Casquivana Corte dice que sí o que no, desde el OlimpoPor Emilio Marín
La Corte Suprema de Justicia volvió a fallar en contra de la ley de medios. La disputa continúa en la Cámara Civil y Comercial, donde los argumentos de Clarín tienen más peso que los de la ley, el gobierno y la Afsca.
El gobierno nacional había apelado ante la Corte, con "per saltum", el fallo del juez Horacio Alfonso, quien había confirmado la constitucionalidad de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisuales, pero lamentablemente había avalado la continuidad de la medida cautelar de Clarín. También había llegado al máximo tribunal con un recurso extraordinario en contra de lo resuelto por la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial, pidiendo que la Corte resolviera sobre el fondo del pleito.
Generalmente la casquivana CSJN, con esa alta dosis de oportunismo que la caracteriza, daba un poquito de razón a una parte y otra a la opuesta. Esta vez lo suyo no fue ecléctico sino que en los dos casos, concurrentes, lo hizo a favor del monopolio mediático.
Con discrepancia mayor de Eugenio R. Zaffaroni y menor de Carmen Argibay, los demás supremos rechazaron el "per saltum" y el recurso extraordinario, devolviendo las actuaciones a la Cámara Civil y Comercial. Allí están María S. Najurieta, Francisco de las Carreras y Ricardo Guarinoni, todos afines a los intereses de Héctor Magnetto.
La Corte jurará por sobre todos los libros jurídicos que mantiene su impoluta independencia y equilibrio. Muchos de los siete integrantes pueden estar seguros de que su conducta merece un diez. Pero sus últimas resoluciones han implicado tomar partido en la política, y lo han hecho del lado equivocado. Chicanas jurídicas al margen, para millones de argentinos es evidente que el Congreso sancionó en octubre de 2009 una ley en materia audiovisual y un monopolio con intereses propios ha impedido su aplicación.
El alto tribunal había fallado el 22 de mayo que el 7 de diciembre fenecía la cautelar del monopolio, pero con esos fallos recientes lo borró con el codo. Esta es la realidad. Y lo asumió el gobierno nacional, al levantar su excelente propaganda de TV del mes pasado, donde se afirmaba que el holding se creía por encima de la democracia y los tres poderes. Ahora queda claro que uno de ellos, la Corte Suprema, casquivana, ligera de cascos, ha dado un brinco poco democrático y pisoteado su dictamen de mayo.
La política y especialmente la tribunalicia es tan cambiante que hay que tener cuidado con las repeticiones, pues puede incurrirse en lo grotesco. Es lo que hizo el viernes al programa 678, al reiterar su edición del 14 de diciembre, en un momento glorioso por el fallo de Alfonso. Se veía a Martín Sabbatella yendo a notificar a Clarín que comenzaba el trámite de oficio de traspaso de sus licencias. Los posteriores fallos de la justicia, favorables al monopolio, pusieron en ridículo esas imágenes y la notificación de la AFSCA. ¿Y encima lo repitieron el viernes 28, en el de por sí tan repetitivo 678?
El trámite será cuesta arriba. A esperar el previsible fallo de la Cámara Civil y Comercial y volver a apelarlo a la Corte Suprema. Esta debatirá cuando lo considere y a su manera, en el Olimpo, qué contestar a estos molestos mortales que la inoportunan. El 2013 habrá comenzado sin vigencia de una ley fundamental.
Denuncias aquí y allá.
Tribunales también aparece como el ring donde dirimir las culpas y cargos de los saqueos violentos de la víspera de Navidad con un saldo que se elevó a cuatro muertos, todos en Rosario.
La presidenta habló por primera vez de los sucesos y dijo que eran una mala copia de los del año 2001. En política imputó responsabilidades a sectores opositores de los partidos y el sindicalismo, aunque no dio nombres como sí lo habían hecho, livianamente, Juan M. Abal Medina y Sergio Berni. Cristina Fernández encuadró esos acontecimientos como fogoneados por una oposición que debería, según aconsejó, seguir manifestándose en contra de su administración, pero en forma pacífica y sin romper ni robar nada.
Está bueno el intento presidencial por politizar la discusión de lo sucedido, separándolo de la parte policial y delitos que deberá entender la justicia. A propósito, la mandataria volvió a reclamarle a los jueces una actitud no permisiva con estas violaciones de la ley. Se dirá que hablaba con cierto resentimiento a raíz de los fallos ya comentados adversos por la ley de medios, pero su interpelación a sus señorías fue oportuno. Lo mismo que otros reproches suyos, tales como que no pagan impuestos a las ganancias y perciben elevados haberes.
La oposición defiende a rajatabla otra interpretación, opuesta por el vértice. Por el lado de los radicales, Ernesto Sanz le pidió a Cristina que si tiene nombres de los sectores acusados debería ir a Tribunales.
