La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denomina “alarma social” al concepto que la propuesta del Ejecutivo de reforma del Código Procesal Penal llama “conmoción social”. Son análogos, significan lo mismo. Y la cuestión es si un juez puede dictar una prisión preventiva a raíz de una figura tan inasible, en un continente donde los golpes de Estado o las represiones masivas por “conmoción social” son tan cercanos en el tiempo y la memoria de los pueblos. Aun sin entrar en el pasado inmediato, desde la perspectiva de la comunicación, bastaría una placa roja en un noticiero y tipografía gigante para que la sola palabra “conmoción” desplace cualquier peritaje o investigación medular y un juez se sienta compelido o complacido por dejar preso a alguien sin más argumentos que “evitar la puerta giratoria”. En realidad, un expediente mal sustanciado, a veces por impericia y otras por deliberada mala intención, es lo que lleva a que en la Argentina casi el 60% de los 60.000 presos sean procesados –con prisión preventiva– y no condenados. A la hora de la sentencia, la convicción de muchos magistrados respecto de la culpabilidad de los acusados (lo que en la mentalidad punitiva es el inasible concepto de “semiplena prueba”, una idea similar a casi embarazada) se desvanece en el aire.
La conmoción social a la hora de un fallo serio y fundado es puro humo. La CIDH, en numerosos documentos, se opone a que la prisión preventiva sea fundamentada en la idea de peligro para la comunidad o alarma social. Y en no pocos trabajos, como el del académico mexicano Ricardo Pinto en “Razones que justifican la prisión preventiva”, se basan en el Manual de Derecho Penal (parte general) de tres autores argentinos. Son nada menos que Eugenio Zaffaroni, Alejandro Slokar y Alejandro Alagia. Estos tres juristas son algunos de los que suelen ser laboratorio de ideas precisamente para borradores de reformas a Códigos como la que acaba de proponer la Presidenta.
¿Qué pasó? ¿Por qué un proyecto de reforma con el sello de juristas comprometidos con los derechos humanos aparece de repente cuestionado fieramente por contener un concepto reñido con la autoridad americana en materia de derechos humanos? Es probable que el texto inicial sea modificado en esta desafortunada idea y también en la genérica y poco eficaz idea de expulsar extranjeros detenidos in fraganti antes de someterlos a un juicio en la Argentina. La idea de flagrancia es también un buen caldo de cultivo para la agitación social en búsqueda de bestias criminales en vez de la idea irrenunciable del debido proceso. Pero, ¿por qué abrir una ventana que huela a cosechar voluntades por el lado de la irracionalidad y la impotencia que genera el aumento de la tasa de delitos?
No pocos juristas y politólogos estudiaron la relación entre el discurso de la mano dura y los resultados electorales. En Estados Unidos, paradigma de la ansiada seguridad propalada por la derecha, las ideas punitivas van acompañadas de la ecuación más alta del mundo en materia de ciudadanos en prisión. Por cada 100.000 habitantes hay 600 presos. Cuatro veces más que en la Argentina. No hay ninguna certeza de que a más presos menos delitos. Más bien, lo que sí está claro es que a mayor represión estatal más control sobre las conductas sociales. La cultura del control es lo que explica estas prácticas.
Hay que bucear en las pequeñas tentaciones de la mano dura con foco en la pantomima montada por el Ministerio de Seguridad a través de efectivos de la Gendarmería en el kilómetro 31 de la Panamericana frente al prolongado conflicto de los trabajadores de Lear. Porque no fueron los juristas mencionados –ni otros como el procesalista Carlos Alberto Beraldi o el director de Migraciones, Martín Arias Duval, ambos procedentes del estudio jurídico de León Carlos Arslanian– quienes promovieron esas figuras en el proyecto. El vocero de la conmoción social y del peligro extranjero resultó días pasados el secretario de Seguridad, Sergio Berni, un especialista en operaciones con exhibición mediática que bajó el perfil tras el oscuro episodio de la detención de una banda menor de colombianos. Berni recibió una noticia que le pone freno al despliegue de efectivos, gas mostaza y balas de goma. En efecto, la jueza Sandra Arroyo de Salgado, titular del juzgado federal de San Isidro, ordenó el miércoles al Ministerio de Seguridad que la Gendarmería no estuviera más en la puerta de Lear. Arroyo de Salgado hizo lugar al pedido del diputado nacional Nicolás del Caño, del Partido de los Trabajadores Socialistas, que recibió varios balazos de goma el pasado 23 de octubre en oportunidad de acompañar los reclamos de los trabajadores despedidos de Lear. La jueza, en el fallo, “encomienda” a la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, para que en lo sucesivo las tareas de “prevención, seguridad y cese de eventuales delitos” corran por cuenta de otras agencias de seguridad. Al día siguiente, Arroyo de Salgado subió la apuesta: dio una entrevista a Radio La Red en la que afirmó que “hay infinidad de cortes en la Capital que son convalidados por el Ministerio de Seguridad, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. No es una opinión. Es la realidad. Hay cortes que son acompañados por las fuerzas de seguridad y eso genera confusión y malestar social”. Para no dejar dudas, agregó: “A veces pareciera que depende de la naturaleza del reclamo o la bandera política de los manifestantes”.
La realidad es que Gendarmería es la fuerza que más prestigio ganó en estos años y los casi cinco meses de presencia disuasoria y represiva en Lear le crea un problema importante. Del perfil de una fuerza especializada en delitos de frontera, especialmente en narcotráfico, Gendarmería queda expuesta a ser un grupo de ataque a los trabajadores. La inquietud tiene fundamentos: durante la última dictadura esa fuerza actuó bajo la órbita del Ejército y muchos de sus cuadros participaron en delitos de lesa humanidad. Más cerca en el tiempo, fueron efectivos de Gendarmería los que reprimieron a los trabajadores en General Moscón, Salta, con un saldo de dos muertos. De la doctrina de seguridad nacional a la democracia y el respeto a la Constitución hay un largo camino transcurrido que está puesto en riesgo ante las evidencias de que la persecución en Lear es a trabajadores de una empresa norteamericana, y que tiene la particularidad de que sus delegados y los militantes que los acompañan son parte de una izquierda no kirchnerista. El ataque a Del Caño no tiene justificación. Más preocupante resulta en el marco de la recesión que lleva a suspensiones y despidos en varias fábricas. Kraft, Donelley, Pepsico, Gestamp son algunas empresas donde se conjugan capitales extranjeros que desertan o invierten menos y una militancia de izquierda que gana terreno. En vez de pensar en figuras de conmoción social para crear temor al activismo es mucho mejor recurrir a la vieja doctrina peronista de los derechos de los trabajadores que se dirimen con la Constitución en los estrados del fuero laboral. Una resignificación de ese concepto corrió por cuenta del Papa Francisco, el 28 de octubre, en el Encuentro Nacional de Movimientos Populares, cuando habló de los sagrados derechos a la tierra, al techo y al trabajo. En el Ministerio de Seguridad, no pocos consideran que la resolución de Arroyo Salgado los sacó de un problema. Al día siguiente del fallo, en el kilómetro 31 de la Panamericana estaba la Bonaerense.
Volviendo al punto: más allá del eventual collage que significó el aporte de mano dura al proyecto de reforma al Código Procesal Penal, una vez que se convierta en ley –con las reformas del caso–, recién empezaría a regir en 2016, cuando ya no gobierne Cristina. No parece razonable que su sucesor en la Casa Rosada no impulse sus propias recetas en materia de Seguridad y Justicia, un tema de agenda inevitable en la disputa electoral. Más allá de las urnas, el retroceso no puede disimularse: León Arslanian en la provincia de Buenos Aires y Nilda Garré en la Nación pusieron en marcha una cantidad de dispositivos de participación ciudadana en la gestión de la seguridad y en el control de las policías, y también colocaron funcionarios que tuvieron un particular celo en cómo los efectivos realizan las instrucciones sumarias frente a eventuales delitos. No siempre la mala práctica policial es encontrar a un efectivo que, a la vez, es delincuente. Más sutil y más delicada es la trama en la cual una instrucción mal hecha puede desviar o borrar pistas, inventar delitos que nunca se cometieron y hacer desaparecer delitos que sí se cometieron. El gran desafío de la Seguridad Democrática es atacar las redes complejas de corrupción política-judicial-policial. No hay secta del gatillo posible sin vínculos con la política y la Justicia.
Policía local. En la provincia de Buenos Aires, ante la falta de acuerdo para legislar sobre policías locales o municipales, a través de un decreto de emergencia, el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, recorre distritos y logra adhesión a la creación de policías locales. Con presupuesto provincial y sin posibilidad de realizar actuaciones con valor judicial, ese cuerpo es igual a las direcciones de seguridad municipales, pero con armas y patrulleros. Sirven para conjurar y reprimir arrebatos, hurtos, entraderas y una cantidad de delitos que tienen enferma a buena parte de la sociedad que con justo derecho pide más presencia policial. Una vez que actúan en la flagrancia, esos cuerpos policiales deben dejar las actuaciones en manos de la Bonaerense y los agentes fiscales. La explicación política de la creación de estas agencias es que Granados es intendente –ahora en uso de licencia– y que gobernó Ezeiza alineado con el menemismo, el duhaldismo, el kirchnerismo y el sciolismo. No difiere de la realidad de muchos otros jefes comunales que dependen en su gestión no sólo de los recursos presupuestarios nacional y provincial, sino de buenos vínculos con la Bonaerense. Granados no oculta sus convicciones de que la mano dura es la única salida. Hay otras cosas ocultas en la provincia de Buenos Aires, y la mano dura ayuda a que permanezcan ocultas.
09/11/14 Miradas al Sur
A tod@s aquell@s que sostengan la memoria, la identidad y la resistencia como herramienta histórica de nuestro Pueblo.
domingo, 9 de noviembre de 2014
¿De qué ciclo hablamos? Por Edgardo Mocca
La idea que organiza el discurso opositor, siempre en línea con el de los grandes medios, es la que dice que en la Argentina se cierra un ciclo. Si entendemos la frase en términos institucionales, no puede negarse que en diciembre de 2015 empieza un nuevo capítulo, igual que cada vez que hay elecciones presidenciales. Desde el punto de vista político hay, además, un punto incuestionable que es el hecho de que el impedimento constitucional de una nueva reelección hace que estemos ante una novedad respecto de las elecciones de la última década: quien defienda en la boleta la continuidad de la actual coalición gobernante no será ninguno de los líderes que gobernaron desde entonces. Si dejamos las cosas ahí, no hay ningún motivo para ponernos de acuerdo en que estamos ante un fin de ciclo. Pero entonces no habría motivo alguno para que la oposición parlamentaria ejerza el tipo de resistencia que ejerce contra cualquier iniciativa que venga del Gobierno; una resistencia que –como en el caso de la negativa a habilitar el consenso necesario para completar la Corte Suprema– rebasa cualquier límite razonable de la lealtad política democrática. Con el argumento de que es el gobierno que asuma en diciembre del año próximo el que ejecute el trámite constitucional para las designaciones necesarias en el máximo tribunal, las oposiciones han pasado lisa y llanamente a subordinar el orden constitucional argentino a sus tácticas políticas. Ciertamente, la práctica no hace mucho juego con la prédica de esa misma oposición a favor de las instituciones republicanas presuntamente agredidas por el Gobierno.De esta belicosidad política se desprende que con el famoso “cambio de ciclo” se está haciendo pasar un grosero contrabando político. Si ese cambio habilita el entusiasmo por la futura derogación de leyes que fueron pilares de la política de estos años, el ciclo cuyo cierre se describe (o más que describirse, se proclama y se desea) es de otro carácter, de algo que suele llamarse un ciclo histórico. Es decir, lo que se augura es el fin de un tipo de políticas que ha construido una distancia innegable con aquellas que aconsejan los grupos de poder económico concentrados del país y sus tramas internacionales. Es aconsejable que quien quiera conocer el programa político y económico de este nuevo ciclo que se grita de manera unánime desde dirigentes y partidos que se reivindican parte de tradiciones políticas históricamente enfrentadas en el país, no recurra a ninguna plataforma partidaria. En ellas va a encontrar generalidades bienpensantes que concilian todo: las mejoras de la educación con la rebaja de los impuestos, la promoción industrial con la liquidación de todo rol activo del Estado en el control sobre las importaciones, la supresión de las retenciones y la anulación del Impuesto a las Ganancias para los asalariados con un crecimiento en flecha del presupuesto para salud y educación; en esos papeles todo es posible. El verdadero programa del nuevo ciclo no está ahí; está en los discursos en la Sociedad Rural, en el Coloquio de IDEA, en las iniciativas de redes internacionales neoliberales en las que suele participar la derecha local de la mano de Aznar y de Vargas Llosa. Lo que ocurre es que, según parece, no es aconsejable que ese programa se enuncie de esa manera tan explícita, que evoca, además, de manera muy fiel, otros programas “de salvación nacional” y cambio de ciclo enunciados en otros momentos de nuestra historia. Las proclamas de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias a comienzos de 1976 tienen un enorme parecido a las que hoy se hacen circular desde grupos que heredan esa ideología; y fueron después satisfechos por el golpe de marzo de ese año y su proyecto político y económico.
