Viernes 14 de Diciembre de 2012 19:09
APU: En el marco de esta discusión que se abrió sobre la democratización de la Justica ¿Qué reformas podrían realizarse?
JT: Cuando Susana Trimarco hace este planteo respecto de que la Sala II de Tucumán legaliza la trata de personas, lo que hace es desnudar con su crítica un planteo sobre la corporación judicial, que se ve también cuando se le niega el estimulo educativo a los presos o las salidas transitorias, las condicionales. También pasa como en el caso de Carrera, que se mostró en el “Raty Horror Show” como la corporación judicial en complicidad de la policía pueden armar una causa a una persona inocente.
Se podría modificar la cuestión de la formación de los abogados en la facultad de derecho porque eso se traduce y se recrudece en el Consejo de la Magistratura donde se reflejan los intereses corporativos. Esto no se soluciona sin atacar la cuestión de fondo como bien lo planteaba la presidenta cuando criticaba la sentencia y diciendo que la única salida es democratizar la Justicia dándole paso a la participación popular. Eso se traduciría, según creemos, en la participación de la elección de los magistrados, la cuestión del juicio por jurado que viene siendo un incumplimiento constitucional de 1853 para acá. El juicio por jurado puede significar una discusión previa sobre qué modelo conviene más. Volviendo sobre lo anterior, es el único poder sin control. Son designados de espalda al Pueblo y designados por sus pares.
APU: ¿Cómo son las trabas a la hora de destituir un juez?
JT: Es juzgado por sus pares, se hace un Jury de Enjuiciamiento porque se mira la doctrina anglosajona aunque nuestro modelo está más relacionado con el europeo, ambas formas de colonialismo de nuestros abogados. Se trata de una suerte de acusación de cara al Consejo de la Magistratura, que se encarga de acusar, otro de ser los jueces, se presentan pruebas, el acusado tiene una defensa y después un sector del consejo se unge como tribunal y decide. Si bien en el Consejo de la Magistratura hay representación de los partidos, es siempre una discusión de los magistrados y ninguno saca los pies del plato, como en el caso de De las Carreras que tiene una demanda penal por dadivas. La corporación judicial no lo corre sino que lo premia y lo hace vicepresidente de la Cámara. Estas cuestiones no son posibles sin una reforma constitucional emancipadora para un nuevo Estado que le de cuerpo a los tres poderes pensando en el Pueblo y para el Pueblo.
APU: Otro punto es el acceso a la Justicia de los sectores popular y lo difícil de llevar adelante una causa…
JT: El acceso a la Justicia es de las cuestiones con mayor desigualdad. No es lo mismo si se presenta una causa que llevan preso al norte de capital que si lo llevan preso en Soldati o La Boca, lo mismo cuando presentas un Habeas Corpu. La accesibilidad tiene que ver con esto y el perfil de los jueces de la Justicia Federal y las diferencias de los fueron más nuevos que sin ser maravillosos tienen rasgos distintivitos. Estas alternativas son incipientes y van a ser por siempre contrahegemónicas en la medida que no haya un cambio de raíz del sistema judicial.
APU: ¿Qué experiencias de control popular existen?
JT: En Bolivia los jueces son electos. Por cada Estado se hace una elección donde el Pueblo vota. Hay toda una discusión sobre qué pasa en las campañas de los jueces, sucede en Estados Unidos que muchos magistrados, en los Estados en que se vota, hacen campaña por la mano de dura mostrando la cantidad de condenados a muerte que tienen sentenciados. Cuando Bolivia tomó esta decisión, los demo-liberales y algunos sectores de izquierda plantearon que la reforma podría dar lugar al discurso de la derecha. Uno entiende que ese es el modelo más apto y que en todo caso hay que hacer mejores campañas y dar la discusión política. La solución es con más democracia, no con menos.
En Argentina el juicio por jurados funciona en Chubut y Córdoba. Hay proyectos de ley interesantes, que ahora está trabado en diputados. Pueden ser una alternativa ya que interpela la participación del Pueblo y para que éste tome esa herramienta que es la Justicia. Si hubiese un juicio por jurados, el fallo en la causa de Marita Verón no hubiese sucedido y si hubiese juicios electos eso hubiese traído grandes costos.
Esperamos que en las cárceles y los barrios donde la corporación judicial muestra su verdadera faceta, empiece a ponerse sobre la agenda la reforma integral del sistema judicial y una democratización que implicará una participación popular fuerte y una reforma constitucional para un nuevo Estado.
APU: Esta idea de la Justica como independiente, objetiva e impoluta, es histórica, irrumpe en algún momento…¿Cómo se gesta?
JT: Desde que tenemos historia como país, es así. Tiene que ver con la discusión que se da en la Revolución Francesa, la triada de la división de poderes nace así, que significó algo revolucionario y visto desde hoy, algunos retrocesos por su corte liberal. El Poder Judicial siempre funcionó como válvula de escape para la aristocracia, para la oligarquía desde donde controlar a los procesos populares. Cuando se perdía el Ejecutivo, cuando se perdía el Legislativo, el Judicial fue siempre un lugar donde la clase dominante logró tener un cuidado. En la formación de los abogados hay unos marcos por el que no te podes mover, entre ellos la zoncera de la seguridad jurídica y la independencia del Poder Judicial. No existe eso, como cualquier poder es parte del Estado y en tanto tal, lo entendemos como expresión de la correlación de fuerzas. Un proceso de avance necesita hacer avanzar en reformas que rompan el status quo en el que vive el Poder Judicial, es una falacia que los jueces no se pueden tocar y que son independientes porque son dependientes de las corporaciones mediáticas y económicas.
GB
