A tod@s aquell@s que sostengan la memoria, la identidad y la resistencia como herramienta histórica de nuestro Pueblo.
martes, 29 de abril de 2014
La defensa de Internet y la fábula de la zanahoria
Una reflexión sobre el debate que tiene lugar en México en torno a la regulación de la web y las telecomunicaciones.
Por Norberto Emmerich (IAEN, Ecuador) y Joanna Rubio, (Departamento de Estudios Políticos y Gobierno)
El periodista Jenaro Villamil afirmó en la revista Proceso del 23 de abril que “un día después del fallido intento por darle fast track al predictamen elaborado por el panista Javier Lozano y después de la marcha de cientos de jóvenes contra la censura en internet, el coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, y el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, afirmaron que “la iniciativa de telecomunicaciones modificará los elementos de posible censura a internet”.
Y detrás del prestigio de Villamil se reprodujeron las afirmaciones triunfalistas: “Cibernautas doblan al PRI”, tituló El Mañana, de Nuevo Laredo. “Dieron marcha atrás a Ley Mordaza en Internet”, dijo El Mexicano, de Tijuana. “Dan marcha atrás en censura a Internet”, afirmó El Siglo, de Durango. Todos ellos repitiendo el artículo publicado en Proceso.
John Ackerman decía que “el pasado sábado 19 de abril se venció el plazo para la aprobación de las leyes secundarias en materia energética mandatadas por la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2013. Son excelentes noticias para la movilización social en contra de la consumación de esta vulgar traición a la patria. Habría que luchar para dejar en letra muerta a todos y cada uno de los otros oscuros artículos “transitorios” de la reforma para que jamás se concrete este histórico atraco al patrimonio nacional”.
Parece sospechoso que en un país donde los gobiernos nunca retroceden y la población nunca avanza, un día de movilizaciones y mucha agitación en las redes sociales hayan “doblado al PRI”.
Al día siguiente, el mismo Villamil daba cuenta de su error. “Sin embargo, en contra de lo declarado por el senador Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones, su proyecto de dictamen de ley de telecomunicaciones y radiodifusión no elimina por completo las medidas restrictivas a los contenidos a internet, el bloqueo de señales y la geolocalización de dispositivos móviles. Más bien las matiza y las envía a otras leyes secundarias”.
Javier Corral declaró al sitio Revolución 3.0 que “la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones privilegia abiertamente los intereses mercantiles de Televisa, incluso por encima de los de otros actores económicos”. La afirmación de Javier Lozano de que se había corregido en “mucho la iniciativa del presidente (…) Fundamentalmente el tema de internet, de la neutralidad que debe haber no sólo tecnológica, sino operativa, la censura previa. Todo eso lo estamos eliminando por completo”, no fue más que un ardid político para hacer parecer que se estaban escuchando las demandas de la ciudadanía que se opone a esta legislación.
Virgilio Caballero argumentó que “lo que posiblemente ha hecho (Lozano) es trasladarlo a otras áreas de la iniciativa, con el tipo de palabrería que suelen acostumbrar para tratar estas cosas. Pero evidentemente era una de las cosas que prometieron como trampa, como argucia para que, eliminándolas, hacer parecer que escuchan a la gente”.
Y los líderes políticos, oponiéndose al proyecto de Ley, ayudaron a su consolidación. Marcelo Ebrard Casaubón, el destacado priísta del PRD, afirmó que “la ley de telecomunicaciones propuesta por el gobierno federal… parte de un principio de desconfianza. El gobierno le tiene miedo al ciudadano, al honesto y al deshonesto, porque no conoce la dinámica de las redes sociales. Éstas no se pueden controlar, sino participar en ellas. No sólo sirven para difundir, sino para responder y escuchar. Las redes sociales y en general el Internet son un espacio de colaboración y creación, de interacción entre pares, donde la información está en constante flujo y donde se ha demostrado que el conocimiento impulsa el crecimiento de la economía. Internet es el vehículo que ha permitido el nacimiento de la sociedad de la información y el conocimiento”.
¿Qué dice Ebrard sobre la Ley de Telecomunicaciones? Nada. Pero al oponerse a la censura de Internet nos cambia el foco de atención, como si la web fuera una especie de socialismo mediático y el PRI no pudiera comprenderlo. Corremos tras la zanahoria y nos olvidamos del carro que nos subyuga.
