sábado, 29 de diciembre de 2012

LA AGONIA DEL ESTADO DE BIENESTAR

Crisis del euro y agonía del estado de bienestar
Por Norberto Colominas

La caída del Muro de Berlín en 1989 provocó en la Unión Europea una serie de cambios que con el tiempo provocarían una notoria regresión en el equilibro económico y social de posguerra. Caído el comunismo (y atenuado en consecuencia el miedo de las burguesías), la víctima es ahora el estado de bienestar, ya que su nacimiento fue producto de aquel temor, y ahora agoniza porque el comunismo murió hace más de veinte años. Dos crisis distintas, hermanas pero no gemelas, impactan en el viejo continente y condensan aquellos cambios estructurales.

La primera crisis fue provocada por la paulatina subordinación de la producción industrial al capital financiero. El ejemplo más claro –dice el Premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz– es que en 2008, cuando se desmoronan las hipotecas sub-prime, por cada dólar de valores reales como edificios, autos, campos y fábricas (en suma, el PBI mundial) había en circulación 20 dólares de valores simbólicos como dinero, acciones, préstamos, títulos, bonos, derivados, etc. Esta relación de 20 a 1 muestra la escala del sometimiento. La segunda es la crisis del endeudamiento público de la mayoría de los países europeos, sobre todo de los menos desarrollados, que desbordó la relación entre compromisos estatales y PBI. Los gobiernos eludieron con subterfugios las duras restricciones del Tratado de Maastrich (fundador del euro) y ahora la relación deuda-producto y déficit-producto se volvió inmanejable. Sumado a la crisis financiera, ese desbalance arrastró al euro. Y como los países ya no cuentan con sus monedas nacionales no pudieron devaluar para eludir de la tormenta. Otra hubiera sido la canción si España seguía con sus pesetas y Grecia con sus dracmas, pero el euro les ató las manos.

¿Quién estuvo todo el tiempo manejando los hilos detrás del escenario? Tanto la primacía de la especulación sobre el PBI como el desmadre de las deudas estatales confluyen para redondear el gran negocio de la banca mundial, convertido, después, en la excusa necesaria para recortar los programas de educación, salud, jubilaciones, etc. La consecuencia es la regresión de las políticas sociales, porque de su recorte salen los fondos que los gobiernos les dan a los bancos para salir de la crisis generada… por los bancos. Los gobiernos recortarán los beneficios que hoy disfrutan los europeos de a pie para compensar a la gran banca por haberlos perjudicado a todos. El capitalismo también tiene su lógica, sólo que no tiene nada que ver con el sentido común ni con la justicia.

En la Edad Media los siervos de la gleba pagaban fuertes impuestos al señor feudal. No importaba si este hacía las cosas bien o mal, si era generoso o injusto, amable o tirano. Se pagaba o se moría. Ahora es muy parecido. Los europeos tendrán que sufrir privaciones para cubrir las pérdidas de los bancos, generadas por las deudas estatales impagas, que son producto, a su vez, de la escalada especulativa. Los gobiernos de España, Italia, Grecia, Portugal, Irlanda, Islandia y los países bálticos repondrán a la banca tanto el capital prestado como las ganancias no realizadas. Y pagará el ciudadano.

Aparte de esta exacción colectiva, la mayoría de los bancos privados de todo el mundo lava el dinero negro de la venta de drogas, de la evasión impositiva mundial y del tráfico ilegal de armas, que suman unos 6 billones (millones de millones) de dólares/año. Es el corazón negro del capitalismo. La comisión anual de la banca por este servicio es del 16 por ciento, casi otro billón, limpio de polvo y paja. Esto deja claro quién manda en los Estados Unidos, en Europa y en el mundo.

Veintiún años después de la caída del Muro se advierte que el estado de bienestar sólo fue un escudo de protección contra el avance (real o imaginario) del comunismo, y que el publicitado “capitalismo con rostro humano” de la socialdemocracia tuvo más que ver con el miedo que con el humanismo. Hay una relación directamente proporcional entre la implosión del estalinismo y la caída progresiva del estado de bienestar en la Unión Europea, que la crisis del euro aceleró. Como la socialdemocracia no ha podido desarrollar políticas independientes, la crisis la igualó con el liberalismo. Las próximas elecciones europeas medirán el repudio popular ante semejante abandono.

Si la historia la escriben los que ganan, la economía la deciden los que mandan, que es casi lo mismo pero en tiempo presente. En el capitalismo de las últimas décadas las finanzas mandan, la producción obedece y los políticos siguen aportándole dinero público a la banca privada, mientras que en la otra balanza aumentan los desocupados, se congelan los salarios y se desmonta ladrillo a ladrillo la mayoría de los beneficios sociales acumulados durante más de medio siglo. Alemania reducirá el gasto social en 110 mil millones de euros; Francia en 100 mil millones. Otro tanto harán Italia, España, Inglaterra, en fin, todos. ¿Con qué recursos lo hacen? Es un secreto a voces: con los que se quitan al estado de bienestar.

www.elpuercoespin.com.ar

GB

CYNTHIA OTTAVIANO LE RESPONDE A LA NACION

Réplica de Ottaviano a La Nación

El artículo contiene graves errores conceptuales sobre la Defensoría del Público de los medios audiovisuales. El diario todavía no contestó la petición de publicar la aclaración.

La Defensoría del Público, por medio de su titular Cynthia Ottaviano, difundió ayer una carta enviada al diario La Nación, en el marco de una solicitud de derecho a réplica a una columna firmada por el periodista Carlos Pagni el 27/12 "con varias inexactitudes" sobre el organismo. La funcionaria aclaró que hasta el momento, el periódico aún no contestó la petición.

