Apenas empiece 2013, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) le pedirá a la Cámara en lo Civil y Comercial que habilite el período de feria judicial y trabaje en enero para acelerar el trámite del caso Clarín, donde debe fallar sobre la constitucionalidad de cuatro artículos de la ley de medios que definen las reglas de adecuación y los límites de concentración de licencias. Lo que sucede es que anteayer la Corte Suprema avaló la extensión de la medida cautelar que exime al multimedios de la obligación de desinvertir y definió que durará hasta que esa Cámara dicte la sentencia definitiva. Aunque el alto tribunal les dijo a los camaristas que se deben expedir “dentro de la mayor brevedad posible”, no les puso un plazo definido ni fue tan tajante como con el juez de primera instancia, Horacio Alfonso, a quien le había ordenado dictar sentencia en forma “inmediata”. Por eso, el objetivo del Gobierno es lograr que la “brevedad” que piden los supremos sea real y no una mera expresión de buenos deseos.
En la resolución de esta semana la Corte Suprema rechazó el pedido de per saltum del Gobierno, que quería que se expidiera sobre la cuestión de fondo, pero abrió el recurso extraordinario porque lo que estaba en discusión era si la Cámara en lo Civil y Comercial, un tribunal inferior, la había contrariado al extender la cautelar de Clarín. El alto tribunal debía definir si los camaristas habían desconocido su decisión de mayo último, que puso el 7D como fecha de vencimiento de esa medida provisoria. Las cautelares argumentaron reiteradas veces Sus Señorías, no pueden durar eternamente porque pueden convertirse en sentencias de hecho. Sin embargo, esta vez dijeron que la cautelar podía continuar porque la sentencia de fondo ya no es un desenlace tan lejano ni se vislumbran actitudes obstruccionistas de las partes en la causa.
Otro había sido el apuro el mes pasado, cuando los cortesanos habilitaron días y horas para que Alfonso dictara la sentencia de fondo en primera instancia. Alfonso rechazó los planteos de inconstitucionalidad de Clarín, y la apelación de la empresa dejó la sentencia en suspenso. Con la vigencia de la cautelar confirmada por la Corte, el Gobierno no puede continuar con la transferencia de licencias de oficio y tiene que esperar la decisión de la Cámara, que según las reglas procesales tiene dos meses para decidir, aunque es considerado un plazo ordenatorio o estimativo. Lo que resaltó ayer el ministro de Justicia Julio Alak es que la Corte también dijo en su fallo del jueves que el período de un año para adecuarse a los límites de la ley de medios ya terminó, en diciembre de 2011, de modo que si el tribunal de alzada falla contra el multimedios ya se podrá ejecutar el pase de manos de sus licencias excedentes.
El Gobierno, a través de la Afsca, pedirá el 2 de enero –con moderadas expectativas de éxito– que la Cámara habilite las vacaciones para apurar el expediente dada la “urgencia” y la “gravedad institucional” que implica el hecho de que una ley sancionada hace tres años aún no haya podido adquirir plena vigencia. En teoría, la Sala I, que es la misma donde está radicado el caso, es la que estaría de turno en la feria judicial y la que deberá responder el pedido del Poder Ejecutivo. “La estrategia final de Clarín es extender la cautelar y la indefinición de la constitucionalidad de la ley hasta las próximas elecciones, con la esperanza de que se modifique la composición del Congreso y que se deroguen los artículos” de la norma cuestionados, advirtió el ministro Alak.
“Le hará muy bien a la democracia que esto se resuelva cuanto antes, ya que algo no funciona bien si pasan más de tres años para que pueda aplicarse una ley votada por amplias mayorías en el Congreso y avalada con una sentencia de constitucionalidad de un juez federal”, señaló el titular de la Afsca, Martín Sabbatella. Como “los plazos para la adecuación voluntaria están vencidos”, dijo, “en cuanto se resuelva la cuestión de fondo continuaremos con el proceso de transferencia de oficio”.
DAN SEIS NUEVAS LICENCIAS SOCIALES
La Afsca aprobó el otorgamiento de seis licencias a organizaciones sociales y comunitarias sin fines de lucro de diferentes puntos del país, bajo el régimen especial circunscripto en el artículo 49 de la ley de medios.
En la norma se establecen mecanismos de adjudicación directa para emisoras de muy baja potencia instaladas en sitios de alta vulnerabilidad social y/o de escasa densidad demográfica, cuyo objetivo sea la difusión de contenidos de carácter social. Los adjudicatarios son el colectivo de educación popular Abrojos y la fundación Calchaquí de Tucumán; la asociación de campesinos Caxi de Mendoza; las bibliotecas populares La Bicicleta y Leopoldo Lugones de Córdoba; y la Cooperativa Agropecuaria Forestal de Transformación, Comercialización, Vivienda y Consumo La Costeña de Occap, de Santiago del Estero. También recibió un licencia la FM 92.9 de Mendoza. Además el Fondo Nacional de la Artes, en convenio con Afsca, distribuyó los primeros subsidios para la adquisición de equipos de radio a organizaciones sin fines de lucro con perfil artístico y cultural. Desde el ente estatal afirmaron que “el desarrollo y fomento de estas políticas, que fortalecen a los actores ya existentes y fomentan la generación de nuevas voces y miradas, son parte del espíritu mismo de la ley” y “un paso más para lograr su plena aplicación” siguiendo “los principios de pluralidad, diversidad e inclusión”.
29/12/12 Página|12
GB
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