JUSTICIA EN TUCUMAN.

Los crímenes del monte tucumano
Por Derechos humanos
lesahumanidad@miradasalsur.com

El dictador. Es uno de los procesados. El genocida ya tiene tres condenas a perpetua. (TELAM).

El juez Daniel Bejas procesó a 17 militares y civiles acusados por violaciones a los derechos humanos, durante el Operativo Independencia. Entre ellos, a Jorge Rafael Videla y Mario Benjamín Menéndez. El magistrado no acusó a Isabelita.

Una veintena de militares y civiles fueron procesados, acusados de crímenes perpetrados por el Operativo Independencia contra la guerrilla, durante el gobierno de la presidenta María Estela Martínez de Perón (1974-1976), que no resultó procesada. La mayor novedad fue el procesamiento con prisión preventiva, por primera vez, del general retirado Mario Benjamín Menéndez, ex gobernador de las Islas Malvinas durante la ocupación militar del archipiélago en la guerra con Gran Bretaña en 1982. La medida fue adoptada por el juez federal de Tucumán Daniel Bejas, que procesó además al dictador Jorge Rafael Videla, ya con tres condenas a prisión perpetua; al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, también sentenciado a la pena máxima, y a otros acusados por 269 casos de secuestros, torturas y desapariciones forzadas y homicidios, entre el 8 de febrero de 1975 y el 23 de marzo de 1976, día previo al golpe de Estado.

En la acusación de la fiscalía se definió al Operativo Independencia como una “intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal y de control social a través del terror, llevada adelante con la aquiescencia del gobierno civil en la provincia de Tucumán”. “La intervención fue comandada en primer lugar por (los fallecidos generales) Acdel Edgardo Acdel Vilas y luego por Antonio Domingo Bussi”, reseñó.

Desde 1974, en Tucumán actuaba un foco guerrillero rural, la llamada Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en las sierras de Monteros. El gobierno de la viuda de Perón decretó combatirlo con el envío de Ejército, Fuerza Aérea y Gendarmería. El entonces coronel Mario Menéndez “estuvo a cargo de la tristemente célebre Escuelita de Famaillá (...) en carácter de jefe de Estado Mayor del llamado Puesto de Comando Táctico que funcionaba en esa localidad”.

Otros centros clandestinos de detención impuestos por las Fuerzas Armadas y de seguridad en Tucumán funcionaron en “el Ingenio La Fronterita, en los ex ingenios Santa Lucía y Lules, en Caspinchango y en Los Sosa”.

Bejas decidió no avanzar en la investigación ni llamar a indagatoria a la viuda de Perón, bajo cuyo gobierno se dictaron los decretos antiguerrilleros. Los documentos secretos fueron firmados también por el presidente provisional del Senado, el fallecido Italo Luder, y ministros del gabinete, entre ellos Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf.

En una primera instancia el ámbito de actuación represivo abarcó sólo a Tucumán, pero en octubre se amplió a todo el país. La jurisdicción de Bejas sólo abarca a Tucumán, aunque varios de los imputados están detenidos en penales de otros distritos. Bejas consideró que Tucumán quedó abarcado por “un estado de excepción (estado de sitio de hecho) en el que se desconocieron los derechos fundamentales de las personas y se suspendieron en forma absoluta sus garantías” constitucionales, e incluso cita un escrito de Vilas que afirma que “a nadie se le escapaba el Gobierno paralelo sito en la V Brigada” del Ejército.

“Hubo un ataque sistemático desde el Estado contra una parte substancial del grupo nacional argentino (obreros, jornaleros, sindicalistas y grupos de personas involucradas con la lucha social con y sin pertenencia política partidaria) a los que se habría identificado como enemigos del plan económico y político que definía la ‘nueva argentinidad”, aseveró el juez. La acción fue “en el marco de un proceso de desapoderamiento de las autoridades políticas-civiles que culminó con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976”, con lo cual desvincula al gobierno peronista local de entonces, a cargo de Amado Juri.

Bejas advirtió que “el Ministerio Público Fiscal no mantiene en forma continua ni de modo coherente durante su exposición la presunta vinculación o aquiescencia del gobierno civil provincial y nacional con el accionar de las Fuerzas Armadas”, y destacó el principio de “autonomía” de las FF.AA. respecto de las autoridades, argumento desarrollado en cuatro páginas de su escrito de 495 fojas.

La investigación abarcó 269 casos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, torturas, torturas seguidas de muerte, abuso y violación sexual (a hombres y mujeres) y homicidio, delitos todos abarcados contextualmente por la calificación internacional de genocidio.

Bejas detalló que “alrededor de un 42% de víctimas fueron obreros y jornaleros del interior de la provincia y sus familiares directos (alrededor de 113 casos), el 15% eran dirigentes sindicales y gremiales vinculados al peronismo (alrededor de 40 casos), un 8% eran comerciantes y personas con oficios (alrededor de 20 casos), un 8% eran empleados públicos (alrededor de 20 casos), un 5% de víctimas eran profesionales (alrededor de 12 casos); un 4% eran estudiantes universitarios (alrededor de 10 casos), un 2% militantes de partidos políticos de izquierda (alrededor de cinco casos), y sólo un 7% de víctimas acreditaban alguna vinculación con el ERP\PRT (12 casos) o con Montoneros (4 casos)”.

Otros militares y policías procesados con prisión preventiva son Carlos Delia Larocca, Jorge Lazarte, Roberto Albornoz, Ernesto Chávez, Jorge Capitán, Alfredo Svendsen, Ricardo Sánchez, Luis Armando de Cándido, Ramón Jodar, Miguel Angel Moreno, José Figueroa, Pedro Rojas, Pedro López y Enrique del Pino, mientras que en el caso de José Cuestas el procesamiento es sin detención.

En cambio, dispuso falta de mérito para Víctor Olmos, Luis Ocaranza, Roberto Monteros, Walter Saborido, Fernando Labayru, Carlos Trucco, José Menéndez, Juan Cabrera, Jorge D'Amico, Julio Sarmiento y Carlos Diacono, que seguirán sometidos a investigación.

La causa se cierra, según el juez, para los dos civiles médicos que habían sido acusados de participar en torturas a detenidos: Omar Baldo y Miguel Angel Carrasco.

30/12/12 Miradas al Sur
GB