NUEVOS PROTOCOLOS PARA INVESTIGAR LA COMPLICIDAD EMPRESARIA CON LA DICTADURA “La motivación económica de la represión ilegal”

Por Alejandra Dandan

“Acá lo que se estudia es la motivación económica de la represión ilegal. En general, esto es información pública, así que buscamos en la Bolsa de Comercio, la Inspección General de Justicia y, además, en algunos casos se solicitan medidas para conseguir información contable. Y esto es lo que está estandarizado en los protocolos. Lo que pretendemos es poder evaluar la participación que tuvieron en la represión ilegal tanto los directivos de las empresas como el beneficio económico obtenido”, dice Judith Köing, contadora y directora de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero de la Procuración (Ofinec). La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Ofinec crearon un protocolo destinado a fiscales de todo el país para investigar la responsabilidad empresaria en los crímenes de la dictadura. Una de las novedades es que las investigaciones que hasta ahora hacían los abogados sumarán la mirada de especialistas en libros contables. Dos equipos ya están trabajando. Uno por la Procuración y otro por la Ofinec. Carolina Varsky, que coordina el primer espacio, y Köing explican las hipótesis con que están avanzando y adelantan algunos resultados en casos como los de Loma Negra y La Nueva Provincia.

“Cuando empezamos a cruzar el trabajo de la Procuraduría con las necesidades que surgían en las causas de lesa humanidad en las que había empresas denunciadas, nos dijimos: tiene que haber alguna forma distinta de trabajar –dice Varsky–. En ese momento, nos dividimos el trabajo con la Ofinec, que empezó a hacer el aporte en materia contable. Por otro lado, noso-tros ya avanzábamos desde el punto de vista más tradicional. Muchas de las declaraciones ocurridas durante el Juicio a las Juntas, por ejemplo, ya hablaban de las empresas, sin embargo, esto estaba más invisibilizado porque se ponía el eje en visibilizar a represores de las Fuerzas Armadas o de Seguridad o las víctimas. Y no se prestaba atención a que las personas contaban que era delegado sindical de una empresa. O que esa empresa tenía a su vez otras tantas víctimas desa-parecidas. Nuestro aporte en este momento es darle una segunda mirada a lo ya recolectado y seguir buscando en otros archivos que todavía no fueron consultados.”

–¿Como por ejemplo?

Varsky: –Los archivos de los sindicatos, el Archivo General de la Nación, las causas 20.840 (los expedientes de actividades subversivas realizados por la dictadura), testimonios brindados en los ’80 ya sea ante Conadep, en el Juicio a las Juntas o los que derivaron después.

–Puede decirse que plantean dos abordajes: por un lado el análisis de los “hechos de sangre”, y por otro el análisis contable.

Varsky: –Lo que tiene de novedoso esto es que existe un área poco explorada en las causas de lesa humanidad por los fiscales que integran generalmente las unidades de derechos humanos. Estaban acostumbrados a investigar delitos “de sangre”: es decir, el secuestro, la desaparición, la tortura, la reducción a la servidumbre, los homicidios, la sustracción de menores. Todo tiene que ver con delitos de sangre. Y no miraban la parte contable. Esa es la idea del protocolo: frente a esa situación, vimos que se está dando un patrón común que muestra que en varias jurisdicciones hubo empresas que podrían tener alguna responsabilidad en las desapariciones, en la apropiación de bienes, en los homicidios. Ante esa situación, el fiscal, además de pedir el legajo Conadep de tal víctima, tiene que pedir diversas medidas para que las pueda analizar el contador.

Köing: –Y a nivel empresarial lo que buscamos son los balances. Pero las dos cosas son penales. Acá lo que se estudia es la motivación económica de la represión ilegal. En estos casos, se busca qué reflejan esos estados contables. En general, esto es información pública así que buscamos en la Bolsa de Comercio, la IGJ y, además, en algunos casos, se solicitan medidas para conseguir información contable. Y esto es lo que está estandarizado en el protocolo: lo que pretendemos es que los fiscales conozcan todas las medidas que se pueden llevar a cabo y las fuentes de información que existen para conseguir los datos y poder evaluar la participación que tuvieron tanto los directivos de las empresas como el beneficio económico obtenido.

–¿Cuál es la hipótesis con la que trabajan?

Köing: –Estudiamos la evolución de las distintas variables económicas a nivel nacional. Específicamente, la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, que en 1974 y 1975 alcanzó el 45 por ciento, y luego, con la dictadura, se produjo una abrupta caída en el nivel salarial de los trabajadores en el ingreso nacional. El “fifty-fifty”, como dice la Presidenta, cayó abruptamente ya desde junio del ’75. Y fue cayendo. Y llegó al 22 por ciento. Luego lo que estudiamos es cómo ese comportamiento macroeconómico se refleja a nivel empresarial. Hay empresas con mano de obra intensiva, donde lo que más pesa en los costos es la mano de obra. Pero el peso de la mano de obra, sea el porcentaje que sea, cayó entre un 50 y un 20 por ciento, depende del caso. O sea, buscamos verificar la motivación económica de estos delitos: si se verifica o no se verifica en el caso de cada empresa. Y en qué medida. Eso, en general, se encuentra en las cifras de los balances.