"Afirma Pagni que la Defensoría del Público es una de las dependencias de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), lo cual es incorrecto. A diferencia de la AFSCA, que se encuentra en la órbita del Poder Ejecutivo nacional, el "ámbito de actuación y dependencia orgánica’ de la Defensoría es la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual que funciona en el ámbito del Congreso de la Nación, tal como establece el artículo 20 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley 26.522)", aclara.

"Se equivoca también Pagni cuando asevera que ‘Sabbatella no tiene recursos para Ottaviano’. La ley 26.522 establece con claridad con qué recursos cuenta la Defensoría para su funcionamiento" enfatiza la carta, y detalla disposiciones de los artículos 94 y 97 de la Ley de Medios, donde se legisla sobre los gravámenes que tributarán los titulares de servicios de comunicación audiovisual, de los cuales el 5% de lo recaudado debe ser destinado a la Defensoría.

"Sostiene también el columnista que la Defensoría del Público ‘todavía no está en funcionamiento’. Por el contrario, la Defensoría se encuentra en actividad desde el 14 de noviembre de este año, fecha en que fui designada por resolución conjunta de ambas Cámaras, de acuerdo con el procedimiento previsto en la misma ley" consigna Ottaviano.

Además, el periodista afirmó en forma falaz que Ottaviano todavía trabaja en Tiempo Argentino. "Como es de público conocimiento renuncié al diario Tiempo Argentino y a Radio Nacional, donde también trabajé, el 17 de octubre de este año" informa la funcionaria. El texto completo de la carta puede leerse en http://www.defensadelpublico.com.ar/gp0020.html

29/12/12 Tiempo Argentino

EL OPERATIVO INDEPENDENCIA A JUICIO

La antesala del infierno
Por Diego Martínez

La Justicia tucumana procesó a 17 represores, encabezados por Videla y Mario Benjamín Menéndez, por los secuestros, torturas y asesinatos cometidos en 1975 en el marco del Operativo Independencia, donde se pusieron en marcha los métodos que se generalizaron a todo el país tras el golpe de 1976


DICTARON EL PROCESAMIENTO DE 17 REPRESORES POR SUS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Operativo Justicia por el Operativo Independencia
Por Diego Martínez

La lista de procesados la encabezan Jorge Rafael Videla y Mario Benjamín Menéndez. El juez federal Daniel Bejas los responsabilizó por crímenes contra 269 víctimas, que “configurarían el marco del delito de genocidio tipificado en el Derecho Penal internacional”.

Los centenares de secuestros, tormentos y asesinatos cometidos por fuerzas militares y de seguridad en 1975 en el marco del denominado Operativo Independencia en Tucumán fueron “delitos comunes” perpetrados “en el contexto de un ataque sistemático contra la población civil de quienes detentaban de facto el poder del Estado”. La afirmación que permite tipificarlos como crímenes de lesa humanidad y juzgarlos 37 años después pertenece al juez federal Daniel Bejas, que por delitos contra 269 víctimas procesó a 17 represores, dictó once faltas de mérito y dos sobreseimientos. El juez sostuvo que los crímenes “configurarían el marco del delito de genocidio tipificado en el derecho penal internacional” y rechazó el pedido del Ministerio Público para que se cite a indagatoria a la ex presidenta María Estela Martínez, al considerar que la masacre que que encabezó el general Adel Vilas en Tucumán “no habría contado con la aquiescencia del gobierno civil en su conjunto”. Bejas también destacó que la violencia sexual en aquel contexto “no fue producto de desviaciones particulares, sino que fue ejercida en forma sistemática” y procesó a varios militares como partícipes necesarios. El fiscal federal Pablo Camuña consideró “muy positivo” que el juez “admitió la hipótesis acusatoria de que el Operativo Independencia fue la primera implementación desde el Estado para la persecución y el exterminio de opositores políticos” aunque se manifestó sorprendido por la cantidad de faltas de mérito, que apelará ante la Cámara Federal de Tucumán.
El Operativo Independencia comenzó formalmente el 5 de febrero de 1975 con el decreto secreto de Isabel Perón que ordenó “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos” en Tucumán. Durante los catorce meses anteriores al golpe de Estado y con la excusa de combatir a la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del ERP, 195 personas fueron desaparecidas y 68 asesinadas, en tanto más de 1500 pasaron como secuestradas por La Escuelita, de Famaillá, según admitió el propio Vilas, que murió impune. “Los sectores principalmente perseguidos y lesionados fueron los vinculados con la industria azucarera, la actividad rural, la dirigencia sindical y la defensa de los derechos de titularidad de los sectores más desprotegidos”, sostuvo el juez en su resolución de casi 500 fojas. Definió al operativo como “punto de inflexión en la estrategia de las fracciones de clase dominante orientada a la reconfiguración del sistema hegemónico nacional”. Destacó que el plan represivo se había iniciado en la dictadura de Onganía, pero marcó un quiebre de metodología en 1975: hasta entonces, detenciones y puesta a disposición de la Justicia de “personas sospechadas de actividad subversiva”; a partir de Vilas “se suma la condición ‘clandestina’, sustentándose (la represión) en el secuestro, la tortura, violación y desaparición u homicidio” de supuestos “subversivos” o “la disposición absoluta sobre personas secuestradas”.

Antonio Domingo Bussi, Adel Vilas, el prófugo Héctor Mario Schwab y Mario Benjamín Menéndez, represores del Operativo Independencia.

