LA CURIA DEMOCRATICA DEL OPUS DDEI.

CRITICAS A FRANCISCO POLTI SANTILLAN POR LA EXPULSION DE ROBERTO MURALL“Está de acuerdo con Videla”
Polti Santillán es del Opus Dei y su ordenación fue realizada por el cardenal Quarracino.

Eduardo de la Serna, del Secretariado de Curas en la Opción por los Pobres, cuestionó al obispo de Santiago del Estero. El prelado es del Opus Dei y echó a Murall por rechazar el documento episcopal que prometía revisar la actuación de la Iglesia durante la dictadura.

Por Washington Uranga

Nuevas derivaciones ha tenido el episodio de la expulsión del sacerdote Roberto Murall de la diócesis de Santiago del Estero, decidida por el obispo Francisco Polti Santillán, del Opus Dei, en represalia porque el cura firmó, junto a otros 200 sacerdotes de todo el país, una carta en la que rechazaron el documento de los obispos católicos argentinos del pasado 9 de noviembre (Página/12, 10 de noviembre) en el que nuevamente el Episcopado prometía revisar la actuación de la institución eclesiástica durante el tiempo de la dictadura, pero sin asumir ninguna iniciativa concreta en ese sentido. Eduardo de la Serna, del Secretariado de Curas en la Opción por los Pobres, al que también pertenece el sacerdote expulsado, aseguró que Polti echó a Murall “porque está de acuerdo con el gobierno genocida del asesino Videla” y porque “aplaude el accionar de (Victorio) Bonamín, (Adolfo) Tortolo y (Antonio) Plaza y demás cómplices de aquellos tiempos”, haciendo referencia a tres de los obispos a quienes se considera más ligados a la dictadura militar.

Sostiene De la Serna en una carta dirigida al obispo Polti que “hacernos creer que Roberto terminó ‘su contrato’ nos hace recordarle que lo terminó ¡14 veces! (porque se le renovaba año a año) y cada año, los obispos anteriores a Ud. (o mejor dicho, los obispos, antes que se posesionara Ud. como señor feudal) y que ‘curiosamente’ (es una ironía, por si no se da cuenta) usted lo da unilateralmente por finalizado después que Roberto y otros 199 curas firmáramos un texto que a usted le molestó”.

Y agrega el cura: “Y dígalo: le molestó porque usted está de acuerdo con la dictadura militar. Dígalo: usted quiere deshacer todo lo que los obispos (Gerardo) Sueldo y (Juan Carlos) Maccarone iniciaron en la diócesis”. En otro párrafo de su carta de respuesta al obispo Polti, el cura de la Serna le dice que “si tuviera usted dignidad renunciaría ya mismo a la diócesis de la que se manifiesta claramente incapaz de conducir y apacentar”.

Formalmente, Polti le comunicó el 28 de diciembre a Murall que el último día del año que finalizó “vencía su contrato temporal de servicio en esta diócesis”, en la que el cura cumplía tareas desde hace 14 años encuadrado dentro de una perspectiva de opción por los pobres. El propio Murall, en diálogo radial con Víctor Hugo Morales, aseguró que “me echaron de la diócesis” y sostuvo también que acatará la decisión eclesiástica y que ha recibido innumerables muestras de apoyo de sus feligreses y de varios obispos, incluido el obispo de San Isidro, Oscar Ojea (su superior natural), quienes están dispuestos a recibirlo en sus respectivas diócesis.

De hecho, Polti, que pertenece al Opus Dei, hizo uso de un recurso legal dentro del derecho eclesiástico. Los sacerdotes pertenecen formalmente (“incardinados” en la jerga eclesiástica) a una diócesis. Murall, nacido en San Isidro, es formalmente cura de esa diócesis, pero en el marco de su Opción por los Pobres hace 14 años que está “prestado” (de ahí la figura del “contrato de servicios”) en la diócesis de Santiago del Estero, donde cumplió funciones en distintas parroquias y desde hace dos años en Pozo Hondo, todos lugares de suma pobreza.

Murall se desempeñó primero bajo la autoridad del obispo Gerardo Sueldo (fallecido en 1998 en un accidente automovilístico) y luego de Juan Carlos Maccarone, que renunció a su cargo en agosto del 2005. Polti, que estuvo antes en Santo Tomé y cuya ordenación episcopal fue realizada por el fallecido cardenal Antonio Quarracino en 1994, está al frente de la diócesis de Santiago del Estero desde el 17 de mayo del 2006. Desde entonces el nombramiento de Polti fue leído como un nuevo avance del Opus Dei dentro del Episcopado argentino y como una decisión del Vaticano de dar un giro en la orientación de una diócesis que tuvo perspectivas progresistas tanto con Sueldo como con Maccarone.

El sacerdote Roberto Murall se considera él mismo inscripto en una línea evangélica de opción por los pobres, que quiere dar continuidad en la Argentina a los testimonios brindados por los mártires Enrique Angelelli y Carlos Mujica, entre otros.

Después de conocida la expulsión de Murall de la diócesis de Santiago del Estero, el Secretariado del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres emitió un comunicado en el que dicen “expresamos nuestra profunda y fraterna solidaridad con Roberto (Murall), de quien nos consta el cariño y dedicación a los pobres en el monte santiagueño. El vive la Iglesia que queremos construir y en la que nos sentimos felices de compartir la fe de igual a igual”. Y agregan que “la sanción a Roberto es también una sanción a tantos curas, religiosos/as y laicos que pensamos y creemos que el accionar episcopal en tiempos de la dictadura genocida distó no sólo de ser cristiana, sino también humana”.

Dice de la Serna en su carta a Polti que “algunos entienden la Iglesia como un cuartel: autoridad vertical, obediencia debida, silencio de la propia opinión. Pero eso no es la Iglesia. (...) El obispo Polti parece no entender que la Iglesia es otra cosa distinta a la que él parece pensar. La Iglesia no es un cuadro fascista (o franquista, para que se entienda mejor). Es una comunidad que da cabida a la diferencia porque está constituida a la manera de la Trinidad, que es diferencia. Su autoritarismo –le dice al obispo– nos afecta a todos nosotros y afecta a la Iglesia misma”, porque “la Iglesia –insiste– es comunión, y por tanto, diversidad en la unidad”.

02/01/13 Página|12

GB

LOS VINCULOS ENTRE LA DICTADURA CIVICO MILITAR Y LA SRA.

UNA NUEVA CAUSA INVESTIGA LA RELACION DE LA SOCIEDAD RURAL CON LA REPRESION DICTATORIAL EN EL INTA
De ayer a hoy, una verdadera línea de conducta
El dictador Videla con su ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, de aceitados vínculos con la SRA.
Imagen: Archivo Página/12

Por la denuncia de un sobreviviente y varios familiares de las víctimas en el INTA durante la dictadura, la Justicia investiga el papel jugado en la represión por los empresarios rurales y su decisión de destruir las líneas de trabajo que afectaban sus intereses.

Por Alejandra Dandan

Antes del golpe de 1976, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tenía unos 5000 trabajadores y al menos 794 fueron cesanteados durante la dictadura. Entre ellos hubo detenidos, personas obligadas a renunciar, trasladados, asesinados y cuatro desaparecidos. Todos esos datos comienzan a ser revisados en una nueva causa judicial impulsada por un sobreviviente y familiares de los desaparecidos en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Las víctimas le piden a la Justicia un análisis de lo ocurrido como un “todo” y una revisión de las responsabilidades penales a la luz de la actuación que tuvieron los civiles y en particular la Sociedad Rural Argentina que, desde el Consejo Directivo Nacional del organismo, tuvo un rol determinante en esa depuración.

La Sociedad Rural Argentina integra el INTA desde la creación del organismo, en 1956. Desde entonces forma parte del Consejo Directivo Nacional, junto a las otras organizaciones empresarias del campo, Coninagro, CRA y la Federación Agraria. El Consejo tiene además un presidente y un vicepresidente nombrados por el Poder Ejecutivo y un director nacional elegido por concurso. Con el golpe de Estado de 1976, la dirección del organismo fue intervenida por la marina, pero los delegados de las entidades agropecuarias mantuvieron sus lugares.