–¿Cuáles fueron los primeros casos que analizaron?

Köing: –Loma Negra y ahora Molinos. En Loma Negra se consiguió la documentación porque en un principio la empresa la aportó (NdR: son otros propietarios), pero en Molinos los fiscales hicieron directamente un allanamiento. Fuimos con ellos a la sede administrativa principal de la empresa, junto con la policía y secuestramos los libros que vimos necesarios. Ahora estamos analizándolos de modo contable. Con Loma Negra ya hicimos ese análisis. Y se verificaron las hipótesis. Pero es importante señalar que en cada caso hacemos el estudio de aquellas cuentas contables que tienen que ver con el caso en particular: como no sólo damos una mirada contable, sino que trabajamos con los fiscales y estamos al tanto del hecho de represión, buscamos los datos específicos en las cuentas. En Loma Negra estuvo la particularidad del abogado (NdR: el secuestro y el asesinato de Carlos Alberto Moreno, abogado laboralista de los trabajadores) y la particularidad de una cuenta: un rubro contable en los libros de la empresa que se llama Previsión Ley 20.744, donde se agrupaban los importes que la empresa pensaba que iba a erogar en materia de indemnizaciones. No siempre tenemos una cuenta vinculada con el caso específico de represión ilegal, pero ahí lo tuvimos: vimos que hubo una caída de un 72 por ciento en esa previsión. La previsión se proyectaba con un año de anticipación. El hecho sucedió en el ’77, y para el año siguiente el importe bajaba. Eso está ubicado en Pasivos no Corrientes. Durante toda la dictadura, esa cuenta disminuyó. No se extinguió, pero disminuyó. Esto tuvo que ver también con las leyes laborales del período.

–¿Pero la enorme caída tuvo que ver con Moreno?

Köing: –Está más marcado con la extinción del factor litigante, digamos. En otros casos, estudiamos las variables que se dan en cada uno. Puede ocurrir que no tengamos desagregado lo contable como para desagregar el costo laboral. Depende del balance, sobre todo en esa época.

–¿Qué otros casos trabajaron?

Köing: –Estamos trabajando con los libros de La Nueva Provincia. Hicimos el estudio de la documentación que los fiscales secuestraron. Estamos buscando y analizando otra información, pero, por ejemplo, nos detuvimos en el nivel salarial y los sueldos de cada empleado. Comparamos la brecha entre los mejor remunerados y el peor remunerado, al comienzo y al final del período. Vimos que en 1976, el que menos ganaba recibía un 85 por ciento del que más ganaba. Al final del período, esa brecha era del 1400 por ciento.

–Parece un impacto directo del crimen: la desaparición de dos delegados gremiales.

Varsky: –Es que justamente es eso: los números van a importar de acuerdo con las víctimas. Porque hay empresas en las que hay víctimas desaparecidas. En Loma Negra hablamos de Moreno y allí está la reducción en el Fondo de Previsión. Distinto es el caso de víctimas secuestradas de la propia empresa. O cuando el imputado integra la empresa en lo cotidiano y no es un presidente al que no ve ningún empleado. Lo que se mide está vinculado con la causa penal. Todo ayuda a la causa penal, a establecer si existe o no responsabilidad o participación criminal de la empresa. Nosotros como abogados nos dedicamos a lo penal.

–¿Cuál es el peso de estos datos contables?

Köing: –Cuando alguien comete un ilícito que implica un enriquecimiento, un robo, por ejemplo, y se demuestra que no era de él y que lo obtuvo mediante una violencia, se lo decomisa y se lo restituye. En el caso de los delitos de represión ilegal, cuando la motivación era económica y se logró un beneficio, hay que cuantificarlo y eventualmente tomar medidas judiciales.

–¿Podrían llegar a una restitución?

Köing: –Claro, por eso es importante cuantificar el beneficio económico adicional obtenido.

“Mejoró la escucha”

–¿Cómo llegamos hasta acá?

Varsky: –Hasta ahora tenías históricamente los casos de Mercedes Benz y Ford, una con la comisión interna desaparecida, otra con un centro clandestino adentro. Luego aparecen Blaquier y los casos de Salta y Jujuy, con Minera el Aguilar y La Veloz del Norte. Y ahora en distintas jurisdicciones puede haber alguna empresa frente a la que se dice: “Ah, mirá, acá también”. Esto es resultado, también, de cómo mejoró la escucha y estar más atento a lo que alguna vez se dijo. Porque la característica sindical laboral de muchas víctimas siempre estuvo. Sólo que uno ponía el ojo en otra cosa. Ahora que los juicios están avanzados, que los debates son muy ricos, los testimonios de las víctimas son completos en cuanto a que no sólo cuentan que fueron secuestrados tal día, sino que avanzan y dicen que militaban en tal lugar, eran delegados de tal empresa... Todo eso enriquece y permite dimensionar la condición laboral y sindical de muchas víctimas. Y el rol que cumplieron las empresas donde esas víctimas trabajaban.