En el procesamiento se incluyen por el momento los casos de 269 víctimas, que le permiten al juez dar por probado “un ataque sistemático desde el Estado contra una parte sustancial del grupo nacional argentino (obreros, jornaleros, sindicalistas y grupos de personas involucrados con la lucha social con y sin pertenencia política partidaria) a los que se habría identificado como ‘enemigos’ del plan económico y político que definía la ‘nueva argentinidad’”. Con citas del sociólogo Daniel Feierstein, el juez explica que el objetivo no fue eliminar a quienes integraban determinadas fuerzas políticas sino “transformar a la sociedad toda, aniquilando a quienes encarnaban un modo de construcción de identidad social y eliminando –material y simbólicamente– la posibilidad de pensarse socialmente de otro modo”.

Excluido Luciano Menéndez, con agenda saturada por superposición de juicios, la lista de procesados la encabezan Jorge Rafael Videla, que en 1975 asumió como jefe del Ejército, y Mario Benjamín Menéndez, que a siete años de asumir como gobernador militar en Malvinas comandó el primer centro clandestino del país. Los otros militares procesados son Carlos César Delia Larocca, Jorge Omar Lazarte, Ernesto Nicolás Chávez, Jorge Gerónimo Capitán, Alfredo Alberto Svendsen, Pedro Adolfo López y Enrique José Del Pino, que ya fue condenado por sus andanzas en el circuito Atlético-Banco-Olimpo. Otro condenado de la lista es Roberto “El Tuerto” Albornoz, ex mano derecha de Antonio Domingo Bussi. Bejas procesó al ex comisario de la Policía Federal Miguel Angel Moreno y a los policías provinciales Ricardo Héctor Sánchez, Luis Armando De Cándido, Ramón César Jodar, José Luis Del Valle Figueroa, Pedro Roberto Rojas y –sin prisión preventiva– a José Ernesto Cuestas. El listado de faltas de mérito incluye al ex carapintada Jorge D’Amico y al coronel retirado José María Menéndez, primo del ex gobernador de Malvinas. Bejas enumera los nombres de quienes murieron a tiempo y de seis imputados con paradero desconocido: Héctor Mario Schwab (prófugo de vieja data), Juan Carlos Jones Tamayo, José Roberto Abba, Néstor Rubén Castelli, Angel Orlando Castellini y Roberto José Rúveda. Otro grupo de imputados, como el general Ernesto Alais, no pudieron ser indagados por problemas físicos y/o mentales.

Un párrafo aparte merece el caso de María Estela Martínez, cuya indagatoria pidieron los fiscales Camuña y Patricio Rovira. El juez sostiene que la imputación es “débil y confusa” y minimiza el rol de la viuda de Perón. “Desde 1974 las Fuerzas Armadas y de seguridad comenzaron a distanciarse de las autoridades civiles y de las directivas del gobierno constitucional a fin de consumar un plan represivo que comenzó a gestarse desde fines de los años ’60 contra la ciudadanía en general bajo el difuso e intangible objetivo de combatir ‘el enemigo subversivo marxista’”, explicó. “Dicho plan represivo dirigido a la toma del poder civil no habría contado con la aquiescencia del gobierno civil en su conjunto, sino con la complicidad de algunos grupos de ultraderecha directamente vinculados con el accionar del ministro José López Rega”, afirmó. Bejas también refutó la hipótesis de la “guerra interna, subversiva o revolucionaria”. “Dicho concepto exige la existencia de fuerzas armadas oficiales y disidentes, o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre un aparte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”, citó un protocolo adicional al Convenio de Ginebra. Y de haber sido una guerra, agregó, “las Fuerzas Armadas debieron haberse circunscripto a lo establecido por los Convenios de Ginebra que regulan los conflictos armados” y que la Argentina ratificó en 1956. El juez destacó los “delitos sexuales en perjuicio de mujeres y hombres detenidos clandestinas/os” como un delito autónomo de las torturas y recomendó a los fiscales investigar el rol de los funcionarios judiciales que hicieron oídos sordos ante el terrorismo de Estado versión 1975.


EL OPERATIVO INDEPENDENCIA QUE LOS MILITARES DESPLEGARON EN TUCUMAN
Banco de pruebas de la represión
Adel Vilas, Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y Mario Benjamín Menéndez, en Tucumán, durante el Operativo Independencia.
Imagen: Gentileza La Gaceta

Empezó en febrero de 1975. Fue implementado a partir de un decreto firmado por la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón para “neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos” en territorio tucumano.

Por Adriana Meyer

Algunos historiadores sostienen que el Operativo Independencia fue el inicio del tercer genocidio, luego del tramo local de la conquista de América y de la conquista del desierto que implicaron criminales golpes contra los aborígenes. En tanto, para la Justicia fue concretamente un “banco de pruebas” represivo. El 5 de febrero de 1975 el Poder Ejecutivo, mediante un decreto del gobierno de María Estela Martínez de Perón, dispuso la intervención del Ejército en la lucha contra la guerrilla en Tucumán con el objetivo de “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a los efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos” que actuaban en esa provincia. La Conadep determinó que durante la etapa del Operativo Independencia se produjeron 114 desapariciones.

