sábado, 27 de julio de 2024

MALVINAS /10

 

CAPITULO XI

El peronismo del SXXI recupera la identidad soberana.

Un giro de “180 grados” en la política exterior heredada del menemismo.

Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, 2003-2015.

     En el mes de marzo del año 2004, por intermedio de la Resolución 407, la Secretaría de Energía comenzó a sancionar a las empresas extranjeras que operaran en espacios terrestres y/o marítimos reivindicados como propios. El día 27 de ese mismo mes al firmarse el Tratado constitutivo de UNASUR, los países miembros reclamaron la devolución de los territorios del Atlántico Sur ocupados por el Reino Unido, de este modo, Malvinas pasó a ser una causa de la Unión Suramericana.

     Como podemos observar, apenas asumido el gobierno de Néstor Kirchner, comenzó a dar claras muestras en el ámbito nacional, y aprovechando la coyuntura regional, de cuál sería su política respecto a la defensa de la soberanía nacional, en este caso con las Islas Malvinas, Sándwich y Georgias del Sur, mas todo lo inherente a los espacios marítimos y terrestres del Atlántico Sur.

      Esto quedó claramente demostrado cuando, en la continuidad de los gobiernos peronistas de la primera década del SXXI, su sucesora, Cristina F. de Kirchner, informó el 21 de abril del año 2009, a nivel internacional, que la Argentina es una nación Bicontinental de 10.400.000 km2, que incluye a saber: su territorio continental, el sector Antártico de 965.000 km2, el territorio insular correspondiente, espacios marítimos de nuestra plataforma, superficiales, lechos del subsuelo marino y columnas de agua. Recuperando conceptos y acciones identitarias y soberanas del primer peronismo. E inmediatamente (el 13 de mayo de ese mismo año), por la Ley 26.498, el Congreso Nacional declaró al Cementerio de Darwin Lugar Histórico Nacional.

     Como acto reflejo a estas políticas inclusivas en la agenda nacional de la temática malvinera, el 1° de diciembre, la Unión Europea incorporó a pedido del Reino Unido a las Islas Malvinas como territorio extracontinental europeo. Y, como en un juego de acción y reacción, seis días más tarde, (el 7 de diciembre), el gobierno uruguayo prohibió el ingreso del destructor británico HMS Nottingham (lo propio reiteraría el 20 de septiembre de 2010, con el buque de guerra inglés HMS Gloucester), en solidaridad con la Argentina. Y en cuanto a las acciones regionales ante la Cumbre de América Latina y el Caribe (CLAC), el 24 de febrero de 2010, ante las protestas en ese foro, por parte de nuestro país, se decidió crear un organismo regional sin la presencia canadiense y norteamericana.

     Cuando en el año 2006, el Foreign Affairs anunció la posibilidad de un nuevo viaje a las Islas por parte de los familiares de los soldados caídos, con el objetivo de inaugurar el Monumento en el Cementerio de Darwin, se encendió una luz de esperanza en el acercamiento entre ambos países, pero, el obstáculo vino esta vez de los kelpers, quienes se negaron a dicha visita. Recién en el año 2008, ante la perseverancia de la presidenta Cristina Fernández se pudo en el mes de octubre, producir el viaje de ciento setenta familiares.

      El 28 de marzo de 2010, en un acto en el Salón de las Mujeres de la Casa de gobierno, planteó que se iba a dar: una “batalla cultural, política, diplomática, en todos los frentes, en todos los foros.” Al tiempo que homenajeaba a “las madres, esposas, hijas, hermanas, novias y a todas aquellas que entregaron lo más querido en la batalla para la defensa de la soberanía nacional.”[1] En ese mismo evento, una familiar, María F. Araujo le solicitó a la presidenta que hubiera una foto en ese Salón de las mujeres olvidadas en ese conflicto; y de ese modo desde ese mismo año, se colocó una imagen de ellas, de espaldas, rindiendo homenaje a sus seres queridos en el cementerio de Darwin.