Köing: –Y el beneficio económico que tuvieron. Lo llamativo es que todo está en los balances. Muchos son públicos y están disponibles y estuvieron disponibles siempre. Y creo que es una cuenta que nos debíamos. Que estaban ahí y nadie hizo esa cuenta. Esos balances fueron mirados desde otro punto de vista. A los fines bursátiles. O para saber qué rentabilidad tuvo la empresa. Pero no para ver cómo bajó el costo laboral en ese período.

–Hubo trabajos sobre el impacto de la represión entre los obreros.

Köing: –Pero hasta ahora no se hizo la cuenta en cada empresa y en el marco de cada causa penal. Un balance sirve para hacer correlaciones. En general, se analiza para ver si le dan un crédito a tal empresa o si conviene invertir o comprar acciones de esa compañía. Siempre la mirada fue otra. Es muy difícil que se mire desde el punto de vista del impacto social o de lo que pasó.

–¿Se hizo este trabajo en algún otro país en contextos represivos? ¿Alemania?

Köing: –En Alemania la cosa fue distinta, no ocurrió esto de hacer un estudio de los balances con este criterio.

Varsky: –En marzo hicimos una reunión sobre esta materia con fiscales de distintas jurisdicciones. Ahí surgió la necesidad de armar un protocolo; que el trabajo sea interdisciplinario y que haya un equipo como la Ofinec, porque se necesita una experticia.

–A la luz del protocolo, ¿puede decirse que ya hay un “patrón” sobre cómo fue esa relación entre empresas, Estado terrorista y crímenes?

Varsky: –Hay una constante sobre qué mirar en materia contable. Pero sobre la participación de las empresas en el plan sistemático de exterminio, no. Hay empresas en las que funcionó un centro clandestino dentro de la planta. En otras se ve la relación con las Fuerzas Armadas y de Seguridad porque custodiaban o prestaban elementos, como Mercedes Benz o Ledesma. En algunos casos hay trabajadores desaparecidos, en otros abogados o en un tercer caso sobrevivientes secuestrados en centros clandestinos que funcionaron dentro de las empresas. O víctimas sobre las que tenían conocimiento las empresas. Suponemos además cierta colaboración de las empresas en entregar un listado de víctimas que molestaban. Por algo fueron a buscar a determinadas personas. Ahora estamos en el momento de leer los procesamientos para poder identificar patrones comunes. Es difícil porque hasta ahora, en las causas, las víctimas no estaban agrupadas como integrantes de determinada empresa. Recién ahora se está reuniendo a las víctimas con esta mirada, para analizar si la empresa o funcionarios de la empresa, más bien, tuvieron o no responsabilidad en las desapariciones.

OPINION Cacerola, ayer fue primavera

Por Jorge Halperín
Justo en septiembre, un mes de históricas resonancias golpistas –el derrocamiento de Yrigoyen en 1930, el de Perón en 1955, el de Salvador Allende, en 1973, golpes de cacerolas mediante–, y en los días en que Luis Barrionuevo auguró un próximo estallido social, vino a fracasar el último cacerolazo.

Casi resulta una transgresión recordarlo. Tan imperceptible fue su llamita que muchos ni siquiera llegaron a enterarse de que existía una convocatoria para el 18-S. ¿Por qué, entonces, ocuparse de semejante ausencia? Porque los cacerolazos irrumpieron en algún momento con fuerza en el escenario político, y algo debe querer decir su falta absoluta de repercusión. Alguna lectura puede practicarse sobre semejante desvanecimiento colectivo justo cuando tiene lugar una fuerte ofensiva contra el Gobierno por parte de los grupos empresarios y los conglomerados mediáticos, con los cuales han aparecido tan asociadas estas expresiones de la calle (recuérdese, por no ir más lejos, los cacerolazos contra la resolución 125).

Los motivos de esta ausencia pueden ser muchos, bien distintos y hasta contradictorios:

- Que exista un menor rechazo a la gestión de CFK por parte de sectores sociales medios y altos. Dudoso.

- Que el rechazo no haya disminuido, pero estén obrando otros motivos para debilitar el cacerolazo.

- Es indudable que los llamados para el 18-S fueron notoriamente más débiles que los anteriores.

- Y, parte de ello, y bien sugestiva, fue la menor repercusión que tuvo en los días previos en los medios opositores.

- Es posible que esta forma de rechazo se haya agotado, como sucedió con la –en otros tiempos vigorosa– “protesta del campo”.