Cuando el gobierno de la viuda de Perón dispuso esa medida habían cobrado resonancia los procedimientos armados del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en zonas rurales tucumanas, en especial en áreas de bosques, y en localidades al sur de la capital provincial. Eran ataques a instalaciones militares, bloqueos de rutas e incluso copamientos de pueblos, y de este modo la guerrilla había conseguido el dominio de determinados espacios. El Ejército, en conjunto con la Fuerza Aérea, tenía en la mira a la compañía Ramón Rosa Jiménez del ERP, que buscaba crear un foco revolucionario en el monte tucumano. El general Adel Vilas, que estuvo a cargo del Operativo Independencia, enunció que se trataba de una “guerra eminentemente cultural” contra ideas y valores de universitarios, profesionales, religiosos, científicos, artistas e intelectuales de San Miguel de Tucumán, porque según este represor la guerrilla en el monte era sólo la manifestación armada del proceso subversivo, y no la más importante. La metodología del operativo incluyó secuestros por parte de represores vestidos de civil, el cautiverio clandestino de los detenidos que en su mayoría eran alojados en lo que fue el primer centro clandestino llamado la Escuelita de Faimallá, además de la tortura, la eliminación y ocultamiento de los cuerpos y la negación oficial de estas prácticas.

Durante 1975 y a principios de 1976 hubo enfrentamientos en las localidades de Santa Lucía, Potrero de las Tablas, El Cadillal, y el sorpresivo ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, que fueron protagonizados por la Brigada de Infantería 5 del general Vilas. La justificación del accionar represivo que dieron los militares fue precisamente invocar ese decreto del PEN 261/1975 con el cual aplicaron en la provincia más pequeña su llamada guerra contrarrevolucionaria, que los franceses primero y los norteamericanos después les habían enseñado: localizaban los campamentos de adiestramiento de los guerrilleros y los capturaban, o bien los abatían en el lugar. Los genocidas Vilas y Domingo Antonio Bussi, que lo reemplazó, diezmaron a los combatientes del ERP.

El ex gobernador en Malvinas, Mario Benjamín Menéndez, revistió con el grado de coronel en la Brigada de Infantería de Monte V y participó del Operativo Independencia. Hace dos meses, cuando fue detenido en el marco de esta causa (ver nota central), dijo sobre aquellos días: “Para ser dictadura faltaba, era una dictablanda, hay gobiernos electos como el de Hitler que era una dictadura con exterminio y campos de concentración, mientras que acá no hubo campos de concentración, sino lugares de reunión de detenidos”.

El periodista Marcos Taire explica que “la gran represión en Tucumán comenzó en febrero del ’75 con el Operativo Independencia, que tuvo la complicidad de toda la conducción política de ese momento. Don Amado Juri (entonces gobernador) aplaudió el accionar del general Vilas y lo condecoró el día que se fue. Carlos María Torres, intendente de Tucumán, era íntimo amigo de Vilas, lo visitaba en Faimallá, y bautizó una plaza con el nombre del capitán (Humberto) Viola, que fue muerto por el ERP”.

Claramente el gobierno constitucional había dado luz verde para que las fuerzas represoras cargaran contra todo aquel que implicara un freno a sus intenciones. Pero, ¿quiénes eran los subversivos a ser aniquilados? Todos aquellos que no estuvieran alineados en el proyecto ultraliberal o se opusieran a las ideas de aquella oligarquía. De hecho, el ex dirigente del PRT-ERP Luis Mattini explica que “está fehacientemente demostrado que el sustento ideológico de los militares argentinos fue la fusión del más oscuro catolicismo del pensamiento nacional con el integrismo católico francés y la tesis de la guerra antisubversiva, plasmados en la llamada Doctrina de Seguridad Nacional. A partir de 1975 las Fuerzas Armadas Argentinas actuaron según el modelo establecido por los instructores franceses en la llamada Batalla de Argel. (Reynaldo) Bignone lo declaró sin ambages cuando dijo que actuaron con el reglamento en la mano, y que el Operativo Independencia fue una copia del plan de la Batalla de Argelia”.

Con el acompañamiento de todo el arco político, el decreto legitimaría el accionar represivo que comenzó a poner en funcionamiento la maquinaria del genocidio. El gobierno nacional legitimaba de esta manera la acción que había iniciado la Alianza Anticomunista Argentina, legalizando el comportamiento delincuencial de los militares genocidas.

El Operativo Independencia todavía tiene quien lo reivindique. Se trata de un grupo de ex soldados denominado “rodillas negras”, que en septiembre de 2008 se permitieron desfilar en Orán por los festejos del aniversario 214 de esa población. En aquella oportunidad, autoridades salteñas aseguraron que se “colaron” detrás de los veteranos de Malvinas.

29/12/12 Página|12
 

AFSCA SIN VACACIONES

Por Irina Hauser

Apenas empiece 2013, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) le pedirá a la Cámara en lo Civil y Comercial que habilite el período de feria judicial y trabaje en enero para acelerar el trámite del caso Clarín, donde debe fallar sobre la constitucionalidad de cuatro artículos de la ley de medios que definen las reglas de adecuación y los límites de concentración de licencias. Lo que sucede es que anteayer la Corte Suprema avaló la extensión de la medida cautelar que exime al multimedios de la obligación de desinvertir y definió que durará hasta que esa Cámara dicte la sentencia definitiva. Aunque el alto tribunal les dijo a los camaristas que se deben expedir “dentro de la mayor brevedad posible”, no les puso un plazo definido ni fue tan tajante como con el juez de primera instancia, Horacio Alfonso, a quien le había ordenado dictar sentencia en forma “inmediata”. Por eso, el objetivo del Gobierno es lograr que la “brevedad” que piden los supremos sea real y no una mera expresión de buenos deseos.