Las leyes secundarias, como su nombre lo indica, no son el núcleo duro de la legislación de Telecomunicaciones propuesta por el presidente Peña Nieto. Y la “derrota” de Lozano solo fue una ilusión mediática prontamente descubierta.
¿Quiere decir que la “trampa” quedó expuesta?, ¿que el PRI quiso burlar a la movilización popular y fue burlado por ella?, ¿que las leyes secundarias siguen estando pero ahora heridas de muerte?, ¿acaso la Ley de Telecomunicaciones de Peña Nieto es una ley sobre Internet? Nada de eso.
Hasta ahora hubo especial interés en la regulación de internet y la intervención de las comunicaciones. Pero también:
- Se debe modificar la ley a fin acabar con el dominio de Televisa
- Se deben fortalecer las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
- Se debe evitar que la Secretaría de Gobernación vigile los contenidos en los medios de difusión
- Se debe dar certeza de subsistencia a las radios comunitarias.
- Y por supuesto, el tema de género ha brillado por su ausencia.
En el periodo post electoral y en el primer año de gobierno abundaron las propuestas legislativas para ahogar la disidencia en las calles. La reforma al artículo 362 del Código Penal en el DF, la ley antiprotesta y el Código Nacional de Procedimientos Penales en el Congreso Federal, la ley sobre Manifestaciones en Jalisco, la ley Borge en Quintana Roo y la ley de Manifestaciones Públicas en San Luis Potosí.
Esta estrategia priísta tuvo y tiene una cara digital: la detención y tortura de tres activistas digitalesen Puebla, la censura al blog de Maritza Díaz (ex pareja de Peña Nieto), el escándalo por el uso delspyware finfisher, el intento de castigar “la difamación” a políticos en las redes sociales de Nuevo Léon, la prisión del bloguero Gustavo Maldonado, las amenazas a Alberto Escorcia, colaborador de @YoSoyRed, el ataque al portal de Sin Embargo.mx, el acoso a las cuentas de correo de Lydia Cacho[9].
Pero el proyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones y Difusión de México no tiene objetivos represivos. Preocupados por la propiedad de los medios de comunicación y no por su uso, los funcionarios buscan que la ley garantice privilegios capitalistas en crisis. Y en el capitalismo contemporáneo el derecho a la propiedad es derecho a la concentración y condena de la competencia. El eje actual de la cuestión no es la concentración material de la propiedad sino la obtención de la rúbrica legal constitucional de lo obtenido. Hace tiempo que el príncipe ganó la batalla, ahora dicta las leyes que escrituran esa victoria.
La ocupación israelí impide a los palestinos jugar al fútbol
La Embajada palestina en Argentina denuncia que la ocupación israelí de territorio palestino impide las prácticas deportivas de todo tipo.
Comunicado
En una continua persistencia de las autoridades de la ocupación israelí de perpetrar prácticas inhumanas contra el pueblo palestino que violan de manera clara y explícita el derecho internacional y los derechos humanos, los deportes palestinos se han visto afectados por dichas prácticas y violaciones racistas sistemáticas cuyo fin es aquel de impedir su desarrollo y destruir la identidad de los deportes del pueblo palestino.
Las violaciones israelíes contra el desarrollo del fútbol en Palestina se resumen en:
1. Restringir y obstaculizar el movimiento de los elementos de juego y de las delegaciones visitantes, ya sea al momento del ingreso y egreso de Palestina, como así también, durante la circulación interna.
2. Impedir la construcción y el desarrollo de instalaciones deportivas y, al mismo tiempo, llevar adelante demoliciones de instalaciones de este tipo.
3. Impedir la llegada de envíos realizados por la FIFA y las confederaciones continentales e internacionales que apoyan el deporte en Palestina.
4. La interferencia política en la organización de partidos amistosos con otros países.
5. Violaciones a los derechos humanos que incluye asesinatos, abusos físicos y la detención sin cargos ni juicio.
En este mismo contexto las fuerzas de la ocupación israelí dispararon a los pies de jugadores palestinos y terminaron con su carrera futbolística para siempre. Además, dispararon gases lacrimógenos durante un partido de la Liga y decenas de jugadores y espectadores padecieron asfixia. Las autoridades militares también han impedido la entrada de los atletas y equipos deportivos, y la realización de partidos amistosos de fútbol en Palestina. Todas estas prácticas y violaciones obstaculizan el desarrollo del fútbol palestino bajo el sistema de la FIFA, ya que el fútbol palestino es privado de los derechos más básicos.