- Acaso se consumió por su abrumadora dispersión de contenidos, tanto manifiestos (contra la 125, la inflación, la inseguridad, la corrupción, el cepo cambiario, la Diktadura, la re-reelección, Guillermo Moreno, Luis D’Elía, por la Justicia independiente, la República, la libertad) como “latentes” (por prejuicios étnicos, contra los juicios a los represores de la dictadura, contra los subsidios y políticas sociales, contra el poder femenino de CFK, por el derrocamiento del Gobierno). Y vale emplear aquella metáfora psicológica, ya que los cacerolazos, antes que un sesgo estratégico, llevan una impronta visceral, un estado de ánimo colectivo de un sector que posee un nivel medio de educación pero muy pobre cultura política.

Quizá tuvo la corta vida de toda expresión política que carece de organicidad, como sucedió con las multitudes que convocaba el seudo ingeniero Blumberg y como podría sugerirlo la evolución de los últimos cacerolazos (ver más abajo).

- Tal vez suceda lo contrario: que no deba hablarse de “evolución” de los cacerolazos, ya que este tipo de protestas son cambiantes, presentan un fuerte componente del clima del momento y pueden resurgir en cualquier otra circunstancia.

- Puede que un sector de quienes se sumaban esté optando por no atacar al Gobierno cuando el país enfrenta una amenaza externa encarnada por los fondos buitre.

- No debería descartarse que existan simpatizantes de las cacerolas que consideren que no vale la pena hostigar a un gobierno que tiene los días contados, tal vez convencidos de que estamos ante un “fin de ciclo”, indiferentes al dato de que el oficialismo sigue siendo la fuerza mayoritaria.

- Quizá la debilidad de las cacerolas de septiembre se deba al rechazo que sienten muchos hacia los nuevos aliados de la ofensiva contra CFK, Luis Barrionuevo, Hugo Moyano, Momo Venegas.

- Hay quien, medio en broma o medio en serio, explicó la ausencia señalando que muchos desertaron para embarcarse en tours de compras a Chile.

Es posible que lo que termine de explicar el llamado “Fracacerolazo” sea una combinación de algunas de las razones expuestas, o aun otras. Por ejemplo, que la mayor presencia de la oposición, lanzada ya a distintas precandidaturas, absorba energías que antes se volcaban a expresiones de protesta inorgánicas.

En este sentido, apunto la opinión de mi colega de Página/12 Luciana Peker, quien piensa que la oposición corporativa y mediática eligió fortalecer las alternativas partidarias para mejorar sus chances en 2015 antes que dispersar energías en cacerolas, que carecen de conducción y continuidad y no son una opción real de poder.

Pero creo que no necesariamente una protesta cacerolera perjudica la acción partidaria opositora, y en ese sentido también resulta posible que se estén guardando energías en la preparación de alguna acción agresiva “convergente” para el mes de diciembre.

Si no se quiere desdeñar el dato de la evolución de los cacerolazos, hay que recordar que en 2012, luego de tres protestas sucesivas en una semana de junio, el 13 de septiembre se congregaron unas 200.000 personas en la Plaza de Mayo convocadas especialmente por algunos sitios de las redes como El Cipayo y El Anti K. El 8 de agosto de 2013 la convocatoria cacerolera resultó tan débil que se calculó la concurrencia en un 10 por ciento de las anteriores, es decir que sólo estuvieron los “caceroleros duros”. Se culpó en parte a la cercanía de las PASO, del mismo modo que el nuevo fracaso de las cacerolas del 8 de noviembre de 2013 se atribuyó al avance de la oposición en los comicios legislativos.

Como sea, la agonía del cacerolazo no deja de ser significativa en un momento en que la oposición partidaria y sindical evita las movilizaciones, mientras que el oficialismo, contra quienes diagnostican fatiga de gestión, consumó dos multitudinarios encuentros de los seguidores de Jorge Taiana y de La Cámpora, esta última un fenómeno de militancia juvenil que no se daba desde los primeros tiempos de Raúl Alfonsín.

Justo en septiembre, mes de los cimbronazos.

OPINION Los desplantes de la embajada potencia

Por Luis Bruschtein

Fue un discurso duro. La Presidenta dijo que no estaba enojada, que no se podía dar ese lujo. Entonces el discurso fue pensado en ese tono en detrimento de otro más diplomático, como si hubiera sido el único posible. Las puertas al discurso negociador las había cerrado el gobierno de Estados Unidos. Porque Argentina buscó negociar desde el principio del conflicto que abrió el fallo del juez Griesa.

En ese proceso tuvo más expectativas en una resolución política a partir de la intervención de la Casa Blanca que en la languideciente lucidez del anciano juez municipal de Nueva York. Y buscó una señal que nunca llegó de la administración Obama, que se mostró amedrentada por el lobby de los fondos buitre. Los fondos sostienen a la derecha republicana y a algunos sectores también derechistas del Partido Demócrata y en ese precario equilibrio en la interna norteamericana, Argentina se convirtió en parte del botín que reclamó a ese lobby.