En la resolución de esta semana la Corte Suprema rechazó el pedido de per saltum del Gobierno, que quería que se expidiera sobre la cuestión de fondo, pero abrió el recurso extraordinario porque lo que estaba en discusión era si la Cámara en lo Civil y Comercial, un tribunal inferior, la había contrariado al extender la cautelar de Clarín. El alto tribunal debía definir si los camaristas habían desconocido su decisión de mayo último, que puso el 7D como fecha de vencimiento de esa medida provisoria. Las cautelares argumentaron reiteradas veces Sus Señorías, no pueden durar eternamente porque pueden convertirse en sentencias de hecho. Sin embargo, esta vez dijeron que la cautelar podía continuar porque la sentencia de fondo ya no es un desenlace tan lejano ni se vislumbran actitudes obstruccionistas de las partes en la causa.

Otro había sido el apuro el mes pasado, cuando los cortesanos habilitaron días y horas para que Alfonso dictara la sentencia de fondo en primera instancia. Alfonso rechazó los planteos de inconstitucionalidad de Clarín, y la apelación de la empresa dejó la sentencia en suspenso. Con la vigencia de la cautelar confirmada por la Corte, el Gobierno no puede continuar con la transferencia de licencias de oficio y tiene que esperar la decisión de la Cámara, que según las reglas procesales tiene dos meses para decidir, aunque es considerado un plazo ordenatorio o estimativo. Lo que resaltó ayer el ministro de Justicia Julio Alak es que la Corte también dijo en su fallo del jueves que el período de un año para adecuarse a los límites de la ley de medios ya terminó, en diciembre de 2011, de modo que si el tribunal de alzada falla contra el multimedios ya se podrá ejecutar el pase de manos de sus licencias excedentes.

El Gobierno, a través de la Afsca, pedirá el 2 de enero –con moderadas expectativas de éxito– que la Cámara habilite las vacaciones para apurar el expediente dada la “urgencia” y la “gravedad institucional” que implica el hecho de que una ley sancionada hace tres años aún no haya podido adquirir plena vigencia. En teoría, la Sala I, que es la misma donde está radicado el caso, es la que estaría de turno en la feria judicial y la que deberá responder el pedido del Poder Ejecutivo. “La estrategia final de Clarín es extender la cautelar y la indefinición de la constitucionalidad de la ley hasta las próximas elecciones, con la esperanza de que se modifique la composición del Congreso y que se deroguen los artículos” de la norma cuestionados, advirtió el ministro Alak.

“Le hará muy bien a la democracia que esto se resuelva cuanto antes, ya que algo no funciona bien si pasan más de tres años para que pueda aplicarse una ley votada por amplias mayorías en el Congreso y avalada con una sentencia de constitucionalidad de un juez federal”, señaló el titular de la Afsca, Martín Sabbatella. Como “los plazos para la adecuación voluntaria están vencidos”, dijo, “en cuanto se resuelva la cuestión de fondo continuaremos con el proceso de transferencia de oficio”.


DAN SEIS NUEVAS LICENCIAS SOCIALES
Sin fines de lucro
La Afsca aprobó el otorgamiento de seis licencias a organizaciones sociales y comunitarias sin fines de lucro de diferentes puntos del país, bajo el régimen especial circunscripto en el artículo 49 de la ley de medios.

En la norma se establecen mecanismos de adjudicación directa para emisoras de muy baja potencia instaladas en sitios de alta vulnerabilidad social y/o de escasa densidad demográfica, cuyo objetivo sea la difusión de contenidos de carácter social. Los adjudicatarios son el colectivo de educación popular Abrojos y la fundación Calchaquí de Tucumán; la asociación de campesinos Caxi de Mendoza; las bibliotecas populares La Bicicleta y Leopoldo Lugones de Córdoba; y la Cooperativa Agropecuaria Forestal de Transformación, Comercialización, Vivienda y Consumo La Costeña de Occap, de Santiago del Estero. También recibió un licencia la FM 92.9 de Mendoza. Además el Fondo Nacional de la Artes, en convenio con Afsca, distribuyó los primeros subsidios para la adquisición de equipos de radio a organizaciones sin fines de lucro con perfil artístico y cultural. Desde el ente estatal afirmaron que “el desarrollo y fomento de estas políticas, que fortalecen a los actores ya existentes y fomentan la generación de nuevas voces y miradas, son parte del espíritu mismo de la ley” y “un paso más para lograr su plena aplicación” siguiendo “los principios de pluralidad, diversidad e inclusión”.

29/12/12 Página|12
GB

CFK NO ES ALFONSIN NI MUCHO MENOS DE LA RUA



 
 
OFICIALISTAS Y OPOSITORES SE CRUZARON POR LOS DICHOS DE LA PRESIDENTA
La denuncia generó revuelo
Diputados del kirchnerismo como Conti y Landau salieron a respaldar las afirmaciones de la Presidenta sobre las responsabilidades de los saqueos. Facundo Moyano defendió a su padre. El radicalismo tuvo opiniones divididas.