En este sentido, el 3 de Marzo de 2013 la Unión Palestina de Fútbol envió una carta al Secretario General de la Federación Internacional de Fútbol, Sr. Jérome Valcke, donde, basándose en el artículo 25.1 del reglamento de la FIFA, solicitó la inclusión del tema "la situación del fútbol en Palestina" en la agenda del 63º Congreso de la FIFA, celebrado en Mauricio el 30 de mayo de 2013.
A pesar de la decisión del Congreso de la FIFA de formar un equipo de trabajo bajo su liderazgo para alcanzar una solución justa a esta cuestión humanitaria -de acuerdo con las leyes y reglamentos de la FIFA- y obligar a todas las partes a respetar y trabajar según ellas, y, así como también, de la visita a Palestina y territorio de la ocupación israelí del Secretario General de la Federación Internacional de Fútbol, Sr. Jérome Valcke, quien se reunió con las dos Uniones de Fútbol, palestina e israelí, y de las reuniones que tuvieron lugar en Zúrich entre funcionarios de las dos Uniones -conforme a la decisión del Comité Ejecutivo de la FIFA- y del memorando de entendimiento que ha sido sustituido por mecanismos de acción administrados por la FIFA en relación a las libertades de movimiento de los jugadores y administradores, y de todos los esfuerzos que se han hecho en este sentido, la ocupación israelí sigue con sus prácticas racistas contra los atletas palestinos y todo aquel que quiera desarrollar deporte en Palestina.
Frente a estas prácticas racistas, la continua intransigencia israelí, la falta de respeto y compromiso por parte de la Unión de Fútbol israelí, que otorga un carácter político al deporte, y la ausencia de compromiso con la aplicación de leyes, reglamentos y decisiones de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), apelamos a no permitir que la Unión de Fútbol israelí y a las autoridades de la ocupación israelí sigan sin cumplir las decisiones de la FIFA.
Los palestinos anhelamos poder gozar del derecho básico de jugar al fútbol en un ambiente de libertad, diversión, y la protección de los valores y la ética del deporte, sin restricciones u obstáculos impuestos por las autoridades de la ocupación israelí.
Pérez Esquivel: “Alegre fue contra una ley de Néstor Kirchner”
El jueves 24 de abril, en la Legislatura porteña se votó el traspaso del Instituto Espacio para la Memoria (IEM) desde la jurisdicción porteña a la nacional. El proyecto fracasó por disidencias internas del FPV. El premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, reflexionó al respecto.
AGENCIA PACO URONDO: ¿Qué posición tiene respecto del pase del IEM a jurisdicción nacional?
ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL: El IEM perdería autarquía, porque terminaría siendo parte de un partido político, además que así se desconoce el trabajo realizado y se persigue a los trabajadores. El IEM debe ser independiente de cualquier Gobierno, si no, no es creíble.
APU: ¿Qué le pareció el rol de la legisladora Gabriela Alegre, una reconocida militante en DDHH?
APE: Alegre no es más una militante en Derechos Humanos sino una partidaria que quiere apropiarse de los DD.HH. Nunca dialogó con los demás sectores y provocó un gran daño en esta materia. Fue lamentable la forma en que Alegre buscó la disolución del IEM. El exabrupto sobre el asado (que realizaría la legisladora en ESMA) da cuenta del nivel de la discusión.
APU: ¿Existe un agudo desencuentro entre los diferentes organismos de DDHH?
APE: Ya sabemos que al (jefe de gobierno Mauricio) Macri no le interesan los DDHH. En el caso de Alegre, ella atacó al IEM porque no pudo imponer su política. Y no lo hizo porque la política de DDHH es colectiva y no individual, debe construir consensos. Además hubo listas negras en el IEM para marcar a los trabajadores que no apoyaban el traspaso. El IEM nace de una ley acordada entre Néstor Kirchner y Aníbal Ibarra. Alegre fue contra una ley de Kirchner.
La imprescindible agenda social Eduardo Anguita,
Con trazo grueso, puede afirmarse que la problemática social llega a los medios de comunicación cuando está cruzada por la violencia institucional, el crimen intrafamiliar, el narcotráfico o el robo. Sin duda, la agenda de los medios, para mantener lectores o ganar puntos de audiencia, recoge un sentimiento colectivo. Pero ahí no termina: realimenta y legitima los modos de comprensión social y también impulsa a buena parte de la dirigencia política a fijar sus propias prioridades. El cronista deja clara constancia de que la muerte de Naira, la chica adolescente de Junín, atacada por tres de sus compañeras de colegio a la salida de clases, que agonizó cuatro días y murió ayer, es tremendo. Pero, además de explicar una violencia desbordada, la muerte de Naira habla del imprescindible abordaje social por parte del Estado respecto de los problemas y desafíos de los jóvenes.
