memoria identidad y resistencia

martes, 30 de octubre de 2012

CONVICCIONES

La pelea por las convicciones y los riesgos de quedar del lado equivocado
Por Felipe Yapur

El 25 de mayo de 2003 Néstor Kirchner asumió la presidencia y en su primer discurso pronunció una frase que luego sería muchas veces recordada y repetida: "Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias; me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada."

Mucho ha sucedido en estos últimos tiempos en el Congreso que no ha dejado de darle actualidad y valor a aquella frase. Las convicciones existen y las hay para cada partido y las sostienen ideologías que los orientan. Sirven, como se demostró en estos diez años, para legislar a favor de un modelo que contiene y favorece a las grandes mayorías o, así de simple, estar con los privilegios y las minorías. Es decir, se puede estar del lado correcto o del equivocado. El primero tiene importantes beneficios para el conjunto de la sociedad, el otro acarrea costos altísimos.

A principio de este siglo, la Argentina vivió esos dos lados. Comenzó el nuevo mileno pagando los costos del modelo neoliberal que implementó el justicialismo del menemato y que profundizó la Alianza que encabezó la Unión Cívica Radical. El justicialismo menemista aplicó, con la convicción de un converso, la receta neoliberal y el Parlamento fue un escenario excluyente. Aquellos legisladores del PJ votaron las privatizaciones, convencidos, corrompidos por la avaricia menemista e incluso por disciplina partidaria. Más tarde, la Alianza cometió el mismo pecado y sus legisladores votaron las peores leyes por convicción, disciplina y, como se juzga por estos días, hasta con una Banelco. Los resultados de esos gobiernos, desempleo, pobreza, indigencia, ignorancia, individualismo e incluso costos en vidas, tienen todavía hoy efectos negativos y dañinos.

Ambas experiencias de gobierno demostraron en demasía lo que significa dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada.

Desde 2003 es mucho lo que se hizo para revertir algunas de esas consecuencias. Son muchos y poderosos los grandes intereses corporativos que ganaron espacios y se muestran hoy como algo natural en la vida social, económica y política de la Argentina. Es parte de una batalla cultural que todavía no terminó de librarse, porque para muchos es normal que existan monopolios, que ganan miles de millones gracias a sus privilegios, y que logran que "la gente" lo considere como de sentido común.

En ese escenario el kirchnerismo ha conseguido grandes avances, muchos de los cuales se asentaron con leyes aprobadas incluso en épocas de debilidad política. Los efectos positivos de esas normas, reestatización de las AFJP, YPF, Papel Prensa, Ley de Medios, matrimonio igualitario, identidad de género, muerte digna, por citar algunas, han sido receptadas, comprendidas y asumidas como propias por vastos sectores de la sociedad. De alguna manera fungen como la prueba de que no se abandonaron las convicciones en las puertas de la sede del gobierno nacional. Esta es una de las garantías por la que Agustín Rossi aseguró que la nueva ley que rige a las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART) no es un retroceso ni un cambio en la dirección del modelo.

Todas estas leyes y programas sociales que desarrolla el gobierno de Cristina Kirchner generaron beneficios para sectores de la sociedad históricamente excluidos pero también a las otras clases sociales, incluso a las más ricas. Ello no detuvo la generación de enemigos, a la sazón grupos de la economía concentrada, que en defensa de sus privilegios y beneficios, que se contabilizan en miles de millones de pesos, pueden llegar a prescindir del sistema democrático. De hecho, muchos ya lo hicieron y pueden no dudar en recurrir a cualquier mecanismo para, en el mejor de los casos, erosionar el poder político del gobierno de CFK.

Es lamentable, pero se hace difícil pensar que entre los partidos de la oposición, existe esa misma firmeza ante la embestida de los grupos de poder. Por caso, el día en que los gendarmes abandonaron sus tareas para realizar una polémica manifestación, una reunión de urgencia se realizó en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. La idea era firmar un duro documento de respaldo a la democracia, a las instituciones y al gobierno de Cristina Kirchner. Los grandes grupos mediáticos, Clarín y La Nación, cubrían con fruición todo lo acontecido que transformaba la supuesta movida por reclamos salariales en algo más parecido a una revuelta con tintes destituyentes. Los referentes de los bloques opositores, al parecer influenciados por esos incesantes mensajes mediáticos, consideraron exagerados los argumentos del texto y con encendidos discursos y diatribas los fueron arrancando para terminar con una declaración casi de compromiso. Si el resultado final dejó perplejo a los legisladores del FPV, mucho más decía el rostro de espanto que mostró al autor original del documento, uno de los referentes de los diputados del PRO.

La ausencia de firmeza y convicción en sus ideas de la mayoría de las fuerzas parlamentarias opositoras, que se relamen por ver hocicar al oficialismo, permite que los grupos concentrados ocupen un lugar que no conocen, desprecian pero, sobre todo, no les corresponde en el complejo juego de la democracia. El tiempo pasa y el peligro es que los partidos de la oposición, en eso de no hacerse cargo de su rol, terminen del lado equivocado.

29/10/12 Tiempo Argentino

GB

La defensa efectiva de la soberanía nacional
Por Alberto Dearriba

Los avances logrados por los fondos buitres en la justicia de Nueva York y en Ghana desataron en la Argentina críticas de opositores que no se escucharon cuando el país se endeudaba en forma suicida o cuando se aplicaba una política económica que priorizaba intereses externos, por encima de los nacionales y populares.

El embargo de la fragata Libertad es ciertamente una agresión a la soberanía nacional que el gobierno está dispuesto a defender como lo hizo con otros 48 bienes atacados por los fondos buitres, pero es preciso advertir mucho más se cedió cuando se convirtió al país en un mercado dedicado a importar bienes, servicios y chucherías.

