EL 8 D

El día después de mañana
Por Federico Poore

Los secretos detrás de la pelea por la plena aplicación de la Ley de Medios. Por qué el litigio promete extenderse más allá de diciembre.

Pese a los anuncios de uno y otro lado, la batalla abierta entre el gobierno nacional y el Grupo Clarín en torno a la aplicación de la Ley de Medios seguirá más allá de la fecha clave del 7D. Sin embargo, la estrategia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) –que los demás grupos presenten un plan antes de diciembre– buscará dejar solo a Clarín en el incumplimiento de la norma, y las chances del multimedios de conseguir una victoria total en la máxima instancia son cada vez menores.

Así lo confirman a Debate legisladores, constitucionalistas, funcionarios y especialistas en la materia cuando se les pide que piensen qué va a pasar no sólo en diciembre –cuando, de no mediar una prórroga, vencerá la cautelar que mantiene al Grupo Clarín a salvo del efecto desconcentrador de la 26.522– sino en los próximos años con respecto a la aplicación real de la norma aprobada en octubre de 2009.

Y si bien las dificultades que encuentra la ley para transformar el mapa de medios del país pueden dar la impresión de que “nada cambió” desde que fuera sancionada por amplias mayorías por el Congreso, dos claves recientes alumbran el largo y sinuoso camino hacia su plena aplicación.

“Por el fallo que la Corte emitió en mayo último, sería incoherente que se termine declarando inconstitucional lo que se inscribe dentro de los marcos constitucionales”, estima Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona. Discusiones aparte sobre el estilo florentino del máximo tribunal, la Corte estableció, sin medias tintas, que el 7 de diciembre la ley será aplicable al grupo “con todos sus efectos”. Conocida la resolución, el grupo que comanda Héctor Magnetto continuó denunciando que la Ley de Medios restringía “la pluralidad y la libertad de expresión”. En su edición del 2 de junio, esta revista explicó por qué era difícil –si no imposible– que las ventas comenzaran antes de fin de año, dado que el Grupo no había mostrado voluntad negociadora alguna y que parecía decidido a agotar la batalla judicial. Pero en estos últimos cinco meses hubo novedades en ambos bandos que acotan el abanico de posibilidades futuras.

Estrategias y cautelares

Hasta hace algunos meses, el discurso oficial justificaba las prórrogas a los demás grupos excedidos atentos a la cautelar de la que gozaba el Grupo Clarín. “Si no, obligaba a desinvertir a todos menos al grupo más grande”, explicó por entonces a esta revista el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López.

Pero ahora la estrategia es otra.

“Hubo un cambio trascendente con la plena integración de los dispositivos de control y aplicación de la ley (la Comisión Bicameral, el directorio de Afsca y el de RTA). Éste es un cambio significativo respecto de los primeros tres años de aplicación de la ley”, resume Martín Becerra.

A partir de la asunción de Martín Sabbatella, y cumplimentando una resolución de julio último, la Afsca comenzó a exigir al resto de los multimedios que presenten sus planes de adecuación antes del 7 de diciembre. Uno de los hitos en ese sentido fue la conferencia de prensa del 14 de noviembre en la Manzana de las Luces, donde el titular del organismo presentó el cuadro de situación de cada uno de los grupos excedidos, destacando las reuniones que mantuvo con varios de ellos y la voluntad de cumplir la ley que expresaron todos los conglomerados “salvo Clarín”. El objetivo es claro: que Clarín quede como el único conglomerado al margen de la ley. En otras palabras, dejarlo en offside.

El Grupo anunció que no hará nada por cumplir con la adecuación antes del 7D. En octubre, sin hacer demasiado ruido, solicitó una ampliación de su cautelar, con el argumento de que aún no se resolvió la cuestión de fondo, es decir, el reclamo por la supuesta inconstitucionalidad de los artículos 41 y 161 de la Ley de Medios. Antes de renunciar, el juez Raúl Tettamanti rechazó el pedido y al cierre de esta edición, el Grupo Clarín esperaba una respuesta por parte de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones.