El autor de este artículo se propone mencionar algunos asuntos clave de esa agenda social, los jóvenes que no estudian ni trabajan, el trabajo informal y el hábitat de los sectores excluidos. Pero, para no abrumar a los lectores, sólo se centrará en uno de los programas de inclusión social, sabiendo que eso no alcanza para desplazar los detalles escabrosos del último crimen en un noticiero. Sin embargo, sería de suma utilidad que los cronistas de policiales entregaran a los televidentes una ficha de las personas involucradas en sucesos delictivos. Pero una ficha que salga de la lógica de chorrear sangre por debajo del televisor.
Alcanzaría, al menos para empezar, con que algún sociólogo pueda completar un cuadro sencillo con datos imprescindibles para entender los componentes sociales de conductas antisociales o, directamente criminales. El trabajo sociológico, felizmente, no se limita a hacer encuestas para saber los grados de adhesión o rechazo a la imagen de gobernantes o pretendientes a gobernar y existen una cantidad de universidades e investigadores del Conicet aplicados a esto. Este cronista no está habilitado para sugerir a los directivos de los medios que destinen presupuestos para que un sociólogo se siente al lado del columnista de policiales.
Sería, casi, como proponer que en las salas de bingo, sus dueños convocaran a grupos de contención de ludópatas. O que los propietarios de boliches nocturnos colocaran, junto a los que preparan tragos legalmente o los que venden sustancias tóxicas ilegalmente, a psicólogos especialistas en adicciones. O que los jefes de las divisiones de drogas peligrosas de las fuerzas de seguridad convoquen para colaborar en sus tareas a comités ciudadanos o grupos parroquiales por la seguridad pública. O que eso mismo se extienda a responsables de los institutos penitenciarios.
Sin perjuicio de la poca o mucha voluntad que tengan los actores sociales privados o públicos, los Estados tienen un menú de opciones que van desde sanciones duras como la clausura o las multas hasta estímulos para quienes se adhieren a políticas democráticas e inclusivas como las exenciones impositivas, los créditos a baja tasa de interés o los subsidios, siempre y cuando estos sean transparentes.
SOÑAR CUESTA CARO. El argumento recurrente para oponerse a las políticas de inclusión fue que se aplicaban recursos públicos –de todos, siempre insistían– para apoyar a punteros políticos. La realidad es que muchas veces fue así. La llegada de las políticas universales en los últimos años desmoronó esas visiones. En octubre próximo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) va a cumplir cinco años y es la locomotora de una batería planes sociales inclusivos. Hablando de locomotoras, la AUH dejó boquiabiertos a muchos neoliberales pero todavía no sirvió para estimular cambios drásticos en otros programas de gobierno, referidos a consumo eléctrico en el área metropolitana de Buenos Aires, que requiere mucho más presupuesto que la AUH. En transportes, por ejemplo, no sólo se verificó más asignación de recursos, sino que basta con consultar la página web del Ministerio del Interior y Transportes para encontrar los gastos detallados. Es más, un auditor de la Auditoría General de la Nación (AGN), comentó a este cronista que Florencio Randazzo envió una circular para que las distintas áreas de esa dependencia tomen en cuenta las sugerencias de la AGN. Es público que ese organismo de control registró una cantidad de hechos de corrupción y de mala administración en las gestiones precedentes. Podrían agregarse muchos ejemplos de buen desempeño –y también del malo o malísimo- pero el sentido de estas líneas es simplemente afirmar que no hay una profecía autocumplida de que el Estado es inoperante, oscuro y corrupto.