El emblemático navío de la Armada tiene un valor económico de alrededor de 40 millones de dólares -sumamente inferior a su simbología- en tanto la aplicación de las políticas neoliberales generaron una deuda externa impagable, que se convirtió en la más extraordinaria herramienta de dominación de los sectores financieros internacionales.

Quienes atacan al gobierno ante la agresión externa de sus socios, olvidan que la patria no es sólo un bien intangible expresado en los colores celeste y blanco de la bandera, sino la capacidad de un pueblo de decidir soberanamente el tipo de gobierno, su política económica y su modelo de país.

Desde la restauración de la democracia en 1983 hasta el estallido del 2001, el Fondo Monetario Internacional y la banca mundial decidieron no sólo la política económica de los argentinos, sino también cuestiones puntuales como es el monto que el Presupuesto nacional dedicaría a la educación o la salud.

La vida de los argentinos -la alimentación, el vestido, el transporte, el trabajo y la educación-estuvo signada por las políticas del Consenso de Washington durante más de dos décadas y media, sin que a quienes intentan condenar al gobierno por una supuesta resignación de soberanía se les hubiera ocurrido que se mancillaba a la Nación.

Quienes condenan ahora al gobierno por el error de haber permitido que la fragata Libertad ingresara al puerto de Tema o por mantener el cerrojo para los fondos que se negaron aceptar la propuesta de canje que incluyó al 93 por ciento, son los mismos que mantuvieron un silencio cómplice cuando la última dictadura militar quintuplicó la deuda externa.

Resulta que ahora se le carga alegremente la factura del festival de bonos a un gobierno que gobernó nueve años casi sin tomar deuda externa y pagando en cambio los platos rotos de administraciones anteriores, cuyos desaguisados corrigió en gran medida.

Los medios que ahora se rasgan las vestiduras por el deshonor que implica la detención de la orgullosa fragata en un lejano puerto africano, son los mismos que apoyaron la financiación de un tipo de cambio ficticio con endeudamiento externo, lo cual provocaba además el cierre masivo de fábricas.

A quienes hoy se muestran afectados por la soberanía nacional ultrajada no les pareció que se cedía autonomía nacional cuando se remataban los bienes estratégicos del estado, algunos de los cuales fueron recuperados por el kirchnerismo con la obvia oposición de los conservadores.

Tampoco les pareció una pérdida de soberanía nacional el hecho de que la producción local fuera reemplazada por la importación de chucherías y bienes suntuarios, en un proceso totalmente inverso al inaugurado por el kirchnerismo con su política de substitución de importaciones.

Nunca los inquietó el hecho de que ese proceso de desindustrialización arrojara millones de trabajadores a la calle, hasta llegar a un país que tenía, como ahora España, a una cuarta parte de su mano de obra activa desempleada. Con una política que priorizó realmente la soberanía nacional, la desocupación bajó ahora a algo más del 7 por ciento, pese a los embates de la crisis internacional.

Por supuesto que tampoco reconocen el exitoso canje de deuda que llevó adelante Néstor Kirchner que implicó un formidable ahorro de divisas, permitió salir en buena medida del default y estableció una relación porcentual mucho más cómoda entre el PBI del país y la deuda externa. Allí se recuperó realmente soberanía.

Tras las dos negociaciones de canje piloteadas por Kirchner, el país viene pagando totalmente sus obligaciones, pero se niega a abrirle las puertas a los fondos buitres que rechazaron una negociación razonable y reclaman ahora -con poderosos lobbys- el pago nominal de sus títulos que implican diez veces más de lo que corresponde.

Los socios locales de estos fondos buitres que justifican hipócritamente los reclamos y agitan a la vez discursos patrióticos, son en verdad quienes resignan soberanía a favor de sus mezquinos intereses, aunque agiten los símbolos nacionales.

En verdad, este comportamiento de los sectores internos vinculados a los sectores externos no es nuevo y reconoce antecedentes a lo largo de la agitada historia argentina, desde el préstamo de la Baring Broders hasta la explosión del 2001.En la vereda de enfrente, están los sectores populares para los que la soberanía nacional implica tener una vida digna, pan y educación a sus hijos.

Télam

LA DERECHA, ALIVERTI, OPINION

La derecha está aburrida

Por Eduardo Aliverti

Ni siquiera la foto de Moyano y Macri conmovió un escenario político prácticamente inmóvil. Ante la impresentabilidad de esa yunta, y aunque el retrato era imposible de ocultar, los medios opositores optaron por desvanecer el impacto. Pero eso, a su vez, les significó tratar de estremecer a través de cuestiones que no le mueven un pelo a casi nadie. Es éste un buen punto de partida para echarle una mirada, ya persistente, al conjunto del panorama.