Esa intervención cívico-militar fue la encargada de perseguir a los técnicos y científicos que no eran afines a la política agropecuaria de José Alfredo Martínez de Hoz. En el contexto de la nueva causa, cobra relevancia el papel jugado por la SRA y los editoriales del diario La Nación en esa depuración, detrás de la cual aparece la voluntad dictatorial de intensificar el proceso de trasferencia de conocimiento y tecnología hacia los sectores privados y agroindustiales más concentrados.

La denuncia que se presentó en el juzgado de Rafecas tiene el patrocinio del abogado Rodolfo Yanzón. Recoge en un único escrito lo que durante años se tramitó como causas separadas y acaba de ser acompañada por un “amicus curiae” presentado por las autoridades actuales del Instituto que, de este modo, se ponen a disposición de la investigación. El escrito le pide a Rafecas que evalúe responsabilidades por 1) la confección de listados de futuras víctimas dentro de la institución y 2) por el lugar que los acusados ocupaban en lo que definen como “la cadena de mandos”.

Entre los nombres, aparecen los dos interventores del INTA ya fallecidos: el capitán Alberto Rafael Heredia y su sucesor, David Arias, un civil del mundo empresario. También se menciona al Ministerio de Economía, encabezado por Martínez de Hoz, y a la Secretaría de Agricultura, de la que dependía directamente el Instituto. Por allí pasaron Mario Cadenas Madariaga, una de las voces de la SRA escuchadas en el conflicto por la 125, que se desempeñó como secretario, y Jorge Zorreguieta, subsecretario a partir de abril de 1976 y secretario desde 1981. Zorreguieta había ocupado un puesto directivo en Coninagro y venía de la Comisión Directiva de la SRA cuando llegó a la subsecretaría impulsado por Martínez de Hoz.

El padre de la princesa Máxima elogió en 1981 en la revista Chacra la actuación de Arias al frente del INTA, aunque siempre aseguró que no sabía lo que sucedía en el organismo que estaba a su cargo. Como la única denuncia que hasta ahora lo alcanzaba era por la desaparición de Marta Sierra, una de las trabajadoras, por un hecho previo a su nombramiento formal, hasta ahora no fue alcanzado por las imputaciones. En este contexto, las víctimas le piden ahora a la Justicia una relectura de su rol tomando en cuenta todo lo ocurrido. El petitorio promueve otras posibles imputaciones entre los representantes de las entidades agropecuarias y otros civiles colocados en puestos estratégicos. Sin nombrarlos, lo advierte en párrafos como el que sigue: “Las entidades patronales tuvieron un rol protagónico en el entramado que derivó en la desestabilización del gobierno constitucional, en el endurecimiento del discurso que las acercó a las pretensiones de represión de las Fuerzas Armadas y, finalmente, en el acuerdo con éstas de llevar adelante el golpe de Estado y la eliminación de dirigentes gremiales, comisiones internas y agentes y empleados que no respondiesen al modelo de organismos que esas entidades pretendían”, indica el escrito. “De allí se deriva la necesidad de esas entidades de acompañar la gestión de la dictadura con algunos de sus hombres en cargos de relevancia, que pudieran llevar adelante el modelo que requerían y dejar a las Fuerzas Armadas el camino libre para su política de persecución y eliminación de opositores políticos. Es por ello que entendemos que la responsabilidad penal en estos casos debe investigarse como un conjunto de características comunes”, indica. “Los secuestrados, torturados, muertos y desaparecidos del INTA fueron víctimas del accionar ilegal de las FF.AA., como un modo de dejar el camino libre a las políticas que, desde las entidades patronales del campo –que tenían en sus manos la Secretaría de Agricultura y los órganos que de ella dependían– se impulsaban.”

Lo que pasó

Una de las áreas más afectadas del INTA a partir del golpe fue el Centro Nacional de Investigación Agropecuaria de Castelar, donde funcionaban varios institutos de investigación. De allí son los cuatro desaparecidos: Marta Sierra, Carlos Alberto Costa Rodríguez, Gustavo Rodolfo Giombini Moser y María José Rapela de Mangone, que estaba embarazada. Con la intervención, el predio fue ocupado militarmente. Y con escenas que recuerdan a los secuestros en la Ford, el despliegue de tanquetas por las mil hectáreas del terreno se hizo de la mano de traslados masivos de los trabajadores a un comedor. Hubo interrogatorios, personas vendadas y amenazadas de muerte. Según la denuncia, a continuación decenas de personas fueron detenidas en distintos lugares, aunque sólo está reconocida la comisaría de Hurlingham porque aún faltan datos y testimonios. Otra de las áreas más afectadas fue la Experimental de Pergamino, donde hubo 49 cesanteados y por lo menos seis detenciones ilegales.

Según los testimonios, la depuración en el INTA comenzó en 1974 con el asesinato por parte de la Triple A del extensionista Carlos Llerena Rosas y con el gobierno de Isabel Martínez de Perón empezaron a circular las primeras listas negras. La mayor parte de los cesanteados y perseguidos pertenecían a ATE y a la Asociación Personal del INTA (Apinta). Los archivos de la ex Dipba (Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense) dan cuenta de la presencia de espías en los puestos de trabajo.

La denuncia reconstruye en términos históricos la actividad del instituto antes el golpe, durante el gobierno de Héctor Cámpora, cuando el INTA estuvo bajo la gestión del secretario de Agricultura Horacio Giberti. Se describe la política impulsada en esa época y el modo en el que las nuevas líneas de desarrollo fueron criticadas una y otra vez por la Sociedad Rural Argentina, que pedía a gritos la intervención militar desde las páginas del diario La Nación, tanto a través de solicitadas como en los propios editoriales publicados en ese diario. O incluso en una reunión con Videla, cuyos detalles escribieron en el libro Memorias y Balances, 1976.

El 13 de octubre de 1975, por ejemplo, el diario La Nación publicó un editorial titulado “La situación en el INTA”. Allí se indicaba que el organismo sufría una declinación de su potencial y tenía problemas de presupuesto por la incorporación de personal. “Pero aun esto tiene trascendencia menor que la infiltración ideológica ocurrida por conducto de los nuevos nombramientos –decía–, entre los cuales se ha denunciado reiteradamente la participación de elementos subversivos de filiación marxista, que no serían ajenos a la inspiración que tuvo el proyecto de ley agraria, luego felizmente desechado.”

Casi un año más tarde, el 29 de octubre de 1976, ya ocurrido el golpe de Estado, otro editorial festejó “La recuperación del INTA”: “En años posteriores el organismo fue sumido en el caos, minado principalmente por una infiltración ideológica, que tuvo como objetivo desarticular el agro”. Las “actuales autoridades”, aseguraba La Nación, debieron llevar adelante la racionalización de personal, que tuvo, entre otros fines, el de recuperar “valores espirituales necesarios para lograr la serenidad creadora de los centros de estudio, de los claustros, de los laboratorios”.


LA HISTORIADORA CECILIA GARGANO CUENTA COMO SE DEMOLIO LA OBRA DE GIBERTI
El papel de la SRA en el INTA de la dictadura
Por Alejandra Dandan

Cecilia Gárgano es historiadora, investigadora del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia José Babini (Unsam) y becaria del Conicet. Estudia lo ocurrido en el INTA durante la última dictadura y, entre otros aspectos, los efectos de la trasferencia de conocimiento y tecnología hacia los sectores privados. Para ello analiza lo que sucedió antes del golpe y compara con lo que pasó después.