Toda la operación tuvo el grotesco de las viejas y malas mañas de potencia abusiva. Desde el fallo incumplible del juez, siguiendo por la cerrada negativa de los fondos buitre a negociar y por la parcialidad vergonzosa de cada una de las medidas de Griesa para acorralar a la Argentina, hasta la insólita declaración de desacato a un Estado soberano. A todo esto se sumaron las provocaciones de la embajada en Buenos Aires: las declaraciones del encargado de negocios, a cargo de la sede diplomática, y la burda carta que hicieron circular entre residentes y turistas. Las dos acciones buscaron la complicidad de los medios opositores. No fueron medidas diplomáticas, fueron agresiones.

El país está más acostumbrado a gobiernos que metieron la cola entre las patas. Era otra posibilidad que le quedaba a Cristina Kirchner. El discurso de ayer mostró que no era una opción para ella. Estados Unidos jugó fuerte con Argentina y el mensaje de la Presidenta fue que el país tomaba nota y que esta situación impactará fuertemente en el diseño de su política exterior.

Hubo varias alusiones muy fuertes. En algún momento incluso mencionó las supuestas amenazas de terroristas fundamentalistas del ISIS, justo antes de su viaje a la ONU, como una posible operación para sensibilizar su posición sobre la guerra antiterrorista a la que convocó Obama en ese foro.

El contenido del discurso abrió muchas puertas. El país tomó distancia de Washington y ya no es tan visible la idea de un posible acuerdo en enero con los fondos buitre. Cualquier acercamiento ya necesitaría gestos políticos de la Casa Blanca si no quiere que Argentina consolide su relación con otros socios, con otras razones y con otras regiones.

LA PRESIDENTA ACUSO A BANCOS Y EXPORTADORAS DE PRESIONAR PARA UNA DEVALUACION Una maniobra de pinzas

 Por Cristian Carrillo

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió ayer sobre maniobras especulativas que buscan desestabilizar al Gobierno. En su extenso discurso en la Casa Rosada, les apuntó a los sojeros que mantienen unos 27 millones de toneladas en acopio para presionar por una devaluación. Esta situación, afirmó, es acompañada por sociedades de Bolsa y bancos privados que ofrecen el servicio de convertir pesos a dólares a través de la compraventa de títulos públicos, lo que se denomina contado con liquidación. Según denunció la mandataria, por este mecanismo ya se transó el equivalente al diez por ciento del monto negociado por el mercado oficial cambiario en todo el año pasado. La mandataria apuntó por este tema al banco Mariva y a Balanz Capital Sociedad de Bolsa. La jefa de Estado exhortó a los entes reguladores (Banco Central, AFIP y Comisión de Valores) a cumplir con sus roles de supervisión.

“Lo que se está viendo es una maniobra de pinzas entre los exportadores que no liquidan y el sector financiero”, acusó. La mandataria citó las declaraciones del titular de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, quien reconoció que el sector rural perdió plata por retener la cosecha. “Les dije que iba a bajar el precio de la soja. Se los dije cuando estuvo a 560/570 dólares la tonelada, pero pensaron que era un artilugio para que ingresaran los dólares. No me creyeron”, afirmó. Interpretó que ese diferimiento en la liquidación pretendió jugar con el tipo de cambio. “Ahora quieren recuperar con una devaluación sus propios errores de ineficiencia privada, impericia o idiotez”, sostuvo la Presidenta. Explicó que esa presión devaluacionista buscará “licuar los convenios de trabajo”.

Con respecto al frente financiero, CFK se refirió a la especulación que se realiza a través del mercado de valores sobre el tipo de cambio con lo que se denomina contado con liquidación y las ventas en cuevas de la city porteña. “El dólar sólo se puede negociar en el Mercado Unico y Libre de Cambios que maneja el Banco Central. Todo manejo cambiario por fuera de ese mercado no es blue, ni violeta, amarillo o naranja, es ilegal”, sentenció. Según comentó a modo de ejemplo, el año pasado se operaron por el mercado legal 203.261 millones de dólares. En lo que va de 2014, a través del contado con liquidación las sociedades de Bolsa movilizaron 27.400 millones y los bancos otros 10.000 millones, más del 10 por ciento de lo transado en el mercado oficial. Según detalló la jefa de Estado, el 43 por ciento de ese mercado lo negoció el banco Mariva a través de su sociedad de Bolsa y el 15 por ciento Balanz Capital. Los otros 10 mil millones de dólares lo negociaron el Mariva (banco), el Macro y el Patagonia. Sobre estos bancos existe una investigación iniciada en la CNV y se prevén sanciones. No habrá cambios en la normativa para operar en contado con liqui.

“Para esto no se requiere de ninguna ley nueva”, dijo CFK en referencia a la posible reforma de la Ley Penal Cambiaria, la cual, sostuvo, deberá discutirse entre los legisladores y con asistencia del Ministerio de Economía. Destacó las declaraciones del jefe de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, quien había informado sobre connivencia de personal del Banco Central y de la Policía Federal con las cuevas. “Desde el Banco Central habían avisado que no pasaba nada”, dijo la Presidenta. “Tenemos miles y miles de bocas de expendió (en referencia a las cuevas) para controlar, pero los bancos son apenas unos ochenta”, afirmó en un tiro por elevación a las autoridades del BCRA por la floja tarea en la supervisión del sistema financiero. “Cómo no se puede con 80 bancos”, reprochó.