Es más difícil y problemático afirmar la caída de un ciclo histórico que describir el hecho real de la cercanía de un nuevo capítulo político-institucional. Porque los ciclos históricos son, por regla general, más largos y menos dependientes de coyunturas electorales. Para ejemplificar: en la Segunda Guerra se abrió el ciclo histórico y mundial de un capitalismo regulado cuyas primeras experiencias venían de décadas atrás en algunos países del norte europeo. Fue el tiempo de la intervención activa (“keynesiana”) del Estado en la economía, de las medidas de seguridad social dirigidas a trabajadores y capas vulnerables de la sociedad, de la afirmación de la propia soberanía nacional, condición de la eficacia de los nuevos roles del Estado. Un ciclo histórico es una tendencia predominante y no una descripción unitaria y completa de cada uno de los procesos políticos que transcurren en su interior. Así y todo, nuestro país –contra los que pretenden instalar una supuesta excepcionalidad argentina respecto de las tendencias mundiales– fue parte de ese ciclo: el peronismo inaugural fue su producto más característico y no solamente a escala nacional.
¿Cuál es el ciclo en el que estamos? No cabe duda de que es el que nació de la crisis capitalista de los años setenta del siglo pasado. Es el que alcanzó hegemonía política con los gobiernos de Thatcher en el Reino Unido y de Reagan en Estados Unidos y terminó de imponerse a escala mundial con la caída del Muro de Berlín en 1989 y la posterior implosión del socialismo regido por la Unión Soviética. También aquí, la historia del país participa de los rasgos centrales de ese ciclo. La dictadura empezó la ruta de la reestructuración neoliberal, no solamente con su programa desindustrializador sino también y principalmente con el escarmiento terrorista desatado contra los trabajadores y el movimiento popular. Sería en aquel gran parteaguas mundial que fue 1989 cuando asume Menem y comienza la más completa hegemonía política y cultural del neoliberalismo. A ese ciclo pertenece nuestra decadencia nacional, primero progresiva y luego radical, que desembocaría en los acontecimientos agónicos de diciembre de 2001.
Claramente, el ciclo neoliberal no ha terminado. Las políticas de “austeridad” en los países europeos, que consisten en luchar contra la crisis con las mismas recetas y los mismos líderes tecnocráticos trasnacionales que la causaron, muestran que mundialmente hablando, el lenguaje político principal de nuestros días sigue siendo el del capitalismo globalizado; el de quienes predican la decadencia de los estados nacionales, la plena libertad de los mercados y la promoción de la desigualdad como motor del desarrollo económico. Políticamente, este lenguaje ha logrado convivir con la democracia representativa, sobre la base de imponer una regla no escrita que invalida cualquier experiencia de autonomía política que se atreva a de-
safiar la ley de los “mercados”. Pero el ciclo está en crisis. Nuestro propio derrumbe de 2001, que en su momento fue predominantemente interpretado como el fracaso de la clase política, se reveló como un capítulo de esa gran crisis mundial. Antes había sido la crisis de México, la del sudeste asiático, la de Rusia y la de Brasil, entre las más importantes. Después vendrían otras, entre las que tiene fundamental importancia histórica la de las hipotecas subprime de Estados Unidos que proyectó mundialmente la crisis capitalista y fue el impulso de la grave situación actual de la Unión Europea.
El momento actual es, entonces, un ciclo de crisis del capitalismo hegemonizado por el neoliberalismo. A esa crisis pertenece el proceso de transformaciones políticas en el sur de América; acaba de decir el célebre filósofo Gianni Vatimo que estos procesos son la única novedad política en el mundo de las últimas décadas. El signo principal de este ciclo crítico es la recuperación del Estado nacional, como herramienta de conducción y regulación de los mercados; su sentido predominante es el de construir un nuevo patrón de gobernabilidad que no consista en la conformidad de los grandes poderes fácticos con el rumbo político asumido. Recuperación de recursos naturales, fortalecimiento del área económica pública, desendeudamiento, políticas de ingreso dirigidas a ensanchar la demanda desde los sectores antes excluidos o semiexcluidos del mercado, promoción de la organización de los sectores populares son los dispositivos que, con diferente intensidad, se han desarrollado en estos países.
La idea de que termina el ciclo signado por este desafío a las reglas de juego del neoliberalismo es tan válida como cualquier otra. Pero está lejos de ser una verdad indiscutible. Al menos las elecciones en Bolivia, Brasil y la primera vuelta en Uruguay no le dan mucha autoridad a la tesis. Nadie puede negar que, a pesar de las modulaciones propias de cada país con que se han realizado los cambios, el gran hilo común que une estas experiencias es la feroz resistencia de los grupos de poder económico concentrado, articulados por los holdings empresarios dominantes en el mercado de la comunicación. Un ciclo histórico no se termina cuando así lo proclaman sus enemigos sino cuando perdió definitivamente su atractivo y su función. Una voz, a la que la derecha argentina dice respetar, es la del papa Francisco. Pues bien, el Papa acaba de reunirse con líderes de movimientos populares, entre ellos el presidente de Bolivia, Evo Morales. Y ahí ha hablado, en sus palabras y con sus formas, del ciclo neoliberal. Ha hablado de una sociedad mundial que descarta a grandes masas de sus miembros para defender un sistema que hace del dinero su dios. Ha dicho, además, que la pobreza no reclama solamente compasión sino respeto y acompañamiento a los movimientos populares que luchan. Al Papa, definitivamente, no lo pueden utilizar ideológicamente los conservadores de ningún país del mundo.
Quienes defienden la plena restauración del neoliberalismo en el país no han encontrado todavía una fórmula política eficaz. En la base de esa carencia está la dificultad de recomponer la coalición social menemista después de doce años de fuertes transformaciones que han impactado fuertemente en los sectores populares.
09/11/14 Página|12
Estado de gracia Por Adrian Murano
Los argentinos, a favor de la presencia estatal
YPF, al mando de Galuccio, es una de las empresas recuperadas para la gestión estatal.
A contramano de los noventa, una encuesta revela que en el país se ve con buenos ojos la intervención del sector público en áreas clave de la economía. La contracara: la imagen de las empresas está por el piso. Razones y desafíos de una recuperación histórica.
Dicen que el ser humano es el único animal capaz de tropezar dos veces con la misma piedra. Los argentinos, está claro, no somos una excepción. Pero hay lecciones que, de tan dolorosas, dejaron enseñanzas imborrables. Una de ellas: destruir al Estado fue un suicidio social.
Una encuesta realizada por la consultora Ipsos Mora y Araujo revela que la mayoría de los argentinos hoy tenemos una percepción positiva del Estado, que valoramos su intervención en áreas estratégicas y pedimos que su influencia se extienda a rubros todavía dominados por la lógica voraz del mercado. La contracara: desconfiamos del sector privado y la reputación de las empresas está por el piso. El sondeo ratifica el cambio de época en el país y en la región, donde gobiernos de raigambre popular siguen ratificando su liderazgo en las urnas aun frente a la intensa oposición del establishment que financia violentas campañas que buscan torcer la voluntad de los pueblos. Y es un aviso para los políticos argentinos con aspiraciones electorales que coquetean con encabezar la restauración conservadora que los sectores concentrados de la economía reclaman a viva voz.
Para la Argentina que refleja esta encuesta, el estallido del 2001 equivalió a un big bang. Luego de que la dictadura impusiera a sangre y fuego el germen anti-Estado que las políticas neoliberales de Carlos Menem convirtieron en enfermedad mortal, el pusilánime gobierno de Fernando de la Rúa se derrumbó por el peso de un país cargado de desempleo, pobreza y desigualdad. Lejos de las virtudes que los economistas mediáticos suelen adjudicarle al “mercado”, la eclosión de la Argentina fue un ejemplo mundial de las consecuencias que sufren los países que abjuran de sus Estados. De hecho, dos premios Nobel de Economía, Paul Krugman y Joseph Stiglitz, tomaron como referencia al país para describir las calamidades que se abaten en las naciones que viven bajo la dictadura del mercado.
A Stiglitz y Krugman, es cierto, los premiaron por criticar las perversiones en los mercados, pero sin acusar al sistema, al que siguen considerando virtuoso. Sus observaciones, sin embargo, sirvieron para reponer en el centro de la escena al Estado, que el neoliberalismo intentó erradicar. En la Argentina, aquel temporal ideológico arrasó primero con las empresas públicas, entregadas al sector privado bajo la modalidad de negocio llave en mano, y destruyó luego la presencia estatal en sectores clave como educación, salud y seguridad. La retracción estatal minó la autoridad gubernamental, creando un sistema vicioso que favoreció la expansión de monopolios y oligopolios que se extendieron como una plaga sin control, destruyendo el sistema productivo argentino y su tejido social.
Frente a esas evidencias históricas, parece mentira que en la Argentina todavía hay quienes repiten que la única función del Estado debe ser la de “controlar”: un Estado pobre, diminuto y desvalido es incapaz de controlar los abusos de los dueños del dinero y, por lo tanto, del poder real. Por ese motivo, la crisis que estalló en diciembre de 2001 dejó, entre otras lecciones, un menú urgente de tres pasos: restituir la autoridad presidencial, reconciliar a la política con la sociedad y recuperar al Estado como herramienta redistributiva y correctiva en la puja con el poder real. Con fina sensibilidad para percibir el humor social, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fueron labrando la reconstrucción del Estado a medida que afirmaban su empatía con las mayorías populares que aún hoy, luego de doce años de mandato, siguen teniendo una mirada positiva de la gestión K. Así lo mostró una encuesta de Poliarquía, difundida por el periódico opositor La Nación, en la cual un 40 por ciento de los encuestados hizo una evaluación favorable de la tarea del Gobierno. El mismo sondeo marcó que un 50 por ciento quiere “cambios moderados” en la próxima gestión, con continuidad de políticas públicas que implican fuerte presencia estatal.