Hugo Moyano, por su parte, ya estuvo en ese lugar con sus letrados, acompañando una denuncia penal en contra de Abal Medina y Berni. Su contraataque pretende blindarlo frente a más acusaciones en su contra, luego de las que pegaron contra un dirigente del sindicato de Camioneros de Campana.
Entre las voces del oficialismo una de las más cuerdas sonó la de Agustín Rossi, jefe de la bancada de diputados. Señaló que en Rosario, su terruño, actuaron en los saqueos bandas ligadas al narcotráfico. Esto dejaría en segundo plano la acusación gubernamental contra los líderes de la CGT y CTA opositora. Lo de Rossi luce como sensato porque de lo contrario la pregunta incómoda para el gobierno nacional sería: ¿también en Rosario operó una organización político-sindical de la oposición? Si en esa ciudad y la provincia de Santa Fe gobiernan el socialismo y sus aliados del FAP...
Otro aspecto a revisar por el gobierno nacional son las acusaciones contra la cooperativa 1º de Mayo de Bariloche, sindicada como la promotora de los saqueos. La entidad social ha recibido la solidaridad del premio Nobel, Adolfo Pérez Esquivel. Es que no sólo hubo acusaciones injustas sino posteriormente allanamientos policiales y violencia contra los barrios pobres del Alto, donde se vive como ciudadanos de segunda o tercera categoría.
Está bien que el gobierno se defienda y cuestione los procedimientos de los saqueadores. Sin embargo, no debería olvidar que el conflicto social hay que resolverlo con más inclusión social y no con "policías bravas" como la de Bariloche, especialista en reprimir pobres y emplear el "gatillo fácil" con una puntería endemoniada.
Dos socios en la mala.
Un socio en la mala es la Sociedad Rural. Afectada por el decreto de recuperación estatal del predio Palermo, la agrupación llamó a un paro de comercialización de carnes para el miércoles 27. Fue una ficción. No todos los argentinos pueden consumir carne, vale la aclaración, pero todos los que pueden, ese día también pudieron. Ni una costeleta de menos provocó el enojo del titular de la SRA, Luis M. Etchevehere.
Al día siguiente reunieron unas 2.000 personas, con la expectativa de presionar a la justicia y lograr lo que fue habitual en Clarín: una cautelar. Pero la Rural fue por lana y volvió esquilada. La jueza civil y comercial Silvina Bracamonte le denegó ese beneficio el miércoles, por lo que sigue en pie el trámite de desalojo del predio en 30 días. Estos especialistas en desalojar campesinos pobres podrían verse puestos en la plaza Italia el 20 de enero próximo.
Con bravuconadas al estilo de Alfredo de Angeli, deslizaron que podrían atrincherarse en la Rural durante enero. Es improbable porque ese mes los ruralistas van de vacaciones a Cariló, Punta del Este y otros destinos turísticos cuatro o cinco estrellas.
El predio malvendido por el Estado en 1991 puede servir de escenario para Tecnópolis y otras actividades científicas y culturales de interés nacional. Los campeones Brangus y Aberdeen Angus tendrán que exhibir sus carnes en otro lugar. Quizás José A. Martínez de Hoz pueda donar algún campo para seguir inmortalizando su apellido.
El otro socio que sigue tuteándose con el fracaso es Mauricio Macri. Luego de admitir, a regañadientes, el traspaso del Subte, debió negociar en la Legislatura varios cambios en la ley. Así resignó su intención de recortar el derecho de huelga de los empleados de ese servicio y de gravar los combustibles para una mayor recaudación.
Su caída de imagen fue mayor por los tremendos aumentos que tendrá la tasa de ABL, sobre todo porque la ciudad no luce precisamente alumbrada, barrida y limpia.
El golpe de fin de año a la figura del jefe de gobierno vino otra vez desde el Subte, al informarse que la línea A estará cerrada por 60 días para cambiar formaciones y mejorar el servicio. Los metrodelegados de la Agtsyp aseguraron que ese trabajo se puede hacer en dos o tres días. El ministro de Interior, Florencio Randazzo, calificó de "locura" la decisión del referente del PRO.
Es verdad. Es cosa de locos. Pero, desde otro ángulo, también califica como poco cuerda la decisión del gobierno nacional, con CFK y Randazzo como impulsores, de que ese servicio esencial fuera transferido a la órbita de Macri. Vago y mal entretenido como pocos, era sabido que en sus manos sería un instrumento de tortura y tarifazo para los usuarios. Debió ser reestatizado por el Estado nacional, dejando afuera a Metrovías, con el control de trabajadores, usuarios, UBA, UTN, Conicet y el INTI.
30/12/12 La Arena, La Pampa
GB
No hay comentarios:
Publicar un comentario