También adelantó que instruirá al Ministerio de Economía para que analice la adecuación de los bancos a la nueva normativa del BCRA, que los obliga a reducir sus tenencias en activos dolarizados del 30 al 20 por ciento (ver aparte). “Hubo información privilegiada un día antes de que se anunciara la medida (2 de septiembre), y cuando todos los bancos compraban dólares estos bancos salieron a vender”, detalló. En esta investigación, según dijo, estarían los bancos Macro, Patagonia, Supervielle e Itaú. “Les pido a los organismos de control y regulación que cuiden a todos los argentinos de los que especulan y creen que con esta situación que atraviesa el país van a beneficiarse”, agregó.

También citó a Gonella sobre la existencia de unos 80.000 expedientes en el BCRA con multas multimillonarias por infracción a la Ley Penal Cambiaria actual. “Es necesario hacer caer el peso de la regulación monetaria y cuidar el valor de los argentinos en momentos en que estamos siendo atacados duramente por el poder financiero”, reiteró. Por último, sostuvo que “no hay problemas en la economía” que ameriten los actuales valores del dólar que se intentan imponer desdel sector financiero. “Queremos pagar y no nos dejan. La gente quiere comprar autos y no la dejan. Quieren voltear al Gobierno porque saben que soy la barrera infranqueable para que se caiga la reestructuración de la deuda o endeudar al país”, concluyó.

CFK DENUNCIO UN INTENTO DE “VOLTEAR” AL GOBIERNO, RECHAZO EL DESACATO DICTADO POR GRIESA Y CRITICO A EE.UU. “Si me pasa algo, miren hacia el norte”

Por Sebastian Abrevaya

En un discurso con fuerte contenido político, la presidenta Cristina Fernández denunció ayer que “sectores concentrados” de la economía quieren “voltear al Gobierno con ayuda extranjera”. En ese marco, cuestionó en duros términos a Estados Unidos y rechazó la “disparatada” declaración de desacato realizada por el juez de Nueva York, Thomas Griesa, al que calificó como “senil”. En contraposición al anuncio del pago de 161 millones de dólares por el vencimiento de deuda externa, denunció un intento por “tirar abajo la reestructuración” llevada adelante con los canjes de 2005 y 2010. Durante la cadena nacional, en la que anunció la refinanciación de deudas provinciales y la creación de la Secretaría de Hábitat, también alertó sobre su integridad física: “Si me pasa algo, en serio lo digo, no miren hacia Oriente, miren hacia el norte”, remató CFK, en rechazo a la difusión mediática de un posible atentado por parte del grupo extremista Estado Islámico, que ella había mencionado en su visita al Vaticano y a las Naciones Unidas.

Como en buena parte de los anuncios presidenciales, el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada estaba ayer colmado por gobernadores, funcionarios del gabinete nacional y dirigentes sociales y políticos. Sin embargo, tras participar la semana pasada de la Asamblea General de Naciones Unidas, la Presidenta dio ayer un mensaje con un tono mucho más duro que en otras ocasiones. Se refirió especialmente a la decisión de Griesa de aceptar el pedido de los fondos buitre y de declarar a la Argentina en “desacato”. “No me sorprendió la declaración ni que en veinte o treinta días más nos pongan sanciones económicas; tal vez decidan ponerme presa si vuelvo a Nueva York. Pero yo voy a ir igual cuando tenga que ir”, desafió CFK, que además hizo un análisis sobre el momento en el que se produjo la resolución judicial. “Yo no soy ingenua, pues todo esto no es casual, no puede pensarse que es un movimiento aislado de un juez senil de Nueva York: sería una ingenuidad, y yo no soy ni ingenua ni estúpida. Y los buitres se parecen también a las águilas, tienen el mismo perfil.” La referencia al águila, uno de los emblemas de Estados Unidos, no fue inocente. El gobierno de Barack Obama fue también blanco de los cuestionamientos de la primera mandataria.

En su discurso, CFK se refirió a la audiencia convocada por Griesa el lunes pasado, en la que el magistrado consideró “ilegal” la Ley de Pago Soberano aprobada por el Congreso Nacional. “O no leyó la ley o realmente habla de cosas que no sabe”, consideró la Presidenta, que explicó que la norma contempla al 100 por ciento de los bonistas. Además, le recriminó al juez desconocer cómo se legisla en la Argentina por haber afirmado que la ley no salió del Congreso sino del Poder Ejecutivo. “Nunca se ha llegado tan lejos: es un disparate y siguen agregándose disparates”, insistió.

