El grupo de fiscales que la semana pasada oficializó la convocatoria a una movilización en homenaje al fallecido fiscal Alberto Nisman, el 18 de febrero, a un mes de su muerte, cuenta en su haber con denuncias en su contra por su actuación en el marco de la causa AMIA, además de otras irregularidades.
El anuncio del llamado 18F fue encabezado por Guillermo Marijuan, José María Campagnoli, Ricardo Sáenz, Germán Moldes, Carlos Rívolo, Raúl Pleé y Carlos Stornelli. En los últimos días, se sumaron, con marcado oportunismo electoral, varios opositores políticos, que incluso convocaron a marchar a la población. También sobrevino la adhesión del gremio judicial, que conduce el moyanista Julio Piumato.
Según consignó
Tiempo Argentino, la nómina de fiscales que encabezó el anuncio también coincide con quienes desde Comodoro Py se opusieron de modo tenaz tanto a las iniciativas del gobierno nacional de democratización del Poder Judicial, como a la gestión que lidera la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
Todos tienen un denominador común: se opusieron a cualquier intento de reforma del Ministerio Público, embistieron contra la jefa de los fiscales y buscaron imputar a funcionarios del gobierno en causas resonantes.
UN LARGO HISTORIAL. Los datos llamativos surgen del propio accionar de los fiscales en distintas causas: Stornelli, a cargo del expediente Hotesur, también fue investigado por sus vínculos con la barra brava de Boca Juniors, club del que era jefe de seguridad. Y por no investigar a la diputada opositora Elisa Carrió por presunto enriquecimiento ilícito.
Sáenz es apuntado por haber dictaminado a favor de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, además de por una escandalosa liberación de un acusado por narcotráfico. Está involucrado judicialmente en escuchas por tráfico de influencias con la Policía Bonaerense. Tuvo un rol central en una organización de lobbystas en el Poder Judicial relacionada con el Grupo Clarín, que pagó viajes a Miami para jueces que debían fallar sobre la constitucionalidad de la -finalmente constitucional- Ley de Medios.
Marijuan dejó en el letargo una de las causas más importantes por presunto lavado de dinero centrado en el testimonio del ex vicepresidente de JP Morgan, Hernán Arbizu y apuntó contra Gils Carbó hasta pedir su indagatoria.
Campagnoli fue a juicio político por irregularidades en el marco de la causa por lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez. Todos tienen un denominador común: se opusieron a cualquier intento de reforma del Ministerio Público, embistieron contra la jefa de los fiscales y buscaron imputar a funcionarios del gobierno en causas resonantes.
Pleé fue denunciado en 2013 por el CELS y Memoria Activa por haber demorado la acusación contra los acusados de encubrimiento de la voladura de la AMIA, que deberían ir a juicio oral y público este año. Esta organización señaló no solo a Pleé, sino al fiscal de Cámara y otro impulsor del 18F, Germán Moldes.
El CELS consignó que "sin explicación, (...) Pleé dejó de impulsar la causa y la Cámara se resistió a fijar audiencia hasta que quedó en evidencia". Memoria Activa había señalado que la "ausencia" de los fiscales parecía "intencional" en el devenir de la causa.
El punto central del señalamiento contra los fiscales estaba relacionado a su conocimiento con el ex juez federal Juan José Galeano, primer instructor de la causa AMIA y quien fuera responsable del pago de los US$ 400.000 a Carlos Telleldín para inculpar en la pista a un grupo de policías bonaerenses como nexo local de la voladura.
NO ACUSA. Pleé volvió a estar ausente en ocasión de realizarse la audiencia que convocó la Sala II de la Cámara de Casación para analizar la responsabilidad penal del Galeano, llevada a cabo el 18 de junio de 2013, con más de seis años de demora, y por orden de la Corte Suprema. "Nisman sostuvo que el fiscal (...) Moldes dio la orden de no apelar porque compartía los fundamentos del juez y carecía de autorización para hacerlo por su cuenta", sostuvieron desde el CELS en referencia a los sobreseimientos dictados por el juez Ariel Lijo que favorecieron al ex ministro del interior Carlos Corach y a un grupo de secretarios del ex juez Galeano.
Ningún representante de la fiscalía apeló por el ex ministro. En soledad, lo hizo la querella, que el 15 de diciembre de 2014 logró que la Cámara Federal ad hoc para el caso AMIA revocara el sobreseimiento de Corach y le impusiera a la Fiscalía de Nisman condiciones estrictas para el avance de la causa.
El CELS recordó que, "en 1997, Moldes había propuesto a la sobrina de (N.de R.: el ex jefe de la SIDE menemista y señalado como pieza clave del encubrimiento, Hugo) Anzorreguy como fiscal adjunta de la Cámara Federal, quien fue finalmente nombrada".
REBELION. Moldes también fue señalado como uno de los artífices de la rebelión de Comodoro Py contra la designación de los fiscales subrogantes de Gils Carbó, finalmente detenida a través de una medida cautelar orquestada a través de la Asociación de Magistrados. La resolución de la jefa de los fiscales establecía que el nuevo Código Procesal Penal fijaba la creación de dos Fiscalías de Cámara adicionales. Moldes hizo sentir su protesta ante lo que fue leído como un intento de licuar su poder. Hoy es el único representante del Ministerio Público que puede o no sostener un recurso de apelación.