El secretario de Agricultura y Ganadería de la etapa camporista, Horacio Giberti –señala Gárgano–, impulsaba un conjunto de medidas como el anteproyecto de la Ley Agraria y el Impuesto a la Renta Normal Potencial de la Tierra para combatir la existencia de grandes latifundios improductivos. “Se buscaba que el INTA no estuviera sólo dedicado a realizar cálculos de costos y administración de haciendas rurales, sino también a problemas estructurales como la concentración de la tierra, la composición de la estructura social agraria o el desbalanceo regional”, indica.

A partir del golpe de 1976, esas políticas se extinguieron. “El decreto 3369/76 suprimió la autarquía financiera, cerraron los posgrados en Economía agraria y Extensión rural, interrumpieron investigaciones en genética y ecología, y los estudios destinados a intervenir en los grandes problemas económicos y sociales del agro”, cuenta la historiadora.

–¿Cuál fue el rol específico de la SRA?

–La SRA tuvo desde sus comienzos un peso importante en la institución, con voz y voto en su consejo directivo, y siempre abogó para que el INTA se limitara a las tareas “técnicas” y se mantuviese al margen de las políticas. En los años previos al golpe protagonizó con otras entidades numerosos paros agrarios y un enfrentamiento abierto a todas las iniciativas del área agropecuaria, a las que calificaban en los principales diarios como ataques a la propiedad privada e “infiltraciones marxistas”, pese a que no eran iniciativas radicales. La Sociedad Rural también aportó integrantes de sus filas como funcionarios del área de agricultura durante la dictadura, momento en que las principales medidas apuntaron a suprimir los derechos de exportación, eliminar las retenciones y las diferencias de cambio, liberalizar el comercio exterior y otorgar una reducción arancelaria a insumos clave (insecticidas, herbicidas, fertilizantes). El histórico desequilibrio entre la región pampeana y el “resto del país” fue también profundizado por las políticas de apertura económica.

–¿Cuáles fueron los beneficios del sector?

–Los productores más grandes y concentrados que representa la entidad mantuvieron su rol como interlocutores y destinatarios de las tareas del INTA en este período, a diferencia de lo que sucedió con los más pequeños y descapitalizados. Esto en un marco donde avanzaba una expansión agrícola centrada en la Pampa Húmeda, cuya contracara fue una crisis profunda y la expulsión de población del campo. En cuanto a la introducción de mecanismos represivos y a su instrumentación, los representantes de la SRA compartieron con el resto del consejo directivo la conformación de un discurso que desplazó la figura del “saneamiento” técnico y vegetal, tan común en la práctica del organismo, al “saneamiento” y “depuración” de la institución. Así, se hablaba en las reuniones de Consejo de “sanear” el organismo, en consonancia con la “racionalización” dispuesta a nivel nacional.


GUIDO PRIVIDERA, DE LA COMISION DE REPARACION HISTORICA
“A mi mamá alguien la marcó”
El hijo de una de las científicas desaparecidas por su actividad en el INTA explica la lógica de la nueva causa abierta en la Justicia por lo ocurrido en el Instituto. También marca la responsabilidad de la Sociedad Rural.

Por Alejandra Dandan

Dice Guido Prividera que empezó a preguntarse qué pasó en el INTA cuando escuchó las primeras denuncias sobre la participación de civiles durante la última dictadura. “Alguien hizo allí las listas, alguien señaló a mi mamá para que la vinieran a secuestrar, no fueron los militares.” Guido Prividera, sociólogo e integrante de la Comisión de Reparación Histórica del INTA, es hijo de Marta Sierra, una investigadora del área de Ecología del INTA Castelar que fue secuestrada un día después de la intervención del organismo.

–¿Cómo empieza la investigación?

–Me acuerdo de que venía escuchando en una radio una primera denuncia de la causa por la Mercedes Benz y las implicaciones civiles. Con mi hermano nos rebotaba en la cabeza una especie de paralelismo. Nos preguntábamos: “¿Y en INTA qué pasó?” Hicimos una primera denuncia con el abogado de la causa Mercedes Benz en ese momento. Allí aparece denunciado (Jorge) Zorreguieta, (Mario) Cadenas Madariaga y la cadena de mandos hasta (José Alfredo) Martínez de Hoz, que eran los nombres que teníamos porque los de los nueve milicos que entraron a mi casa y se llevaron a mi mamá no los sabemos.

–¿Qué pasó con esa causa?

–Terminó como causa satélite de “Jefes de Area”, de acuerdo con una lógica geográfica: tomaron el lugar de la caída de ella, que fue la subzona Capital Federal, y entonces se perdió el hilito que ataba el motivo del secuestro al INTA. Se borró quién había dado la orden.

–¿Qué pasó con ella?

–A mi mamá se la llevan el 30 de marzo de 1976 de mi casa, de madrugada. El 29 marzo la habían ido a buscar al INTA Castelar, donde no la encontraron porque me había tenido a mí y estaba con licencia. Ahora, con la presentación elegida en la nueva causa, la lógica es distinta: estamos diciendo “Señores, acá el núcleo común es el INTA”. Cuatro desaparecidos en Castelar, un detenido en Pergamino, asesinados por Paraná, no todos están presentados, pero cesantearon a la quinta parte del organismo y los secuestros y desapariciones se aplicaron en todo el país. De algunos lados no tenemos todavía ni siquiera registros. Suponemos que algo pasó, pero no tenemos la lista de los desaparecidos.

–¿Cómo era el trabajo de tu madre?

–Mi mamá aparece en el legajo como administrativa porque todavía no tenía el título de bióloga, pero en la práctica era una investigadora más del equipo de Ecología. Ahí estaba Jorge Morello, que es pionero en ecología en la Argentina. De hecho, recibió este año el premio Houssay a la trayectoria científica. La línea era totalmente innovadora: frente a una lógica más productivista, de medir qué te da más soja, más maíz o más trigo, Ecología estudiaba ecosistemas. Era un grupo de avanzada que ya en 1975 es desarmado: a algunos los echan, otros sufren persecución y a mi mamá la derivan a la guardería. En las cartas a las amigas, ella dice: “Me parece que nos van a echar”. Lo que terminó siendo el secuestro y desaparición, para ella era que la echaban, porque eso había pasado con el resto. Lo que efectivamente aparece atrás es que desaparecen las líneas de investigación que se desarrollaban. Y eso que aparece atrás en realidad es lo primero.

–¿En qué sentido?

–Hay una frase de Giberti (subsecretario de Agricultura en 1973) muy clara en un reportaje a la televisión holandesa. El dijo que la Sociedad Rural entendía que el secretario de Agricultura tenía que ser el representante de ellos, de la Sociedad Rural, ante el Estado, y no un funcionario del Estado al servicio del bien común. Creo que es muy ilustrativo sobre lo que hacen con el INTA. Las líneas que destruyen son las que van contra sus intereses. Todos estos señores (de la SRA) viven en la zona del Gran Buenos Aires, no necesitan un INTA con educación popular o alfabetización. Fue barrida toda la conexión con el territorio.

–¿Se puede pensar como bloque aquella “mesa de enlace”?

–Me parece difícil pensarla como un bloque en aquel momento. Hay ciertos sectores de FAA que son perseguidos por la dictadura. La SRA es la que pone a sus miembros como funcionarios del INTA y de la Secretaría de Agricultura y la que el 24 de marzo de 1977 saca una solicitada en los diarios agradeciendo a las Fuerzas Armadas por la tarea cumplida.


CONVENIO ENTRE EL INTA Y EL CONICET
Memoria en común
Por Alejandra Dandan

Hace una semana el INTA y el Conicet suscribieron una carta de intención sin antecedentes: impulsar líneas de investigación en conjunto para medir, entre otros aspectos, los impactos y consecuencias que tuvo la última dictadura en las líneas de investigación del INTA en el sector agropecuario y agroindustrial.

La carta de intención fue firmada por el director nacional del INTA Carlos Casamiquela y Roberto Carlos Salvarezza por el Conicet. El convenio busca además avanzar con la organización de documentos y archivos y tiene como objetivo “incorporar” en la memoria institucional del INTA “lo acaecido en su pasado reciente y afianzar su compromiso en la búsqueda de reparación histórica”. El acuerdo se firmó en el marco del decreto 1259 del año 2003, donde el Ejecutivo creó el Archivo Nacional de la Memoria.