Tras anunciar el pago de la segunda cuota del vencimiento de la deuda, que también involucró un desembolso correspondiente al porcentaje de los fondos buitre, la mandataria afirmó que “el problema no es el dinero de los holdouts”, sino que “quieren tirar abajo la reestructuración de la deuda soberana” para que la Argentina vuelva a deber “miles de millones de dólares”. “Si para eso tienen que arrasar con la soberanía, con el respeto a las normas internacionales, no tienen ningún problema, arrasan como arrasan por todo, en todo el mundo”, aseguró CFK, quien ironizó sobre la autorización judicial al Citibank, “por segunda única vez”, a pagarles a los acreedores. La Presidenta remarcó, una vez más, que la deuda no fue contraída por su gestión ni la de Néstor Kirchner, sino que se originó con la última dictadura militar y luego se profundizó en democracia.

A diferencia de otras oportunidades, no sólo condenó la actitud de los fondos buitre y la del juez neoyorquino. Profundizó las críticas a la administración Obama, con la que la Argentina mantenía ya una tensa relación a raíz de este conflicto.

Por un lado, cuestionó el “monitoreo” que, según un vocero del Departamento de Estado, se hace de la situación argentina y el supuesto respaldo a la prosperidad del país. “Si están tan interesados en una Argentina próspera, se hubieran acordado de la Argentina en 2001, cuando le soltaron la mano después de haber aplicado sus recetas y de que David Mulford vino a retirar toda la plata”, señaló e insistió: “Si les preocupa tanto la prosperidad, por qué no dejan que la Argentina pague su deuda. La prosperidad de los pueblos no puede quedar bajo el reconocimiento de la usura”.

Por otro lado, también criticó una nota formal realizada por la embajada estadounidense “avisando que pasan cosas terribles en la Argentina”. “Plantean como si viviéramos en la peor época del Far West”, relató CFK y calificó la carta como “una inmensa provocación”. Según la Presidenta, ese texto podría tener como objetivo la expulsión del encargado de negocios, Kevin Sullivan (a cargo de la embajada), con quien el Gobierno ya tuvo un conflicto diplomático reciente por afirmar que la Argentina se encuentra en default. “No lo vamos a echar del país, a nadie”, dijo sin mencionarlo en ningún momento.

Otro párrafo central del discurso fue para los actores locales: “Acá el problema es que nosotros queremos pagar y no nos dejan, la gente quiere comprar autos y no la dejan. El problema no es de la economía ni de la sociedad, está ubicado precisamente en algunos sectores concentrados de la economía que quieren voltear al Gobierno. Y hacerlo con ayuda extranjera además”. CFK habló específicamente de una “maniobra de pinzas”, realizada por sectores exportadores y sectores financieros. Respecto del agro, sostuvo que están “sentados sobre 27 millones de toneladas” de granos sin vender y que “por ineficiencia y hasta por idiotez” perdieron plata tras la caída de los precios de la soja. Ese sector, junto a la industria automotriz, y especialmente, los bancos que especulan con la compra de títulos, buscan generar una devaluación del peso. “¿Saben para qué? Para licuarles los Convenios Colectivos de Trabajo que ustedes lograron con el aumento de más del 30 por ciento”, denunció la Presidenta.

Entre los bancos, la Presidenta apuntó a cuatro entidades: Patagonia, Supervielle, Macro, Itaú y Mariva, que a través de información privilegiada anticiparon medidas económicas e hicieron movimientos especulativos. Además, cuestionó a dos sociedades de bolsa que operan en el mercado del “contado con liqui” para obtener ganancias extraordinarias y manipular el precio del dólar ilegal.

“Saben que soy la última barrera infranqueable para que vuelvan a endeudar al país o para que se caiga la reestructuración de la deuda o para que se haga cualquier cosa con los trabajadores”, sentenció la Presidenta, quien consideró que ante estas maniobras no se trata de problemas de la economía, sino de “tres o cuatro vivos que quieren lucrar con todos los argentinos”.

OPINION Lo que se hace no es lo que se dice

Por Eduardo Epszteyn *

La tendencia predominante durante la gestión macrista implica pensar en una ejecución presupuestaria distinta de la proyectada: con un nivel de endeudamiento que será desproporcionalmente mayor y gastos en contratos de servicios que cobrarán mayor importancia en desmedro de las inversiones más importantes.

A través de la readecuación de partidas y de la ampliación del Presupuesto durante la ejecución, el PRO persigue claros objetivos. Por un lado, beneficiar a las empresas que brindan los servicios básicos (recolección de basura y mantenimiento del alumbrado público, los espacios verdes y del sistema pluvial, entre otros), cuyos contratos son indexados generosamente. Al mismo tiempo, necesita destinar mayores fondos a publicidad en un año electoral como lo será el 2015, concretar los grandes negociados de este gobierno y cubrir aquellas cuentas que están ocultas en el Presupuesto.

Uno de los casos más emblemáticos es el que estuvimos denunciando las últimas semanas e involucra a las empresas que acarrean los vehículos por mal estacionamiento. Las dos empresas, cuya concesión está vencida desde hace 13 años, además de quedarse con $450 por vehículo secuestrado, reciben más de $50 millones por año por parte de la gestión macrista en conceptos de “aportes” (85 veces más de lo que estas empresas abonan como canon por la concesión del servicio).