La noticia más trascendente de la semana fue la aprobación del nuevo régimen de administración de riesgos del trabajo. Por su peso en sí, en tanto es relativo a un área muy sensible del campo laboral; pero también porque es susceptible de críticas en ese plano, donde el kirchnerismo –con razón– se jacta de ostentar algunos de sus mejores blasones. Y son críticas que aparecen fundamentadas. No se discute lo positivo de actualizar y agilizar el cobro de los montos indemnizatorios. Pero la eliminación de la denominada “doble vía”, por la cual el trabajador tenía el derecho de demandar a su empleador ante la Justicia, aun cuando hubiera cobrado la indemnización de su ART, no es algo de lo que el oficialismo pueda precisamente enorgullecerse. Y mucho menos lo es que, para el caso de que el laburante opte por la jugada de máxima, se haya establecido la competencia del fuero Civil y no del Laboral. La ley sancionada barre con lo que Mario Wainfeld bien definió como uno de los puntos cardinales del justicialismo, cual es la preeminencia de los Tribunales de Trabajo que creó Perón cuando, a mediados del siglo pasado, conducía la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Sirvió como herramienta democrática para compensar las desigualdades ínsitas a la relación entre trabajador y patronal. Mandar laburantes al fuero civil, que exime de mayores comentarios sobre la concepción ideológica de (muchos de) sus jueces, efectivamente es hacer jugar de visitante al más débil. El colega rotuló a este engendro como una “ley corta”, que mantiene la deuda de no ser atendida por una más larga capaz de haber contemplado la prevención y seguridad laborales. Porque, a ver si nos entendemos: la ley actúa cuando el daño ya está hecho, cuando el trabajador ya perdió un brazo o una pierna, o sufrió una afección incapacitante. La Presidenta reconoció este déficit, al señalar que el instrumento sancionado era sólo un primer paso, pero de todas maneras no se explica por qué no empezaron al revés o con la ley más larga. Y si no se explica, quiere decir que mejor no explicarlo. No por nada, vamos, no hubo siquiera un atisbo de festejo, sino apenas tibios aplausos de circunstancia, cuando la bancada oficialista alcanzó la aprobación.

Sin embargo, sucede que en esa misma deficiencia está escondida –solamente para quien no quiera verlo– la tremenda carencia de opciones que sufre la oposición. O, más que eso aunque termine siendo idéntico, la encerrona en que está atrapada. Porque resulta que, al tratarse, la ley, de un hecho en que el kirchnerismo puede ser corrido legítimamente por izquierda, no pueden hacerlo de tan corridos que están a la derecha. Y entonces el episodio no les despertó la ocurrencia de aprovecharlo contra los K porque, ¿cómo hacen para denigrar a una ley con tintes pro patronales, digamos para ser suaves, si lo que viven cuestionando con furia es que éste es un Gobierno que no ofrece seguridad jurídica, que nos aísla del mundo, que espanta las inversiones y que hasta nos lleva al comunismo? ¿Cómo hacen? A lo sumo se registró la firma de alguno que marcó la contradicción gubernamental entre “el relato” nac&pop y lo consentido el miércoles en Diputados, pero no hubo ni grandes títulos ni coberturas destacadas en los medios opositores. No pueden. Están presos de su propia lógica, nuevamente. Una lógica que radica en darle carácter de peligrosísima a la vocación transformadora del kirchnerismo, cuando el apriete de las medidas oficiales, antes o además que por ahí, pasa por afectar a los intereses corporativos de un grupo comunicacional.

En verdad es razonable (genera pudor remarcarlo) que la realidad, cualquiera sea la interpretación dada al término, no deba reducirse al enfrentamiento entre el Gobierno y Clarín. Pero es igual de cierto que, en la coyuntura, lo político-expreso se manifiesta a través de esa antítesis. Salvo esa corporación, Clarín, y algún que otro discurseador periodístico amarrado entre el mitrismo posmoderno y revistas vendehumo, el Gobierno no tiene contendientes. Esos que tiene tuvieron que dedicarse, por ejemplo pero no el ejemplo menor, a evaporar la foto de Macri con Moyano. Y a operar como afrenta que la Fragata Libertad siga interdicta en un puerto africano, y que trajeron a la mayoría de sus tripulantes a hurtadillas a la medianoche. Erigieron su relato en base a denunciar una nueva “desmalvinización”. “Estamos ocultando a nuestros heroicos marineros” fue la construcción de sentido de los medios opositores. O sea: si es por atracción mediática, un embole. Si no era eso, no había con qué porque la foto del camionero y el dandy es repulsiva. Y la ley de ART, quedó dicho, les juega en contra para producir semántica anti K.

Como escribió un colega que milita en las filas opositoras: entre la plana superior de los radicales, el PRO y el peronismo no kirchnerista, siendo que el astillamiento de la oposición no parece tener retorno, el único objetivo sería que en 2013 consigan números capaces de entorpecer que la Presidenta vaya por otro período. Y la segunda meta es que eso abra una crisis en el oficialismo, que, hasta donde se sabe, carece de plan B. Tal cual dijo el colega, si no la sacan a Cristina de la cancha, el partido del 2015 se les puede hacer imposible. El problema, o su solución, consisten en el porqué de una Cristina 2015 a la que sería inverosímil vencer. Siempre –obligatorio reiterarlo– según lo reconoce la propia oposición, y tanto la dirigencial como la mediática. Es en ese aspecto que corresponde insistir con algunas preguntas que, por razones diversas, son cuidadosamente evitadas. ¿Por qué no hay oposición, excepto la periodística? ¿Es cosa abstracta, producto de generación espontánea, que los radicales estén partidos en tres pedazos y refugiados, sin votos de proyección nacional, en un griterío de jefes municipales y referentes sueltos? ¿Es sólo porque el trabajo no se cuenta entre las adicciones de Macri que el PRO no puede crecer por fuera de la geografía porteña? ¿Es nada más que la vocación provinciana lo que impide que los socialistas se extiendan más allá de Santa Fe?

¿Son los vedetismos de sindicalistas, progres gorilas, cineastas, cómicos, pitonisas, ambiguos, personajes mediáticos, lo que obstaculiza que puedan conseguirse un Capriles vernáculo, así sea para juntar un mamarracho en condiciones de ponerle raya al kirchnerismo? ¿Es eso? ¿O es que –interrogante un tanto insistente en este espacio, admite el firmante– no poseen ni encuentran la fórmula para proponer una alternativa de modelo capitalista mejor que el existente hace ya doce años largos?