El trabajo que el sociólogo Luis Costa realizó para Ipsos Mora y Araujo ratifica que la mayoría de los argentinos dejó atrás la demonización del Estado que alfombró la depredación de los noventa, e incluso pide más. Siete de cada diez consultados dicen que las empresas de servicios públicos “deben ser del Estado”. El 57 por ciento quiere lo mismo con las empresas del transporte, rubro en el que la demorada estatización tuvo como peor saldo las 51 muertes evitables de la tragedia de Once. Del mismo modo que aquel episodio trágico convenció al Gobierno de retomar para el Estado la gestión de los ferrocarriles, la depredación de Repsol que derivó en crisis energética empujó a retomar las riendas de YPF, la petrolera de bandera enajenada en los noventa y explotada a destajo por la firma española bajo la falsa premisa de que la gestión privada es más eficiente que la estatal. Con todos los indicadores de la compañía en alza, el presidente designado por el Estado, Miguel Galuccio, acaba de ser consagrado como CEO del año por sus pares del ámbito privado en una encuesta de El Cronista Comercial.
Con menos vocación estatista que la que se le asigna, el Gobierno fue recuperando el control de algunos servicios públicos a medida que el sector privado fue dando muestras de déficit en la gestión. Una de las primeras firmas recuperadas fue Aguas Argentinas, hoy AySA, que se transformó en una herramienta crucial para avanzar en tendidos de redes de agua potable y cloacas que sus anteriores accionistas privados habían abandonado en nombre de la rentabilidad. La mejora en la gestión de AySa –a manos del sindicato bajo gestión estatal– hizo que la empresa ya casi no figure en el ranking de quejas que la Secretaría de Defensa del Consumidor elabora en base a los reclamos de los usuarios. Al frente de ese listado, por lejos y desde hace años, están las empresas de telefonía celular, un negocio fabuloso para las telefónicas que el Gobierno ahora se propone regular a través del programa Argentina Digital. Aunque anunciada con cuestionable demora, la regulación va en línea con lo que refleja la encuesta de Ipsos, dónde el 55 por ciento reclama que las empresas de telefonía vuelvan a manos del Estado. Eso, en principio, no ocurrirá. Pero la declaración de la telefonía celular como servicio público permitirá terminar con los abusos que las telefónicas perpetraron en un mercado que se desarrolló a discreción.
La confianza de los argentinos por el sector público llega incluso a lugares que los privados creían inexpugnables: cuatro de cada diez argentinos creen que las empresas de consumo masivo deberían estar en manos estatales. El dato se vincula con otro resultado contundente: el 71 por ciento de los consultados acusan a los supermercados y a las empresas por los incumplimientos en el programa Precios Cuidados, que el Gobierno lanzó como un modo de amortiguar la inflación, pero que terminó siendo un eficaz mecanismo para visibilizar el rol de las empresas en la formación de precios.
En la encuesta, más del 50 por ciento de los consultados se mostró a favor de que el Estado ejercite el control de precios de los alimentos básicos y los servicios, un resultado que contradice la formidable campaña “anticontroles” que los medios afines al establishment llevan adelante desde que Precios Cuidados entró en vigor. Según relevó Ipsos, otro país de la región en el que más de la mitad de la población valora que el Estado controle los precios es Brasil, donde acaba de ser ratificada en la presidencia Dilma Rousseff. No parece casual que en ambos países los medios masivos utilicen argumentos idénticos para fustigar a los gobiernos: las multinacionales que suelen financiar a esos medios, parece, no sólo se transfieren productos sobrefacturados entre sí. Por lo visto, también comparten los contenidos de las campañas de prensa con las que buscan manipular a la opinión pública en beneficio de sus intereses corporativos.
Por cierto: la corrupción de los funcionarios de gobierno facilita que esas campañas impacten en la población. Y los casos de gestión deficiente y/o corrupta en el sector público ofrecen flancos débiles que son y serán aprovechados por los comunicadores adictos al mercado. Es indispensable que los gobiernos generen anticuerpos que protejan al Estado de las bacterias que amenazan a su revitalizada salud.
A contramano de la valorización del Estado, la reputación del sector privado está por el piso de la consideración popular. Seis de cada diez argentinos creen que las empresas mienten cuando se refieren a la situación de sus compañías, y una cifra similar –62 por ciento– cree que es mejor un país con más cantidad de empresas públicas que privadas. El accionar especulativo y rentista de las empresas explica el descontento de la sociedad con el sector privado. Un ejemplo: en septiembre de 2011, con ventas y producción por las nubes, el 67 por ciento de los argentinos tenía una valoración positiva de la industria automotriz local. Tres años más tarde, en marzo de este año, Ipsos detectó que la reputación cayó al 16 por ciento y seguía en picada. ¿Qué ocurrió en el medio? El Gobierno denunció que las terminales boicotearon el plan Procreauto con el que se buscó sostener la demanda del sector. Y la mayoría de la sociedad coincidió.
En el último tiempo las automotrices ofrecieron un buen ejemplo sobre cómo opera el sector privado para someter al Estado: cuando la rentabilidad se achica, amenazan con despidos. El desempleo es la peor acechanza que un gobierno puede tener. Expertos en extorsionar al sector público para obtener prebendas, los sectores concentrados de la economía suelen amenazar con despidos masivos, fuga de capitales, restricción de divisas y elusión fiscal masiva, entre otras calamidades. Obligado a evitar sobresaltos para retener caudal electoral, el poder político es susceptible a las amenazas y cede hasta lo inconfesable con el objetivo de mantener la “gobernabilidad”. Cuánto más débil es el Estado, más frágiles son los gobiernos para afrontar el toma y daca del poder. En la Argentina, el ejemplo más patético de ese sometimiento ocurrió durante el gobierno de la Alianza, cuando las oficinas públicas y hasta el Congreso se convirtieron en escribanías donde se firmaban y sellaban proyectos impuestos por banqueros, importadores, monopolios industriales y oligopolios de telecomunicación, por citar sólo a los más beneficiados. Con más o menos grado de obscenidad, la experiencia se replicó por el resto de la región, hundiendo a Sudamérica en un mar de desigualdades sociales que parecían imposibles de erradicar. Y en el que Estados Unidos, como patrocinante de ese latrocinio, se propuso pescar a través del ALCA, el tratado de libre comercio con el que pretendía convertir a su patrio trasero en un mercado cautivo de su producción. Esta semana se cumplieron nueve años desde que los líderes emergentes de aquella América latina lacerada y humeante le dijeron “no” al ALCA, fundando una nueva era en la región. Ocurrió en Mar del Plata, una bella ciudad balnearia donde la marea de la historia se llevó los restos de un continente en ruinas. Ahora dependerá de los pueblos, y en especial de sus dirigentes políticos, que lo construido no se desmorone como castillos de arena.
Revista Veintitrés
YPF, al mando de Galuccio, es una de las empresas recuperadas para la gestión estatal.
A contramano de los noventa, una encuesta revela que en el país se ve con buenos ojos la intervención del sector público en áreas clave de la economía. La contracara: la imagen de las empresas está por el piso. Razones y desafíos de una recuperación histórica.
Dicen que el ser humano es el único animal capaz de tropezar dos veces con la misma piedra. Los argentinos, está claro, no somos una excepción. Pero hay lecciones que, de tan dolorosas, dejaron enseñanzas imborrables. Una de ellas: destruir al Estado fue un suicidio social.
Una encuesta realizada por la consultora Ipsos Mora y Araujo revela que la mayoría de los argentinos hoy tenemos una percepción positiva del Estado, que valoramos su intervención en áreas estratégicas y pedimos que su influencia se extienda a rubros todavía dominados por la lógica voraz del mercado. La contracara: desconfiamos del sector privado y la reputación de las empresas está por el piso. El sondeo ratifica el cambio de época en el país y en la región, donde gobiernos de raigambre popular siguen ratificando su liderazgo en las urnas aun frente a la intensa oposición del establishment que financia violentas campañas que buscan torcer la voluntad de los pueblos. Y es un aviso para los políticos argentinos con aspiraciones electorales que coquetean con encabezar la restauración conservadora que los sectores concentrados de la economía reclaman a viva voz.
Para la Argentina que refleja esta encuesta, el estallido del 2001 equivalió a un big bang. Luego de que la dictadura impusiera a sangre y fuego el germen anti-Estado que las políticas neoliberales de Carlos Menem convirtieron en enfermedad mortal, el pusilánime gobierno de Fernando de la Rúa se derrumbó por el peso de un país cargado de desempleo, pobreza y desigualdad. Lejos de las virtudes que los economistas mediáticos suelen adjudicarle al “mercado”, la eclosión de la Argentina fue un ejemplo mundial de las consecuencias que sufren los países que abjuran de sus Estados. De hecho, dos premios Nobel de Economía, Paul Krugman y Joseph Stiglitz, tomaron como referencia al país para describir las calamidades que se abaten en las naciones que viven bajo la dictadura del mercado.
A Stiglitz y Krugman, es cierto, los premiaron por criticar las perversiones en los mercados, pero sin acusar al sistema, al que siguen considerando virtuoso. Sus observaciones, sin embargo, sirvieron para reponer en el centro de la escena al Estado, que el neoliberalismo intentó erradicar. En la Argentina, aquel temporal ideológico arrasó primero con las empresas públicas, entregadas al sector privado bajo la modalidad de negocio llave en mano, y destruyó luego la presencia estatal en sectores clave como educación, salud y seguridad. La retracción estatal minó la autoridad gubernamental, creando un sistema vicioso que favoreció la expansión de monopolios y oligopolios que se extendieron como una plaga sin control, destruyendo el sistema productivo argentino y su tejido social.
Frente a esas evidencias históricas, parece mentira que en la Argentina todavía hay quienes repiten que la única función del Estado debe ser la de “controlar”: un Estado pobre, diminuto y desvalido es incapaz de controlar los abusos de los dueños del dinero y, por lo tanto, del poder real. Por ese motivo, la crisis que estalló en diciembre de 2001 dejó, entre otras lecciones, un menú urgente de tres pasos: restituir la autoridad presidencial, reconciliar a la política con la sociedad y recuperar al Estado como herramienta redistributiva y correctiva en la puja con el poder real. Con fina sensibilidad para percibir el humor social, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fueron labrando la reconstrucción del Estado a medida que afirmaban su empatía con las mayorías populares que aún hoy, luego de doce años de mandato, siguen teniendo una mirada positiva de la gestión K. Así lo mostró una encuesta de Poliarquía, difundida por el periódico opositor La Nación, en la cual un 40 por ciento de los encuestados hizo una evaluación favorable de la tarea del Gobierno. El mismo sondeo marcó que un 50 por ciento quiere “cambios moderados” en la próxima gestión, con continuidad de políticas públicas que implican fuerte presencia estatal.
El trabajo que el sociólogo Luis Costa realizó para Ipsos Mora y Araujo ratifica que la mayoría de los argentinos dejó atrás la demonización del Estado que alfombró la depredación de los noventa, e incluso pide más. Siete de cada diez consultados dicen que las empresas de servicios públicos “deben ser del Estado”. El 57 por ciento quiere lo mismo con las empresas del transporte, rubro en el que la demorada estatización tuvo como peor saldo las 51 muertes evitables de la tragedia de Once. Del mismo modo que aquel episodio trágico convenció al Gobierno de retomar para el Estado la gestión de los ferrocarriles, la depredación de Repsol que derivó en crisis energética empujó a retomar las riendas de YPF, la petrolera de bandera enajenada en los noventa y explotada a destajo por la firma española bajo la falsa premisa de que la gestión privada es más eficiente que la estatal. Con todos los indicadores de la compañía en alza, el presidente designado por el Estado, Miguel Galuccio, acaba de ser consagrado como CEO del año por sus pares del ámbito privado en una encuesta de El Cronista Comercial.
