MACRI Y EL BORDA, II

Talleres protegidos, pero no tanto
Por Werner Pertot

El 8 de agosto, la gestión PRO intentó desalojar con la Policía Metropolitana los talleres y construyó un cerco perimetral para facilitar el trabajo de la empresa. Dentro del taller protegido se mantiene un grupo de trabajadores desde hace más 70 días. Diversos fiscales porteños labraron actas sobre la ocupación, en sintonía con las declaraciones de Mauricio Macri, quien dijo que “el terreno que vamos a usar es de la Ciudad, no del Borda”. “A partir de que entraron el 8 de agosto, estamos haciendo una permanencia pacífica para defender el dispositivo intrahospitalario. En los talleres se fabrican camas, muebles, roperos, sillas. Ahí, los pacientes recuperan capacidades que tenían o adquieren nuevas capacidades”, detalló Marcelo “Nono” Frondizi, secretario general de la junta interna de los Talleres Protegidos del Borda.

El delegado explicó que a seis trabajadores les descontaron 53 días de sueldo, a pesar de que no les dieron tareas. Los habían enviado al nuevo taller que, según denuncian, no cuenta con salida de emergencia y tiene una serie de problemas edilicios.

“Hubo dos intentos de desalojo, el del 8 de agosto y otro con un oficial de Justicia enviado por la fiscalía”, indicó Frondizi a este diario. “Ahora estamos en esa situación. Nos mantenemos ahí como parte del plan de lucha. El mismo día que transfieren el terreno a Desarrollo Urbano, vinieron las empresas constructoras con la policía a la cabeza. No han podido avanzar.”

“Los internados son ciudadanos. Hay que respetar sus derechos. Los de los trabajadores también”, se sumó Eduardo López, de UTE-Ctera. “Toda decisión se tiene que tomar en consenso con la comunidad del Hospital Borda, que es patrimonio arquitectónico. Lindante a ese lugar está el Tobar García, que tiene una escuela para niños con necesidades especiales. Entendemos que después se puede avanzar con esta escuela”, planteó el docente.


Otro fallo rechazó el pedido

Otra jueza porteña, Fabiana Schafrik, había rechazado un amparo de los legisladores porteños Aníbal Ibarra, María Elena Naddeo, Virginia González Gass y Fabio Basteiro. El pedido de que detuvieran las obras, en ese caso, no había sido por la protección del patrimonio histórico sino porque al ser “un predio público en todo caso debería contar con la aprobación de la Legislatura, como establece el Código de Planeamiento Urbano”. También habían señalado lo que significaba una “afectación en forma directa a los pacientes” del Borda. La jueza rechazó el pedido y señaló que “las actividades del taller protegido ubicado en el polígono del terreno destinado al Distrito Cívico han sido trasladadas a un espacio en condiciones de habitabilidad y funcionabilidad óptimas”, pese a que los trabajadores denunciaron una serie de deficiencias edilicias en el nuevo lugar. Ese fallo no tocó las cuestiones de patrimonio histórico.

29/10/12 Página|12
 GB