Una variante es creer que sí disponen de la pócima. Pero sin chance alguna de exponerla porque les significa desnudar que al cabo se trataría de retroceder a los ’90 para, encima, ir a contramano de los vientos que soplan en la región. No deja de ser notable la falta de puntualización de esta obviedad, porque sucede lo antedicho. Se habla, y es irrebatible, de que la oposición no existe; de que no puede articular más que tácticas de acuerdos parlamentarios sobre temas que al grueso social no le van ni le vienen; de que está discapacitada para promover una figura unificadora, a ese fin de ensamblar al espanto contra Cristina. Pero nunca se indaga en los motivos de esa invalidez, que no es de ahora ni de ayer. Vienen de derrota en derrota, hace ya un ciclo más extenso que el del primer peronismo. Y cuando ocurrió la excepción de haber ganado, contra la 125 y en su expresión electoral de 2009, tampoco supieron conformar no ya una potencialidad avasallante, sino tan sólo una fuerza ligeramente presentable que tuviese un papel destacado en el Congreso. Otra vez, otra enésima vez: ¿cuál es la causa de que no se interrogue por qué no pueden? ¿No será que la oposición no existe gracias a los méritos del oficialismo? ¿Y que el verdadero problema es la inviabilidad de reconocerlo?

La cuestión es que la derecha está aburrida. No sabe por dónde entrar. La fragata no es. La ley de ART, tampoco. El abuso de la cadena nacional ya fue. Los dólares que faltan para viajar al exterior ya fueron.

Muchachos, busquen otras cosas cautivantes. Y si no las encuentran, pregúntense eso del porqué.

29/10/12 Página|12

LIBERTAD DE OPINION, OPINION

Entrevista a Pascual Serrano, autor del libro Contra la neutralidad. En defensa de un periodismo libre.
"Piden impunidad y privilegios en nombre de la libertad de expresión"
Por Fernando Pittaro

Fundador de la revista Voces, editada por Izquierda Unida, y colaborador desde 1996 del portal alternativo de noticiaswww.rebelión.org, el periodista español resalta las decisiones tomadas en nuestro país para acotar el poder de los monopolios informativos.

Pascual Serrano es un "bicho raro" dentro del periodismo español. Fue fundador de la revista Voces, editada por la organización política Izquierda Unida, y desde 1996 escribe en Rebelión.org, una publicación digital que funciona como un diario electrónico alternativo a la hegemonía comunicacional española. En una extensa charla con Tiempo Argentino, resaltó la figura de Rodolfo Walsh porque "no era un mero militante periodista, eso hay que dejarlo claro, era un periodista con principios y valores", y advirtió que "hay fuertes intereses económicos de empresas españolas en que no se desarrollen políticas progresistas en América Latina".

–En la Argentina, desde la sanción de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, hace tres años, se viene dando una fuerte disputa entre los multimedios privados (sobre todo el Grupo Clarín) y el Estado Nacional. ¿Está al tanto de esta situación? ¿Cuál es su punto de vista?
–El debate en la Argentina es el inevitable que surge cuando coinciden dos circunstancias: por un lado, un país donde los gobiernos neoliberales han estado campando durante años, y como resultado los medios de comunicación se han convertido en herramientas de intervención política con mucho más poder e influencia que los partidos; por otro, la llegada de un gobierno que no está dispuesto a que la política la dicte un sector empresarial que no posee ninguna legitimidad democrática porque nadie los ha elegido, pero que piden impunidad y privilegios en nombre de la libertad de expresión. Estos dos elementos provocan un choque inevitable en el que, en mi opinión, debemos estar al lado del sector que represente a la ciudadanía y al interés colectivo, es decir, el gobierno legítimo.

–¿Qué sucede en España con los grandes grupos mediáticos? ¿Sería necesaria una nueva legislación que los regule?
–En España no se da la segunda circunstancia explicada anteriormente. No existe un gobierno que desee enfrentarse al poder de los grandes grupos económicos que operan a través de su dominio de los grandes medios de comunicación. Mi libro Traficantes de información (2010) repasa la historia oculta de los grupos de comunicación españoles, los cuales se dividirían entre empresas que conservan un poder amasado a la sombra de sus complicidades con el régimen de la dictadura de Franco, inversores extranjeros que comparten accionariado con empresas cómplices con el nazismo o la mafia italiana y grupos económicos que se consolidan en la democracia gracias a privilegios con algunos gobiernos. O sea, una banda de impresentables.

–Si uno lee los principales diarios españoles o mira las cadenas de TV más importantes, observa que para ellos tanto en la Argentina, como en Bolivia, Ecuador y Venezuela se está viviendo un proceso de retroceso institucional en donde los respectivos gobiernos atentan contra la libertad de prensa. ¿Está de acuerdo con esta mirada?
–Los gobiernos que me citas lo único que están haciendo es poner coto al oligopolio que algunas empresas tienen sobre la información, combatir la impunidad que tienen esas empresas para manipular y mentir, y abrir nuevos espacios para la presencia de las comunidades y las instituciones democráticas. Evidentemente, intentar todo esto es un sacrilegio intolerable para los grandes grupos de comunicación que escudan la defensa de su poder y privilegios en la libertad de prensa.

