Directivos del Grupo Clarín denunciaron el jueves por “incitación a la violencia colectiva” y “coacción agravada” a los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Nora Veiras, Javier Vicente, Edgardo Mocca y Orlando Barone, por expresiones realizadas en el marco del debate público sobre la cobertura mediática de la protesta que prefectos y gendarmes protagonizaron el mes pasado. Tal como lo expresó ayer el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se trata de un “amordazamiento de la libertad de expresión” y un intento de “intimidar por afirmaciones hechas en ejercicio de derechos constitucionales indiscutibles”.
A tres años de la derogación de las figuras de calumnias e injurias en casos de ostensible interés público, logro obtenido por la lucha de trabajadores y organizaciones de la sociedad civil ante la indiferencia de las grandes empresas de medios, Clarín recurre a tipos penales que no fueron concebidos para reprimir las ideas y las palabras, lo cual resalta su clara intención persecutoria.
Las penas previstas para los delitos por los que acusan a periodistas son incluso mayores a las que funcionarios de los poderes ejecutivo y judicial usaron durante años para amedrentar a los trabajadores de prensa, lo cual pone en evidencia su afán de conseguir condenas ejemplificadoras que sirvan de disuasivo para cualquier persona --sea o no periodista-- que ose no autocensurarse a la hora de hablar de Clarín.
Nadie que conozca la historia reciente del Grupo Clarín puede sorprenderse por esta nueva muestra de desprecio por los valores fundamentales del sistema democrático.
Clarín se amoldó sin chistar cuando la última dictadura ordenó silenciar secuestros y asesinatos, hizo grandes negocios con los artífices del terrorismo de Estado que masacraron a cientos de periodistas, y pretende ahora mostrarse como víctima de ataques a la libertad de expresión ante una ley sancionada por el Congreso para fomentar la diversidad de voces y poner coto a quienes abusan de su posición dominante en el mercado.
Clarín usó durante años a su ejército de abogados para obstaculizar la investigación sobre la identidad de los chicos adoptados de manera irregular por Ernestina Herrera de Noble en 1976, mientras la dictadura implementaba un plan sistemático de robo de bebés, y apeló a sus plumas más obedientes para tergiversar el caso ante la opinión pública y ensuciar al movimiento de derechos humanos.
Clarín echó en el año 2000 a 117 trabajadores y trabajadoras, incluidos los flamantes delegados y la junta electoral que había convocado a elecciones, y durante los doce años siguientes arrasó con el derecho constitucional a organizarse sindicalmente. Hasta el pasado 14 de noviembre, día anterior a la histórica elección de Comisión Interna, que asumió con el respaldo de medio millar de trabajadores, el Grupo Clarín apeló a sus maniobras habituales para deslegitimar a los activistas y sembrar miedo en los trabajadores.
La denuncia penal de un grupo económico que sólo se preocupa por la libertad de empresa contra un grupo de trabajadores de prensa, que somos los verdaderos garantes de la libertad de expresión y del derecho a informarse de la sociedad, no es ajena a esa línea de conducta.
Desde el Colectivo de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa reiteramos nuestro profundo rechazo a la actitud del Grupo Clarín y nuestra total solidaridad con los trabajadores de prensa alcanzados por la denuncia.
CTP, 26 de noviembre de 2012.
AGENCIA PACO URONDO
GB
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