LA SEGURIDAD-INSEGURA., OPINION

La arraigada tradición de torear a la justicia
Por Ricardo Ragendorfer

La democratización de las fuerzas de seguridad es una deuda que el país mantiene desde el fin de la dictadura militar.

El comisario general de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, tiene el dudoso mérito de ser el primer jefe en funciones de una fuerza de seguridad que termina con sus huesos tras las rejas. Nunca, en toda la república, ningún otro uniformado de su rango padeció semejante contratiempo.

En una ocasión, al cruzarse con un periodista que solía escribir sobre sus trapisondas, el célebre comisario Mario Naldi le soltó: “Me sobreseyeron en todas las causas, querido.” Su entusiasmo parecía el de un colegial que acaba de aprobar las materias que se llevó a marzo.

En otra ocasión, el no menos famoso comisario Pedro Klodczyk, ya aquejado de una enfermedad pulmonar, agonizaría en los brazos del abogado Alejandro Casal, y sus últimas palabras fueron: “Viste, al final estos hijos de puta no pudieron meterme en cana.” Luego, cayó en el sopor eterno.

Lo cierto es que los altos dignatarios de la Maldita Policía supieron concluir sus carreras toreando con destreza la acción de la justicia. Y con patrimonios personales atribuidos socarronamente a una provechosa actividad comercial de índole privada. A tres lustros del hundimiento de esa cúpula, sus integrantes se reciclaron con éxito en la vida civil: ahora encabezan agencias de seguridad, asesoran a intendentes, van en calidad de expertos a programas de televisión o, sencillamente, disfrutan su fortuna en silencio. Ya se sabe que son muy pocos los uniformados que tuvieron la mala suerte de terminar en una celda. Se trata por lo general de efectivos de bajo rango que incurrieron en el imperdonable pecado de robar a espaldas de la Corporación o que cayeron estrepitosamente en desgracia. Aún en la policía, la impunidad es una cuestión de clases.

¿Qué fue, entonces, lo que llevó a Tognoli hacia el otro lado del mostrador? El tipo era investigado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por su vínculo con una red de protección a narcos y proxenetas. Sobre él había una serie de pruebas abrumadoras; entre ellas, una escucha telefónica en la cual un alto oficial le indicaba a la madama de un lupanar de Villa Cañás que para vender cocaína allí debía abonar “30 mil pesos a Tognoli”. Tampoco le favoreció la comprobación de haber usado su propia clave para identificar en el Registro de Propiedad Automotor los vehículos de la Policía de PSA que seguían a un traficante al que Tognoli encubría. Pero el juez Marcelo Bailaque, se obstinaba en rechazar los pedidos de captura para Tognoli y sus secuaces. Finalmente fue la filtración periodística del expediente –y no una decisión de la justicia– lo que precipitó su destino. A esa altura, la causa había quedado en manos del juez Carlos Vera Barros, quien ahora dejó a Tognoli en libertad. La impunidad volvió a funcionar.

Esta historia es parecida a otras.

En 1998, la jueza de Lomas de Zamora, Silvia González, empezó a instruir una megacausa que se conoció como la de “los 33 orientales”. Los procesados: esa misma cantidad de comisarios de la Bonaerense, encabezados nada menos que por Klodczyk. En la lista también descollaba el ex subjefe de la fuerza, Norberto Padilla; su jefe de Investigaciones, Armando Calabró, y el director de Finanzas, José Ojeda, entre otros. El origen de tal investigación fueron las escuchas telefónicas al comisario Juan José Ribelli, antes de ser detenido por el atentado a la AMIA. Sólo en esas cintas a él se le detectaron 94 delitos. Las ramificaciones de la pesquisa no tardaron en extenderse como una enorme mancha venenosa hacia toda la estructura de la Bonaerense. En ese expediente estaba el ADN de la corrupción policial en la provincia gobernada entonces por Eduardo Duhalde. Y describía como sus jefes gerenciaban cada una de las actividades tipificadas por el Código Penal; desde el tráfico de drogas a la venta ilegal de autopartes, pasando por la piratería del asfalto, la prostitución, el secuestro extorsivo y los asaltos a mano armada. La profundización de la causa auguraba imprevisibles consecuencias políticas e institucionales. Pero la cuestión no pasó a mayores. En ello hubo un motivo de peso: la eficacia de los operadores judiciales del duhaldismo hizo que la doctora González –una de las magistradas más respetables de Lomas– se declarara incompetente. La causa entonces pasó a la órbita del juez Emilio Villamayor, cuya gran afinidad con el Poder Ejecutivo provincial era notoria. En resumidas cuentas, éste no tardó en archivar el expediente.

“Al final no pudieron meterme en cana”, diría Klodczyk un año después, ya a punto de tomar sus primeras lecciones de arpa.

Un río de tinta ha corrido en los estos días sobre el caso Tognoli. Un caso que –con justa razón– ha dejado al gobernador socialista Antonio Bonfatti entre la debacle y el ridículo. Sin embargo, lo de su jefe policial sólo es la expresión más reciente de una siniestra generalidad. Ya se sabe que la democratización de las fuerzas de seguridad es una deuda que el país mantiene desde el fin de la dictadura militar. Ello, en gran medida, explica el autoritarismo existente en las agencias policiales que actúan a lo largo y ancho del territorio nacional, junto al elevado índice de corrupción que subyace en ellas. Y si bien la Bonaerense encabeza la lista de abusos y negocios policiales, lo cierto es que ninguna otra fuerza federal o provincial es ajena a tales prácticas. Eso ahora los santafesinos bien lo saben.

10/11/12 InfoNews