quiere evitar ahí, a nuestro juicio, es una crítica. Es una reacción frente a críticas públicas a situaciones que merecen al menos ser analizadas.
En el marco de esta causa en concreto hubo situaciones que son de público conocimiento, por ejemplo, que el propio Secretario de la Cámara que intervino, cuando fue el consejo de la magistratura, comentó cómo se había alterado el sistema de asignación.
Si un poder del Estado impulsó esa Ley de Medios y el parlamento la aprueba, es lógico que esa ley se aplique, si no se aplica luego de tres años es lógico que el poder político tenga una voz crítica. El Poder Judicial puede declarar inconstitucional una ley, forma parte de su facultad, lo que no puede hacer es suspenderla sin ninguna decisión de fondo que es lo que está ocurriendo.
Esta ley ya lleva tres años y no está aplicado este artículo en relación a un actor en particular y no hay una sentencia de fondo, esto es una anomalía en el sistema. Lo que tiene que haber es una definición de fondo por la constitucionalidad o la inconstitucionalidad, esto sí forma parte de la tarea judicial, lo que no puede pasar es un bloqueo.
APU: En este marco de discusiones lo que ha aparecido nuevamente es la idea de democratización del Poder Judicial ¿Cómo te parece que eso se puede llevar adelante? La Presidenta de la Nación lo ha dicho expresamente ¿Qué idea se te ocurre o qué modelo podemos llegar a pensar para ir hacia esa democratización?
PP: El tema de democratizar la justicia o hacerla menos elitista, es un tema muy viejo, son temas recurrentes como tantos que van quedando en la agenda, cuando aparece algún núcleo conflictivo vuelve a aparecer. La conformación del sistema judicial históricamente es un sistema elitista y clasista, la conformación de las estructuras judiciales fueron un resorte de clases dominantes y el nivel de renovación creo que no es suficiente. En ese sentido creo que hay que pensar distintas cosas, una de ellas que es regular el sistema de ingreso en la estación de justicia.
No sólo a revisar el sistema de asignación de jueces, sino, la asignación de empleados que son los que realizan los trabajos y después de unos años aspiran a ser también magistrados. En general, hoy en día el modo de ingreso a la justicia al no estar regulado los grupos se reproducen, se repiten los apellidos y los parentescos. Al estar la justicia ocupada por familias tradicionales, vinculadas a un cierto sector social, da como resultado una justicia clasista, muchas veces con una mirada elitista que desprecia al justiciable.
La manera de palear esto es regular el sistema de ingreso para que cualquier persona que quiera trabajar en la justicia pueda postularse y hacer un sistema democrático de selección, sin necesidad de tener un vínculo o un amigo. Es fundamental revisar el sistema de rendición de cuentas que claramente no está funcionando.
En la labor del consejo de la magistratura puede verse que no hay ni un grado de responsabilisación respecto a jueces denunciados por mal desempeño, prácticamente el tribunal de enjuiciamiento de magistrados no tiene trabajo y esto no es que la administración de justicia sea intachable, sino que cuando hay denuncias contra magistrados estas denuncias no avanzan, justamente por esa lógica corporativa. Esto lo podemos decir con autoridad porque desde la unidad fiscal denunciamos a más de un magistrado por situaciones graves, como la de Jujuy donde hubo denegación de justicia por cuatro años, ahí hubo un secretario a cargo de un juzgado puesto por la Cámara Federal de Faltas que se sentó arriba de los expedientes y decidió que las causas no iban a avanzar.
Esto lo denunciamos a los cuatro vientos, con documentos, por la prensa, lo denunciamos en las reuniones de la comisión de ínter poderes y también ante el consejo de la magistratura y no avanzó un ápice. El expediente contra este Juez, Olivera Pastor, permaneció en el consejo de la magistratura supuestamente en investigación y todos los dictámenes que hubo fueron desestimatorios, lo cual, es increible porque los datos son lapidarios.
Este Juez se tuvo que ir por la movilización popular que hubo en Jujuy, es decir, el grado de impunidad era tan intolerante que generó una reacción popular. Lo que hubo ahí es un sistema de responsabilisación por fuera de lo institucional, una rebelión contra un Juez que no estaba haciendo su trabajo. Cuando hay una conducta alejada de lo que debe ser la labor del magistrado, los propios funcionarios tenemos que reclamar que esto se investigue y se juzgue.
Lo que vemos es que predomina una visión corporativa que pretende evitar cualquier crítica y cualquier mirada que intente analizar lo que está pasando.
APU: En ese marco de disputa y de discusión en cuanto al Poder Judicial que se disparó ahora con el caso de Marita Verón y la reacción social que despertó este fallo ¿Qué reflexión hacés sobre lo que ha sucedido? ¿Qué te parece que pudo haber pasado?
PP: Este es un caso que sensibiliza a todo el mundo por la gravedad del hecho, por lo que tuvo que luchar Susana Trimarco, claramente son esos casos que sensibilizan a la sociedad. Por la soledad en la que tuvo que luchar, por la falta de respuestas del Estado, por muchas cuestiones. Yo no puedo hacer una evaluación de las pruebas, escucho muchas voces que dicen que el nivel probatorio era abrumador, no me consta, también se comenta el trato que tuvieron las víctimas que tuvieron que declarar, que fueron muy agredidas que no fueron protegidas por el tribunal.
El mismo día de la sentencia Susana Trimarco esperó bajo el sol 5 horas la sentencia, ni siquiera la hicieron pasar y esto ya muestra una actitud y una ideología, esto es lo grave del caso. El veredicto después habrá que discutirlo y verlo sobre la base de la prueba. Estos gestos ya indican cómo los Jueces miran un conflicto y a los sectores sociales, los acusados estaban con aire acondicionado esperando la sentencia y Susana Trimarco estaba afuera bajo el sol sin que nadie le dijera a qué hora se iba a leer el veredicto.
Esto es repudiable más allá del contenido del fallo que no lo puedo analizar como debería para hacer conjeturas concretas. Esto uno lo puede vincular con lo que pasa muchas veces con las causas de Terrorismo de Estado. Nos cuesta hacer entender a veces a algunos tribunales que tienen que proteger a las víctimas y evitar la revictimización. No pueden sentar a una víctima a declarar a dos metros del acusado y que luego el acusado se vaya por la misma puerta o encontrárselo cuando uno va al baño. Son cuestiones que se descuidan por una falta de percepción de lo que significa para una persona común acercarse a la justicia. Es un caso que también da mucha tela para cortar en ese sentido y justo se produce en un momento que el tema de la justicia está en discusión.
GB