Se puede mejorar, se puede hacer más eficiente la administración y se puede avanzar mucho en depurar los gastos. Pero, claro, eso requiere, en principio, de decisión política. El primero es la disposición a terminar con las ventajas de las empresas que viven del Estado. De aquellas que siempre entran en la obra pública aunque los sobreprecios ya no pueden explicarse en que cobran en cuasimonedas o que los certificados nunca se los pagan. En todo caso, en tiempos de inflación, hay mecanismos de indexación para actualizar los pagos. Dicho sea de paso, mecanismos de indexación que jamás reconocerán los grandes supermercados o bien otras grandes empresas a la hora de pagar a sus propios proveedores. Otro ejemplo, en la salud, es cómo podría estimularse la baja de precios de los medicamentos si no se comprara en una proporción abrumadora a los grandes laboratorios. En un país donde, desde hace dos años, hay déficit fiscal, una lucha a fondo por bajar costos sería una manera de mostrar austeridad y de permitir el flujo de fondos hacia las necesidades sociales postergadas.
El segundo factor es que si la agenda mediática se hace en base a un supuesto hartazgo de populismo, debería hacerse un mínimo de memoria sobre quiénes impulsaron las leyes de flexibilización laboral (ley Banelco) o quiénes les recortaron el 13% a los maestros, los policías o los jubilados para cumplir con los requerimientos del FMI. Porque, 13 años después, son los mismos que quieren terminar con las retenciones y se juntan –no se unen– para discutir cargos sin ponerse siquiera de acuerdo en unas mínimas bases programáticas.
ARGENTINOS, A LOS JÓVENES. El Programa de Respaldo a los Jóvenes de Argentina (Progresar) fue lanzado por la presidenta en enero pasado. Es cierto, en medio de la devaluación del dólar. Es cierto, ese día no habló del dólar, como señalaron en tapa varios diarios que, por supuesto, ya no tienen ningún interés en progresar ellos mismos. El programa otorga un derecho a jóvenes entre 18 y 24 años que no trabajan, trabajan informalmente o tienen un salario menor al mínimo vital y móvil y su grupo familiar posee iguales condiciones. Es para iniciar o completar sus estudios en cualquier nivel educativo. Aunque en la página web de la ANSES dice que "no incluye a jóvenes que estaban en el circuito educativo", de inmediato se amplió a ellos. Se trata de un programa más amplio que la etiqueta de los "ni-ni" –ni estudian ni trabajan– y los potenciales beneficiarios pueden inscribirse en cualquier momento del año. Otorga 600 pesos por mes a quienes se anoten y, además, cuenta con el apoyo de los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social con programas de formación profesional y cuidado de los hijos cuando es necesario.
El Progresar arranca a los 18 años y no a los 16, porque la AUH llega hasta los 18. En la Argentina, los que ni estudian ni trabajan, en forma estricta, son 730 mil. La socióloga Nancy Montes, que se desempeña en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y que trabajó años junto a Mario Oporto en la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, elaboró en base al Censo 2010 una serie de datos imprescindibles para entender los desafíos de este programa. La población total entre 18 y 24 años en la Argentina es de 4.673.000. Los que sólo trabajan son 1.950.000. Los que sólo estudian son 823 mil. Los que estudian y trabajan son 770 mil. Los que no estudian ni trabajan son 730 mil. Los que estudian y buscan trabajo son 150 mil. Los que no estudian y buscan trabajo son 250 mil.
Desde ya, si se contabilizan a los que no estudian ni trabajan, más aquellos que tienen un trabajo no registrado y no estudian, más los que estudian y sus padres no ganan un salario mínimo, el universo crece mucho. El universo es muy variado. Un tercio de los 2 millones de jóvenes que trabajan están en negro –más de 600 mil– son potenciales beneficiarios si se inscriben en el circuito educativo. Desde ya, lo son los 730 mil "ni-ni". Y los que sólo estudian –descontados cuyos padres tienen ingresos por encima del salario mínimo– son parte inmediata del programa. Es decir, hecha una cuenta casera, hay entre 1 y 2 millones de potenciales beneficiarios.
Cabe recordar que en febrero las autoridades anunciaron que los inscriptos superaban el medio millón. Sin embargo, una vez que comenzaron las clases, cada potencial beneficiario debía presentar su inscripción en un establecimiento educativo. Tal como dice el programa debe ser "para iniciar o terminar". Esto es, de jóvenes que habían salido del circuito educativo y regresan. A mediados de abril, la ANSES dio a conocer la cifra de beneficiarios en regla: 278 mil. De ellos, el 26% son para estudios universitarios, el 24% para estudios terciarios y oficios, mientras que el 45% son para terminar los estudios secundarios. El 5% restante es para estudios primarios.