“El golpe militar de la dictadura se ejerció sobre un proyecto de desarrollo económico que no tiene que ver con el actual –dijo Casamiquela–. De concentración y exclusión en vez de inclusión. Ahora, específicamente en el INTA, sería bueno ahondar en el impacto y las consecuencias de estas medidas. Creo que esta iniciativa tiene algo de inédito: que destaca un modelo de cooperación no en las vinculaciones tradicionales de ciencia y tecnología, sino que instituciones del propio sistema nacional de innovación se asocien para investigar y trabajar sobre estas cuestiones.”

Salvarezza subrayó en esa línea la peculiaridad de este acuerdo. “Desde el punto de vista personal –dijo– la posibilidad de que el organismo que me toca presidir esté viendo y analizando no solo las consecuencias de lo que sucedió con las personas sino mirando que hubo un plan detrás de todo esto que afectó a todos los organismos del Estado y tenía una sola meta: terminar con un proyecto político nacional para dar origen a otro Estado que nos llevó a la crisis del final de los ’80, a los ’90. Mirarlo institucionalmente desde los organismos de Ciencia y Tecnología es una cosa muy interesante.”

02/01/13 Página|12
GB

MEGAJUICIOS 2012.

SALTO CUALITATIVO EN EL JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD
El año de los megajuicios
Hay 378 represores condenados por delitos de lesa humanidad. Este año hubo un cambio en la lógica de los juicios, que comenzaron a incluir más acusados y más hechos investigados.Las responsabilidades civiles y los delitos de violencia de género. Los pendientes.

Por Victoria Ginzberg

Durante 2012 se produjeron 134 condenas por delitos de lesa humanidad, lo que hizo que los represores condenados hasta ahora sumen 378. En estos momentos hay 232 acusados con juicios orales en trámite y 1013 procesados. En términos de cifras, se trata de un balance positivo. Pero más allá del crecimiento cuantitativo, 2012 fue el año en que se produjo un cambio cualitativo en el juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado: comenzaron a realizarse los llamados “megajuicios”, es decir, procesos que involucran importantes cantidades de acusados y también de casos analizados, o sea, de víctimas. Los más grandes están actualmente en trámite. Son los de la ESMA, en Buenos Aires; La Perla, en Córdoba, y Arsenales y Jefatura de Inteligencia, en Tucumán. Entre los tres reúnen delitos contra 1500 víctimas y 150 acusados.

Hay decisiones vinculadas con la administración de Justicia que no son celebradas o valoradas de inmediato, ya que sus efectos no se ven de un día para el otro. Eso pasó con la acordada que la Cámara de Casación Penal firmó a principios de 2012, en la que se establecieron “reglas prácticas” para agilizar los juicios contra los represores. El propósito de ese documento fue impedir la reiteración de testigos y pruebas, promover la acumulación de casos y evitar que se debatan hechos que ya están fuera de discusión, como la existencia de un plan sistemático de exterminio de personas durante la última dictadura. De esta forma, el máximo tribunal penal del país –que había sido uno de los principales obstáculos para el avance de estos procesos cuando se reinició el proceso de juzgamiento (lo encabezaba el ahora abogado defensor de represores Alfredo Bisordi)– acusó recibo de demandas de organismos de derechos humanos, abogados y fiscales y se convirtió en dinamizador de los juicios.

“Este año terminaron juicios grandes, como el de Bahía Blanca; el del Circuito Camps, en La Plata; y comenzaron otros como ESMA, La Perla y el juicio de Tucumán. Lograr este tipo de juicios fue y sigue siendo uno de los objetivos centrales de la Unidad Fiscal. En este sentido, 2012 fue un año donde se dio un salto de calidad. Para ponerlo en cifras, mientras que en 2011 hubo 193 personas sentadas en el banquillo, en 2012 hubo 383, es decir, el doble. La idea de juzgar juntos los hechos que están vinculados entre sí es un principio que apunta a lograr una mejor reconstrucción histórica, dado que permite, por un lado, valorar correctamente pruebas (testimonios, documentos, etc.) que, seguramente, no tendrían la misma relevancia si se las considerara aisladamente (no es lo mismo un testimonio corroborado por otros que se refieren al mismo hecho o que confirman cierto contexto) y, por otro, permite dimensionar el fenómeno que estamos juzgando: no son hechos aislados, sino una maquinaria de terror”, señala a Página/12 Pablo Parenti, de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.

El criterio es compartido también por los abogados de organismos de derechos. “Los juicios de este tipo permiten acelerar los procesos en los casos de los lugares con mayor densidad de casos e imputados. Reducen la reiteración de testimonios, permiten dimensionar en su real magnitud lo sucedido, aparecen las complicidades civiles y minimizan las dificultades probatorias que suelen darse cuando los hechos se juzgan sin el contexto adecuado. Tienen también un mayor efecto social, que permite una discusión más amplia sobre los efectos de la dictadura”, dice Guadalupe Godoy, del colectivo Justicia Ya. Godoy señala, además, que los grandes procesos “evitan la aplicación de distintos criterios probatorios o de autoría en casos similares” y cita el ejemplo de Pedro Guerrero, un ex guardia del Servicio Penitenciario bonaerense que estaba prófugo cuando se realizó el juicio sobre la Unidad 9 de La Plata, fue juzgado después, resultó absuelto por casos que en el otro juicio estaban probados y recibió menos penas que sus subordinados, que fueron condenados antes. La abogada admite que en juicios que se prolongan en el tiempo existe el riesgo de que algunos acusados se mueran en el medio, como ocurrió con el ex gobernador bonaerense Ibérico Saint Jean en el juicio por el Circuito Camps, pero a más de 35 años de ocurridos los hechos, la posibilidad de que los represores que aún no fueron condenados fallezcan, está siempre latente.

Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, coincide en que “los juicios más grandes son más virtuosos para reforzar el sentido de justicia. Una vez concluidos, podremos pensar que los hechos cometidos en determinado centro clandestino de detención o zona represiva ya fueron sancionados y no se mantienen impunes”. Y agrega que “los juicios también suelen ser muy desgastantes emocionalmente para los sobrevivientes y familiares, así que también permitirán evitar o reducir la posibilidad de reeditar ese desgaste en el futuro. Por último, implican un mejor aprovechamiento de recursos del Poder Judicial, tanto materiales como humanos, y permiten a los tribunales planificar su tarea”.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, Carolina Varsky y Lorena Balardini acuerdan en que hubo un “problema inicial de organización del proceso en donde predominó el juzgamiento por goteo, que redundó no sólo en una administración deficiente de los recursos de la Justicia, sino además en que no podía dimensionarse claramente la idea de sistematicidad de los crímenes mientras se juzgaran hechos aislados sin conexidad, como si fueran causas por delitos penales ordinarios”. Pero aclaran que juicios “chicos” no necesariamente son juicios “cortos”: “Para que los juicios demoren lo menos posible, el tamaño de la causa no es lo principal, lo principal es instrumentar medidas para agilizar el proceso.” Como ejemplo, mencionan que el segundo juicio sobre la ESMA (si se cuenta el que se inició contra el prefecto Héctor Febres como el primero) era menos de un tercio de ESMA III –que acaba de comenzar– en términos de cantidad de víctimas, imputados y testigos, y gracias a criterios coherentes de organización, en este último se redujo significativamente el tiempo de lectura de los requerimientos.