Algunos entienden que la cautelar debe extenderse “todo lo que dure un proceso judicial”, tal como afirma a esta revista el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Otros disienten. “Es difícil que la Cámara haga lugar al planteo después del fallo de mayo sobre esa misma cautelar”, confía una de las personas que asesora al Estado en la batalla judicial. El expediente está en condiciones de pasar a sentencia, pero se demora por el número de jueces temporales que va teniendo la causa.

En la entrevista que acompaña esta edición, Sabbatella sostiene que en tal caso el 7 de diciembre habrán vencido “todos los plazos” para adecuarse y que si el multimedio no quiere que la Afsca actúe de oficio deberá presentar un plan antes de esa fecha. El gerente de Comunicaciones Externas del Grupo Clarín, Martín Etchevers, argumenta que a la empresa no le corresponde presentar plan alguno “porque la aplicación del artículo 161 está suspendida por la Justicia”.

Esta especie de punto muerto beneficia a Clarín, porque demora la aplicación efectiva de ley. Por eso, el oficialismo aprobó el 14 de noviembre el proyecto para reglamentar el mecanismo del per saltum, un trámite que había comenzado a acelerar cuando la Cámara –con el sospechado juez Francisco de las Carreras a la cabeza– estuvo a punto de concederle a la empresa la ampliación de la cautelar.

Hacer cumplir la ley

¿Qué hará el Gobierno mientras espera el fallo del máximo tribunal? Los detalles no están definidos, pero la respuesta corta es: una adecuación de oficio, prevista por la ley.

El argumento oficial para llevar esto adelante se apoya en el decreto reglamentario de la Ley de Medios, publicado en agosto de 2010. Allí, se establecen tres criterios para que los grupos excedentes puedan adaptarse a la nueva normativa: adecuación voluntaria, constatación de oficio y adecuación por transferencia de licencias.

El trámite de adecuación voluntaria se inicia mediante una declaración jurada, a través de la cual los licenciatarios proponen “la regularización de su situación”, según detalla el organismo en la resolución 297/2010. Esto es lo que –luego de dos prórrogas– el Gobierno comenzó a exigirles a los diferentes dueños de medios (entre ellos, representantes de los grupos Uno, Indalo, Prisa, Telecentro, Ick y Canal 9) durante las reuniones que mantuvieron con Sabbatella en la sede del organismo.

Si las empresas incumplen o no cumplen por completo con “la efectiva adecuación a las disposiciones del artículo 161”, la Afsca podrá llevar adelante una constatación de oficio. Antes deberá dictar un acto administrativo en el que se declara este incumplimiento, acción que deberá ser publicada en el Boletín Oficial. “Si sos titular de quince licencias de aire y podés tener diez, presentás tu plan antes de diciembre aclarando ‘me voy a desprender de estas cinco licencias’, Afsca lo aprueba y tenés un plazo de ejecución para hacerlo. Si no, Afsca seleccionará las cinco licencias que considera que tenés de más y las pondrá en concurso”, puntualiza Sabbatella.

Gustavo Bulla, docente de Políticas de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y ex funcionario de la Afsca, agrega que “no sólo se concursarán las señales ‘sobrantes’, sino también aquellos casos de incompatibilidad, como el caso de quienes tengan una empresa de cable y un canal de aire en una misma localidad”.

En la conferencia del 14 de noviembre, Sabbatella detalló que el criterio de licitación será el de concursar las licencias de menor valor para “causar el menor perjuicio económico” posible. Es un argumento atendible, aunque otros entienden que la idea de que el Estado seleccione a dedo las licencias excedentes es un error y que lo que se debería hacer es concursar todas las señales –manteniendo el servicio y garantizando las fuentes de trabajo, como sostiene Sabbatella– hasta ajustar al máximo de licencias permitido por la norma. “El criterio de selección debe ser transparente. Dado que la ley privilegia la televisión abierta, en caso de incompatibilidad o no cumplimiento, le licitaría sus empresas de cable en todos los lugares donde tiene señales abiertas”, detalla, en estricto off the record, una de las personas que participó en la redacción de la norma.