Con menos vocación estatista que la que se le asigna, el Gobierno fue recuperando el control de algunos servicios públicos a medida que el sector privado fue dando muestras de déficit en la gestión. Una de las primeras firmas recuperadas fue Aguas Argentinas, hoy AySA, que se transformó en una herramienta crucial para avanzar en tendidos de redes de agua potable y cloacas que sus anteriores accionistas privados habían abandonado en nombre de la rentabilidad. La mejora en la gestión de AySa –a manos del sindicato bajo gestión estatal– hizo que la empresa ya casi no figure en el ranking de quejas que la Secretaría de Defensa del Consumidor elabora en base a los reclamos de los usuarios. Al frente de ese listado, por lejos y desde hace años, están las empresas de telefonía celular, un negocio fabuloso para las telefónicas que el Gobierno ahora se propone regular a través del programa Argentina Digital. Aunque anunciada con cuestionable demora, la regulación va en línea con lo que refleja la encuesta de Ipsos, dónde el 55 por ciento reclama que las empresas de telefonía vuelvan a manos del Estado. Eso, en principio, no ocurrirá. Pero la declaración de la telefonía celular como servicio público permitirá terminar con los abusos que las telefónicas perpetraron en un mercado que se desarrolló a discreción.
La confianza de los argentinos por el sector público llega incluso a lugares que los privados creían inexpugnables: cuatro de cada diez argentinos creen que las empresas de consumo masivo deberían estar en manos estatales. El dato se vincula con otro resultado contundente: el 71 por ciento de los consultados acusan a los supermercados y a las empresas por los incumplimientos en el programa Precios Cuidados, que el Gobierno lanzó como un modo de amortiguar la inflación, pero que terminó siendo un eficaz mecanismo para visibilizar el rol de las empresas en la formación de precios.
En la encuesta, más del 50 por ciento de los consultados se mostró a favor de que el Estado ejercite el control de precios de los alimentos básicos y los servicios, un resultado que contradice la formidable campaña “anticontroles” que los medios afines al establishment llevan adelante desde que Precios Cuidados entró en vigor. Según relevó Ipsos, otro país de la región en el que más de la mitad de la población valora que el Estado controle los precios es Brasil, donde acaba de ser ratificada en la presidencia Dilma Rousseff. No parece casual que en ambos países los medios masivos utilicen argumentos idénticos para fustigar a los gobiernos: las multinacionales que suelen financiar a esos medios, parece, no sólo se transfieren productos sobrefacturados entre sí. Por lo visto, también comparten los contenidos de las campañas de prensa con las que buscan manipular a la opinión pública en beneficio de sus intereses corporativos.
Por cierto: la corrupción de los funcionarios de gobierno facilita que esas campañas impacten en la población. Y los casos de gestión deficiente y/o corrupta en el sector público ofrecen flancos débiles que son y serán aprovechados por los comunicadores adictos al mercado. Es indispensable que los gobiernos generen anticuerpos que protejan al Estado de las bacterias que amenazan a su revitalizada salud.
A contramano de la valorización del Estado, la reputación del sector privado está por el piso de la consideración popular. Seis de cada diez argentinos creen que las empresas mienten cuando se refieren a la situación de sus compañías, y una cifra similar –62 por ciento– cree que es mejor un país con más cantidad de empresas públicas que privadas. El accionar especulativo y rentista de las empresas explica el descontento de la sociedad con el sector privado. Un ejemplo: en septiembre de 2011, con ventas y producción por las nubes, el 67 por ciento de los argentinos tenía una valoración positiva de la industria automotriz local. Tres años más tarde, en marzo de este año, Ipsos detectó que la reputación cayó al 16 por ciento y seguía en picada. ¿Qué ocurrió en el medio? El Gobierno denunció que las terminales boicotearon el plan Procreauto con el que se buscó sostener la demanda del sector. Y la mayoría de la sociedad coincidió.
En el último tiempo las automotrices ofrecieron un buen ejemplo sobre cómo opera el sector privado para someter al Estado: cuando la rentabilidad se achica, amenazan con despidos. El desempleo es la peor acechanza que un gobierno puede tener. Expertos en extorsionar al sector público para obtener prebendas, los sectores concentrados de la economía suelen amenazar con despidos masivos, fuga de capitales, restricción de divisas y elusión fiscal masiva, entre otras calamidades. Obligado a evitar sobresaltos para retener caudal electoral, el poder político es susceptible a las amenazas y cede hasta lo inconfesable con el objetivo de mantener la “gobernabilidad”. Cuánto más débil es el Estado, más frágiles son los gobiernos para afrontar el toma y daca del poder. En la Argentina, el ejemplo más patético de ese sometimiento ocurrió durante el gobierno de la Alianza, cuando las oficinas públicas y hasta el Congreso se convirtieron en escribanías donde se firmaban y sellaban proyectos impuestos por banqueros, importadores, monopolios industriales y oligopolios de telecomunicación, por citar sólo a los más beneficiados. Con más o menos grado de obscenidad, la experiencia se replicó por el resto de la región, hundiendo a Sudamérica en un mar de desigualdades sociales que parecían imposibles de erradicar. Y en el que Estados Unidos, como patrocinante de ese latrocinio, se propuso pescar a través del ALCA, el tratado de libre comercio con el que pretendía convertir a su patrio trasero en un mercado cautivo de su producción. Esta semana se cumplieron nueve años desde que los líderes emergentes de aquella América latina lacerada y humeante le dijeron “no” al ALCA, fundando una nueva era en la región. Ocurrió en Mar del Plata, una bella ciudad balnearia donde la marea de la historia se llevó los restos de un continente en ruinas. Ahora dependerá de los pueblos, y en especial de sus dirigentes políticos, que lo construido no se desmorone como castillos de arena.
Revista Veintitrés
Estados Unidos giró (más) a la derecha Llamado de atención Por Alfredo Grieco y Bavio
En las últimas elecciones para senadores, diputados y gobernadores, el Partido Republicano ganó con comodidad y bajó al segundo lugar a los demócratas. Obama, pese a que cuenta con el 44 por ciento de popularidad, fue castigado con el sufragio. El país que se viene. Con más de doscientos años de democracia ininterrumpida, y con una población de 320 millones que es casi la de un continente, en las elecciones legislativas estadounidenses del martes el número de votantes fue sin embargo inferior al de los 111 millones de televidentes que pocos meses atrás se quedaron pegados a las pantallas el día del Superbowl. Menos del 40% del padrón de 235 millones fue a votar para renovar un tercio de las 100 bancas del Senado y para elegir a los 435 representantes que integran la Cámara baja y a gobernadores de 36 de los 50 estados. El resultado fue una victoria abrumadora del opositor y derechista Partido Republicano, a pesar de que el presidente Barack Obama, demócrata, cuenta con un 44% de popularidad, de que el crecimiento de Estados Unidos será este año del 3,5% y de que la desocupación bajó al 5,9 por ciento. Y de que los gastos de campaña hayan sido millonariamente parejos.
Elecciones diseñadas contra los pobres. Es cierto que en Estados Unidos las jornadas electorales están diseñadas desde el nacimiento de la nación para favorecer, justamente, a los votantes más favorecidos. Son en un día laborable, los martes. Y los lugares de votación están las más de las veces ubicados lejos –lejos de las residencias de los votantes, y lejos de sus puestos de trabajo–. Este martes, además, el clima y las condiciones meteorológicas conspiraron contra quienes no dispusieran de sólidos y confortables medios privados de transporte. El estado de Maine, en la Costa Este, fue asolado por tormentas de nieve. Y las lluvias fueron torrenciales en Texas, Oklahoma y Arkansas. Este último, el estado del ex presidente Bill Clinton, era clave para los demócratas, que buscaron evitar –en vano– que los republicanos ganaran en el Senado una mayoría de la que ya gozaban en la Cámara de Representantes.
Los pactos de la derrota. Después de ocho años, los republicanos ganaron el martes el Senado de Estados Unidos. Con este dominio completo del Congreso, obligarán al presidente Obama a pactar cada nueva ley en los dos años que le quedan de mandato. Lograr la reforma migratoria con una solución para millones de indocumentados era una de las mayores esperanzas de la administración demócrata para este período final en la Casa Blanca. Las victorias de West Virginia, Arkansas, Dakota del Sur, Montana, Colorado y Iowa aseguraron a los republicanos los seis nuevos puestos que necesitaban para lograr el mínimo de 51 bancas para controlar la Cámara alta. El Senado, que el martes renovó a un tercio de sus miembros, estaba dominado por los demócratas desde 2006. Como se preveía, los republicanos confirmaron también su dominio en la Cámara de Representantes que controlan desde 2010 y que renovaba sus 435 bancas.
La batalla y la parálisis. La batalla de la Casa Blanca vs. el Capitolio se renovó el mismo miércoles después de la elección de renovación legislativa. Pero tras dos años de parálisis y con las elecciones presidenciales de 2016 en el horizonte, los dos polos del bipartidismo norteamericano parecen predestinados ahora a llegar a acuerdos de compromiso. Entretanto, las muestras del triunfalismo republicano no escasearon. “Los principios y el mensaje de nuestro partido han tenido eco en los votantes de todo el país. Esto es un rechazo a las políticas fallidas del presidente Obama”, dijo Reince Priebus, presidente del Comité Nacional Republicano. “Los republicanos en el Senado y en la Cámara de Representantes están preparados para escuchar a los estadounidenses. Esperemos que el presidente Obama también”, añadió en un comunicado. “No espero que el presidente se levante mañana y vea el mundo de forma diferente y él sabe que yo tampoco”, dijo Mitch McConnell, senador por el estado conservador y “redneck” de Kentucky, y líder de los republicanos en el Senado. McConnell es uno de los grandes rivales del demócrata Obama, pero también uno de los más propensos al consenso en la Cámara alta.
Horizonte 2016. Quedan dos años hasta las presidenciales. Uno y otro partido consideran que no hay tiempo que perder tras 24 meses de disputas políticas que han hecho que haya empeorado la imagen que los estadounidenses tienen sobre Washington. Así lo dijo John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes y líder republicano: “Es hora de que el gobierno empiece a obtener resultados e implementar soluciones ante los desafíos a los que se enfrenta nuestro país, empezando por nuestra economía en dificultades”. Capitolio y Casa Blanca deberán entenderse para llevar adelante sus respectivas agendas. Ambos tienen derecho de veto sobre el otro, pero Obama cuenta con la potestad de tomar medidas ejecutivas por su cuenta. En ambas agendas aparece en la lista de cuestiones pendientes la reforma migratoria, una de las grandes promesas de Obama desde que llegó a la presidencia en 2008 y bloqueada por los republicanos en la Cámara de Representantes. Esa ley y otras relacionadas con impuestos, medioambiente, infraestructuras y demás requerirán de consenso para salir adelante. Pero la ley sobre los migrantes es la más urgente. El primer presidente negro en la Casa Blanca no ha dado un paso aún para no desmentir su promesa electoral, sobre todo al electorado latino, y concretar una reforma para sacar de las sombras a los 11 millones de indocumentados que actualmente viven en el país.