La Presidenta sostuvo el jueves que los incidentes que sacudieron la semana pasada a Bariloche, Rosario y varias localidades bonaerenses son “un manual de operaciones políticas para el saqueo”, responsabilizó a sectores políticos y sindicales y señaló que sectores del PJ también participaron en situaciones similares que vivió el país en 1989 y 2001. La definición no pasó inadvertida para opositores y oficialistas. “Me parece un acto de sinceridad elogiable”, sentenció el senador radical Ernesto Sanz sobre la referencia presidencial a la participación del PJ en los saqueos de 2001, en tanto que el titular de la UCR, Mario Barletta, reclamó a la Presidenta que “si tiene elementos (para acusar a políticos y sindicalistas) vaya a la Justicia y los denuncie”. Facundo Moyano volvió a defender a su padre, el camionero Hugo Moyano, de las acusaciones de los funcionarios nacionales, pero evitó referirse a la Presidenta. En tanto, el oficialismo adhirió a la postura presidencial. “Son sectores que trabajan con la marginalidad social y que hacia afuera se identifican con el peronismo, pero que no participan de la vida partidaria”, dijo el apoderado del PJ Jorge Landau. “Son sectores duhaldistas que, en general, hoy abrevan en el PJ disidente”, sumó la diputada K Diana Conti.

Dirigentes alineados con la CGT opositora que comanda Moyano insistieron en rechazar las declaraciones que los vinculan a los saqueos de la semana pasada. Uno de ellos fue su hijo, el diputado Facundo Moyano, que aún integra el bloque oficialista en la Cámara baja. “No entiendo la irresponsabilidad de los funcionarios que, no teniendo pruebas, acusaron y se sumaron a esta campaña de desprestigio sobre la figura de mi padre”, sostuvo Moyano hijo en referencia al secretario de Seguridad, Sergio Berni, y el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.

Los funcionarios habían señalado la participación de un delegado del gremio de Camioneros en los saqueos de la ciudad bonaerense de Campana. “El primer supermercado que se atacó fue uno que viene sufriendo presiones de un gremio” para que sus trabajadores pasen de un gremio a otro, sostuvo la Presidenta en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada en una referencia directa a una práctica sindical habitual de los Camioneros. Sin embargo, Facundo prefirió esquivar una alusión directa a la Presidenta y dijo que se trata de una “campaña de desprestigio” que “antes vivíamos desde los medios de comunicación y ahora desde el Gobierno”.

Los radicales también tomaron una parte del discurso presidencial. “El final trágico, violento, turbulento del gobierno de Fernando de la Rúa tuvo mucho más que ver con factores ajenos que con los del propio gobierno, y que la Presidenta lo esté reconociendo me parece un acto de sinceridad elogiable”, sostuvo Sanz. El senador mendocino afirmó que le parece “bien” que Cristina Kirchner reconozca algo que desde el radicalismo “vienen denunciando hace tanto tiempo”.

El presidente del Comité Nacional de la UCR lamentó que la Presidenta “parece preocupada por ver de qué modo genera más confusión”. Barletta también dijo que “sorprenden” las acusaciones de la Presidenta porque “no se sabe si son expresiones pensadas o si son cuestiones que las dice sin fundamento” y reclamó –en relación con los sectores políticos y sindicales que habrían estado involucrados– que “si tiene elementos vaya a la Justicia y los denuncie”.

El kirchnerismo se encolumnó con la Presidenta. “Cristina identificó a esos sectores políticos que trabajan con sectores marginales de la sociedad y que quisieron materializar una situación igual que en aquel momento, en 2001. Son sectores que se identifican hacia afuera con el peronismo, pero que no participan de la vida partidaria”, dijo el diputado y apoderado nacional del PJ, Jorge Landau.

La diputada Conti fue más precisa. “Me pareció importante que Cristina se identifique como peronista, pero por sobre todo como argentina y que en virtud de lo que nos tocó vivir en el país no tenga tapujos en señalar a propios y ajenos. Considero que son sectores duhaldistas que, en general, hoy abrevan en lo que se conoce como el PJ disidente”, afirmó.

29/12/12 Página|12
GB

LA DEUDA Y LA OPINION DEL CHICAGO TRIBUNE

Deudas soberanas: ¡Triunfo argentino!
Collective Action Clauses (CACs), Diario Chicago Tribune

Por Eduardo Román Di Cola*

A propósito del juicio que se está ventilando en la Corte de Nueva York en contra de los fondos buitre, por el tema de nuestra reestructuración de deuda, debemos tener presente que la experiencia Argentina sigue abriendo caminos en el mundo desarrollado.

Lo que en el 2003 fue planteado como una locura por quienes aún continúan pronosticando fracasos, hoy es una referencia que está siendo plasmada en normas tendientes a generar mercados más transparentes y evitar las especulaciones usurarias de los fondos buitre.
La euro zona dispuso que a partir del primero de enero del 2013 toda nueva emisión de bonos deberá contener la cláusula que en caso de ser necesaria la reestructuración de deudas soberanas, la aceptación de los dos tercios (2/3) de los acreedores será suficiente para forzar la aceptación al resto que no acuerde.

Es decir, con el apoyo del 66% de los tenedores de bonos, el 100% de los acreedores estarán obligados a aceptar la reestructuración de deuda soberana.

Así lo informa el diario Chicago Tribune que titula:
Analysis: Euro zone bond clause highlights rich nation default risk
(traducción: “Análisis: Cláusula sobre bonos en euro zona resalta riesgo de default de países ricos”).

En sus principales párrafos señala:
“London (Reuters). Cuando el Grupo de 10 (G10) países más ricos exigieron disposiciones para hacer más fácil la reestructuración de las deudas soberanas, ellos nunca pensaron que se aplicarían para sus propias deudas.”
(texto original: “London (Reuters) - When 10 wealthy countries first demanded legal provisions making it easier to restructure government bonds in a crisis, they never thought this would apply to their own debt”) .