–¿Qué margen hay para instalar un discurso alternativo en la agenda mediática española sobre lo que pasa en Latinoamérica?
–Muy poco, el discurso es único, con el agravante de que hay fuertes intereses económicos de empresas españolas en que no se desarrollen políticas progresistas en América Latina. Esos mismos intereses dominan el panorama informativo español, por lo que es inevitable que los grandes medios adopten esa línea editorial con América Latina. No sería ilícito si no fuese porque en ello incluyen mentir, manipular o silenciar las opiniones y hechos que no les interesan. Ante ese panorama sólo quedaban los medios públicos y los alternativos. Los públicos, con la excusa de la crisis, se están desmantelando; y los alternativos, con legislaciones adversas, sin licencias ni apoyo institucional, nunca podrán despegar.

–Hay una vieja tesis norteamericana que dice que el periodismo debe ser un cuarto poder, una especie de guardián de la democracia. ¿Está de acuerdo con este postulado? ¿Cuál debería ser el rol del periodismo en las sociedades contemporáneas?
–Esa tesis deja de tener sentido cuando el mercado maneja un sistema político. Si los mercados terminan condicionando las decisiones de los tres poderes, el cuarto poder, que es sólo mercado sin intervención popular, en lo que se convierte es en el guardián de los intereses de ese mercado. El periodismo debe responder a los intereses públicos, al derecho ciudadano a informar y estar informado, eso sólo se puede lograr si los poderes públicos crean las condiciones.

–En su libro Contra la neutralidad, Rodolfo Walsh aparece junto a otros periodistas de la talla de John Reed, Ryzard Kapuscinsky y Edgar Snow. ¿Qué valores encarnó Walsh para estar entre ellos?
–Walsh posee principios de justicia y lucha social necesarios en cualquier agente social, el valor de enfrentarse a unos militares aunque sabía que le podía costar la vida; y la defensa irreductible de la verdad y el rigor informativo. No era un mero militante periodista, eso hay que dejarlo claro, era un periodista con principios y valores.

–¿Hay en la actualidad algún referente periodístico que pueda sumarse a ese listado?
–No muchos, porque el sistema tiene pocos resquicios por los que puedan asomar. Pero pienso en Robert Fisk, Ignacio Ramonet, Amy Goodman o Juan Gelman en Argentina.

–¿Es válida la dicotomía entre "periodismo militante" y "periodismo independiente"? ¿Por qué?
–No comparto ni siquiera la exposición de la dicotomía. Lo que llaman "periodismo independiente" no tiene nada de independiente, y suelen militar más que nadie en la defensa de los intereses empresariales de sus accionistas y dueños. Cuando me dicen lo de independiente, pregunto: ¿independiente de qué? No se puede ser independiente de todo, por tanto, debemos defender que se sea dependiente de la verdad, del rigor, de la pluralidad, de valores humanos, de la justicia social, de la paz o del medio ambiente. En cuanto al periodismo militante creo que debemos evitarlo porque ni es periodismo ni es eficaz. Un periodismo centrado en la defensa ciega de una organización o un político, que ignora los errores, oculta informaciones que no interesan y no sólo no aporta información y datos rigurosos sino que se regodea en los calificativos y las opiniones sin sustento, no es periodismo.

–Dijo en alguna entrevista que su último libro Contra la neutralidad es una obra terapéutica tanto para el periodismo como para la izquierda, ¿por qué?
–La izquierda está dominada por un discurso catastrofista y plañidero que nos está deprimiendo a todos. Tiene mucha razón en sus denuncias, pero debemos pensar que si no aportamos alternativas, referentes o propuestas, sólo sembraremos desmovilización y resignación. Mis anteriores libros, aunque siempre intenté exponer una especie de "Qué hacer" en el capítulo final, en general su carácter de denuncia les hacía muy deprimentes, de modo que me puse a buscar ejemplos positivos que nos pudieran servir de referencia.

–¿Qué factores atentan contra el buen ejercicio del periodismo hoy?
–Yo hablaría de unos elementos ideológicos y otros estructurales. Los primeros se manifiestan, como ya he señalado, en el dominio de los intereses comerciales que condicionan los contenidos y dominan la mayoría del panorama mediático impidiendo la pluralidad. Los segundos serían el predominio de la brevedad, la inmediatez y la espectacularidad. Todas estas circunstancias impiden presentar las informaciones con el adecuado contexto y antecedentes, aplicar el necesario rigor y contraste de las informaciones, e imponen un predominio de la frivolidad y la superficialidad.

–¿Qué sucedió con aquellas personas que se movilizaron masivamente (15M)? ¿Puede surgir alguna alternativa política fuera del bipartidismo que los represente?
–No sé si surgirá alguna alternativa o logrará avanzar alguna de las existentes, que el sistema español impide que se desarrolle mediante una legislación que impone el bipartidismo. Lo que sí puedo decir es que si no avanza esa alternativa política, de nada servirán manifestaciones, asambleas y acampadas en las plazas. Todo ello, sin organización ni capacidad de intervención en las instituciones, no logrará ningún cambio.

–En estos tiempos de crisis, donde todas las estructuras de poder son puestas en discusión, ¿qué autocrítica debe hacer el periodismo y qué puede hacer para mejorar su tarea?
–La responsabilidad sobre las deficiencias del periodismo es compartida por la sociedad en general, gobernantes, empresas y profesionales. La sociedad, por no exigir ni entender que los poderes públicos tienen una importante función como garantes de un sistema informativo plural y democrático; los gobernantes, por ceder ante presiones y poderes económicos a la hora de exigir a los medios más rigor y veracidad; las empresas, por utilizar a los medios como meros sistemas de propaganda de su ideario o como vía para la obtención de beneficios a cualquier costa. Por último, los periodistas no siempre se han enfrentado con valentía e independencia a las presiones de los accionistas y anunciantes de los medios; como en todas las profesiones, han primado en demasiadas ocasiones la comodidad de plegarse al poder para no poner en peligro unos intereses individuales.