El aumento de los gastos corrientes es tan disparatado que ni siquiera la subestimación de los recursos corrientes es suficiente para afrontarlos. En consecuencia, el PRO recorta por el lado de las inversiones. Las más afectadas durante la gestión macrista suelen ser aquellas para prevenir inundaciones, la producción de vivienda, la urbanización de las villas, el mantenimiento de la infraestructura de los hospitales porteños y las obras necesarias para mejorar la red de subterráneos.

A pesar de acudir a la disminución de la tasa de inversiones para cubrir los mayores gastos corrientes, el rojo financiero viene creciendo en los últimos años a niveles insostenibles en el tiempo. Por ello, la deuda obtenida con el pretexto de realizar las inversiones enumeradas anteriormente termina siendo destinada a cubrir el déficit de la gestión por gastos comunes. Sólo de esta forma se puede explicar que el ingeniero Macri tenga el mérito de haber aumentado la deuda pública más de 3 veces en 7 años, sin haber dejado grandes obras que así lo ameriten.

* Auditor porteño del GCBA.

EL GOBIERNO DE MAURICIO MACRI PRESENTO SU PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 EN LA LEGISLATURA Obras que se vean y menos viviendas

Por Werner Pertot

La gestión PRO presentó el proyecto de Presupuesto 2015 en la Legislatura porteña. El gobierno de Mauricio Macri difundió algunos de los números de la iniciativa, que calcula ingresos por 83.702 millones de pesos. El gobierno macrista estima una inflación del 28 por ciento (el Presupuesto nacional proyecta un 15,6 por ciento) y un dólar a 12,5 (el nacional lo ubica a 9,45). La partida de Seguridad se lleva el 10,9 por ciento del Presupuesto mientras que la de Vivienda representa tan sólo el 0,9 por ciento, por lo que alcanza su mínimo histórico.

El Presupuesto sostiene que el año que viene habrá una caída en la actividad económica (un -1 por ciento de actividad correspondiente al Producto Bruto Geográfico). Pese a esto, estiman que la recaudación del año próximo crecerá un 24,8 por ciento con respecto a la proyectada para el final de 2014. El extracto de los números del Presupuesto 2015 que difundió el gobierno porteño aclara que para ese año “no se prevén modificaciones respecto de nuevos hechos imponibles o subas de alícuotas”. El aumento de ABL ya fue acordado por la Legislatura a mediados de este año con un tope del 30 por ciento. A esto, el proyecto del Presupuesto 2015, elaborado por el equipo de Néstor Grindetti, le sumó un tope para el impuesto de Patentes del 50 por ciento máximo.

La iniciativa prevé 13.300 millones de pesos en obra pública, un 9,7 por ciento más que este año. Principalmente, está destinada a hacer nuevos carriles exclusivos (metrobús), a ampliar el subte y a construir centros de reciclado de basura. El subte recibirá una inversión de 1590 millones de pesos para compra de coches para la línea H y mejoras en las líneas D y B. Otros 300 millones irán a la construcción de nuevas líneas de metrobús. Las obras para tratamiento de residuos se llevarán 1060 millones, mientras que las obras contra las inundaciones recibirán 990 millones de pesos, de los cuales 335 serán para el arroyo Vega, 110 para el Maldonado y 215 para el mantenimiento de sumideros.

Las obras visibles –es un año electoral, después de todo– recibirán otra fuerte inyección de fondos: 2301 millones de pesos, de los que 1214 millones serán para pavimentos y veredas.

Las obras serán financiadas con la deuda contraída por el gobierno porteño (1317 millones) y por el excedente de los gastos corrientes que calculan para el año próximo: 10.901 millones. “No se prevén mayores endeudamientos de los ya aprobados, contemplándose únicamente la renovación de vencimientos que se producen dicho año”, dice el comunicado del gobierno porteño, que fue muy criticado por triplicar la deuda porteña desde el comienzo de la gestión de Macri.

La asignación de fondos por área, en un trazo grueso, muestra algunas de las prioridades del gobierno de Macri: 9300 millones serán para Seguridad y Justicia, que se llevan el 10,9 por ciento del gasto total. Es menos de lo que recibirá Desarrollo Social: 8545 millones de pesos. Otros 18.936 millones serán destinados a Educación (el 22,3 por ciento del total) y 16.589 millones irán a Salud (19,5 por ciento).

Como contrapartida, el dinero para vivienda y urbanizaciones sigue siendo la partida que menos prioridad recibe por parte del gobierno porteño. En el Presupuesto 2015, prevén 780 millones de pesos, el 0,9 por ciento del total, con lo que baten un nuevo record en la caída de la inversión en Vivienda: en 2014, fue 2,1 por ciento. En 2013, del 3,1 por ciento; en 2008 era del 3,8 por ciento. Esto ocurre luego de años de tomas de tierras como la del Indoamericano o la más reciente del barrio Papa Francisco. La partida de la Metropolitana, en tanto, aumenta año a año.