“Una década atrás el G10 tuvo en mente a países como Argentina y México, y finalmente desde la próxima semana los nuevos bonos gubernamentales de la euro zona tendrán incluido “cláusulas de acción colectiva” (CACs)”
(texto original: “A decade ago the Group of 10 had places like Argentina or Mexico in mind, and yet from next week new euro zone government bonds will include these "collective action clauses" –CACs-.)

“La aplicación de tales cláusulas -la cuales pueden forzar a los inversores a aceptar grandes pérdidas en sus bonos- admiten que un país desarrollado puede ir a la bancarrota y al default de su deuda, ya no solo se trata se preservar mercados emergentes”.
(texto original: “Applying such clauses - which can force investors to accept big losses on their bond holdings - acknowledges that a developed country can go bankrupt and debt default is no longer the preserve of emerging market governments”.)

“Desde su propia perspectiva, la euro zona ha visto razonable insertar estas cláusulas. Una ausencia de las mismas le permitió a tenedores de bonos griegos obtener grandes beneficios evitando suscribir acuerdos con dicho país”.
(texto original: “From its own perspective, the euro zone has sound reasons for inserting the clauses. An absence of CACs on many Greek bonds allowed hedge funds to make big profits by dodging a write down of the country's privately-held debt earlier this year”.)

“Desde el primero de enero próximo toda nueva emisión de bonos en la euro zona deberá contener cláusulas de acción colectivas (CACs), convirtiéndose en el primer mercado en imponerlas en forma rutinaria”.
(texto original: “From January 1, 2013 all newly-issued euro zone government bonds will carry CACs, making it the first developed market to impose such clauses routinely”).

“Estas cláusulas permitirán a los dos tercios (2/3) de los bonistas que acuerden la reestructuración, forzar la aceptación al resto que no acuerde. En el futuro todos tendrán participación en el dolor para el caso que un gobierno tenga que seguir el mismo camino que Grecia y necesite cortar radicalmente la carga de la deuda y evitar el default”.

(texto original: “They will allow a two-thirds majority of bondholders that agrees to a restructuring to force a dissenting minority to participate. In future, everyone will have to share the pain, should a government go the same way as Greece and need to cut its debt burden radically to avoid defaulting”).

“El objetivo es hacer esto más fácil y menos costoso para los gobiernos que reestructuren sus deudas”.
(texto original: “The aim is to make it easier and less costly for a government to restructure its debt”).

“El G10, que incluye varios países de la euro zona, espera evitar una repetición de la crisis Tequila de México durante 1994/95 o el caso de tenedores de bonos que rechazaron el acuerdo propuesto por Argentina y que complicaron su reestructuración de deuda en 2001”.
(texto original: “The group, which includes several euro zone countries, hoped to avoid a repetition of the U.S. bailout of Mexico during the "tequila crisis" of 1994-1995 or the large number of holdouts - investors who refuse to accept a debt writedown voluntarily - that complicated Argentina's restructuring in 2001”).

El 93% de aceptación logrado por parte de los acreedores en la reestructuración de deuda de nuestro país, fue bastante más exitosa que el 66% exigido por la norma.
Ante su propia crisis los países de la euro zona comprendieron la necesidad de transparentar la situación de sus deudas soberanas, generando reglas claras en obturen toda posibilidad de especulación por parte de los usureros internacionales.

La enseñanza argentina les abrió el camino … y sus cabezas.

Link con diario Chicago Tribune
http://www.chicagotribune.com/business/sns-rt-us-eurozone-debt-cacsbre8br08b-20121228,0,6405217.story


* Diputado Nacional (mandato cumplido)

EL FRACASO DE LOS SAQUEROBOS, POR LUIS BRUCHSTEIN

Saqueos
Por Luis Bruschtein

El Gobierno estuvo dos días con el corazón en la boca pero finalmente los saqueos terminaron favoreciéndolo. Un final de año con suspenso. La remake de otros finales de año que se llevaron puestos a otros presidentes. Imágenes persistentes de un país sumergido, de necesidades insoportables y desbordadas. Pero nada era real, era nada más que una imitación y por eso no pudo expandirse como en esos otros finales de año explosivos y definitorios. Dos presidentes, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, no sobrevivieron a esos escenarios. Y Cristina Kirchner hubiera seguido ese mismo camino si el país hubiera sido el mismo. Si faltaba algo para comprobar que las cosas han cambiado, la sobrevivencia del Gobierno sin demasiado sobresalto a esta embestida, que hasta ahora había sido imbatible, se suma como prueba de parte.

El país no es el mismo ni siquiera en el contexto de uno de los años más difíciles para la economía. Una cosa es segura, si hubiera habido otro gobierno con otra política, los saqueos se hubieran extendido, la clase media empobrecida se hubiera sumado con los desocupados a la cabeza y de la mano de los jóvenes sin destino. Fue lo que pasó en los saqueos anteriores, organizados por punteros, que funcionaron como disparadores en un contexto inflamable.

Hay muchos problemas económicos, sociales, laborales y demás sin resolver, pero la instancia de la violencia y el saqueo es la última, la que se dispara en una situación sin salida, una que genera hambre y no da de comer. El saqueo no es una característica del pobre, sino del desesperado en todos los niveles. Ser pobre no es sinónimo de saqueador, por eso los pobres no se sumaron a los saqueos. Por esa misma razón, la violencia quedó muy focalizada en siete u ocho puntos en todo el país, en cada uno de los cuales participaron entre trescientas y cuatrocientas personas. En los hechos que se produjeron en esas siete u ocho localidades en todo el país habrán participado en total unas tres mil personas. El intento de generar una insurrección violenta fracasó estrepitosamente. Todo lo que se hizo fue organizado.