Un Capitolio superlatino
Hasta la derecha triunfante en las elecciones de renovación parlamentaria en Estados Unidos debe respetar los datos de la nueva demografía. El Partido Republicano puede triunfar y ganar la mayoría absoluta en la Cámara de Representantes y en el Senado, pero esa mayoría no es ya la del arrogante WASP, blanco, anglosajón y protestante, por sus siglas en inglés. Y ni siquiera es sólo angloparlante. El nuevo Congreso estadounidense consagrado en las elecciones del martes contará con un número récord de legisladores latinos. Así lo hizo saber el miércoles la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO, por sus siglas, sí, en inglés). El número de congresistas latinos ascenderá de 28 a 29 en la Cámara de Representantes. Habrá 22 demócratas y siete republicanos. Antes de esta elección, NALEO había proyectado que los latinos aumentarían su representación de 28 a 32, por lo que el crecimiento ha sido inferior a lo esperado. La Cámara baja contará con cinco nuevas caras latinas: Rubén Gallego por Arizona, Norma Torres por California, Pete Aguilar por California, Carlos Curbelo por Florida y Alex Mooney por West Virginia. En cambio, el número de latinos en el Senado permanecerá invariable. Ninguno de los tres senadores latinos que hay actualmente –Marco Rubio, Bob Menéndez y Ted Cruz– debió presentarse el martes para ver si resultaba reelecto en su banca. Desde que en 1822 el delegado Joseph Marion Hernández, de Florida, se convirtió en el primer estadounidense de origen hispano en servir en el Congreso, un total de 102 hispanos han ocupado una banca en más de 200 años de vida norteamericana independiente.
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MESA DE ENLACE VS. DESARROLLO RURAL Modelos y prioridades Por Raúl Dellatorre
El proyecto de modificación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna ha vuelto a enfrentar, esta última semana, al gobierno nacional con la Mesa de Enlace. Desde la visión de los funcionarios que articulan la política agropecuaria, no se trata de una lucha de espacios, sino de proyectos. El nuevo esquema defenderá la producción de otros tipos de carne (porcina, aviar, caprina, pesca, entre otras) a la par de la de origen vacuno, lo cual busca romper la hegemonía de los grandes establecimientos ganaderos y los frigoríficos exportadores tradicionales, que usualmente recogían los beneficios de las políticas públicas. “Venimos enfrentándonos con los sectores más concentrados para generar una Argentina más justa y equitativa”, definió Carla Campos Bilbao, la titular de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura. Desde su punto de vista, son dos modelos que confrontan con objetivos disímiles y también actores diferentes: mientras el modelo agroexportador apunta a medir los resultados exclusivamente en los dólares obtenidos y centraliza los beneficios en pocas manos, el modelo de desarrollo productivo regional se asienta en el crecimiento y diversificación del consumo y sus resultados se miden por la generación de empleo, la accesibilidad al consumo y a la alimentación de la población y el desarrollo productivo local. “El pequeño productor empieza a entender que la lógica de la desestabilización para arrancarle al Gobierno una devaluación no es el camino para poder crecer, sino que es en beneficio de unos pocos, que viven de la exportación y no del consumo interno”, subrayó la funcionaria.
“El consumo de proteína cárnica por habitante siempre fue un negocio de la carne vacuna. Hoy consumimos 70 kg de carne vacuna por año y por persona, pero también 40 de pollo, 14 de cerdo, 1 kg de carne ovina y 2 de pescado. Además, crece la producción de cabritos y chivos, con faena controlada en vez de la clandestina o informal. La faena de carnes no es un sector que haya atraído grandes inversiones, salvo en pollos. Es producto, fundamentalmente, del crecimiento local”, señala la titular de Desarrollo Rural.
El programa de diversificación productiva que alienta el Ministerio de Agricultura desde hace cinco años logró aumentar los niveles de autoabastecimiento regional en productos frescos (carnes, frutas y hortalizas) a casi el 40 por ciento en promedio por provincia. Esto es, verduras y frutas que antes viajaban cientos de kilómetros para llegar al consumidor, con el consecuente encarecimiento del precio (no siempre justificado en la suma de los costos), hoy se producen y distribuyen en una misma jurisdicción, favoreciendo la participación de pequeños agricultores en la comercialización.
“Se logra a través de mercados concentradores y por distribución regional, no son ferias artesanales, son mercados de cercanías que permiten resolver cuestiones de abastecimiento alimentario a nivel territorial”, explica Campos Bilbao. En promedio, en el 2002 menos del 20 por ciento del consumo de productos frescos en cada provincia provenía de la producción local. Hoy dicha proporción está cerca del 40 por ciento aunque con casos muy diversos: en Corrientes, Entre Ríos y Misiones ya se alcanza el 80 por ciento de abastecimiento local, mientras que en Santa Cruz sólo es el 10 por ciento.
Hay ejemplos significativos que reflejan el resultado de este modelo de desarrollo regional. En San Juan, se amplió la superficie destinada al cultivo de hortalizas, alcanzando un nivel de autoabastecimiento del 60 por ciento, además de excedentes exportables. La infraestructura en energía eléctrica y caminos, que se montó para movilizar la extracción minera, fue aprovechada en favor de emprendimientos agrícolas y obras de riego, que desarrollaron la zona y le dieron acceso a los mercados consumidores. Hubo también un importante respaldo de la provincia mediante la reinversión de regalías mineras en estos proyectos.
En Neuquén, a partir de las inversiones en infraestructura para Vaca Muerta, se está trabajando en el desarrollo de productores locales de carnes y hortalizas.
La región del Noroeste es en la que más creció el PBI en el primer semestre de este año, aseguran en la cartera de Agricultura, por efecto del desarrollo de una matriz productiva de alimentos, principalmente en Salta y Santiago del Estero, con el acento en hortalizas, miel y carne. “Salta está recuperando una tradición de provincia con fuerte desarrollo de economía regional, como lo fue en sus orígenes con la producción azucarera y tabacalera. Otras provincias sin esa tradición, también empiezan a encontrar que el desarrollo de una matriz productiva alimentaria diversificada para el consumo local es una alternativa válida para la generación de empleo”, señala la funcionaria.
El caso de la miel es paradigmático. Argentina es el primer productor mundial y el segundo exportador, tiene más de 30 mil productores en la actividad (es casi el equivalente al número de productores de cereales), pero hasta hace poco las ventas al exterior estaban concentradas en tres manos. El programa de diversificación productiva del ministerio le abrió el camino a la formación de ocho consorcios exportadores que reúnen a establecimientos medianos, distribuidos en todo el país. “El sector exporta unos 700 millones de dólares al año, no se puede comparar en valor con los principales rubros de la Pampa Húmeda pero sí en impacto en mano de obra”, apunta Campos Bilbao. La lógica de distribución de resultados es totalmente distinta de la que prima en los complejos agroexportadores principales. Una lógica que también empieza a imponerse en la producción vitivinícola, de peras y manzanas.
“El desarrollo rural es resultado de estas políticas: dar riego, electrificación, conectar rutas, y articulación con otros rubros productivos. No tiene nada que ver con los postulados de la dirigencia de la Mesa de Enlace, pero es la que comprende y defiende los intereses de un sector que abarca a 250 mil productores”, concluyó la secretaria de Desarrollo Rural.
09/11/14 Página|12
“El consumo de proteína cárnica por habitante siempre fue un negocio de la carne vacuna. Hoy consumimos 70 kg de carne vacuna por año y por persona, pero también 40 de pollo, 14 de cerdo, 1 kg de carne ovina y 2 de pescado. Además, crece la producción de cabritos y chivos, con faena controlada en vez de la clandestina o informal. La faena de carnes no es un sector que haya atraído grandes inversiones, salvo en pollos. Es producto, fundamentalmente, del crecimiento local”, señala la titular de Desarrollo Rural.
El programa de diversificación productiva que alienta el Ministerio de Agricultura desde hace cinco años logró aumentar los niveles de autoabastecimiento regional en productos frescos (carnes, frutas y hortalizas) a casi el 40 por ciento en promedio por provincia. Esto es, verduras y frutas que antes viajaban cientos de kilómetros para llegar al consumidor, con el consecuente encarecimiento del precio (no siempre justificado en la suma de los costos), hoy se producen y distribuyen en una misma jurisdicción, favoreciendo la participación de pequeños agricultores en la comercialización.
“Se logra a través de mercados concentradores y por distribución regional, no son ferias artesanales, son mercados de cercanías que permiten resolver cuestiones de abastecimiento alimentario a nivel territorial”, explica Campos Bilbao. En promedio, en el 2002 menos del 20 por ciento del consumo de productos frescos en cada provincia provenía de la producción local. Hoy dicha proporción está cerca del 40 por ciento aunque con casos muy diversos: en Corrientes, Entre Ríos y Misiones ya se alcanza el 80 por ciento de abastecimiento local, mientras que en Santa Cruz sólo es el 10 por ciento.
Hay ejemplos significativos que reflejan el resultado de este modelo de desarrollo regional. En San Juan, se amplió la superficie destinada al cultivo de hortalizas, alcanzando un nivel de autoabastecimiento del 60 por ciento, además de excedentes exportables. La infraestructura en energía eléctrica y caminos, que se montó para movilizar la extracción minera, fue aprovechada en favor de emprendimientos agrícolas y obras de riego, que desarrollaron la zona y le dieron acceso a los mercados consumidores. Hubo también un importante respaldo de la provincia mediante la reinversión de regalías mineras en estos proyectos.
En Neuquén, a partir de las inversiones en infraestructura para Vaca Muerta, se está trabajando en el desarrollo de productores locales de carnes y hortalizas.
La región del Noroeste es en la que más creció el PBI en el primer semestre de este año, aseguran en la cartera de Agricultura, por efecto del desarrollo de una matriz productiva de alimentos, principalmente en Salta y Santiago del Estero, con el acento en hortalizas, miel y carne. “Salta está recuperando una tradición de provincia con fuerte desarrollo de economía regional, como lo fue en sus orígenes con la producción azucarera y tabacalera. Otras provincias sin esa tradición, también empiezan a encontrar que el desarrollo de una matriz productiva alimentaria diversificada para el consumo local es una alternativa válida para la generación de empleo”, señala la funcionaria.
El caso de la miel es paradigmático. Argentina es el primer productor mundial y el segundo exportador, tiene más de 30 mil productores en la actividad (es casi el equivalente al número de productores de cereales), pero hasta hace poco las ventas al exterior estaban concentradas en tres manos. El programa de diversificación productiva del ministerio le abrió el camino a la formación de ocho consorcios exportadores que reúnen a establecimientos medianos, distribuidos en todo el país. “El sector exporta unos 700 millones de dólares al año, no se puede comparar en valor con los principales rubros de la Pampa Húmeda pero sí en impacto en mano de obra”, apunta Campos Bilbao. La lógica de distribución de resultados es totalmente distinta de la que prima en los complejos agroexportadores principales. Una lógica que también empieza a imponerse en la producción vitivinícola, de peras y manzanas.
“El desarrollo rural es resultado de estas políticas: dar riego, electrificación, conectar rutas, y articulación con otros rubros productivos. No tiene nada que ver con los postulados de la dirigencia de la Mesa de Enlace, pero es la que comprende y defiende los intereses de un sector que abarca a 250 mil productores”, concluyó la secretaria de Desarrollo Rural.
09/11/14 Página|12
EXCLUSIVO LA LISTA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS QUE GIRARON AL EXTERIOR DOLARES PARA DISTRIBUIR UTILIDADES Más verdes con rumbo a la casa matriz
Contra lo afirmado por los economistas del establishment y las quejas empresarias, este año se girarán al exterior unos 1700 millones de dólares de utilidades, un 20 por ciento más que en 2013. A ello se suman los 2750 millones ya destinados a ahorro y turismo. La política de administración de divisas que contuvo la corrida preservando las reservas.
