LA OPOSICION DISTRAIDA

El silencio de la oposición
Por Felipe Yapur

Ni uno solo. Ningún diputado o senador de la oposición, de esos que corren con desesperación a publicar comunicados de solidaridad con cualquier empleado del Grupo Clarín que diga sentirse perseguido por el gobierno, tuvo un segundo para hacer lo mismo cuando el monopolio denunció penalmente a los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente.

Ni uno solo. Ninguno. Es difícil de creer que se trató de un olvido o una distracción. En todo caso, es una demostración del fuerte alineamiento (y dependencia) que existe entre los opositores con los intereses del grupo concentrado de medios de comunicación. Es triste pero también insultante que, para estos grupos políticos con representación parlamentaria, existan trabajadores de prensa que no merezcan ni siquiera un par de líneas de respaldo. La defensa de la libertad de expresión es para todos y no para un sector, al menos es lo que los bloques de la oposición suelen cacarear en el recinto, pero una cosa es predicarla y otra diferente es defenderla en los hechos.

Cuán paradojal es esta denuncia penal de un medio de comunicación contra la opinión de periodistas, sobre todo cuando fue este gobierno en 2009 el que terminó con la posibilidad de que los funcionarios y legisladores pudieran recurrir a la figura penal de calumnias e injurias ante una opinión o publicación de periodistas. Es, por lo menos, curioso el concepto y alcance de la libertad de expresión que tiene el Grupo Clarín.

En los años en que la oposición tuvo el control del parlamento, cuando existió el Grupo A, la Comisión de Libertad de Expresión se había transformado en una verdadera trinchera desde donde se trabajaba en contra del debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La conducía la radical Silvana Giudici, una fiera adversaria del entonces proyecto, y gran defensora de los intereses del Grupo Clarín y sus periodistas, que habían sido cuestionados durante las masivas marchas a favor de la Ley de Medios. Giudici invitó a varios de esos periodistas a la comisión para que expusieran el terrible drama que significa ser cuestionado por lectores, televidentes u oyentes que no comulgan con sus ideas. "No nos van a callar aun cuando esta lamentable saga tenga que terminar con un muerto, si es que el gobierno así lo decide", afirmó el 29 de abril de 2010 un indignado y belicoso Joaquín Morales Solá, molesto porque habían editado una foto suya con su boca tapada con un dólar. El reputado periodista no presentó una prueba de que el gobierno estuviera detrás de esa maniobra que podía llegar a costar una vida y no fue acusado ante ningún estrado judicial. Giudici, que había afirmado que el FPV buscaba restringir el disenso en el país, ya no es diputada, pero en esos días fue respaldada por Patricia Bullrich y Alfredo Atansof, quienes llegaron a comparar los afiches de aquella manifestación con un arma. Nadie tampoco los denunció judicialmente.

Hoy, sin embargo, hay silencio ante una demanda penal contra periodistas por emitir una opinión.

No es la primera vez que los legisladores de la oposición cierran sus bocas, tapan sus oídos y ojos, ante ataques a periodistas que trabajan para medios que no son de su simpatía. Sucedió durante los cacerolazos de septiembre y noviembre. Tibios comentarios que parecen más de ocasión que de verdadera convicción fue lo que se logró escuchárseles.

Lo complejo y preocupante es que esta conducta entre los opositores no parece aislada y da pistas de cuál podría llegar a ser la actitud que tendrían, en caso de ser gobierno, frente a los periodistas y medios que no sean de su simpatía.

Por supuesto que hay tiempo para redimirse. El próximo miércoles los diputados tendrán sesión y podrán allí expresar su repudio (o respaldo) a este ataque contra los periodistas. Lo senadores tendrán dos días para hacerlo porque sesionarán miércoles y jueves. Esos encuentros serán los últimos del actual período de sesiones ordinarias que finaliza el 30 de noviembre. Sería conveniente y saludable que la oposición exprese en esas jornadas su repudio a la pretendida intención del Grupo Clarín de meter presos a periodistas. Sería conveniente y saludable para la democracia, para la república, las instituciones y hasta para los mismos legisladores.

El próximo 10 de diciembre se van a cumplir 29 años de democracia. Casi tres décadas donde el Congreso fue un escenario privilegiado y prioritario para el devenir de la sociedad argentina. Allí, en esas bancas, se debatieron y aprobaron leyes. Algunas sirvieron para justificar las políticas neoliberales. Desde hace unos años se votan leyes diferentes, favorables a los intereses populares y, por lo tanto, contrarias a los intereses y privilegios de los grupos concentrados. Sería importante entonces que no haya silencio en las bancas con respecto a la actitud asumida por Clarín, el mayor grupo concentrado de comunicación que, paradójicamente, acusa a periodistas por ejercer el oficio de comunicar y que está íntimamente relacionada con su búsqueda desesperada por frenar la aplicación de la Ley de Medios, hecho que sucederá el próximo 7 de diciembre.

Tiempo Argentino
GB