En tanto, Pleé había sido desplazado a comienzos de la gestión de Gils Carbó al frente de la Unidad Fiscal antilavado, por tener magros resultados. En su lugar creó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Carlos Gonella. Este fiscal se convirtió así en la presa preferida de Comodoro Py, donde fue acusado en múltiples oportunidades, imputado, y hasta procesado en el marco de las causas con resonancia política. Marijuan y Stornelli fueron sus verdugos.
A Pleé se le achacaron vínculos con Juan Félix Marteau, ex representante de la Argentina ante el GAFI, y hoy asesor de empresas con problemas por lavado, entre las que está Grupo Clarín. La hija de Pleé, María Celeste, trabaja en el estudio de Marteau, pero además, el fiscal y el abogado comparten un curso de posgrado en la UBA que dirige Marteau, participan en la Fundación de Investigaciones de Inteligencia Financiera, donde Marteau es el presidente y Pleé forma parte del Consejo Consultivo.
Los antecedentes de Pleé se remontan a haber sido relator de la Cámara del Crimen de la Capital Federal, durante la dictadura. Ya desde 1988, como fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones de San Martín, llevó adelante la causa por el intento de copamiento del cuartel de La Tablada. Organismos de Derechos Humanos habían acusado a Pleé de reunir evidencias y aceptar testimonios obtenidos a través de torturas a los militantes detenidos.
Además, lo acusaron de pasar por alto denuncias sobre torturas y ejecuciones sumarias concretadas por militares cuando el intento de copamiento ya había sido rechazado. En 2007, luego de que se declararon inconstitucionales la Obediencia Debida y el Punto Final, Pleé fue, junto con el ex fiscal Juan Martín Romero Victorica y el ex juez Alfredo Bisordi, uno de los acusados de obstaculizar, en Casación, el avance de las causas por lesa humanidad.
Una oposición tenaz a las reformas
En los últimos tiempos, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN) se plantó como una agrupación opositora a la Rosada y a decisiones de la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Las primeras críticas se conocieron con el juicio político al fiscal José María Campagnoli. A fines de 2013, la agrupación encabezada por Carlos Donoso Castex declaró su "consternación" cuando el cuestionado funcionario fue suspendido y llevado jury. "Resulta inaceptable y preocupante", sostuvo su Asociación.
La AFFUN ya había mostrado distancia con Gils Carbó al rechazar la propuesta de Justicia Legítima para que los fiscales comenzaran a pagar el Impuesto a las Ganancias.
La reforma judicial impulsada por el gobierno generó un nuevo quiebre. Si bien hubo críticas internas a la modificación del Código Procesal Penal, la Asociación decidió en una votación no manifestarlo públicamente.
A comienzos de este año, la disputa se produjo por los nombramientos de fiscales por parte de la procuradora. "Hubo una ola de designaciones y concursos que avanzaron y se designó a mucha gente muy novel y sin experiencia", declaró Castex al criticar la "politización" en esos nombramientos.
Versus Gils Carbó
Guillermo Marijuan es uno de los principales opositores a la gestión de Alejandra Gils Carbó: imputó a la procuradora y hasta pidió su indagatoria por las designaciones que hizo para cubrir puestos clave en el Ministerio Público. Cercano a Sergio Massa, fue uno de los firmantes de la denuncia en conjunto de los fiscales federales contra el supuesto espía Héctor Bogado, que figuraba en la denuncia de Alberto Nisman sobre un plan criminal para desvincular a los iraníes del atentado a la AMIA. Recayó en el juzgado de Norberto Oyarbide y Marijuan, en lugar de excusarse, decidió impulsar la acción e imputar a Bogado para avanzar en la causa. Pero el fiscal cuenta en su haber con un dato llamativo: mientras que impulsó la investigación por presunto lavado contra Lázaro Báez y cuestionó el accionar de su par antilavado, Carlos Gonella –al punto de denunciarlo–, "planchó" la causa, que desde 2008 intenta dilucidar si se perpetró una de las mayores denuncias por lavado que protagonizó el JP Morgan. En ese expediente –donde apenas realizó algunas medidas de rigor– aparecen centenares de empresas de primera línea –entre las que figuran accionistas de Clarín– y no pidió imputación alguna a partir del testimonio, en sede judicial, del arrepentido Hernán Arbizu.
Entre sus antecedentes, figura que, en 2013, seis organismos de Derechos Humanos, entre ellos las Abuelas de Plaza de Mayo, lo denunciaron por "mal desempeño" y lo acusaron de poner en riesgo los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fue cuando Marijuan embistió contra los nombramientos para cubrir fiscalías que deberían abocarse al juzgamiento de represores.
La paradoja de Campagnoli
José María Campagnoli es, paradójicamente, otro de los impulsores al 18F, pese a que precisamente fue uno de los que se enfrentó a miembros de la Secretaría de Inteligencia desde que participó de la gestión de Gustavo Béliz. El fiscal de Saavedra fue suspendido y enviado a juicio por haber duplicado una investigación contra Lázaro Báez que llevaba la justicia federal. En medio de presiones y amenazas, el juicio contra Campagnoli debió ser suspendido antes del veredicto y nunca se clarificó si uno de sus dictámenes había sido manipulado por el estudio de abogados que representa al Grupo Clarín, principal difusor de la denuncia contra Báez.