Por Alfredo Zaiat
Un listado de las operaciones cursadas a través del Mercado Unico de Cambio con las utilidades y dividendos de empresas girados al exterior revela que al 6 de octubre de este año el monto por ese concepto ascendía a 1293 millones de dólares, y quedaban pendientes 384 millones ya autorizados hasta fin de 2014. El ranking es liderado por Minera Alumbrera, con 178 millones de dólares, seguida por Chevron Argentina, 61,6; Cerro Vanguardia, 48,6; Siderar, 41,1; Peugeot Citroën, 36,5 Massalin Particulares, 36,0; Acindar, 34,9 millones de dólares. Siderca también remitió 30,5 millones que sumados al giro de Siderar totaliza para el Grupo Techint 71,6 millones de dólares, con un saldo adicional de 6 millones para esa segunda compañía hasta fin de año. Casi 200 empresas han estado enviando dólares al exterior por ganancias generadas en el mercado local, un 23 por ciento más que en los primeros diez meses del año pasado. Estos montos, que en el acumulado será de unos 1700 millones de dólares en 2014, muestran que las grandes firmas siguen contabilizando importantes utilidades que comparten con sus accionistas, y además que no es tan rígido el régimen de administración de divisas que en el mercado lo asocian con un instrumento de tortura de cuatro letras.
En un año de estancamiento económico, dos corridas cambiarias, una devaluación brusca en enero y habituales pronósticos de crisis del elenco estable de economistas del establishment, el nivel de las reservas del Banco Central permitieron aumentar el abastecimiento de dólares para que las empresas giren utilidades al exterior. También facilitaron la compra de dólares para ahorro y para viajes al exterior. Desde fines de enero, cuando el equipo económico flexibilizó el acceso a dólares para atesorar, 2343,6 millones fueron comprados mayormente por trabajadores en relación de dependencia de sueldos medios y altos, mientras que por viajes al exterior la AFIP aprobó operaciones por 430,0 millones. Por esos tres rubros (utilidades, ahorro y turismo), más de 4500 millones de dólares salieron de la cuenta del Banco Central y el stock de reservas no se derrumbó como pronosticaban/deseaban analistas de la city. En relación al nivel de principios de año (30.599 millones de dólares), sólo descendió 2481 millones, apenas el 8,1 por ciento en un contexto desfavorable en el sector externo por caída del comercio internacional y la permanente campaña de desestabilización de los fondos buitre.
A ese mayor desembolso de reservas por remisión de utilidades, dólar ahorro y moneda extranjera para viajes, se le adicionan los pagos por importación de energía, la ratificación de la estrategia de desendeudamiento (este año incluyó el acuerdo por el default con el Club de París, con un primer desembolso de 642 millones de dólares) y la cancelación de deuda en términos netos con organismos multilaterales de crédito. La recomposición de las relaciones con el BID y el Banco Mundial encaradas por el Gobierno busca revitalizar líneas de créditos para que, al menos, el balance cambiario con esas instituciones internacionales registre un saldo anual neutro. La administración de divisas para la importación, con mayor dedicación en los sectores automotor y electrónica de Tierra del Fuego, el swap de monedas con China y la colocación de bonos atados a la evolución del tipo de cambio oficial colaboraron para cuidar el actual stock de reservas, que pese a las corridas sigue en niveles adecuados para mantener el control de la política económica.
Existe un marco de inquietud por la disponibilidad de divisas en una economía con restricción externa definida por una estructura productiva desequilibrada (el complejo agrario proveedor de dólares y la industria deficitaria y demandante de esos dólares). En ese terreno de incertidumbre existe espacio para el despliegue de presiones devaluacionistas y sobre las reservas del Banco Central. Pese a la exacerbación de esas tensiones, promovidas desde los sectores financiero, complejo exportador y rentista dolarizado, la última corrida cambiaria logró aplacarse por la decisión política de reasumir el control del mercado cambiario por parte de las autoridades correspondientes. El Banco Central obligó a las entidades financieras a subir la tasa de interés para el pequeño y mediano ahorrista y fortaleció su tarea de fiscalización y sanción en colaboración con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Además definió un acuerdo con los exportadores del agro para normalizar la venta de dólares provenientes de la actual cosecha y para adelantar 1500 millones de dólares del primer trimestre del año próximo. Además la AFIP difundió la denuncia por sobrefacturación de importaciones de Procter & Gamble y el avance de la investigación sobre otras grandes firmas internacionales pretende ser una señal para desalentar al resto de las compañías sobre la tentación de ejecutar maniobras de comercio exterior que deterioran deliberadamente las reservas del Banco Central.
Giro de utilidades
El grado importante de extranjerización de la economía es un factor sensible, puesto que presiona sobre las reservas debido a la demanda de las filiales de envío de ganancias hacia las casas matrices. La evolución de esa variable revela que fue creciendo en forma significativa desde 2003 hasta 2011, con un salto importante en 2008, al acumular 3439 millones de dólares, cuando un año antes había sido de 1725 millones. En 2012, el Gobierno dispuso restricciones a la remisión de dividendos, en algunos casos con regulaciones indirectas, como en el caso de los bancos, al exigir una mayor integración de capital, y en el resto por limitaciones a la compra de dólares. El balance cambiario del Banco Central muestra que en 2003 el giro de utilidades sumó 869 millones de dólares, aumentando año tras año hasta los 4387 millones de dólares en 2011. En los dos años siguientes hubo una abrupta baja a 225 y 1363 millones de dólares, respectivamente. Este año cambiará la tendencia para subir a unos 1700 millones de dólares, nivel similar al del 2007, año del comienzo de la corrida cambiaria permanente que acompaña al período de gobierno de CFK.
La comparación de este monto con el record de 2011 merece algunas precisiones para evitar el humo de confusiones que dispersan los hombres de negocios dedicados a la comercialización de información económica. La salida de divisas en ese año estuvo concentrada en el período abril-noviembre, meses dominados por la más intensa corrida cambiaria del ciclo kirchnerista previo a la elección presidencial, apostando a una brusca devaluación luego de la apertura de las urnas que entregaron la confirmación de la gestión de CFK con el 54 por ciento de los votos. Durante esos meses, el promedio de giro de utilidades se ubicó en unos 500 millones de dólares mensuales.
A diferencia del actual cuadro de remisión de dividendos, en 2011 se concentró en pocas empresas de dos sectores: petrolero y financiero. Las firmas petroleras lideradas por YPF en manos de la española Repsol giraron utilidades por unos 1200 millones de dólares, 27 por ciento del total. Las entidades financieras y cambiarias, en un contexto de un fuerte ataque especulativo previo a las elecciones presidenciales, giraron más de 400 millones de dólares, entre abril y septiembre de ese año, equivalente al 10 por ciento del total. Petroleras con YPF-Repsol y bancos explican el 37 por ciento del monto global de envíos de dólares al exterior en concepto de dividendos. La conducta de los españoles se explica porque operaba con una lógica meramente extractiva para abultar las ganancias de su casa matriz, dinero que lo orientaba a financiar inversiones en otros países. La recuperación del control de YPF para el Estado permitió anular ese factor especulativo en la operatoria habitual de los españoles, aliviando el ataque sobre las reservas por el giro de utilidades y comenzando a reinvertirlas para recuperar el autoabastecimiento energético, que en el mediano plazo también disminuirá las presiones sobre las reservas.
Con los bancos, el régimen de distribución de dividendos en el exterior era muy flexible porque había un Banco Central cuidando excesivamente los intereses especulativos de las entidades. Para aumentar la solidez sistémica y alejar la posibilidad de una crisis bancaria, el BC aumentó a comienzos de 2012 los requisitos de integración de capital que las entidades debían tener previo a la distribución de ganancias. Esta medida disminuyó –sin anular– la capacidad de desestabilización cambiaria de los bancos.
En este año, el giro de utilidades no registrará la concentración sectorial de los años previos a la instalación del nuevo régimen de administración y control de divisas, cuando empresas guiadas por una fuerte carga especulativa intensificaron la fuga de capitales. A partir de las modificaciones normativas formales e informales mencionadas, se observa que la participación sectorial de los giros de utilidades pasó a distribuirse entre una gran variedad de actividades. De la lista de 200 empresas (se publican las primeras 50), con los montos de utilidades enviadas al exterior con dólares comprados en el Mercado Unico de Cambio, las mineras concentran el 17 por ciento del total; las petroleras, 12; entidades financieras y cambiarias, 11; las químicas, 9; las de alimentos y bebidas, 8; las automotrices, 5; y las productoras de metales comunes, 5 por ciento.
Dólares para ahorrar, dólares para viajar, dólares para distribuir dividendos, dólares para comprar en el exterior combustibles, dólares para pagar deuda, dólares para importar bienes y servicios. No son todos los dólares que cada sector desearía, situación dada por una cuestión estructural de la economía argentina. Es precisamente esa restricción lo que reafirma la necesidad de una administración prudente de la distribución de las divisas (reservas del Banco Central) como política fundamental para asegurar el bienestar general.
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- Utilidades y dividendos por empresa, al 6 de octubre de 2014, en millones de dólares -
09/11/14 Página|12
Por Alfredo Zaiat
Un listado de las operaciones cursadas a través del Mercado Unico de Cambio con las utilidades y dividendos de empresas girados al exterior revela que al 6 de octubre de este año el monto por ese concepto ascendía a 1293 millones de dólares, y quedaban pendientes 384 millones ya autorizados hasta fin de 2014. El ranking es liderado por Minera Alumbrera, con 178 millones de dólares, seguida por Chevron Argentina, 61,6; Cerro Vanguardia, 48,6; Siderar, 41,1; Peugeot Citroën, 36,5 Massalin Particulares, 36,0; Acindar, 34,9 millones de dólares. Siderca también remitió 30,5 millones que sumados al giro de Siderar totaliza para el Grupo Techint 71,6 millones de dólares, con un saldo adicional de 6 millones para esa segunda compañía hasta fin de año. Casi 200 empresas han estado enviando dólares al exterior por ganancias generadas en el mercado local, un 23 por ciento más que en los primeros diez meses del año pasado. Estos montos, que en el acumulado será de unos 1700 millones de dólares en 2014, muestran que las grandes firmas siguen contabilizando importantes utilidades que comparten con sus accionistas, y además que no es tan rígido el régimen de administración de divisas que en el mercado lo asocian con un instrumento de tortura de cuatro letras.
En un año de estancamiento económico, dos corridas cambiarias, una devaluación brusca en enero y habituales pronósticos de crisis del elenco estable de economistas del establishment, el nivel de las reservas del Banco Central permitieron aumentar el abastecimiento de dólares para que las empresas giren utilidades al exterior. También facilitaron la compra de dólares para ahorro y para viajes al exterior. Desde fines de enero, cuando el equipo económico flexibilizó el acceso a dólares para atesorar, 2343,6 millones fueron comprados mayormente por trabajadores en relación de dependencia de sueldos medios y altos, mientras que por viajes al exterior la AFIP aprobó operaciones por 430,0 millones. Por esos tres rubros (utilidades, ahorro y turismo), más de 4500 millones de dólares salieron de la cuenta del Banco Central y el stock de reservas no se derrumbó como pronosticaban/deseaban analistas de la city. En relación al nivel de principios de año (30.599 millones de dólares), sólo descendió 2481 millones, apenas el 8,1 por ciento en un contexto desfavorable en el sector externo por caída del comercio internacional y la permanente campaña de desestabilización de los fondos buitre.