28/10/12 Tiempo Argentino

7 D WAINFELD, OPINION

Cuestiones sobre el 7-D
Tareas y preguntas hasta el 6-D. Grupos que negocian la adecuación con el Gobierno. Sus razones para hacerlo. Las viejas prácticas dominantes de Clarín, un ejemplo. Qué pasará con los que no se adecuen, preguntas y algunas respuestas. Divisiones admisibles, un universo que se abre. Y varias cuestiones más sobre el 7-D.

Por Mario Wainfeld
Imagen: Télam.

Las oficinas principales de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) están en la city porteña, ocupan diez pisos. Hay delegaciones en todas las provincias. Trabajan en ellas más de mil personas. Es el –robusto– aparato que supo albergar al nefasto Comité Federal de Radiodifusión (Comfer). Ahora tiene muy otras misiones, encuadradas en un nuevo paradigma de comunicación. Las estructuras estatales son, casi por definición, lentas y conservadoras, inercialmente refractarias a los cambios. Ese es uno de los variados de- safíos que afronta el titular de la Afsca, Martín Sabbatella. El ex intendente de Morón debe reconstruir el barco mientras navega, mientras juega en varios tableros, uno de ellos contra reloj. Es el que, por acuerdo ecuménico, se apoda 7-D aunque, como los plazos administrativos terminan a las 24 horas del día en cuestión, sería más propio hablar del 10-D. Ahí se corroborará cuántos conglomerados presentaron un aceptable programa de adecuación a los topes de licencias que marca la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA).

La mayoría del espectro, 4500 licencias, está dividido entre 2500 titulares: nada les atañe el 7-D porque están en regla. Hay 250 repartidas entre alrededor de 20 grupos, que superan el cupo admitido. La relativa imprecisión del número de licenciatarios tiene que ver con la existencia de situaciones societarias intrincadas o zonas grises. Y hay un Grupo, el Grupo por antonomasia, que aglutina 250 licencias (ver asimismo recuadro aparte).

La intención del Gobierno es que al 7-D todos menos uno hayan presentado su plan de adecuación, proponiendo el esquema de licencias de las que se desprenderán y cómo lo harán.

Sabbatella viene hablando con esos jugadores, casi todos ladinos, algunos de los cuales ocupan el espacio nacional. Otros son taitas en una provincia o en un par. Todos se han acodado a la mesa. Es sencillo saber con quién dialogó Sabbatella y dónde transcurrieron los paliques: fue en su despacho de la Afsca, en cuya página web está la mención de los encuentros, con foto incluida.

Hasta ahora, solo un grupo de alcance provincial formuló una propuesta de adecuación: el grupo de Néstor Ick, un factor de poder en Santiago del Estero.

Sabbatella confía en que todos los demás se pondrán las pilas y cumplirán con el mandato de la ley. Trabaja para eso, pero lo suyo no es solo optimismo de la voluntad. Hay motivos racionales para que lo hagan aun desde su perspectiva de empresarios capitalistas duros, egoístas y poco habituados a ceder.

Veamos.

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Incentivos. ¿Por qué cumplirían la ley los grupos referidos? La pregunta parecería pavota, si uno se maneja con parámetros líricos. El apego a la legalidad no es el fuerte de la burguesía real existente, por ponerlo con delicadeza. Pero hay incentivos racionales que pueden inducirlos. Repasemos los más evidentes, a la luz de la LdSCA y de la lectura del Gobierno. El orden (que seguramente fluctuará según cada jugador) no es de importancia sino puramente enumerativo.

n El primero es que no es sencillo enfrentar a un gobierno que sabe hacer valer su poder frente a quienes le plantean batalla o lo desacatan. Máxime si tiene la ley de su lado, que es el caso.

n El segundo es un aliciente capitalista. El que adecue antes de vencido el plazo puede resolver de qué licencias “sobrantes” se desprende. Y, por única vez, puede transferirlas. Si especula o se deja estar, las licencias caducarán y será el Estado el que resuelva el nuevo diseño, sin intervención del concesionario. O sea, que el remolón o el desacatau arriesgan perder control sobre su estructura futura y oportunidades en las transferencias.

n El tercero es fuerte y de ardua ponderación cuantitativa porque es un conflicto de intereses y poderes. La mayoría de las empresas del espectro audiovisual tiene una larga lista de cuitas, rencores y conflictos (en tendencia perdidos) contra el multimedios Clarín. Las prácticas de abuso de la competencia han sido la regla durante demasiados años. Clarín compró mucho más canales de cable que los que creó y a menudo lo hizo mediante abuso de posición dominante. Las transmisiones de fútbol por cable o hasta codificado fueron una herramienta formidable en ese insaciable afán. Demos un ejemplo sencillo, para nada imaginario, ya que se repitió en muchos territorios. En una provincia o ciudad con dos canales de cable, Clarín concedía el fútbol televisado para uno solo. Eso significaba un camino de ida a la quiebra para el rival. ¿Qué usuario contrataría un servicio sin acceso a la pasión de multitudes? Clarín podía comprar por monedas al vencido, revertir los contratos futboleros y dejar desvalido al otro. O, en el “peor de los casos”, hacerse del dominante y quedarse con la masa de usuarios. Los empresarios que rolan por la Afsca tienen un paquete de historias reales de ese tipo.