Un dato más. Entre la adecuación voluntaria y la de oficio existe un segundo paso, previsto por el propio decreto 297 y mencionado por Sabbatella en conferencia de prensa. “El Estado pone un tasador oficial, se evalúan todos los bienes concursables de la empresa, y se los somete a una oferta pública de adquisición (OPA). Una vez recibidas las ofertas, el grupo debe decidir si las acepta; si no, la opción se cae”, explica un integrante de la Procuración General. Por supuesto, nadie imagina un escenario en el cual el Grupo acepte –más cuando mantiene su pleito en la Justicia para no vender–, pero es un paso más previsto en la normativa que le otorgaría mayor transparencia a todo el proceso.

Más allá de diciembre

Cualquier medida que tome el Gobierno en torno a las licencias del multimedio puede detonar este nuevo escenario. “Sea la decisión que fuere, es probable que Clarín las impugne administrativa y judicialmente”, anticipa Gustavo Arballo, profesor de Derecho Público de la Universidad Nacional de La Pampa. La otra cosa que puede hacer la empresa, explica Arballo, “es sostener que existe cierta conexión entre esa medida y su causa en trámite para recurrir al mismo juzgado en el que obtuvieron la cautelar”. En otras palabras, el grupo podría pedir otra medida cautelar, más específica, contra el acto de rescisión de licencias.

“Supongamos que mágicamente hubiera un fallo, incluso de la Corte, que confirmara la constitucionalidad de la ley y que ordene al grupo a desinvertir. Esto no agota el repertorio de acciones que pueden intentar Clarín o cualquiera de los grupos afectados, sino que habrá una disputa mucho más fina sobre qué licencias le corresponden o no al grupo y finalmente sobre cómo se ejecuta esa desinversión”, sostiene el autor del blog Saber leyes no es saber derecho.

Sin embargo, en el Gobierno se muestran confiados en una victoria judicial a mediano plazo, algo que ilustran por la negativa. Así de taxativa es una de las espadas legales del kirchnerismo, que asegura que “no hay chances de que la Corte diga ‘esta ley es inconstitucional’”. Claro que para que eso ocurra, la causa por el fondo de la cuestión debería llegar lo antes posible al cuarto piso de Tribunales. La misma fuente confiesa que “la única manera de que esto funcione es que lo resuelva la Corte”. En otras palabras, nadie va a comprar una licencia judicializada.

En el Gobierno reclaman por la renuencia del máximo tribunal, pero saben que la sentencia final dependerá del clima político. “El fallo del 22 de mayo es cómo lee la Corte el resultado de las elecciones del 54 por ciento. Hoy Clarín está tratando de cambiar el humor de ciertos ejes de poder, entre ellos la Corte”, analizan cerca del ex titular de Afsca, Gabriel Mariotto.

Por eso, la apuesta de Clarín es una apuesta de tiempos, no tanto a las legislativas del próximo año –en las que el kirchnerismo renueva las bancas obtenidas en su magra performance de 2009– sino a 2015. ¿El kirchnerismo sobrevivirá al Grupo Clarín o el Grupo Clarín sobrevivirá al kirchnerismo?

“Todo el mundo imagina soluciones judiciales del tipo todo o nada, pero no hay que descartar la posibilidad de que aparezcan soluciones intermedias, que posiblemente sean leídas como una derrota para el Gobierno o para Clarín”, dice Arballo. Por ejemplo, un fallo de la Corte que establezca que es legal la cláusula de desinversión en la medida en que se le dé un mayor plazo al licenciatario para vender. O que diga que no existen motivos para limitar el número de licencias de cable siempre y cuando se den determinadas condiciones. Becerra completa este panorama al asegurar que se pasará de una batalla grande al “foquismo administrativo y judicial”, es decir, una “guerra de guerrillas”.

La nota que acompaña este informe revela que el Grupo Clarín incluyó en su balance semestral, por primera vez, un informe de peritos contables y económicos con “un cálculo de las eventuales pérdidas contables y de valor de compañía que sufriría la sociedad si se viera obligada a realizar desinversiones en el plazo perentorio de un año”. La clave es que, incluso obteniendo victorias parciales, al conglomerado le será imposible ganar nuevas licencias. La imagen del grupo es la de un gigante herido, que cede –eso sí– a un ritmo mucho más lento de lo que espera el kirchnerismo.

Revista Debate
http://www.revistadebate.com.ar/2012/11/23/5843.php

GB