     En el año 2012, se inició el proceso de “…exhumación e identificación de 123 cuerpos que se encuentran en el Cementerio de Darwin, cuyas tumbas llevaban la leyenda ‘Soldado argentino sólo conocido por Dios”.[2] En el mes de enero del año siguiente, la Argentina y el Comité Internacional de la Cruz Roja firmaron el denominado ‘Acuerdo Sede’, mediante el cual se le permitió a este organismo internacional actuar en:

“…el territorio nacional para el normal desenvolvimiento de sus actividades, en el marco de su mandato internacional humanitario independiente, neutral e imparcial. La misión de evaluación se refiere a los aspectos vinculados al trabajo de identificación forense de los restos de los miembros de las Fuerzas Armadas inhumados en el cementerio de Darwin.” [3]

 

En búsqueda de la Independencia Económica.

     En consonancia con la política económica de recuperación de soberanía en materia de endeudamiento externo, redistribución justa de la riqueza para los sectores populares, recupero de la cultura del trabajo, la cuestión malvinense se insertó en esta estrategia de los gobiernos peronistas de ese período.

     En materia de recursos pesqueros, durante el gobierno de Néstor en primer lugar, en el mes de marzo de 2004, se produjo una primera tensión con el gobierno británico ante el accionar del rompehielos argentino ARA Almirante Irisar en la zona marítima en disputa. En el mes de octubre del año siguiente, el Reino Unido resolvió de manera unilateral sancionar una nueva ley de pesca, la cual permitía a los isleños la posibilidad de vender licencias de hasta veinticinco años, lo cual iba en contra de lo acordado en la Declaración pesquera firmada durante el gobierno de Carlos S. Menem, y por violar la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 31/49.

     La respuesta argentina fue, además de elevar las consabidas protestas de rigor, suspender las reuniones del Comité de Pesca y el Subcomité Científico, a partir del mes de diciembre de 2005. Y demostrando la continuidad de estas decisiones, durante el primer gobierno de Cristina F. de Kirchner, en el año 2008, se promulgó la Ley nacional 26.386, la cual modificaba la ley de pesca vigente, ya que:

“…dispone que sólo otorgará cuotas de captura a aquellos armadores o propietarios de buques pesqueros que no realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de la República Argentina sin el correspondiente permiso de pesca emitido por la autoridad nacional, por lo que excluye a todos los pesqueros que actúen en aguas argentinas con autorización de las autoridades británicas”. [4]

     En materia petrolera, recordamos que, en el año 2000, el Reino Unido de manera unilateral había suspendido reuniones de la Comisión de Hidrocarburos y continuó con sus acciones unilaterales, presentando la Argentina diferentes notas de protesta, y, ante la falta de respuestas de los ingleses, el gobierno argentino dio por terminada la cooperación en esta materia, en el mes de marzo del año 2007.

     Lo cual fue refrendado pocos días después, cuando la Secretaría de Energía a nivel nacional publicó el Decreto 407/07, mediante el cual se sancionó

“a las empresas petroleras que realizaran actividades contrarias al derecho internacional, y prohibió la inscripción en el registro de empresas petroleras a aquellas (ya fueran titulares, accionistas o contratistas) que hayan realizado cualquier tipo de actividad en relación a la exploración y explotación en la plataforma continental argentina sin el permiso del gobierno nacional”.[5]

      Y en el mes de febrero de 2010, el gobierno de Cristina Fernández publicó un nuevo decreto (N.º 256), como respuesta a las incursiones en los espacios marítimos malvinenses de las naves inglesas; en ese Decreto se estableció que, “todos aquellos barcos que transiten entre la Argentina continental y las Malvinas, debían pedir autorización expresa previa al gobierno.”[6]

     Hasta aquí, en ambas temáticas económicas, (pero también de claro sustento identitario y soberano) la política de cooperación con el Imperio británico se dejó absolutamente de lado, al no cumplir éste con ningún parámetro vigente en cuanto a leyes nacionales e internacionales ya sea del período analizado o históricos.

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