El fracaso de los organizadores fue justamente que no lograron que se sumaran hechos espontáneos a los que debían funcionar como disparadores. Y ese fracaso se convirtió en el mayor triunfo del gobierno. El pobre que tiene trabajo se quedó en su casa y el que tiene la asignación también. El enojado de clase media se alegró con los saqueos pero no salió a la calle como en el 2001. Lo pensó dos veces y se dio cuenta de que no le convenía, de que le va bien. El fracaso de los saqueos puso en evidencia un país con problemas pero contenido, muy lejos de los escenarios caóticos de la hiperinflación de 1988 y el corralito de 2001. Pero trajeron a la memoria aquellos momentos y a sus responsables, muchos de los cuales hoy se hacen los distraídos.

El país no es un paraíso, bajaron mucho la pobreza, la indigencia y la desocupación en relación con 2003, pero son problemas que todavía subsisten y que golpean siempre sobre los sectores más vulnerables. Que no son los caceroleros, ni las patronales rurales, ni los que tienen que pagar Impuesto a las Ganancias. Los problemas están en los miles de trabajadores en negro o con trabajo chatarra que no son incluidos en las protestas de Pablo Micheli y Hugo Moyano. Aun así, esos trabajadores pobres prefirieron su trabajo chatarra al saqueo. Ellos van a luchar por mejorar sus condiciones laborales en vez de saquear un shopping.

Todos los indicios apuntan a sectores de la derecha del PJ, punteros de las distintas variantes del peronismo disidente cuyas bases territoriales muchas veces se mezclan con expresiones gremiales opositoras, en líneas clientelares que se superponen. En ese desorden hay una sintonía que funciona como orquesta en los desmanes. Hay dinero que se ofrece, promesas de que se va a liberar un supermercado, maleantes que son atraídos por la idea del delito fácil y algunos que de buena fe acuden a la posibilidad de mejorar la mesa de las fiestas.

Los corresponsales extranjeros, ideológicamente hostiles en general a los gobiernos populares latinoamericanos, se apresuraron a magnificar los desórdenes y a equipararlos con los de finales de 2001. Anunciaron y festejaron el supuesto derrumbe del país. Se enfocaron principalmente en los planes sociales, a los que en algunos casos definen como mentiras del oficialismo y en otros como medidas populistas que no resuelven los problemas de los pobres.

La evaluación errónea de este pequeño sector del peronismo que incitó y organizó los desmanes terminó por fortalecer lo que quería debilitar. Fue traicionado por una especie de sentimiento triunfalista que en general suele atacar en forma cíclica a la oposición. Se habla de encuestas desfavorables para el oficialismo, de una situación similar a la de 2009 y se festejan por anticipado derrotas que después no se producen. Nunca se sabe si un opositor habla en serio cuando subestima lo que se hizo en estos diez años y describe cuadros apocalípticos, o si lo hace para enfatizar su lugar de opositor. Si cree en lo que dice, seguramente va a derrapar. Este Gobierno ha logrado una empatía con los sectores más humildes que no tenía en 2009. Esa empatía no es militancia, ni siquiera es voto asegurado. Es nada más y nada menos que colocarse en el lugar que estos sectores humildes sienten como más próximo a ellos en política. Esto quiere decir que con poco esfuerzo el oficialismo mantiene un piso que está muy por encima del piso de cualquiera de sus contendientes dentro del peronismo y fuera de él. Y es un piso superior aún al piso histórico del peronismo, que rondó por encima del 30 por ciento.

El 2012 ha sido un año difícil, pero 2013 se anuncia alentador. El Gobierno pudo sortear este año sin tantas bajas sobre la base de un hiperactivismo en el plano de la economía y en el de la política. No es un protagonista que baja los brazos y se deja ganar fácilmente. En cambio, la oposición se mantiene en un punto de ambigüedad. Por un lado actúa como si pensara que el kirchnerismo ya no tiene ningún apoyo, pero por el otro lado no oculta su preocupación ante cualquier posibilidad de re reelección de Cristina Kirchner. Y tanto rechazo quiere decir que piensan que ella es imbatible. Mientras la oposición no achique diferencias, si la Presidenta es imbatible, a cualquier candidato que ponga estará en condiciones de ganarle, aunque la diferencia no sea tan grande.

Ninguna fuerza es imbatible, pero es una equivocación subestimar el impacto que han tenido las políticas sociales, porque allí se ha producido un cambio. Y en ese sentido, ha sido muy útil la experiencia que dejaron los saqueos. En las zonas suburbanas de mayor concentración popular –en el sur y en La Matanza, por ejemplo– prácticamente no se movió nada durante los saqueos. En cambio éstos se produjeron en localidades como Bariloche o San Fernando, en Rosario, Campana y Zárate. Campana es el lugar del país con menos desocupación. Allí se montó un saqueo con grupos de barrabravas que no lograron convertirlo en masivo. En Bariloche y Gobernador Gálvez, se montaron sobre situaciones sociales graves. En el primer caso, por el desempleo originado en la caída del turismo por la ceniza del volcán Copahue, de la que recién ahora se está recuperando, así como por la lentitud del nuevo intendente en dar respuestas. En la localidad santafesina, por las inundaciones recientes que sufrió esa localidad y la misma lentitud del gobierno local para actuar.

El fracaso de los saqueos tiende a expresar que la situación tiene muy pocos puntos de contacto con la de 2001 y que para regresar a un cuadro parecido habría que desmontar varios de los avances que se han producido y a los que la sociedad ya considera como derechos adquiridos.

29/12/12 Página|12
GB