A ese mayor desembolso de reservas por remisión de utilidades, dólar ahorro y moneda extranjera para viajes, se le adicionan los pagos por importación de energía, la ratificación de la estrategia de desendeudamiento (este año incluyó el acuerdo por el default con el Club de París, con un primer desembolso de 642 millones de dólares) y la cancelación de deuda en términos netos con organismos multilaterales de crédito. La recomposición de las relaciones con el BID y el Banco Mundial encaradas por el Gobierno busca revitalizar líneas de créditos para que, al menos, el balance cambiario con esas instituciones internacionales registre un saldo anual neutro. La administración de divisas para la importación, con mayor dedicación en los sectores automotor y electrónica de Tierra del Fuego, el swap de monedas con China y la colocación de bonos atados a la evolución del tipo de cambio oficial colaboraron para cuidar el actual stock de reservas, que pese a las corridas sigue en niveles adecuados para mantener el control de la política económica.
Existe un marco de inquietud por la disponibilidad de divisas en una economía con restricción externa definida por una estructura productiva desequilibrada (el complejo agrario proveedor de dólares y la industria deficitaria y demandante de esos dólares). En ese terreno de incertidumbre existe espacio para el despliegue de presiones devaluacionistas y sobre las reservas del Banco Central. Pese a la exacerbación de esas tensiones, promovidas desde los sectores financiero, complejo exportador y rentista dolarizado, la última corrida cambiaria logró aplacarse por la decisión política de reasumir el control del mercado cambiario por parte de las autoridades correspondientes. El Banco Central obligó a las entidades financieras a subir la tasa de interés para el pequeño y mediano ahorrista y fortaleció su tarea de fiscalización y sanción en colaboración con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Además definió un acuerdo con los exportadores del agro para normalizar la venta de dólares provenientes de la actual cosecha y para adelantar 1500 millones de dólares del primer trimestre del año próximo. Además la AFIP difundió la denuncia por sobrefacturación de importaciones de Procter & Gamble y el avance de la investigación sobre otras grandes firmas internacionales pretende ser una señal para desalentar al resto de las compañías sobre la tentación de ejecutar maniobras de comercio exterior que deterioran deliberadamente las reservas del Banco Central.
Giro de utilidades
El grado importante de extranjerización de la economía es un factor sensible, puesto que presiona sobre las reservas debido a la demanda de las filiales de envío de ganancias hacia las casas matrices. La evolución de esa variable revela que fue creciendo en forma significativa desde 2003 hasta 2011, con un salto importante en 2008, al acumular 3439 millones de dólares, cuando un año antes había sido de 1725 millones. En 2012, el Gobierno dispuso restricciones a la remisión de dividendos, en algunos casos con regulaciones indirectas, como en el caso de los bancos, al exigir una mayor integración de capital, y en el resto por limitaciones a la compra de dólares. El balance cambiario del Banco Central muestra que en 2003 el giro de utilidades sumó 869 millones de dólares, aumentando año tras año hasta los 4387 millones de dólares en 2011. En los dos años siguientes hubo una abrupta baja a 225 y 1363 millones de dólares, respectivamente. Este año cambiará la tendencia para subir a unos 1700 millones de dólares, nivel similar al del 2007, año del comienzo de la corrida cambiaria permanente que acompaña al período de gobierno de CFK.
La comparación de este monto con el record de 2011 merece algunas precisiones para evitar el humo de confusiones que dispersan los hombres de negocios dedicados a la comercialización de información económica. La salida de divisas en ese año estuvo concentrada en el período abril-noviembre, meses dominados por la más intensa corrida cambiaria del ciclo kirchnerista previo a la elección presidencial, apostando a una brusca devaluación luego de la apertura de las urnas que entregaron la confirmación de la gestión de CFK con el 54 por ciento de los votos. Durante esos meses, el promedio de giro de utilidades se ubicó en unos 500 millones de dólares mensuales.
A diferencia del actual cuadro de remisión de dividendos, en 2011 se concentró en pocas empresas de dos sectores: petrolero y financiero. Las firmas petroleras lideradas por YPF en manos de la española Repsol giraron utilidades por unos 1200 millones de dólares, 27 por ciento del total. Las entidades financieras y cambiarias, en un contexto de un fuerte ataque especulativo previo a las elecciones presidenciales, giraron más de 400 millones de dólares, entre abril y septiembre de ese año, equivalente al 10 por ciento del total. Petroleras con YPF-Repsol y bancos explican el 37 por ciento del monto global de envíos de dólares al exterior en concepto de dividendos. La conducta de los españoles se explica porque operaba con una lógica meramente extractiva para abultar las ganancias de su casa matriz, dinero que lo orientaba a financiar inversiones en otros países. La recuperación del control de YPF para el Estado permitió anular ese factor especulativo en la operatoria habitual de los españoles, aliviando el ataque sobre las reservas por el giro de utilidades y comenzando a reinvertirlas para recuperar el autoabastecimiento energético, que en el mediano plazo también disminuirá las presiones sobre las reservas.
Con los bancos, el régimen de distribución de dividendos en el exterior era muy flexible porque había un Banco Central cuidando excesivamente los intereses especulativos de las entidades. Para aumentar la solidez sistémica y alejar la posibilidad de una crisis bancaria, el BC aumentó a comienzos de 2012 los requisitos de integración de capital que las entidades debían tener previo a la distribución de ganancias. Esta medida disminuyó –sin anular– la capacidad de desestabilización cambiaria de los bancos.
En este año, el giro de utilidades no registrará la concentración sectorial de los años previos a la instalación del nuevo régimen de administración y control de divisas, cuando empresas guiadas por una fuerte carga especulativa intensificaron la fuga de capitales. A partir de las modificaciones normativas formales e informales mencionadas, se observa que la participación sectorial de los giros de utilidades pasó a distribuirse entre una gran variedad de actividades. De la lista de 200 empresas (se publican las primeras 50), con los montos de utilidades enviadas al exterior con dólares comprados en el Mercado Unico de Cambio, las mineras concentran el 17 por ciento del total; las petroleras, 12; entidades financieras y cambiarias, 11; las químicas, 9; las de alimentos y bebidas, 8; las automotrices, 5; y las productoras de metales comunes, 5 por ciento.
Dólares para ahorrar, dólares para viajar, dólares para distribuir dividendos, dólares para comprar en el exterior combustibles, dólares para pagar deuda, dólares para importar bienes y servicios. No son todos los dólares que cada sector desearía, situación dada por una cuestión estructural de la economía argentina. Es precisamente esa restricción lo que reafirma la necesidad de una administración prudente de la distribución de las divisas (reservas del Banco Central) como política fundamental para asegurar el bienestar general.
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09/11/14 Página|12
EL PRESIDENTE DE EE.UU. AUTORIZO EL ENVIO DE 1500 “CONSEJEROS MILITARES” Y DIJO QUE NO ENTRARAN EN COMBATE Obama manda tropas a Irak, pero con otro nombre
La Casa Blanca pidió además 5600 millones de dólares adicionales al Congreso para combatir al EI. Los efectivos empezarán a viajar a Irak en las próximas semanas y duplicarán la presencia militar estadounidense en ese país.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, autorizó ayer el envío de 1500 consejeros militares adicionales a Irak, según la Casa Blanca, “para entrenar” a las fuerzas iraquíes y kurdas que combaten al Estado Islámico (EI). Esta cifra duplica el número de tropas estadounidenses en el país, informó el propio gobierno. “Como parte de nuestra estrategia para fortalecer a nuestros aliados en el terreno, el presidente Obama autorizó hoy (por ayer) el despliegue de hasta 1500 integrantes del personal militar estadounidense”, señaló el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, en un comunicado. El anuncio se conoció en el transcurso de la reunión entre Obama y congresistas demócratas y republicanos.
Según el vocero del gobierno, esas tropas no combatirán en el terreno y servirán “para entrenar, aconsejar y asistir a las fuerzas de seguridad iraquíes, incluyendo las fuerzas kurdas”, añadió. Algunos de los consejeros se desplegarán en la provincia de Anbar, donde el ejército de Irak fue forzado a replegarse ante el avance de los jihadistas, dijo un funcionario de Defensa bajo condición de anonimato.
El mismo funcionario informó que algunos de los efectivos empezarán a viajar a Irak en las próximas semanas. El secretario de Defensa, Chuck Hagel, recomendó a Obama realizar esta maniobra basándose en un pedido del gobierno iraquí y con el asesoramiento del Comando Central estadounidense, que supervisa la ofensiva aérea contra el grupo extremista, de acuerdo con el Pentágono.
La Casa Blanca pidió además 5600 millones de dólares adicionales al Congreso para combatir al EI, informó por su parte el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca, Shaun Donovan, en un comunicado. El pedido incluye 1600 millones de dólares para establecer un fondo para entrenar y equipar a las fuerzas de seguridad iraquíes, incluidas las tropas kurdas, ya que trabajan con el gobierno de Irak para enfrentar al EI.
Earnest subrayó que la estrategia de Estados Unidos para combatir al grupo islamista se centra en “construir las capacidades” de las tropas locales que luchan sobre el terreno contra los jihadistas del EI, que se establecieron en una franja de territorio en Irak y Siria. “Hemos estado dando este apoyo a las fuerzas de seguridad iraquíes a través de programas de asesoría y asistencia; provisión de armas, equipo e inteligencia; y ataques aéreos con nuestra coalición de socios para ayudar al éxito de nuestros aliados iraquíes”, agregó el funcionario.
Acusado de limpieza étnica y de crímenes contra la humanidad por la ONU, el grupo Estado Islámico aprovechó la guerra civil en Siria y la inestabilidad de Irak para hacerse con vastos territorios de ambos países. Estados Unidos lanzó una campaña aérea de grandes dimensiones contra este grupo, en Irak, el 8 de agosto y otra, en Siria, el 23 de septiembre.
Washington cuenta actualmente con cerca de 1400 militares en Irak, repartidos entre personal que protege las instalaciones diplomáticas estadounidenses y asesores que colaboran con las fuerzas locales, destacó ayer El País de España. “Estados Unidos dispone de dos centros de operaciones, en Bagdad y Erbil. Los 1500 militares adicionales se instalarán en otros nuevos centros, cuya ubicación no reveló el Pentágono. Y en nuevas bases de entrenamiento en el norte, oeste y sur de Irak. En estas bases, según Washington, también habrá personal de los países occidentales que participan en los bombardeos contra el EI en Irak”, aseguró el diario español.
Los extremistas del EI, que dominan amplias zonas de Al Anbar desde principios de este año, lanzaron una ofensiva relámpago en el norte de Irak en junio y proclamaron un califato en los territorios bajo su control en el país y en la vecina Siria. El grupo jihadista asesinó a principios de mes a más de cien miembros de la tribu Albunamr, entre ellos mujeres y niños, al norte de Ramadi, capital de la provincia iraquí de Al Anbar.
La tribu sunnita –la misma rama del Islam a la que pertenece el EI– había resistido las embestidas de EI durante semanas y había pedido armas al gobierno de Bagdad, de mayoría chiíta. La semana anterior, los miembros de la tribu se quedaron sin municiones y con pocas reservas de alimentos y combustible. Los combatientes jihadistas los cercaron en la ciudad de Zauiyat Albu Nimr y comenzaron las ejecuciones.
Al menos 1273 personas murieron y 2010 resultaron heridas por actos de terrorismo y violencia cometidos durante octubre en Irak, según los últimos datos de la misión de las Naciones Unidas en ese país (Unami).
En tanto, el EI cerró la mayoría de los colegios de la provincia siria de Deir Ezzor (noreste) para reemplazar los programas escolares y evaluar los conocimientos que los docentes tienen de la sharia (ley islámica). Según informó ayer el opositor Observatorio Sirio de Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en Londres, los directores de las escuelas fueron notificados de las nuevas medidas en una reunión mantenida hace dos días en una mezquita de la población de Al Mayadín, en el este de Deir Ezzor.