Acá hay un primer dato que debería convertirse en una gran noticia: a través de un estímulo económico se logró un fuerte crecimiento de la inclusión educativa. Pero reducirlo al esfuerzo presupuestario sería no entender la esencia de las políticas sociales: estas son eficaces cuando dan respuesta a una demanda concreta o cuando, como en este caso, detectan un reclamo latente. Eso no se reduce a los números, sino que se extiende a la órbita cultural, a la subjetividad de los beneficiados, o a quienes se les reconoce un derecho para ser más estrictos. Además, este programa va en la línea de lo que ya había logrado la AUH, pero ahora en un segmento vital para un país que busque una matriz productiva diversificada, porque la mitad de los beneficiarios van a universidades o institutos terciarios.
Desde ya, para seguir en una visión crítica, es preciso buscar las tensiones que genera o las inconsistencias que pueda tener una política social inclusiva que llega a personas muy distintas y que quizá genere desconfianzas o recelos en otros sectores. Una pregunta es con qué otras herramientas el Estado aborda a los "ni-ni" que viven en condiciones de exclusión severas y muchos de ellos encuentran en el submundo de las drogas una expectativa o una realidad concreta para procurarse ingresos. Una política universal deberá seguramente tener que articularse con programas universales, de contención a sectores vulnerados por la vida narco o por otras tantas opciones que destruyen la subjetividad de los pibes.
Otro tema es que muchos jóvenes cuyos padres ganan más que un salario mínimo no dependen de la economía familiar y ya están independizados, por lo cual la autoridad de aplicación deberá contar con trabajadores sociales que hagan un informe para considerar muchos de estos casos.
Hay, seguramente, muchos otros asuntos. Y cabe preguntarse si es satisfactoria la respuesta. Porque 278 mil beneficiarios en regla sobre un universo potencial de 2 millones no parece ser mucho. De lo que no deben caber dudas es que estas políticas sociales son parte sustantiva de los derechos sociales. Es imprescindible que, de cara a 2015, nadie haga gambetas y que todos quienes se postulen hagan sus propuestas y digan claramente qué quieren continuar y qué quieren cambiar. Además, que dejen claro si consideran estas políticas como parte de los presupuestos ordinarios –como pueden ser salud, educación o seguridad– o creen que se trata de programas extraordinarios que sólo deben ser financiados si sobran recursos públicos. Porque, no faltan aspirantes a la Casa Rosada que pretenden dejar estas políticas como una colectora. Sería, quizá como una utopía, un gran debate parlamentario para sancionar leyes que sellen compromisos de cara al recambio presidencial.
Scioli supera a Massa en intención de voto de cara a la elección presidencial
El respaldo que amasó Sergio Massa tras el triunfo electoral que logró en los comicios legislativas del año pasado, y que lo mantuvo durante varios meses al tope de las encuestas que miden intención de voto a presidente, parece haber comenzado a debilitarse. Esto indica, al menos, el último sondeo realizado por la consultora Aresco, de Julio Aurelio. En contraste con mediciones anteriores de la misma encuestadora, el estudio que se conoció ayer muestra, por primera vez en los últimos meses, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, por encima del líder del Frente Renovador en las preferencias del electorado. La diferencia no es muy amplia pero marca una tendencia. Scioli apareció como el candidato preferido del 20,9% de los consultados. Massa, que registró una fuerte baja en abril, quedó relegado con el 19,8 por ciento.
El sondeo, que abarcó todo el territorio nacional con una muestra estadística de 4002 casos, ubicó en el tercer lugar al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, que midió 14,3% en las preferencias para llegar a la Presidencia. Atrás, rezagados, vienen en seguidilla los potenciales precandidatos de la Alianza UNEN. El mejor posicionado, siempre de acuerdo con Aresco, es el ex vicepresidente Julio Cobos, que alcanzó el 9,7% de las preferencias; seguido por el socialista Hermes Binner, con el 6,8%; y por la diputada cívica Elisa Carrió, que se alza con un magro 6,7 por ciento.
Aurelio destacó en su informe que se mantiene en valores similares de intención de voto en el último año. Y que las oscilaciones en el posicionamiento de los opositores no afectan al Frente para la Victoria.
En ese sentido, casi tres de cada diez electores dicen que votarán en las internas abiertas del oficialismo nacional. El 22%, en la de la Alianza UNEN, que creció más de ocho puntos porcentuales tras su presentación en sociedad.
A nivel de candidatos, casi todo lo que capitalizó Macri en preferencias en el último mes (4%) lo perdió Massa (5%).
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