DEUDA SOCIAL CON LOS PIBES

Ilegales, invisibles, inexistentes
Por Silvana Melo

(APe)-. No están registrados en los anaqueles burocráticos del Estado. Por lo tanto, no existen.

Por más que tenga pelos revueltos o un sueter más amplio de lo aconsejable, por más que sea largo y ya tenga vellos en las piernas y que los carteles en las calles le digan que puede votar, por más que el piojerío le juegue a la rayuela de la frente a la nuca, por más que tenga cara, que se ría con tres dientes de leche, que llore a mares, que haga pucheros, por más que le cambie la voz y se le mezcle entre ronca y finita, por más que se lo vea con la gorrita y los jeans rotos, no existe.

No existen. Son 168.000 chicos sin DNI, con una existencia apenas virtual, fantasmagórica, un cuerpo que puede tocarse pero también un papel en blanco. Que desmiente lo que se ve y se toca.

El estudio es del Observatorio de la Deuda Social de la UCA y el Iadepp y asegura que el 1,4% de los niños argentinos de entre 0 y 17 años es indocumentado. Pero lo peor sucede en la franja de entre 0 y 4, cuando trepa al 2,3% la cantidad de pibes sin DNI.

Dudan de cuándo cumplen años. Y a veces de cuántos cumplen. No hay un papel que los legitime. No hay qué los nombre por nombre completo. No hay número que los enumere.

Mabel lo sintió brutalmente así y fue la celebración del segundo nacimiento cuando tuvo el documento en su mano, por primera vez, a los 38 años. “Fui alguien por primera vez... a todo el que venía le decía mirá el documento... es algo que me ha costado mucho... es una alegría muy grande, porque que te digan que no tenés documento, que no existís, que sos un NN, es muy triste, muy doloroso”.

El plazo para inscribir a un niño es de 40 días en la Argentina. En los registros civiles se les concede un número identificatorio, suyo y único, que aparecerá en todos los registros el resto de su vida. Si se supera ese plazo, los padres necesitarán testigos que acrediten el vínculo para anotar a su niño. Hasta los doce años. Después será sólo la Justicia la que decida. En medio de un entretejido legal que asfixiará y volverá muy complejo el camino para llegar a ser alguien. Mientras tanto, el acceso a la asignación universal por hijo, a la educación, a la salud, a un empleo en blanco, a un plan social, a una tarjeta para cobrar una pensión, a una pensión, se vuelve una quimera.

El Estado, mientras tanto, permite la existencia (o no) de una franja marginal de invisibles como Mabel, que no fue inscripta al nacer y ella, por reflejo heredado, tampoco lo hizo con sus hijos. “Mi marido es muy quedado, y es analfabeto... Fuimos a San Isidro a anotarla a ella y a él cuando le cierran una puerta, ya se rinde... no es de golpear puertas (...) fuimos con el papá a anotarla con el papelito que me habían dado en la maternidad y me decía 'no, venga mañana, ya es tarde'. Íbamos al otro día, iba ya yo sola porque él no podía faltar al trabajo, y me decían 'no, señora tiene que venir la semana que viene' y así, el padre es una persona que se rindió y no quiso ir más...”

Es que la complejidad de un trámite se vuelve una tormenta de arena para el que no cuenta con las herramientas básicas como leer. Como escribir. El tampoco existe, en realidad. Y sus hijos nacieron con su condena heredada.

Nada diferencia a Mabel y a su compañero de María Ovando, la misionera a quien hoy la injusticia probablemente condene por abandono de persona doblemente agravado. Porque se le murió su niña de hambre en brazos y la enterró. Ella, analfabeta. Doce hijos y dos nietos en casa (“casa” es lata, lona y madera). A 25 kilómetros del hospital. Sus hijos no tuvieron documentos al menos hasta que el Estado visibilizó a su madre con ojo fulminante: la puso presa y la enjuició. De paso, casi tangencialmente, vio que había un montón de niños alrededor con hambre de siglos.

Los hijos de María Ovando no recibían la asignación universal que no es universal, porque no tenían documento. Porque no eran. Como Mabel. Y como los hijos de Mabel.

Generalmente se los condena –como a María- por abandono, por dejadez. María no podía llegar al Hospital, a 25 kilómetros, con su hija que se le moría y menos iba a llegar al registro civil a inscribirla. Es sentido común.

Para Mónica anotar a sus hijos era un día perdido en su trabajo. Es decir, sin ese día de trabajo no había comida en la mesa. Porque día que no limpia, no cobra. Una lógica geométrica. Por eso los hijos de los pobres son los más indocumentados. Porque están lejos, porque a veces no comprenden y es muy fácil perder la paciencia con ellos desde los mostradores suprahumanos del Estado, porque trabajan por horas, precarios, en negro, y no se pueden perder el día en el registro civil. Porque para ellos es mucho más trascendente sostener la vida del día que fatigar un documento que no les matará el hambre.

Además del acceso a la salud, a la finalización de la escuela, al empleo regular, a la identidad en sí misma, es el Estado, el que le acerca la asistencia social tantas veces en búsqueda de un cliente, pero le pide el documento. No va el Estado a documentar, a conceder identidad, a sumar a los registros supremos. El Estado niega un derecho a partir de otro ya negado.

Casi 170 mil chicos sin identidad, incompletos en su carácter de sujetos de derecho. Imposibilitados en su potencialidad de sujeto político transformador. Ilegales ante la urna donde la ley los invita a decidir. Invisibles.

Fuentes de datos:
Estudio elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA y la
ONG Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Pública (Iadepp)

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