“Las megacausas son una ventaja desde el punto de vista jurídico, pero también histórico y social. Le dan otra entidad al juzgamiento, avanzan en obtener una justicia más abarcativa. Y con los criterios de organización bien definidos, que es esencial sostener en el tiempo, terminan siendo justicia más pronto también. Además se evita la ultraexposición de los testigos. Un gran número de sobrevivientes, ante la perspectiva de un ESMA IV, V, VI y VII, sin la posibilidad de incorporar los videos, como era el panorama previo a las reglas de Casación, no hubieran accedido a volver a declarar, de acuerdo con lo que ellos mismos expresaban. Las reglas de Casación han avanzado en ese sentido, pero todavía falta; hay cuestiones prácticas a resolver todo el tiempo y los tribunales tienen que estar atentos a estas cuestiones: el traslado de los detenidos, la organización eficiente de las audiencias testimoniales, la resolución de planteos de las partes, todo esto tiene que ser organizado con fluidez y en forma sostenida durante los años que dure el juicio para que efectivamente sea más eficiente la acumulación que el juzgamiento fragmentado. Por otro lado hay que sostener el trabajo y la presencia, que en juicios muy largos es más complejo”, aportan Varsky y Balardini.

Avances y pendientes

Junto con el avance en la cantidad y calidad de los juicios, en 2012 hubo un progreso en las investigaciones sobre la participación de civiles en delitos de lesa humanidad. En este sentido, este diario describió, en marzo de 2012, ante la inminencia del 36º aniversario del golpe de Estado, cómo las investigaciones empezaban a indagar sobre el poder económico detrás del poder militar. El procesamiento del empresario Carlos Pedro Blaquier, dueño de Ledesma, fue el hecho más significativo en esa dirección. La condena de Jaime Smart, ministro de Gobierno bonaerense durante el terrorismo de Estado, marcó también el inicio de un largo recorrido que debería abarcar en el futuro pesquisas más profundas sobre otros sectores de la sociedad civil, como jueces y religiosos. Otros grandes hitos del año que acaba de terminar fueron la condena a nueve represores, encabezados por el dictador Jorge Rafael Videla, por el plan sistemático de apropiación de niños, y la visibilización de los crímenes de violencia sexual como delitos de lesa humanidad. “La apropiación de niños fue un elemento distintivo del terrorismo de Estado argentino, un diferencial, que hasta ahora no era reconocido como tal por la Justicia e incluso había sido tácitamente negado en el Juicio a las Juntas”, señala Iud.

“El juzgamiento a civiles es sin duda uno de los logros de este año, no sólo en la causa Ledesma sino en varias jurisdicciones del país donde se ha pedido que se avance en investigar la complicidad de miembros de los grupos económicos. Loma Negra, La Nueva Provincia y Ford son, junto con el procesamiento a Blaquier y (Alberto) Lemos (ex gerente de Ledesma), los avances más significativos este año en este tema”, aseguran Varsky y Balardini. Como tarea pendiente de la Justicia, destacan la confirmación de las sentencias: “Durante 2012 Casación confirmó al menos 19 sentencias, más que todas las que confirmó durante el período 2007-2011, pero la reactivación de Casación no ha sido replicada en la Corte. Cada vez más imputados con condena no firme fallecen impidiendo no sólo que cierre el ciclo de la Justicia sino la formación de jurisprudencia que sea un aporte para el futuro. Como ejemplo está el caso de (el suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio) Molina, único condenado por violación sexual como delito de lesa humanidad que murió en 2012 y su condena sólo había sido confirmada por Casación. A menos que se agilicen los tiempos de la Corte, esto comenzará a pasar cada vez con más frecuencia. Estas causas tienen un punto final biológico y tantos esfuerzos serán en vano si las sentencias no son confirmadas”.

Para Parenti, entre los temas que merecen atención, están “el control de las prisiones domiciliarias, las condiciones para una correcta atención de los testigos-víctimas y algo que es fundamental: es imperioso acortar los tiempos que duran los juicios. Tenemos más de 1000 procesados. Juzgar todo esto requiere un cambio de paradigma en cuanto a la organización de los juicios, cuestión que no puede quedar librada simplemente al arbitrio de cada tribunal. Las ‘reglas prácticas’ que dictó la Cámara de Casación son un buen paso, pero hace falta que la agenda de los juicios y el ritmo de las audiencias sean definidas con pautas claras y mecanismos de controles”.

Rodolfo Yanzón, de la Fundación Liga por los Derechos Humanos, también apunta en la columna del debe el efectivo cumplimiento de las prisiones preventivas, sobre todo de los arrestos domiciliarios, y le agrega el control de los embargos y el avance en serio sobre las “complicidades civiles”.

Desde Abuelas, Iud coincide en que “sigue pendiente profundizar las investigaciones sobre la complicidad civil, judicial y eclasiástica” y destaca que “también hay que incrementar la publicidad de los juicios y la investigación sobre los autores directos de la mayoría de los crímenes, por ejemplo las patotas o los interrogadores, ya que en la mayoría de los procesos, los imputados son los jefes de la zona represiva y algunos pocos ejecutores de propia mano”. En ese sentido, propone que “los jueces de instrucción prioricen la identificación de más represores por sobre continuar juzgando a aquellos generales y comandantes que ya están condenados”. Agrega que “en lo que tiene que ver con la tarea específica de Abuelas, el año próximo será una gran oportunidad para que la Justicia mejore sus históricas deficiencias en la investigación de la apropiación de niños, a partir de la creación de una Unidad especial en el Ministerio Público Fiscal”.

Godoy, de Justicia Ya, destaca como lo positivo de este año la consolidación del enfoque sociológico del genocidio a nivel judicial, pero señala que muchos jueces de instrucción todavía tienen resistencia a acumular las causas y prefieren investigar hechos “aislados”. Afirma que hay “prácticas de selectividad no declaradas” sobre a quiénes imputar y a quiénes no: “En La Plata hay cientos de policías, militares, civiles y religiosos con requerimientos de instrucción desde hace años sin que los jueces se decidan citarlos a indagar”. Lo que queda pendiente, dice, es “vencer las resistencias del Poder Judicial para llevar adelante estos juicios, la lógica corporativa que lo sustenta se transforma en un obstáculo para el avance”.

El año en números
Los números del año, según datos de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado: durante 2012 finalizaron 24 juicios –22 orales y 2 escritos– en los que se condenó a 134 imputados (111 de ellos fueron condenados por primera vez, dado que no registraban condenas anteriores) y se absolvió a otros 17. Desde el regreso de la democracia hasta el presente, se ha juzgado a 422 personas (juicios concluidos), de las cuales 378 fueron condenadas y 44 resultaron absueltas. El año 2012 fue el que aportó un mayor número de nuevos condenados (111). El año termina con 13 juicios en marcha, en los que se juzga a 232 acusados en relación con los casos de más de 1800 víctimas.

02/01/13 Página|12
GB

13 de DICIEMBRE de 1976, MARGARITA BELEN, LA MASACRE, IN MEMORIAM.

Margarita Belén


15/05/07 - El presidente Néstor Kirchner participó del homenaje a las víctimas de Margarita BelénEl mandatario solicitó a la Justicia argentina que "avance" en la nulidad de los indultos y aclaró que lo hacía como "un ciudadano más", sin entrometerse en la independencia de poderes y recordó a los muertos del 13 de diciembre de 1976, "a muchos de los cuales conocía".

Kirchner participó junto a su esposa, la senadora Cristina Fernández, miembros de su gabinete y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, entre las que se encontraban las Abuelas de Plaza de Mayo encabezadas por su titular, Estela Carlotto, del acto realizado junto al monumento que recuerda el trágico hecho del 13 de diciembre de 1976.

La ceremonia se inició con los discursos de descendientes de dos de las víctimas de la masacre, Carlos Salas, hijo de Néstor Salas y Dafne Zamudio, hija de Carlos Alberto Zamudio.

Luego habló Kirchner, que pidió "disculpas" por ser el primer presidente que estaba presente en un homenaje a las víctimas de Margarita Belén.

"Vuelvo a pedir disculpas en nombre del Estado nacional argentino al pueblo chaqueño, a los fusilados, a los desaparecidos y a los agraviados, porque es la primera vez después de 31 años que un presidente de la Nación está presente acá", dijo.

Tras los discursos se descubrió una placa recordatoria de la presencia del presidente Kirchner en el lugar.