Otro rebusque usado en el espacio audiovisual también fue moneda corriente en el diario Clarín y denunciado docenas de veces por los empresarios Héctor Ricardo García (propietario de Crónica en sus buenos años) y Julio Ramos (el fundador y director de Ambito Financiero). Se trata de presionar anunciantes para que no publiquen avisos en la competencia, bajo apercibimiento de limitar o cerrar su presencia en las páginas de Clarín. Con tortas publicitarias a menudo más chicas, las empresas audiovisuales del multimedios hicieron lo mismo.

n Por último, en un esquema de mayor paridad, los jugadores actuales pueden proponerse crecer en otras provincias o en espacios que no ocupan ahora (Canal 9, por caso, no tiene canales de cable). Para colocarse en la línea de largada, es forzoso que estén bien de papeles.

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¿Y si no cumplen? ¿Qué obrará el Estado frente a la falta de adecuación, sea la que se da por hecha que ocurrirá o aquellas de otros grupos? La cuestión tiene sus bemoles, porque hay variedad de casos.

La primera labor, en lo conceptual y seguramente en lo temporal, será explicitar previamente al 7-D de modo igualitario (esto es, para todos) cuál es exactamente su situación frente a los genéricos requerimientos legales. O sea, dicho un poco en criollo, cuántas licencias le sobran a cada uno.

Proliferan lo actores y ciertas marañas legales piden una definición, que es trabajosa. Sabbatella está armando, junto a sus colaboradores más cercanos, un detalle de los excedentes de cada grupo. La idea es transparentarlo y presentarlo pronto en público, acaso la semana que empieza mañana, en cualquier caso pronto.

Se sostendría así la universalidad de los criterios y el trato no discriminatorio, que es uno de los berrinches menos serios, pero más socorridos del Grupo Clarín. Con ese mapa, se pondría blanco sobre negro el panorama y se precisaría a qué debe atenerse cada concesionario.

¿Y si, más allá de los incentivos reseñados y de la precisión, hay quien no se adecua? ¿Cómo deberá proceder la Autoridad de aplicación el día después, puesta a discernir qué licencias hace caducar y vuelve a licitar?

Pongamos un ejemplo real y simple de entender. Pensemos en una empresa que controle cinco radios y deba quedarse con tres. La cuantía, se comentó, puede difundirse pronto. Pero arbitrar cuáles se licitan y cuáles siguen en su poder es otra cosa. Sabbatella, de momento, analiza dos modalidades. Una sería definirlo de oficio, sin más. Otra sería armar varios esquemas posibles (se queda con 1-2-3 o con 3-4-5 o los que sean) y sortear entre ellos en público. El primero puede sonar más racional, pero más pasible de objeciones el segundo, menos dispositivo o arbitrario. Hasta donde sabe este cronista, no se ha resuelto aún qué rumbo elegir, lo que seguramente dependerá en alguna medida de la cantidad de licenciatarios en off side. Por las dudas, afilá la garganta, Riverito.

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Sobre desguaces y gigantes. ¿Es viable que un conglomerado fraccione su patrimonio entre varios de sus socios o personas de confianza? La respuesta extrema no es la correcta. La LdSCA estipula reglas antitrust, busca mayor igualdad dentro del espectro, pero no dejar fuera de acción a personas o actores determinados. De hecho, si Clarín se aviniera a honrar la ley, quedaría con un patrimonio muy importante. Pero cedería su posición dominante, que es uno de los objetivos de la ley.

Expuesto con nombres y apellidos: en principio, si los principales integrantes del Grupo Vila-Manzano (los dos nombrados y Francisco de Narváez) se dividieran las frecuencias, llegando a dimensiones admisibles, la movida puede ser válida. Otro tanto, por jugar con un ejemplo que surge en los cotilleos, pasaría si el Grupo Clarín se fragmentara en espacios que poseyeran (es un decir) José Antonio Aranda, los hermanos Noble Herrera, Marcelo Tinelli, Adrián Suar. Claro que las nuevas empresas tienen que ser realmente autónomas y no “un dibujo”. No deben funcionar como grupo. Sabbatella explica ante oídos amigables que, en tal hipótesis, deben tener su estructura legal, sus edificios diferentes, sus directorios sin repeticiones de personajes, sus móviles de exteriores, sus cámaras, sus estudios. Hasta sus maquilladoras, añade, exagerando un poquito con fines didácticos. Hay que escrutar con lupa los paquetes accionarios, no puede haber más de un diez por ciento de acciones “cruzadas”.

En los hechos, no es lo mismo una potencial confederación de empresas que un gigante que comprenda todas. Ni en su poder relativo respecto de sus competidores, ni en su capacidad para atraer inversores, ni para cotizarse en la Bolsa de Nueva York. Una cosa es un grandote que pugna con muchos chiquitos que una empresa mediana que dice tener otras amigas.

Si se cumple acabadamente, la aparición de nuevas unidades operativas aumentará los puestos de trabajo, la cantidad de medios, la (parcial) equiparación de la competencia. La línea editorial es muy otro cantar: un conjunto de empresas diferentes, pero del mismo origen, sostendrá posiblemente un mensaje común. Pero eso no resiente el espíritu de, LdSCA, que nada impone sobre contenidos, una de sus virtudes cardinales.

Bien mirado, opina el cronista en un punto muy polémico, si Clarín aceptara en tiempo y forma formular una propuesta así, sería un triunfo del Gobierno y del sistema democrático. Aunque, como nada es idílico en el mundo real, habría que investigar a fondo.

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La estrategia de la exasperación. Exasperados son los mensajes del Grupo Clarín, cuya relación con el periodismo es cada vez más equívoca. Las distorsiones informativas son la norma; el afán de indignar al público, la única regla de estilo que se acata. Y esto recién empieza.