De acuerdo con lo planeado, los profesores serán examinados durante un mes para probar sus conocimientos de la ley islámica, en la mezquita de Rauda, en esta localidad. Mientras tanto, en la ciudad de Al Bukamal, fronteriza con Irak, el EI anunció el jueves a los maestros que era su último día de clase y que tenían que unirse a sus sesiones de ley islámica, que serán impartidas hasta que esté preparado el nuevo programa escolar.
Carta secreta
Barack Obama escribió el mes pasado una carta “secreta” al líder supremo iraní, Ali Jamenei, según publicó el diario The Wall Street Journal. En la carta, enviada al parecer a mediados de octubre, el presidente estadounidense proponía dos cosas: llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní lo antes posible y colaborar en la lucha contra el Estado Islámico. Ambas cuestiones irían de la mano, para alcanzar un acuerdo antes del 24 de noviembre, que es cuando expira la actual fase negociadora y antes de que el Congreso proponga nuevas sanciones económicas contra Irán, como es probable que ocurra con la nueva mayoría republicana. La revelación del The Wall Street Journal sugiere que Obama temía la victoria de los republicanos en las legislativas. Los intereses de Estados Unidos e Irán convergen especialmente en Irak, donde ambos países apoyan al gobierno de la minoría chiíta. Según el diario, altos funcionarios estadounidenses valoraban recientemente las posibilidades de que hubiera acuerdo sobre el programa nuclear iraní en un 50 por ciento. El carácter privado de la carta se debe, evaluó la publicación, por la mala relación de Irán con dos aliados clave de la Casa Blanca: Arabia Saudita e Israel.
Felicita a los republicanos
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió ayer en la Casa Blanca con líderes demócratas y republicanos del Congreso, por primera vez tras las recientes elecciones, en las que la oposición recuperó el control del Senado. Entre los 16 asistentes estuvo el legislador Mitch McConnell, quien está previsto sea el jefe de la nueva mayoría senatorial a partir de enero próximo, así como el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, ambos republicanos. El líder demócrata llamó a trabajar conjuntamente.
El mandatario felicitó a los republicanos “por realizar una campaña muy fuerte” y reconoció que los resultados de estos comicios mostraron que los estadounidenses están frustrados por la falta de acción de sus gobernantes y quieren más cooperación entre ambas agrupaciones políticas. “Todos tenemos que hacer las cosas bien, pero la responsabilidad es mía en particular”, añadió Obama. Además, prometió que en sus dos últimos años en el cargo juzgará las iniciativas de gobierno sobre la base de su factibilidad y no porque “vengan de los demócratas o los republicanos”. En declaraciones a la prensa antes de una reunión de gabinete previa al almuerzo, Obama dijo que él y el Congreso podrían encontrar terreno común en materia de economía y empleos, así como impulsos a la industria y las exportaciones. “En todos estos temas existe una fuerte posibilidad de cooperación bipartidista siempre que dejemos de lado la política por el momento y nos concentremos en la gente que nos envió aquí”, dijo.
Añadió que siempre tuvo la actitud de que las buenas ideas no provienen necesariamente de un solo partido. “Tengo muchos deseos de reunirme con los dirigentes, tener la oportunidad de decirles lo que creo que debemos hacer para aprovechar el actual impulso económico”, expresó Obama. “Pero también –subrayó– me interesa escucharlos, saber en qué terrenos podemos avanzar juntos.”
08/11/14 Página|12
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, autorizó ayer el envío de 1500 consejeros militares adicionales a Irak, según la Casa Blanca, “para entrenar” a las fuerzas iraquíes y kurdas que combaten al Estado Islámico (EI). Esta cifra duplica el número de tropas estadounidenses en el país, informó el propio gobierno. “Como parte de nuestra estrategia para fortalecer a nuestros aliados en el terreno, el presidente Obama autorizó hoy (por ayer) el despliegue de hasta 1500 integrantes del personal militar estadounidense”, señaló el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, en un comunicado. El anuncio se conoció en el transcurso de la reunión entre Obama y congresistas demócratas y republicanos.
Según el vocero del gobierno, esas tropas no combatirán en el terreno y servirán “para entrenar, aconsejar y asistir a las fuerzas de seguridad iraquíes, incluyendo las fuerzas kurdas”, añadió. Algunos de los consejeros se desplegarán en la provincia de Anbar, donde el ejército de Irak fue forzado a replegarse ante el avance de los jihadistas, dijo un funcionario de Defensa bajo condición de anonimato.
El mismo funcionario informó que algunos de los efectivos empezarán a viajar a Irak en las próximas semanas. El secretario de Defensa, Chuck Hagel, recomendó a Obama realizar esta maniobra basándose en un pedido del gobierno iraquí y con el asesoramiento del Comando Central estadounidense, que supervisa la ofensiva aérea contra el grupo extremista, de acuerdo con el Pentágono.
La Casa Blanca pidió además 5600 millones de dólares adicionales al Congreso para combatir al EI, informó por su parte el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca, Shaun Donovan, en un comunicado. El pedido incluye 1600 millones de dólares para establecer un fondo para entrenar y equipar a las fuerzas de seguridad iraquíes, incluidas las tropas kurdas, ya que trabajan con el gobierno de Irak para enfrentar al EI.
Earnest subrayó que la estrategia de Estados Unidos para combatir al grupo islamista se centra en “construir las capacidades” de las tropas locales que luchan sobre el terreno contra los jihadistas del EI, que se establecieron en una franja de territorio en Irak y Siria. “Hemos estado dando este apoyo a las fuerzas de seguridad iraquíes a través de programas de asesoría y asistencia; provisión de armas, equipo e inteligencia; y ataques aéreos con nuestra coalición de socios para ayudar al éxito de nuestros aliados iraquíes”, agregó el funcionario.
Acusado de limpieza étnica y de crímenes contra la humanidad por la ONU, el grupo Estado Islámico aprovechó la guerra civil en Siria y la inestabilidad de Irak para hacerse con vastos territorios de ambos países. Estados Unidos lanzó una campaña aérea de grandes dimensiones contra este grupo, en Irak, el 8 de agosto y otra, en Siria, el 23 de septiembre.
Washington cuenta actualmente con cerca de 1400 militares en Irak, repartidos entre personal que protege las instalaciones diplomáticas estadounidenses y asesores que colaboran con las fuerzas locales, destacó ayer El País de España. “Estados Unidos dispone de dos centros de operaciones, en Bagdad y Erbil. Los 1500 militares adicionales se instalarán en otros nuevos centros, cuya ubicación no reveló el Pentágono. Y en nuevas bases de entrenamiento en el norte, oeste y sur de Irak. En estas bases, según Washington, también habrá personal de los países occidentales que participan en los bombardeos contra el EI en Irak”, aseguró el diario español.
Los extremistas del EI, que dominan amplias zonas de Al Anbar desde principios de este año, lanzaron una ofensiva relámpago en el norte de Irak en junio y proclamaron un califato en los territorios bajo su control en el país y en la vecina Siria. El grupo jihadista asesinó a principios de mes a más de cien miembros de la tribu Albunamr, entre ellos mujeres y niños, al norte de Ramadi, capital de la provincia iraquí de Al Anbar.
La tribu sunnita –la misma rama del Islam a la que pertenece el EI– había resistido las embestidas de EI durante semanas y había pedido armas al gobierno de Bagdad, de mayoría chiíta. La semana anterior, los miembros de la tribu se quedaron sin municiones y con pocas reservas de alimentos y combustible. Los combatientes jihadistas los cercaron en la ciudad de Zauiyat Albu Nimr y comenzaron las ejecuciones.
Al menos 1273 personas murieron y 2010 resultaron heridas por actos de terrorismo y violencia cometidos durante octubre en Irak, según los últimos datos de la misión de las Naciones Unidas en ese país (Unami).
En tanto, el EI cerró la mayoría de los colegios de la provincia siria de Deir Ezzor (noreste) para reemplazar los programas escolares y evaluar los conocimientos que los docentes tienen de la sharia (ley islámica). Según informó ayer el opositor Observatorio Sirio de Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en Londres, los directores de las escuelas fueron notificados de las nuevas medidas en una reunión mantenida hace dos días en una mezquita de la población de Al Mayadín, en el este de Deir Ezzor.
De acuerdo con lo planeado, los profesores serán examinados durante un mes para probar sus conocimientos de la ley islámica, en la mezquita de Rauda, en esta localidad. Mientras tanto, en la ciudad de Al Bukamal, fronteriza con Irak, el EI anunció el jueves a los maestros que era su último día de clase y que tenían que unirse a sus sesiones de ley islámica, que serán impartidas hasta que esté preparado el nuevo programa escolar.
Carta secreta
Barack Obama escribió el mes pasado una carta “secreta” al líder supremo iraní, Ali Jamenei, según publicó el diario The Wall Street Journal. En la carta, enviada al parecer a mediados de octubre, el presidente estadounidense proponía dos cosas: llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní lo antes posible y colaborar en la lucha contra el Estado Islámico. Ambas cuestiones irían de la mano, para alcanzar un acuerdo antes del 24 de noviembre, que es cuando expira la actual fase negociadora y antes de que el Congreso proponga nuevas sanciones económicas contra Irán, como es probable que ocurra con la nueva mayoría republicana. La revelación del The Wall Street Journal sugiere que Obama temía la victoria de los republicanos en las legislativas. Los intereses de Estados Unidos e Irán convergen especialmente en Irak, donde ambos países apoyan al gobierno de la minoría chiíta. Según el diario, altos funcionarios estadounidenses valoraban recientemente las posibilidades de que hubiera acuerdo sobre el programa nuclear iraní en un 50 por ciento. El carácter privado de la carta se debe, evaluó la publicación, por la mala relación de Irán con dos aliados clave de la Casa Blanca: Arabia Saudita e Israel.
Felicita a los republicanos
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió ayer en la Casa Blanca con líderes demócratas y republicanos del Congreso, por primera vez tras las recientes elecciones, en las que la oposición recuperó el control del Senado. Entre los 16 asistentes estuvo el legislador Mitch McConnell, quien está previsto sea el jefe de la nueva mayoría senatorial a partir de enero próximo, así como el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, ambos republicanos. El líder demócrata llamó a trabajar conjuntamente.
El mandatario felicitó a los republicanos “por realizar una campaña muy fuerte” y reconoció que los resultados de estos comicios mostraron que los estadounidenses están frustrados por la falta de acción de sus gobernantes y quieren más cooperación entre ambas agrupaciones políticas. “Todos tenemos que hacer las cosas bien, pero la responsabilidad es mía en particular”, añadió Obama. Además, prometió que en sus dos últimos años en el cargo juzgará las iniciativas de gobierno sobre la base de su factibilidad y no porque “vengan de los demócratas o los republicanos”. En declaraciones a la prensa antes de una reunión de gabinete previa al almuerzo, Obama dijo que él y el Congreso podrían encontrar terreno común en materia de economía y empleos, así como impulsos a la industria y las exportaciones. “En todos estos temas existe una fuerte posibilidad de cooperación bipartidista siempre que dejemos de lado la política por el momento y nos concentremos en la gente que nos envió aquí”, dijo.
Añadió que siempre tuvo la actitud de que las buenas ideas no provienen necesariamente de un solo partido. “Tengo muchos deseos de reunirme con los dirigentes, tener la oportunidad de decirles lo que creo que debemos hacer para aprovechar el actual impulso económico”, expresó Obama. “Pero también –subrayó– me interesa escucharlos, saber en qué terrenos podemos avanzar juntos.”
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