Culminada la ceremonia la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, se mostró "muy emocionada" porque era la primera vez que visitaba el lugar donde habían sido asesinadas las víctimas de la masacre de Margarita Belén y agradeció "al presidente Kirchner la posibilidad de participar de este acto".

"Le agradezco que me haya invitado -dijo Carlotto- junto a mis compañeras, 18 abuelas que hemos venido juntas, a tener memoria y a pedir lo que corresponde para un país que tiene que ser sano, que es la verdad y la justicia".

Adujo que "estos mártires son compañeros de nuestros hijos, de Laura, mi hija que fue asesinada en la provincia de Buenos Aires y multiplicar como semilla de libertad para que esta juventud, que nació después, que pregunta, que no sabe, sepa de quienes dieron la vida sin ningún interés más que hacer el bien".

Aclaró que "he venido muchas veces al Chaco, pero nunca llegué hasta el monumento, por eso estoy impactada y me voy reconfortada con muchas ganas de trabajar".

La veintena de jóvenes militantes políticos detenidos en la U7 del Servicio Penintenciario Federal, en la Brigada de Investigaciones y la Alcaidía Policial fueron reunidos en esta última unidad el domingo 12 de diciembre del 1976 donde fueron salvajemente torturados, según se supo años después por testigos del hecho.

Eran al menos 22 miltantes de la Juventud Universitaria Peronista, Partido Auténtico, Juventud Peronista, Ligas Agrarias y Juventud Trabajadora Peronista entre otras organizaciones.

Un convoy de camiones del Ejército y patrulleros policiales los llevó luego hacia al norte simulando un traslado hacia la ciudad de Formosa, pero al llegara a la altura de Margarita Belén tuvo lugar la más cruenta masacre.

Las muertes fueron presentadas luego como "intento de fuga" o como "enfrentamiento entre grupos antagónicos", pero el propio ex jefe del Ejército Ricardo Brinzoni -fallecido en 2005- reconoció ostentando ese cargo que se había tratado de un "fusilamiento encubierto".

En 1976 Brinzoni tenía el grado de capitán y se desempeñaba como secretario general de la Gobernación del Chaco que ejercía el también fallecido general Antonio Facundo Serrano.

Ente las víctimas identificadas se encuentran Manuel Parodi Ocampo, Luis Arturo Fransen, Carlos Duarte, Carlos Tereszuck, Néstor Carlos Salas, Patricio Tierno, Luis Angel Barco, Mario Cuevas, Fernando Pierola, Carlos Zamudio, Luis Alberto Díaz, Reynaldo Sonez, Carlos Maria Caire, Julio Andrés Pereira y Delicia González.

Por este hecho están detenidos y a la espera del juicio que se tramita en en el Juzgado Federal de Resistencia los militares Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Germán Emilio Riquelme, Athos Renés, Aldo Martinez Segón, Rafael Carnero Sabol, Ernesto Jorge Simoni y Luis Alberto Pateta.

En tanto Jorge Alcides Larrateguy, que con el grado de coronel comandaba el grupo en 1976, falleció en 2005 y Norberto Raúl Tozzo se halla prófugo con pedido de captura nacional e internacional dictada por el juez Federal de Resistencia, Carlos Skidelsky.

Fuente: Página/12, 15/05/07





Una condena que no deja lugar a la fuga

Quince presos, cuatro que continúan desaparecidos, fueron asesinados en diciembre de 1976 en un operativo conjunto del Ejército y la policía provincial que simuló una fuga. Emoción de los familiares de las víctimas por el veredicto del tribunal.

Por Marcos Salomón
Desde Resistencia

Transcurridos treinta y cinco años de los fusilamientos, diez de la reapertura de la causa judicial, luego de escuchar a más de 120 testigos, en 60 audiencias orales y públicas, la lectura de la parte resolutiva de la sentencia llevó menos de 30 minutos para escuchar la condena a cadena perpetua a ocho militares y al único policía sentando en el banquillo de los acusados, por el asesinato de quince víctimas, cuatro de las cuales permanecen desaparecidas. Pero nada fue tan sencillo, la convocatoria original, para las 8.30, apenas dio lugar a las “últimas palabras” de Alfredo Chas, quien en un discurso políticamente correcto hasta el hartazgo ya se había declarado inocente. El policía consiguió, en forma inesperada, la absolución.

Después, la decisión del Tribunal Oral Federal de pasar la lectura de la sentencia para las 17, que enojó a todo el público, al punto que desencadenó una reacción inesperada: como nunca sucedió a lo largo del juicio, familiares de víctimas y victimarios coincidieron en fustigar a los jueces.

Medida inapelable, para las 17, en punto, Gladys Yunes, presidenta del Tribunal, leyó la condena a cadena perpetua contra Athos Rennes, Ernesto Simoni, Aldo Martínez Segón, Germán Riquelme, Jorge Carnero Sabol, Ricardo Reyes, Ricardo Losito (ya había sido condenado a 25 años en la causa por el ex Regimiento de Infantería 9, en Corrientes) y José Luis Patetta (también condenado a 25 años, pero en la causa Caballero que investigó la represión ilegal en el Departamento de Policía de Chaco). En cambio, fue absuelto Luis Alfredo Chas, por falta de pruebas.

Todos los militares están condenados como “coautores de homicidio agravado, por alevosía y el número de víctimas”.
Tensión

Con exclamaciones y lágrimas, familiares de las víctimas escuchaban las condenas, con Patetta y Losito fueron los momentos de mayor festejo, entre aplausos y alguna ironía suelta. Pero, en general, la audiencia fue absolutamente tranquila.

En cambio, toda la calma se rompió cuando el Tribunal absolvió a Chas. Los familiares del policía rompieron en llanto (aunque no tenían mucha esperanza, porque, según testigos, adelantaron el casamiento de una nieta del imputado para evitar que, tras la sentencia, no pudiera asistir a la boda) y descargaron toda su tensión contra los familiares de las víctimas.

Chas, de pie, con cara de sorpresa, escuchó su libertad por falta de pruebas.

Igual, Juan Andrés Sala, hijo de Néstor –una de las víctimas de la Masacre– y de Mirta Clara –ex presa política– pudo descargar su bronca contra Patetta: “Vos fuiste el que asesinó a mi papá”, le gritó.

La contracara, la impotencia de la nueva generación de la Pierolada (sobrinos de Fernando Piérola, que es una de las víctimas del 13 de diciembre de 1976 que continúa desaparecida): “¿Dónde están los cuerpos de nuestros compañeros, de nuestra familia?”, preguntaban a los gritos, mientras la familia Chas era desalojada de la sala.

En otra parte de la sentencia, el Tribunal hizo lugar al pedido de falso testimonio presentado contra el ex soldado y escritor frustrado Alfredo Maidana. En cambio, no hizo lugar al pedido de la defensa que acusó de falso testimonio a Francisco “Tete” Romero, ministro de Educación.

Los jueces también hicieron lugar al pedido de falso testimonio planteado contra el ex médico policial Orlando Grillo, que representa la complicidad civil chaqueña en el terrorismo de Estado.

En tanto, los fundamentos completos del fallo se conocerán recién el 12 de julio, según lo anunció la jueza Yunnes. Justo el 12 de julio sería el cumpleaños de Néstor Sala, víctima de la Masacre.

El final

Sobre el final, el abrazo partido entre familiares de las víctimas contrastaba con la desazón de los familiares de los imputados. Sólo la esposa de Martínez Segón habló con la prensa, para descalificar el fallo. Para acallar cualquier rumor y como una manera de festejar un triunfo contra la impunidad de 35 años, con los dedos en V o con el puño en alto, los presentes comenzaron a cantar el Himno Nacional Argentino.

Pero, a diferencia de la sentencia en la causa Caballero, cuando todos abrazaban a los sobrevivientes que declararon en el juicio, en la sentencia por la Masacre de Margarita Belén no había sobrevivientes para abrazar. Por eso, a voz batiente, tomó mucho más fuerza y sentido el Himno cuando la sala de audiencias bramaba: “Oh juremos con gloria morir”.