¿Cuáles serán las tácticas del multimedios para los meses venideros? Desde ya, se trata solo de análisis sobre virtualidades. Una carta que ya se puso sobre la mesa es aducir que el 7-D comienza el plazo de un año para “desinvertir”, tortuosa e infundada interpretación del fallo de la Corte Suprema. Los abogados que trabajan para el Grupo y otros que son sus letrados-columnistas militantes alegan que es así. Son un puñado, aunque en los medios dominantes se los bautice como “todos los constitucionalistas”.

Una resolución oficial dando por vencido el plazo podría motivar acciones judiciales, anche medidas cautelares. Podrían llover otras ante cada paso administrativo (la caducidad de las licencias, los llamados a licitación). Las posibilidades se bifurcan en un puñado de senderos imaginables.

Sabbatella dialoga cotidianamente con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que otorga a la cuestión alta prioridad. El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el secretario Legal y Técnico, Carlos Zaninni, suelen ser de la partida. La jerarquía de los protagonistas realza la entidad de la pulseada.

Sabbatella es un buen comunicador y viene difundiendo sus posturas a través de los medios. El Estado, como también se comentó en la publicidad oficial, se somete a la ley, no confiscará ni expropiará. Mantendrá las fuentes de trabajo, lo que viene conversando con los gremios del sector que apoyaron y apoyan la LdSCA, pero tienen como prioridad la defensa de los intereses tangibles de sus compañeros. No se suspenderán transmisiones, no habrá apagón informativo, al menos provocado desde el Gobierno, porque no se puede descartar que Clarín promueva esa barbaridad. Si lo hiciera, incurriría en un grave incumplimiento como concesionario, pasible de las sanciones más severas. Sin embargo, en una pulseada de este rango, nada es desestimable.

Foros, recitales y festivales darán cuenta del compromiso de la sociedad civil y de la militancia en la movida. Al unísono, el oficialismo deberá armar un 6-D que lo deje bien parado para el 7. Definir las reglas con “los otros jugadores” es un paso central, porque servirá de precedente para lo que se haga con Clarín.

Muchos enigmas siguen firmes, entre ellos cuál es la dimensión y el potencial del mercado si se re-licitan muchas licencias. Y cuáles son los límites democráticos que admitirá un poder fáctico enardecido y desatado.

La voluntad del Gobierno no está en duda, su destreza será puesta a prueba. Una ley superadora, las convicciones del oficialismo son un pilar. La gestión y la sintonía fina son requisitos más peliagudos, máxime en un escenario inédito con cien alternativas posibles y pendientes.

mwainfeld@pagina12.com.ar

28/10/12 Página|12

FONDOS BUITRES Y SOBERANIA, OPINION

MACRI Y EL BORDA, II

Talleres protegidos, pero no tanto
Por Werner Pertot

El 8 de agosto, la gestión PRO intentó desalojar con la Policía Metropolitana los talleres y construyó un cerco perimetral para facilitar el trabajo de la empresa. Dentro del taller protegido se mantiene un grupo de trabajadores desde hace más 70 días. Diversos fiscales porteños labraron actas sobre la ocupación, en sintonía con las declaraciones de Mauricio Macri, quien dijo que “el terreno que vamos a usar es de la Ciudad, no del Borda”. “A partir de que entraron el 8 de agosto, estamos haciendo una permanencia pacífica para defender el dispositivo intrahospitalario. En los talleres se fabrican camas, muebles, roperos, sillas. Ahí, los pacientes recuperan capacidades que tenían o adquieren nuevas capacidades”, detalló Marcelo “Nono” Frondizi, secretario general de la junta interna de los Talleres Protegidos del Borda.

El delegado explicó que a seis trabajadores les descontaron 53 días de sueldo, a pesar de que no les dieron tareas. Los habían enviado al nuevo taller que, según denuncian, no cuenta con salida de emergencia y tiene una serie de problemas edilicios.

“Hubo dos intentos de desalojo, el del 8 de agosto y otro con un oficial de Justicia enviado por la fiscalía”, indicó Frondizi a este diario. “Ahora estamos en esa situación. Nos mantenemos ahí como parte del plan de lucha. El mismo día que transfieren el terreno a Desarrollo Urbano, vinieron las empresas constructoras con la policía a la cabeza. No han podido avanzar.”

“Los internados son ciudadanos. Hay que respetar sus derechos. Los de los trabajadores también”, se sumó Eduardo López, de UTE-Ctera. “Toda decisión se tiene que tomar en consenso con la comunidad del Hospital Borda, que es patrimonio arquitectónico. Lindante a ese lugar está el Tobar García, que tiene una escuela para niños con necesidades especiales. Entendemos que después se puede avanzar con esta escuela”, planteó el docente.

Otro fallo rechazó el pedido

Otra jueza porteña, Fabiana Schafrik, había rechazado un amparo de los legisladores porteños Aníbal Ibarra, María Elena Naddeo, Virginia González Gass y Fabio Basteiro. El pedido de que detuvieran las obras, en ese caso, no había sido por la protección del patrimonio histórico sino porque al ser “un predio público en todo caso debería contar con la aprobación de la Legislatura, como establece el Código de Planeamiento Urbano”. También habían señalado lo que significaba una “afectación en forma directa a los pacientes” del Borda. La jueza rechazó el pedido y señaló que “las actividades del taller protegido ubicado en el polígono del terreno destinado al Distrito Cívico han sido trasladadas a un espacio en condiciones de habitabilidad y funcionabilidad óptimas”, pese a que los trabajadores denunciaron una serie de deficiencias edilicias en el nuevo lugar. Ese fallo no tocó las cuestiones de patrimonio histórico.

29/10/12 Página|12
GB