Del dolor a la alegría

“Todavía lo estoy deglutiendo”, dijo, conmovido hasta las lágrimas, Edwin “Peco” Tissenbaum, abogado de presos políticos en los ’70 y una especie de “padre jurídico” del juicio por la Masacre de Margarita Belén. Sentado en su silla de ruedas, abrazado por sus seres queridos, contó: “Fueron 35 años de impunidad, porque hasta los gobierno democráticos fueron frenando este juicio”. A Peco le disgustó la absolución del policía Alfredo Chas, al igual que a Mirta Clara, ex presa política y esposa de Néstor Sala, una de las víctimas de la masacre. Martín Díaz, hijo de Luis Díaz, otra víctima de la masacre, dijo: “Siento dolor, pero también mucha alegría”. Y su madre, Norma Cajal, señaló: “Desde el sentimiento, era previsible el desborde, después de que durante la dictadura, incluso en democracia, se nos negara reiteradamente el reclamo de justicia”. Mario Bosch, abogado querellante, dijo estar “conforme con las condenas a cadena perpetua, no así con la absolución de Chas, porque entendemos que había elementos probatorios suficientes para condenarlo. Respetamos el fallo del Tribunal, pero lo vamos a apelar en Casación”, señaló. Y concluyó avisando que ahora esperan otros dos juicios, las causas Margarita Belén II y Caballero II.

Otras voces

Duhalde. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, expresó su satisfacción con el fallo del Tribunal Oral Federal de Resistencia y remarcó que “este proceso, en el que se juzgó uno de los hechos emblemáticos del terrorismo de Estado, tuvo un trámite ejemplar, con los jueces naturales y la aplicación de la ley penal y procesal vigentes en la Argentina, y respetando todas las garantías del debido proceso. Durante el juicio surgieron datos relativos a la participación de otras personas, incluidos ex funcionarios de la Justicia, que deberán ser investigados por el Juzgado Federal”.

CELS. “La sentencia marca el fin de la impunidad en un caso emblemático. Los hechos de Margarita Belén dejaron en evidencia el pacto de silencio en torno de las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. Mostraron también el poder de varios de los acusados, hoy condenados, quienes continuaron durante más de tres décadas integrando las instituciones democráticas. Por eso, el fallo representa un nuevo paso adelante en el proceso de justicia y reafirma la vigencia del Estado de derecho”.

Hijos. “Esta sentencia es histórica y puso fin a la impunidad de uno de los hechos más emblemáticos de la última dictadura cívico-militar. Era una de esas masacres que se sabían en todo el pueblo, pero la Justicia no condenaba. Hasta hoy. Este fallo nos alienta a seguir luchando por más juicio y castigo a los genocidas. Se está empezando a avanzar también sobre la complicidad de los civiles en el genocidio, participación absolutamente necesaria para cometer los crímenes de lesa humanidad. Exigimos que se avance en este sentido, profundizando la lucha emprendida por todos nosotros desde hace tantos años.”

17/05/11 Página|12


Por Jorge Giles

Compañeros y Compañeras:
Hay que señalizar con estrellas y soles allí donde nos duele esta antigua herida.
Y decirnos.
Allí sale el Flaco Sala con los dedos en V y es preciso mirarlo en toda su estatura.
Allí salen todos los Compañeros y es preciso honrarlos con este presente.
Marchan hacia la historia y ellos lo saben. Nosotros también.
Lo saben Barquito, Cuevas y el Pato Tierno. Lo saben el Colorado Franzen y el Caraú Duarte. Lo sabe Parodi. Lo sabe la vida que habitará en ellos para siempre.
Señalizar su memoria es decir que nunca más la muerte a contratiempo y nunca más la cobardía de los genocidas.
Señalizar su memoria es marcar a fuego ese camino.
Y es salir a buscarlos y levantarlos y curarles las heridas y limpiarles la baba del demonio de sus asesinos.
Señalizar su memoria es mirar hacia el futuro y es honrar la vida que quisimos, queremos y quisieron en el minuto final.
Vayamos hasta ellos. Subamos a ese cielo de causa nacional y popular que es Margarita Belén. Que de allí venimos todos.
Honremos su memoria de luz, de pan y de justicia.
“Yo se que Ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria”, habrán pensado, quizás, en ese último instante, abrazando a Evita.
Y se habrán sentido un poco o mucho de ella. Y ella habrá bajado de esos cielos para acompañarlos.
Quizá el Flaco gritó “Libres o Muertos, Jamás Esclavos”. Y Piérola susurró: “Hasta la victoria, siempre”.
Y todos juntos gritaron: “Viva la Patria”, primero y “Viva Perón, carajo”, después. Quizá habrán pensado “no es en vano esta partida”. Quizá.
O quizá nadie dijo nada y se fueron así, tan solos de nosotros. Tan solitos. Tan atados y vendados. Tan valientes. Tan enteros. Tan peronistas. Tan montoneros.
Tan compañeros.
Por eso hay que ir a buscarlos. Siempre. Siempre.
Por que cada diciembre ellos esperan que, estemos donde estemos, en el Chaco, en Misiones o en Formosa, en Corrientes, Entre Ríos o Santa Fe, en Quilmes o en La Plata, en Tucumán o en Salta, en Buenos Aires o Córdoba o en los llanos y montañas de La Rioja, le pongamos palabras y canciones al silencio en Margarita Belén.
Y seamos ellos. Y seamos un pueblo de aquí hasta Venezuela, Ecuador y Bolivia y Brasil y Uruguay y cantemos de orgullo en su nombre, en su memoria…y seamos ellos, ellos, ellos, para siempre, con los dedos en V.

Diciembre 2012

GB

LA DEUDA EXTERNA ARGENTINA, UNA HISTORIA, II

En el año 1842, los ingleses reclaman a Juan M. de Rosas, que reanude el pago de los servicios de la deuda contraída por Bernardino Rivadavia y sus secuaces.
Para ese año la suma asciende a 1.900.000 libras esterlinas, y Rosas desde que asumió no ha pagado.
Sin embargo a partir de una propuesta del enviado británico, Falconet, en el año 1844 el Restaurador accede a girar 5.000 pesos mensuales a la Casa Baring como muestra de buena predisposición de nuestro gobierno hacia el de su Majestad.
El 1ª de octubre del año 1845 dicho apgo mensual se suspende por motivo de la intervención anglo-francesa en el Paraná.

El sistema de pagos acordado en 1844 vuelve a realizarse en el año 1848.

Un poderoso estanciero y saladerista, Francisco Casiano Beláustegui, se arroga la representación de la Casa Baring para negociar la deuda con el gobierno de la Confederación.
Enterado Rosas le escribe una carta en estos términos:

"Sabe ud. cual es el orígen del empréstito de Inglaterra, sus condiciones, su objeto, su aplicación, sus funestísimos efectos. Contraído del modo mas perjudicial en todos sus aspectos, por una administarción de salvajes unitarios, sin plenitud ni legitimidad de mandato público a ese fin, fue legado con el penoso recuerdo de a malversación inmoral en que fue envuelto y dilapidado sin cuenta ni razón alguna. ¿Cree que los argentinos y los miembros de la Junta de Representantes verían con sumo agrado su nombramiento de representante de extranjeros tal vez con intereses en pugna?:" 1.

La caída de Rosas en el año 1852 a manos de una Alianza cívico-militar encabezada por Justo J. de Urquiza y apadrinada económicamente por la Banca Baring, Rotschild y el Imperio del Brasil, divide a la Argentina por diez años entre la Confederación ahora liderada por el caudillo entrerriano y Buenos Aires, que "se piensa a sí misma" como la verdadera Argentina a decir de Bartolomé Mitre y los hacendados y comercianes bonaerenses.
Mientras definen al resto de las provincias hermanas como ..."los trece ranchos"

Ferdinand White es el nuevo encargado inglés de negociar con los liberales porteños y bonaerenses el pago de la deuda que asciende en 1852 cerca de 2.300.000 libras, alrededor de 11 millones 500 mil pesos fuertes.

1. En Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duahlade, Baring Brothers y la historia política argentina, Buenos Aires, Peña Lillo, 1974, pp. 65 y 66.

Prof GB

SUBTES, PARECE QUE, SIN EMBARGO, ADMITIO, NO SABE, EN FIN MACRI.

Macri advirtió que, sin subsidio, el boleto de subte costaría más de 6 pesos

Igual aclaró que la Ciudad seguirá subsidiándolo, aunque también que no saben "cuál debería ser la tarifa de equilibrio". Desde hoy, el manejo del subte pasó a la órbita de la Ciudad.

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En el andén. Si la tarifa subiera mucho, dicen los especialistas, el subte perdería más pasajeros. Martín Bonetto

En el andén. Si la tarifa subiera mucho, dicen los especialistas, el subte perdería más pasajeros. Martín Bonetto

01/01/13 - 13:32

El mismo día en el que el manejo del subterráneo pasó a la órbita de la Ciudad, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, ratificó que su administración seguirá subsidiando el costo del boleto, que, adevirtió, debería costar más de 6 pesos si no tuviera ese aporte estatal.

"Si no hubiese subsidio alguno, (el viaje en subte) estaría arriba de seis pesos", dijo Macri en diálogo con radio Mitre.

Enseguida se encargó de ratificar que la Ciudad seguirá subsidiando parcialmente el boleto (para eso la Legislatura aprobó a fin de año subas impositivas), aunque también especificó que aún desconocen "cuál debería ser la tarifa de equilibrio". "Todas las cosas se ajustan, como nos pasa en la vida diaria por la inflación", justificó.

Además, el jefe de Gobierno ratificó, otras vez, que la línea A será cerrada temporariamente durante el verano para renovar las formaciones. E insistió en que tanto las auditorías internas como las externas recomendaron cambiar los centenarios vagones de esa línea porque "es imposible que dos tipos de equipos convivan simultáneamente".

"La gente necesita viajar seguro y mejor", apuntó sobre esa renovación, al tiempo que se quejó de las críticas que le dispararon desde el Ejecutivo Nacional: "Es sorprendente que el Gobierno opine del subte con el desastre que hizo en Transporte".

Desde hoy y tras una serie de idas y vueltas que se extendieron durante más de un año, el manejo de las seis líneas de subte y el premetro –que siguen concesionadas a Metrovías- pasó a la órbita de la Ciudad. Y en el gobierno del PRO ya están evaluando una serie de aspectos que podrían cambiar tras el traspaso.

CLARIN.COM

GB

QUE HISTORIA SE TERGIVERSA MONSEÑOR???

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Agencia Informativa Católica Argentina

http://www.aicaold.com.ar/index.php?module=displaystory&story_id=21784&format=html

Monseñor Aguer advirtió sobre las “medias verdades”

La Plata (Buenos Aires)
AICA

Tedeum en la Catedral de La Plata

El arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, hizo hincapié en el patriotismo, la gratitud y la esperanza, al presidir el tedeum por el 25 de Mayo en la catedral Nuestra Señora de los Dolores, adonde acudieron el intendente platense Pablo Bruera y el Jefe de Gabinete de ministros de la provincia, Alberto Pérez, entre otras autoridades provinciales y municipales.
     Tras destacar que “el tedeum ha sido siempre la oración por excelencia empleada en nuestras fiestas patrias para dar gracias a Dios”, recordó que “el amor a la patria se llama patriotismo”.

     El arzobispo platense lamentó que la palabra patriotismo “haya caído en desuso” y que “un manto de sospecha la desprestigia, como si el sentimiento que designa pudiera confundirse fácilmente con el alarde excesivo e inoportuno del patriotero”.

     Tras advertir que hay “una tendencia a prescindir de la referencia fundante a las raíces, como si fuéramos seres sin herencia; existe, por consiguiente, una falla, una carencia del sentido de lo comunitario”, recordó que el sentido de pertenencia a una comunidad “es algo más profundo y permanente que el entusiasmo futbolístico por el triunfo en ‘el mundial’ y que la ocasional masificación inducida por consignas ideológicas o el clientelismo político”.

     “La referencia a las raíces –habría que decir a la tradición, en su significado más noble y esencial– hace posible cultivar el sentimiento y afianzar la conciencia de un destino común. Entre nosotros predomina el individualismo de personas o de grupos, la conciencia y el apetito del bien propio sobre la búsqueda del bien común. De allí la fractura, la estratificación de la sociedad argentina con sus secuelas de injusticia y nuestra inclinación atávica a la discordia”, subrayó.

     Monseñor Aguer aseguró, además, que “existe un drama secular en la Argentina, que es la tergiversación de la historia, en la que se han filtrado imposturas manifiestas canonizadas como dogmas. Así ha ocurrido con sucesos clave del siglo XIX, y ocurre nuevamente con hechos más o menos recientes, observados con mirada tuerta, cuya interpretación sesgada mantiene abiertas heridas dolorosas, incentiva la división, perturba los ánimos y extravía el juicio de los jóvenes y de los desprevenidos”.

     “La memoria debe ser integral, la verdad completa; las medias verdades ofrecen mordiente al resentimiento, atizan los rencores, perpetúan el desencuentro. La aspiración ardiente a la justicia no debe servir de disfraz al odio y a la sed de venganza”, dijo, al tiempo que llamó a todos a empeñarse “en procurar la reconciliación y en favorecer la unidad nacional; pero este es un deber sagrado para quienes presiden la comunidad: de su prudencia y magnanimidad depende, ciertamente, la armonía del todo social y la promoción de la paz interior”.

     Por otra parte, monseñor Aguer consideró que “una actitud de esperanza es, precisamente, la que corresponde esbozar en una ocasión solemne como ésta de nuestro bicentenario”, y precisó que “la esperanza de personas de fe, de un pueblo mayoritariamente religioso como éste al cual pertenecemos, se apoya en Dios, que en los salmos bíblicos y en los escritos de los profetas aparece designado como roca, escudo, baluarte inexpugnable, peñasco que sirve al creyente de refugio”.

     “La esperanza es un valor íntimamente personal, pero se verifica también en un sujeto colectivo en la medida en que éste constituye una auténtica comunidad, cohesionada por la amistad social”, indicó.

     El prelado sostuvo que “el bien común es la perfecta realización de la Argentina, de tal modo que cada uno de los habitantes de esta tierra bendita del pan pueda procurarse todo lo que le baste para vivir y para vivir bien; la totalidad incluye los bienes superiores del espíritu, la educación, la cultura, la libertad. No debe haber hijos y entenados, sino ciudadanos que gocen de plenos derechos y cumplan los correspondientes deberes, no meros habitantes ni clientes del poder de turno. El bien precioso de un recto ordenamiento jurídico de la sociedad es una condición principal de esa totalidad de realización; debe ser tutelado por los tres poderes del Estado y no deturpado por leyes inicuas que alteren la esencia natural del matrimonio, que minen la solidez de la familia y entreguen al estrago la vida de los niños por nacer. No son éstas utopías”.

     Por último, monseñor Aguer señaló, citando al papa Benedicto XVI, que el aporte de los cristianos al futuro de la Argentina debe ser poder “mostrar concretamente en la vida personal y familiar, en la vida social, cultural y política, que la fe permite leer de modo nuevo y profundo la realidad y transformarla” y “buscar, en la dialéctica democrática un amplio consenso con todos aquellos que se toman a pecho la defensa de la vida y de la libertad, la custodia de la verdad y del bien de la familia, la solidaridad con los necesitados y la necesaria búsqueda del bien común. Estos bienes han de ser objetos privilegiados de nuestra esperanza y nuestra lucha; son irrenunciables, como es irrenunciable el futuro de otra Argentina posible, de una Argentina mejor”.+
GB